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Al Diablo con el Congreso
Segunda Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Diciembre 4, 2011
Es nula la subasta por la que el Grupo Constructor Iscamapi adquirió mediante inaceptables facilidades un lote de terreno de casi 20 hectáreas propiedad del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ubicado en una de las zonas de más plusvalía de la ciudad, porque el artículo 43 del Reglamento para la Enajenación de Bienes Municipales del Municipio Libre de San Luis Potosí, publicado el 22 de octubre de 2002, dispone que es atribución exclusiva del Cabildo fijar las condiciones en las que habrá de enajenarse un bien municipal, debiendo constar estas en el acta de la sesión en la que se tome tal acuerdo; y en el caso que nos ocupa, el Cabildo ilegalmente delegó esas facultades en un Comité de Enajenaciones integrado por el síndico Luis Miguel Meade Rodríguez, el regidor Luis Alberto Rojo Zavaleta, el representante de la Tesorería MunicipalFrancisco Gómez Mercado, el representante de Canacintra Pedro Martínez Abaroa y el representante de Canaco Servytur Jaime Cantú Sánchez. El reglamento señala que el Cabildo deberá especificar el precio por metro cuadrado del inmueble que se pretende enajenar, el destino que se le dará al producto de la venta y presentará dos avalúos que fijen el precio base o postura legal de la subasta. En el acta de cabildo del 15 de marzo de 2011 consta que sólo se cumplió con el segundo de los requisitos al establecerse que los recursos que se obtuvieran de la subasta se destinarían a obras sociales; de las otras tareas se encargó el Comité.
Sobre la operación de compra venta de los 5 inmuebles que se subastaron el 15 de abril, entre los que está el lote de terreno que adquirió Iscamapi, pesan otras nulidades como son la derivada de la omisión de la autorización previa por parte del Congreso del Estado para enajenar 29 mil 600 metros cuadradosde los que se fusionaron al inmueble municipal que adquirió la empresa y a que se refiere mi columna anterior; y por haber desafectado y vendido más de un 60% de las áreas que recibió el Ayuntamiento en donación para equipamiento urbano, y no haber conservado por lo menos el 40% restante como área verde o recreativa, como estaban obligados.
Es tal la preocupación de los postores por este atropello que en la sesión que celebró el Comité de Enajenaciones el 8 de abril para aclarar las bases de la subasta pública, el representante de Grupo Constructor Cumbres, Mario Humberto Hurtado, uno de los 3 postores que se presentó a ese evento, pero que iba por otro inmueble, le preguntó a los integrantes del Comité si existiría algún problema social con los vecinos para tomar posesión de la superficie que estos reconocen como áreas verdes; a lo que le respondieron, como lo haría cualquier embaucador, que “los terrenos ofertados no tienen problema social alguno para poder tomar posesión de los mismos y ninguno tiene obligación de pagar cuotas de mantenimiento”. Habrá que esperar la reacción del fraccionador Carlos Gerardo López Medina cuando se entere que los nuevos propietarios que adquieran los lotes de terreno que cedió al Ayuntamiento para áreas verdes y equipamiento urbano en el Condominio Residencial La Loma Club de Golf, que pronto saldrán a la venta, estarán exentos de la obligación de contribuir al mantenimiento de ese fraccionamiento, así como a pagar las mensualidades por la membresía del Club a que están obligados el resto de los colonos, utilicen o no sus instalaciones.
Sólo 5 de las 15 personas que compraron las bases para la subasta se presentaron al evento con una oferta concreta. A cada una se le adjudicó un inmueble de los 15 que se ofrecieron, por los otros 10 nadie se interesó. Un postor por cada predio enajenado. No hubo competencia ni pujas por lo que se desvirtúo la naturaleza jurídica de este acto, además de que los oferentes presentaron sus propuestas en sobre cerrado como si se tratara de una licitación o trataran de esconder algo. Nadie ofreció un peso más del valor que sirvió de base para la subasta porque seguramente sabían que no habría competidores. Los valores en que se adquirieron los otros 4 inmuebles parecen razonables, no así el del predio de las 20 hectáreas por el que se pagaron 770 por metro cuadrado, sin que el Cabildo ni el Comité hubieran exhibido los avalúos que ordena la Ley para fijar el precio. Hay que considerar que no más de 5 personas en San Luis Potosí cuentan con el potencial económico para hacerse de una propiedad de este precio al contado, a menos que la vendedora otorgue todo tipo de facilidades, legales e ilegales, como pagarle los gastos, impuestos y honorarios de la escritura que en esta transacción podrían ascender a más de 3 millones 728 mil pesos, si se aplica el arancel de notarios.
Otro beneficio que habría que sumarle a este negocio es el compromiso que asumió el Ayuntamiento de instalarle al pie de la obra todos los servicios municipales, como si no hubiera otras inversiones prioritarias, lo que representa una erogación millonaria que no cuenta con partida presupuestal autorizada. Iscamapi tenía que haber pagado 7 millones 670 mil pesos, que representa el 5% del precio convenido como garantía de seriedad de su propuesta el 15 de abril, cuando ganó la subasta, o a más tardar en la fecha en la que se formalizó la operación, y no lo hizo, por lo que incumplió con las reglas que se establecieron. En cambio se pactó un cómodo calendario de pagos que le permite entregar el último abono por casi 97 millones de pesos hasta el 15 de agosto de 2012, sin intereses; plazo suficiente para que la compradora comercialice su producto y cubra sus compromisos con los enganches y mensualidades de sus clientes.
El Ayuntamiento que preside Victoria Labastida tiene cifradas sus esperanzas de pagar con estos recursos y con el producto de la venta de la siguiente subasta los créditos que adeuda a diferentes bancos por más de 620 millones de pesos, lo que seguramente se le complicará porque habrá pocos
compradores que le quieran entrar a una operación viciada de origen que en cualquier momento se les puede caer.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Diciembre 4, 2011
Es nula la subasta por la que el Grupo Constructor Iscamapi adquirió mediante inaceptables facilidades un lote de terreno de casi 20 hectáreas propiedad del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ubicado en una de las zonas de más plusvalía de la ciudad, porque el artículo 43 del Reglamento para la Enajenación de Bienes Municipales del Municipio Libre de San Luis Potosí, publicado el 22 de octubre de 2002, dispone que es atribución exclusiva del Cabildo fijar las condiciones en las que habrá de enajenarse un bien municipal, debiendo constar estas en el acta de la sesión en la que se tome tal acuerdo; y en el caso que nos ocupa, el Cabildo ilegalmente delegó esas facultades en un Comité de Enajenaciones integrado por el síndico Luis Miguel Meade Rodríguez, el regidor Luis Alberto Rojo Zavaleta, el representante de la Tesorería MunicipalFrancisco Gómez Mercado, el representante de Canacintra Pedro Martínez Abaroa y el representante de Canaco Servytur Jaime Cantú Sánchez. El reglamento señala que el Cabildo deberá especificar el precio por metro cuadrado del inmueble que se pretende enajenar, el destino que se le dará al producto de la venta y presentará dos avalúos que fijen el precio base o postura legal de la subasta. En el acta de cabildo del 15 de marzo de 2011 consta que sólo se cumplió con el segundo de los requisitos al establecerse que los recursos que se obtuvieran de la subasta se destinarían a obras sociales; de las otras tareas se encargó el Comité.
Sobre la operación de compra venta de los 5 inmuebles que se subastaron el 15 de abril, entre los que está el lote de terreno que adquirió Iscamapi, pesan otras nulidades como son la derivada de la omisión de la autorización previa por parte del Congreso del Estado para enajenar 29 mil 600 metros cuadradosde los que se fusionaron al inmueble municipal que adquirió la empresa y a que se refiere mi columna anterior; y por haber desafectado y vendido más de un 60% de las áreas que recibió el Ayuntamiento en donación para equipamiento urbano, y no haber conservado por lo menos el 40% restante como área verde o recreativa, como estaban obligados.
Es tal la preocupación de los postores por este atropello que en la sesión que celebró el Comité de Enajenaciones el 8 de abril para aclarar las bases de la subasta pública, el representante de Grupo Constructor Cumbres, Mario Humberto Hurtado, uno de los 3 postores que se presentó a ese evento, pero que iba por otro inmueble, le preguntó a los integrantes del Comité si existiría algún problema social con los vecinos para tomar posesión de la superficie que estos reconocen como áreas verdes; a lo que le respondieron, como lo haría cualquier embaucador, que “los terrenos ofertados no tienen problema social alguno para poder tomar posesión de los mismos y ninguno tiene obligación de pagar cuotas de mantenimiento”. Habrá que esperar la reacción del fraccionador Carlos Gerardo López Medina cuando se entere que los nuevos propietarios que adquieran los lotes de terreno que cedió al Ayuntamiento para áreas verdes y equipamiento urbano en el Condominio Residencial La Loma Club de Golf, que pronto saldrán a la venta, estarán exentos de la obligación de contribuir al mantenimiento de ese fraccionamiento, así como a pagar las mensualidades por la membresía del Club a que están obligados el resto de los colonos, utilicen o no sus instalaciones.
Sólo 5 de las 15 personas que compraron las bases para la subasta se presentaron al evento con una oferta concreta. A cada una se le adjudicó un inmueble de los 15 que se ofrecieron, por los otros 10 nadie se interesó. Un postor por cada predio enajenado. No hubo competencia ni pujas por lo que se desvirtúo la naturaleza jurídica de este acto, además de que los oferentes presentaron sus propuestas en sobre cerrado como si se tratara de una licitación o trataran de esconder algo. Nadie ofreció un peso más del valor que sirvió de base para la subasta porque seguramente sabían que no habría competidores. Los valores en que se adquirieron los otros 4 inmuebles parecen razonables, no así el del predio de las 20 hectáreas por el que se pagaron 770 por metro cuadrado, sin que el Cabildo ni el Comité hubieran exhibido los avalúos que ordena la Ley para fijar el precio. Hay que considerar que no más de 5 personas en San Luis Potosí cuentan con el potencial económico para hacerse de una propiedad de este precio al contado, a menos que la vendedora otorgue todo tipo de facilidades, legales e ilegales, como pagarle los gastos, impuestos y honorarios de la escritura que en esta transacción podrían ascender a más de 3 millones 728 mil pesos, si se aplica el arancel de notarios.
Otro beneficio que habría que sumarle a este negocio es el compromiso que asumió el Ayuntamiento de instalarle al pie de la obra todos los servicios municipales, como si no hubiera otras inversiones prioritarias, lo que representa una erogación millonaria que no cuenta con partida presupuestal autorizada. Iscamapi tenía que haber pagado 7 millones 670 mil pesos, que representa el 5% del precio convenido como garantía de seriedad de su propuesta el 15 de abril, cuando ganó la subasta, o a más tardar en la fecha en la que se formalizó la operación, y no lo hizo, por lo que incumplió con las reglas que se establecieron. En cambio se pactó un cómodo calendario de pagos que le permite entregar el último abono por casi 97 millones de pesos hasta el 15 de agosto de 2012, sin intereses; plazo suficiente para que la compradora comercialice su producto y cubra sus compromisos con los enganches y mensualidades de sus clientes.
El Ayuntamiento que preside Victoria Labastida tiene cifradas sus esperanzas de pagar con estos recursos y con el producto de la venta de la siguiente subasta los créditos que adeuda a diferentes bancos por más de 620 millones de pesos, lo que seguramente se le complicará porque habrá pocos
compradores que le quieran entrar a una operación viciada de origen que en cualquier momento se les puede caer.
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