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"Debo, no niego; pago, no tengo"
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 11, 2012
El Ayuntamiento de San Luis Potosí está al borde del colapso porque no tiene con qué pagar sus deudas. Se encuentra en un virtual estado de suspensión de pagos y es inminente que se declare en moratoria. Sus egresos son mayores a los ingresos. No nos extrañaría que pronto tenga que interrumpir algunos de los servicios que presta si no aplica un urgente y radical plan de rescate y austeridad. Disminuir la nómina de manera sustancial debe ser el objetivo inmediato. Sus finanzas son un desastre y la larga lista de proveedores y acreedores -que ya no le quieren surtir- lo atosigan permanentemente exigiéndole que les pague. Los bancos no le prestan y le han cerrado la llave de las líneas de crédito con las que pretendía salir temporalmente de sus apuros. Ya no es sujeto de crédito porque las firmas calificadoras lo ubican como un deudor insolvente con una enorme cartera vencida. El Congreso del Estado no puede autorizarle la contratación de un nuevo empréstito porque los recursos que requiere no estarían destinados al pago de pasivos originados por inversiones públicas productivas, sino a cubrir deudas derivadas del gasto corriente, y esto no lo permite la Ley de Deuda Pública, como tampoco permite que la deuda rebase el 20% de su presupuesto de ingresos.
Queda descartado el incremento de contribuciones. La mayoría de la población está empobrecida y no tiene con qué pagarlos, y vienen otros aumentos que son más urgentes como el del transporte, el agua y los alimentos; aunque el impuesto predial podría sufrir un importante ajuste a la alza. No sabemos si sería a través de un aumento en la tasa fija, o estableciendo nuevos criterios para la redefinición de las viviendas de interés social, o revaluando la propiedad inmobiliaria, aunque esto último tenían que haberlo solicitado al Congreso del Estado antes del 16 de octubre, y no lo hicieron. Más del 35 por ciento de los contribuyentes no cumple con sus obligaciones fiscales y no hay manera de cobrarles. Más impuestos provocarían que esta cifra se elevara.
El alcalde sería un iluso si cree que el gobernador lo va a sacar del atolladero. No debe confiarse a la Divina Providencia y menos a la generosidad de Toranzo porque no cuenta con una partida presupuestal para estos casos y porque así le estaría cobrando el escarnio que hizo de su persona cuando refirió en el audio que le grabaron clandestinamente cómo se achicaba ante la presencia del presidente. Depositar sus esperanzas en una partida presupuestal extraordinaria del gobierno federal tampoco parece que pudiera ocurrir porque no se justifica y porque personas claves que tienen raíces potosinas en el gobierno de Peña Nieto, como José Ramón Martel, vicecoordinador de la bancada priista en la anterior Legislatura y uno de los operadores políticos del próximo presidente, al que acompañó en su reciente gira por Europa, hará lo que esté de su parte por descarrilarlo y bloquear cualquier auxilio económico, pues en el 2015 pretende convertirse en el candidato del PRI a la gubernatura del Estado y sabe que el presidente municipal será su principal obstáculo. Otro potosino que se encuentra en un lugar estratégico es el senador panista Octavio Pedroza Gaitán, que preside la importante Comisión de Desarrollo Municipal, pero que tampoco lo auxiliará porque es muy probable que se convierta en su adversario político en las próximas elecciones para gobernador del Estado.
El tesorero debe informar el destino y justificación de cada uno de uno de los pasivos que encontró. Si existía una partida presupuestal autorizada para contraerlos y si el precio que se pagó por los bienes y servicios corresponde al valor y calidad que se ofrecieron. Los pasivos aumentaron de 744 millones de pesos, que fue la última cifra que dio a conocer Juan Ramón Nieto Navarro, a 853 millones que se detallan en la página de transparencia del municipio, en la que aparece una lista de 1,384 proveedores y acreedores que sumaban al 30 de septiembre una deuda de más de 406 millones de pesos, entre los que destacan los 22 millones 989 mil pesos por concepto de sobregiros bancarios; los 167 millones del Ramo 33; y los más de 27 millones de servicios médicos y hospitalarios. Se reconoce una deuda con la empresa recolectora de basura por 25 millones 822 mil pesos. Son decenas de millones de pesos lo que les debe a constructores, prestadores de servicios, talleres, gasolineras, compañías de seguros y agencias automotrices. Más de 7 millones 700 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Se dejó un adeudo de 4 millones 696 mil pesos con los medios de comunicación, entre los que destacan: El Sol de San Luis con un saldo insoluto de 895 mil pesos; Canal 7 con 765 mil; La Jornada con 509 mil; El Heraldo con 460 mil; La Razón con 397 mil; y Plano Informativo con 248 mil.
No aparecen en esta larga lista de acreedores los impuestos retenidos y no enterados a la Secretaría de Hacienda, ni los montos de los laudos laborales que están pendientes de pagar. A todo esto habría que agregarle el valor de la deuda bancaria que suma más de 447 millones de pesos, con la observación de que la administración labastidista incurrió en una falta grave al no haber cubierto el importe de los créditos pactados a corto plazo antes de que concluyera ese trienio.
El gobierno municipal debe aclarar si condominios Monterra cubrió en su totalidad el valor de las 20 hectáreas que adquirió mediante una turbia subasta, porque según la información que nos acaba de entregar la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento, faltarían 4 millones para completar el precio convenido, y el presidente municipal ha declarado que la compradora ya no les debe nada. Es muy extraño que Iscamapi haya extendido el mismo día, el 15 de agosto, 14 cheques a favor del municipio, fecha límite para realizar el pago, que sumaban 84 millones 155 mil 850 pesos. Es muy probable que algunos de esos documentos se hayan cobrado después y otros ni siquiera estén pagados.
Noviembre 11, 2012
El Ayuntamiento de San Luis Potosí está al borde del colapso porque no tiene con qué pagar sus deudas. Se encuentra en un virtual estado de suspensión de pagos y es inminente que se declare en moratoria. Sus egresos son mayores a los ingresos. No nos extrañaría que pronto tenga que interrumpir algunos de los servicios que presta si no aplica un urgente y radical plan de rescate y austeridad. Disminuir la nómina de manera sustancial debe ser el objetivo inmediato. Sus finanzas son un desastre y la larga lista de proveedores y acreedores -que ya no le quieren surtir- lo atosigan permanentemente exigiéndole que les pague. Los bancos no le prestan y le han cerrado la llave de las líneas de crédito con las que pretendía salir temporalmente de sus apuros. Ya no es sujeto de crédito porque las firmas calificadoras lo ubican como un deudor insolvente con una enorme cartera vencida. El Congreso del Estado no puede autorizarle la contratación de un nuevo empréstito porque los recursos que requiere no estarían destinados al pago de pasivos originados por inversiones públicas productivas, sino a cubrir deudas derivadas del gasto corriente, y esto no lo permite la Ley de Deuda Pública, como tampoco permite que la deuda rebase el 20% de su presupuesto de ingresos.
Queda descartado el incremento de contribuciones. La mayoría de la población está empobrecida y no tiene con qué pagarlos, y vienen otros aumentos que son más urgentes como el del transporte, el agua y los alimentos; aunque el impuesto predial podría sufrir un importante ajuste a la alza. No sabemos si sería a través de un aumento en la tasa fija, o estableciendo nuevos criterios para la redefinición de las viviendas de interés social, o revaluando la propiedad inmobiliaria, aunque esto último tenían que haberlo solicitado al Congreso del Estado antes del 16 de octubre, y no lo hicieron. Más del 35 por ciento de los contribuyentes no cumple con sus obligaciones fiscales y no hay manera de cobrarles. Más impuestos provocarían que esta cifra se elevara.
El alcalde sería un iluso si cree que el gobernador lo va a sacar del atolladero. No debe confiarse a la Divina Providencia y menos a la generosidad de Toranzo porque no cuenta con una partida presupuestal para estos casos y porque así le estaría cobrando el escarnio que hizo de su persona cuando refirió en el audio que le grabaron clandestinamente cómo se achicaba ante la presencia del presidente. Depositar sus esperanzas en una partida presupuestal extraordinaria del gobierno federal tampoco parece que pudiera ocurrir porque no se justifica y porque personas claves que tienen raíces potosinas en el gobierno de Peña Nieto, como José Ramón Martel, vicecoordinador de la bancada priista en la anterior Legislatura y uno de los operadores políticos del próximo presidente, al que acompañó en su reciente gira por Europa, hará lo que esté de su parte por descarrilarlo y bloquear cualquier auxilio económico, pues en el 2015 pretende convertirse en el candidato del PRI a la gubernatura del Estado y sabe que el presidente municipal será su principal obstáculo. Otro potosino que se encuentra en un lugar estratégico es el senador panista Octavio Pedroza Gaitán, que preside la importante Comisión de Desarrollo Municipal, pero que tampoco lo auxiliará porque es muy probable que se convierta en su adversario político en las próximas elecciones para gobernador del Estado.
El tesorero debe informar el destino y justificación de cada uno de uno de los pasivos que encontró. Si existía una partida presupuestal autorizada para contraerlos y si el precio que se pagó por los bienes y servicios corresponde al valor y calidad que se ofrecieron. Los pasivos aumentaron de 744 millones de pesos, que fue la última cifra que dio a conocer Juan Ramón Nieto Navarro, a 853 millones que se detallan en la página de transparencia del municipio, en la que aparece una lista de 1,384 proveedores y acreedores que sumaban al 30 de septiembre una deuda de más de 406 millones de pesos, entre los que destacan los 22 millones 989 mil pesos por concepto de sobregiros bancarios; los 167 millones del Ramo 33; y los más de 27 millones de servicios médicos y hospitalarios. Se reconoce una deuda con la empresa recolectora de basura por 25 millones 822 mil pesos. Son decenas de millones de pesos lo que les debe a constructores, prestadores de servicios, talleres, gasolineras, compañías de seguros y agencias automotrices. Más de 7 millones 700 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Se dejó un adeudo de 4 millones 696 mil pesos con los medios de comunicación, entre los que destacan: El Sol de San Luis con un saldo insoluto de 895 mil pesos; Canal 7 con 765 mil; La Jornada con 509 mil; El Heraldo con 460 mil; La Razón con 397 mil; y Plano Informativo con 248 mil.
No aparecen en esta larga lista de acreedores los impuestos retenidos y no enterados a la Secretaría de Hacienda, ni los montos de los laudos laborales que están pendientes de pagar. A todo esto habría que agregarle el valor de la deuda bancaria que suma más de 447 millones de pesos, con la observación de que la administración labastidista incurrió en una falta grave al no haber cubierto el importe de los créditos pactados a corto plazo antes de que concluyera ese trienio.
El gobierno municipal debe aclarar si condominios Monterra cubrió en su totalidad el valor de las 20 hectáreas que adquirió mediante una turbia subasta, porque según la información que nos acaba de entregar la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento, faltarían 4 millones para completar el precio convenido, y el presidente municipal ha declarado que la compradora ya no les debe nada. Es muy extraño que Iscamapi haya extendido el mismo día, el 15 de agosto, 14 cheques a favor del municipio, fecha límite para realizar el pago, que sumaban 84 millones 155 mil 850 pesos. Es muy probable que algunos de esos documentos se hayan cobrado después y otros ni siquiera estén pagados.