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Días difíciles por venir
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 19, 2012
Seguramente que el gobernador del Estado comparte la opinión del procurador General de Justicia quien nos advierte que se espera un recrudecimiento de la violencia en la entidad debido a la ruptura de las bandas delincuenciales, pues hasta hoy, no ha corregido ni desmentido su pronunciamiento, por lo que debe ser cierto que se avecinan sucesos, aún más graves que los ocurridos en estos últimos días, que nos impactarán profundamente. Esta advertencia suena como a la del hundimiento de un barco que ya nadie puede salvar, y que deberíamos tomar como un reconocimiento expreso a la incapacidad de su gobierno para enfrentar con éxito el problema de la inseguridad que tanto preocupa a los potosinos y que está provocando el desplome de las actividades económicas.
El gobernador del Estado no puede trasladarle a la federación toda la responsabilidad de la seguridad pública, pues él es el que tiene la obligación de garantizarles este derecho a sus gobernados. El doctor Fernando Toranzo no puede esconderse o salir tardíamente a expresar palabrería vana cuando sucede uno de los hechos más violentos que recordamos los potosinos que nacimos después de la Revolución Mexicana. En la rueda de prensa a la que convocó hace una semana fijó su anodino posicionamiento de no ceder ante la delincuencia, pero nada de lo que enseguida agregó nos explica qué es lo que está ocurriendo en el estado, ni las medidas exactas que tomará para recuperar la tranquilidad perdida.
Creo que sería de mucha utilidad para abatir los índices de criminalidad y violencia que padece el Estado integrar un equipo de investigadores profesionales bien remunerados y mejor equipados que pudieran intervenir toda clase de comunicaciones. Con la inteligencia y no con la fuerza es como se le debe hacer frente a este conflicto. El envío de cientos o miles de policías y militares que atiendan la emergencia no son la solución. No es un problema de cantidad sino de calidad.
Las reiteradas y no atendidas solicitudes que le ha hecho al gobierno de Felipe Calderón para que nos auxilie en esta crisis son una muestra de las relaciones de animosidad que se profesan, y que para nuestra desgracia, tenemos que pagar todos los potosinos. Resultan ociosas y ofensivas las medidas que están tomando nuestros vecinos para evitar que los delincuentes pasen a sus territorios porque ningún criminal se pega un distintivo en la frente con el que se le pueda reconocer, pero en cambio, los retenes han sido un verdadero peligro para aquellos automovilistas que distraídos o nerviosos no atienden o entienden las indicaciones de los soldados cuando les ordenan que se detengan.
No ignoramos que los eventos gravísimos que se están dando en San Luis y que han sido profusamente difundidos en todos los rincones del país y otras naciones son, principalmente, competencia jurídica de la federación, pero tampoco ignoramos que la responsabilidad política e histórica para resolverlos le corresponde al gobernador del Estado. El doctor Toranzo ha perdido la oportunidad para demostrarnos que podía salir adelante con el cargo para el que no estaba preparado. Tres años de violencia insoluta son demasiado tiempo para seguirlo aguantando. Ni siquiera sabemos si lo toman en cuenta en los operativos federales que se realizan en el estado, o si se entera, como el resto de los mortales, cuando éstos ya sucedieron. El gobernador debe ser el responsable de vigilar y coordinar todas las acciones que se llevan a cabo en la entidad contra el crimen organizado y tomar las medidas preventivas para evitar sus incursiones. Lo menos que podemos esperar ahora que rinda su tercer informe de gobierno es que nos presente una evaluación completa del problema de la inseguridad y sus propuestas para resolverlo.
Es imperdonable que ni él ni ninguno de sus funcionarios hayan asistido a los funerales del presidente municipal electo de Matehuala, Edgar Morales Pérez, pues tenía la obligación moral y política de hacer acto de presencia y solidarizarse con su familia y los matehualenses. No sabemos si su ausencia se debió al temor fundado de sufrir un atentado o de verse involucrado en una situación incómoda ante los previsibles reclamos de una ciudadanía asustada, empobrecida y abandonada a su suerte; o si consideró que con su presencia se podrían avalar conductas deshonestas, aunque no creo que las autoridades que investigan este crimen y el del coordinador de su campaña cuenten todavía con elementos suficientes como para determinar los verdaderos motivos de las ejecuciones y la identidad de los autores. Lo peor que nos puede ocurrir ahora es que responsabilicen a inocentes con tal de cerrar el caso.
Especulaciones y teorías fáciles de difundir y aceptar es todo lo que tenemos: que si la espiral de violencia se debe al rompimiento de bandas delincuenciales, como aseguran los columnistas cercanos al bien informado Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gabinete de Calderón; que si los compromisos que pudo haber hecho el alcalde no los cumplió y por eso lo ejecutaron; que si pactó con un grupo distinto al que controla la plaza, como especuló el presidente del acreditado Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, A.C., Eduardo Buscaglia, en el espacio que Carmen Aristegui tiene en CNN en Español; que si fue un mensaje para amedrentar al resto de los presidentes municipales para que ni se les ocurra entorpecer sus operaciones; o bien, que no aceptó ningún arreglo con los delincuentes y por eso lo acribillaron. Si fue así, tendríamos ante nosotros a un héroe que habría que reconocer por su honestidad y valentía.
Todo indica que estos crímenes, como el del presidente municipal de El Naranjo, Alexander López García, ejecutado hace dos años por 5 pistoleros que incursionaron en sus oficinas mientras atendía una audiencia privada, quedarán para siempre olvidados en los archivos de la impunidad, y los ciudadanos aceptarán sin mayores cuestionamientos la versión oficial que un día se difunda.
Agosto 19, 2012
Seguramente que el gobernador del Estado comparte la opinión del procurador General de Justicia quien nos advierte que se espera un recrudecimiento de la violencia en la entidad debido a la ruptura de las bandas delincuenciales, pues hasta hoy, no ha corregido ni desmentido su pronunciamiento, por lo que debe ser cierto que se avecinan sucesos, aún más graves que los ocurridos en estos últimos días, que nos impactarán profundamente. Esta advertencia suena como a la del hundimiento de un barco que ya nadie puede salvar, y que deberíamos tomar como un reconocimiento expreso a la incapacidad de su gobierno para enfrentar con éxito el problema de la inseguridad que tanto preocupa a los potosinos y que está provocando el desplome de las actividades económicas.
El gobernador del Estado no puede trasladarle a la federación toda la responsabilidad de la seguridad pública, pues él es el que tiene la obligación de garantizarles este derecho a sus gobernados. El doctor Fernando Toranzo no puede esconderse o salir tardíamente a expresar palabrería vana cuando sucede uno de los hechos más violentos que recordamos los potosinos que nacimos después de la Revolución Mexicana. En la rueda de prensa a la que convocó hace una semana fijó su anodino posicionamiento de no ceder ante la delincuencia, pero nada de lo que enseguida agregó nos explica qué es lo que está ocurriendo en el estado, ni las medidas exactas que tomará para recuperar la tranquilidad perdida.
Creo que sería de mucha utilidad para abatir los índices de criminalidad y violencia que padece el Estado integrar un equipo de investigadores profesionales bien remunerados y mejor equipados que pudieran intervenir toda clase de comunicaciones. Con la inteligencia y no con la fuerza es como se le debe hacer frente a este conflicto. El envío de cientos o miles de policías y militares que atiendan la emergencia no son la solución. No es un problema de cantidad sino de calidad.
Las reiteradas y no atendidas solicitudes que le ha hecho al gobierno de Felipe Calderón para que nos auxilie en esta crisis son una muestra de las relaciones de animosidad que se profesan, y que para nuestra desgracia, tenemos que pagar todos los potosinos. Resultan ociosas y ofensivas las medidas que están tomando nuestros vecinos para evitar que los delincuentes pasen a sus territorios porque ningún criminal se pega un distintivo en la frente con el que se le pueda reconocer, pero en cambio, los retenes han sido un verdadero peligro para aquellos automovilistas que distraídos o nerviosos no atienden o entienden las indicaciones de los soldados cuando les ordenan que se detengan.
No ignoramos que los eventos gravísimos que se están dando en San Luis y que han sido profusamente difundidos en todos los rincones del país y otras naciones son, principalmente, competencia jurídica de la federación, pero tampoco ignoramos que la responsabilidad política e histórica para resolverlos le corresponde al gobernador del Estado. El doctor Toranzo ha perdido la oportunidad para demostrarnos que podía salir adelante con el cargo para el que no estaba preparado. Tres años de violencia insoluta son demasiado tiempo para seguirlo aguantando. Ni siquiera sabemos si lo toman en cuenta en los operativos federales que se realizan en el estado, o si se entera, como el resto de los mortales, cuando éstos ya sucedieron. El gobernador debe ser el responsable de vigilar y coordinar todas las acciones que se llevan a cabo en la entidad contra el crimen organizado y tomar las medidas preventivas para evitar sus incursiones. Lo menos que podemos esperar ahora que rinda su tercer informe de gobierno es que nos presente una evaluación completa del problema de la inseguridad y sus propuestas para resolverlo.
Es imperdonable que ni él ni ninguno de sus funcionarios hayan asistido a los funerales del presidente municipal electo de Matehuala, Edgar Morales Pérez, pues tenía la obligación moral y política de hacer acto de presencia y solidarizarse con su familia y los matehualenses. No sabemos si su ausencia se debió al temor fundado de sufrir un atentado o de verse involucrado en una situación incómoda ante los previsibles reclamos de una ciudadanía asustada, empobrecida y abandonada a su suerte; o si consideró que con su presencia se podrían avalar conductas deshonestas, aunque no creo que las autoridades que investigan este crimen y el del coordinador de su campaña cuenten todavía con elementos suficientes como para determinar los verdaderos motivos de las ejecuciones y la identidad de los autores. Lo peor que nos puede ocurrir ahora es que responsabilicen a inocentes con tal de cerrar el caso.
Especulaciones y teorías fáciles de difundir y aceptar es todo lo que tenemos: que si la espiral de violencia se debe al rompimiento de bandas delincuenciales, como aseguran los columnistas cercanos al bien informado Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gabinete de Calderón; que si los compromisos que pudo haber hecho el alcalde no los cumplió y por eso lo ejecutaron; que si pactó con un grupo distinto al que controla la plaza, como especuló el presidente del acreditado Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, A.C., Eduardo Buscaglia, en el espacio que Carmen Aristegui tiene en CNN en Español; que si fue un mensaje para amedrentar al resto de los presidentes municipales para que ni se les ocurra entorpecer sus operaciones; o bien, que no aceptó ningún arreglo con los delincuentes y por eso lo acribillaron. Si fue así, tendríamos ante nosotros a un héroe que habría que reconocer por su honestidad y valentía.
Todo indica que estos crímenes, como el del presidente municipal de El Naranjo, Alexander López García, ejecutado hace dos años por 5 pistoleros que incursionaron en sus oficinas mientras atendía una audiencia privada, quedarán para siempre olvidados en los archivos de la impunidad, y los ciudadanos aceptarán sin mayores cuestionamientos la versión oficial que un día se difunda.