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El Atorón
Primera Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 14, 2010
Parece una tarea imposible para el PRI que con los nueve votos que suman sus diputados en esta Legislatura llegue a un acuerdo político, por lo menos con nueve de los diez legisladores panistas que se requieren, para que sus propuestas sean las que prevalezcan en la formación del nuevo Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC), y, que como ha ocurrido en otras ocasiones, puedan repartirse cómodamente a los consejeros ciudadanos del organismo electoral que les garanticen sus intereses y no los fiscalicen. Ahora, sus diferencias y enconos son profundos por las aprehensiones y descalificaciones que han sufrido los ex funcionarios del gobierno de Marcelo de los Santos; pero el PAN, para alcanzar la mayoría calificada, esto es las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes en la sesión en la que se trate este asunto, también la tiene muy difícil, pues tendrá que concederles sustanciosas concesiones a los otros ocho diputados de los otros cinco partidos que tienen representación en el Congreso del Estado para que sus candidatos resulten electos y uno de ellos sea el que presida al Consejo.
El PRI, por su parte, sin la mayoría panista, necesita además de sus nueve votos, los ocho de los otros cinco partidos, más el voto de un diputado panista disidente o traidor, o bien que dos miembros de esta fracción se ausenten en el momento de la votación para así alcanzar el número de sufragios que se exigen para imponer a sus candidatos. Todo indica que el proceso de selección de los nueve consejeros electorales propietarios y ocho suplentes que iniciarán actividades a partir del próximo 7 de enero y concluirán el 6 de enero de 2014 se estancará y complicará peligrosamente hasta que un tercero, no favorito, y sin compromisos con los partidos destrabe el conflicto y quede al frente del organismo electoral. En esta votación no es suficiente la mayoría absoluta, esto es la mitad más uno de los votos de los diputados presentes, como ocurrió con la reestructuración del préstamo bancario de los casi 1,500 millones de pesos que irresponsablemente le endosaron al gobierno que suceda al del doctor Fernando Toranzo, y que los 4 diputados del partido de la profesara Elba Esther Gordillo, y la ausencia del diputado panista Julio Cesar Salinas Terán que se salió de la sesión, decidieron la votación a favor del PRI. Ahora se complica el escenario porque los panistas y los priístas quieren el control del CEEPC y sobre todo a su presidente, y porque el senador Alejandro Zapata se ha hecho cargo de la estrategia de su partido, y todo indica que nadie está dispuesto a ceder.
Diez legisladores pueden frenar las designaciones que voten el resto de sus compañeros y el PAN los tiene. Nada puede lograrse sin la participación de Acción Nacional, pero tampoco nadie tiene el control del proceso; y el gobierno de Fernando Toranzo no tiene operadores políticos capaces de concretar un acuerdo. El forcejeo de las partidas presupuestales para el 2011 podría ser una mercancía muy valiosa para intercambiarla por algunas posiciones en el Consejo.
Los siete diputados que integran la Comisión Especial para la Reforma del Estado, responsables de llevar al Pleno una lista de hasta el doble del número a elegir de consejeros propietarios y suplentes, que podría ocurrir antes del próximo 15 de diciembre, deberían concertar que una vez que se elimine a aquellos pretendientes que no reúnen los requisitos que señala la Ley, y a los que están plenamente identificados con intereses partidistas; y una vez que seleccionen las candidaturas en las que coincidan los siete partidos, entonces, si no se completa el listado con este procedimiento, como es previsible; con las solicitudes que queden se proceda a un sorteo para que sea la suerte la que decida quiénes formarán parte del nuevo organismo electoral. De esta manera los que resulten electos no le deberán a ningún grupo político su nombramiento, lo que les permitirá actuar con más autonomía e independencia. Pero para perfeccionar esta utopía, propongo también que los partidos en un acto de decencia política y en un intento por reivindicarse con los potosinos, convengan que una vez que se conozcan las identidades de los nueve nuevos consejeros propietarios, sean éstos los que elijan entre ellos quien será su presidente, y que los diputados hagan suya y formalicen esa designación.
La realidad seguramente que será otra. Se inscribieron 128 potosinos que aspiran a formar parte del CEEPC, de los que analizaré a los que considero más viables en las siguientes entregas. Hay de todo. Desde ciudadanos ociosos que buscan una chamba, la que sea, y que no tienen la menor idea de las responsabilidades del cargo que pretenden; los que se apuntaron porque alguien los animó a hacerlo, hasta versados funcionarios electorales; así como simples amas de casa, pensionados o políticos y burócratas plenamente identificados con intereses o personajes de la política. Pero afortunadamente creo que hay de dónde escoger. La cuota de género tendrá que cumplirse para garantizar que por lo menos haya tres consejeros varones o tres mujeres. Creo que en esta ocasión podría conformarse un consejo en el que la mayoría de sus integrantes fueran personas del sexo femenino. De las 27 que se inscribieron hay por lo menos unas diez con características y antecedentes valiosos que nos permiten pronosticar que harían un buen papel. Y ante tanto optimismo: ¿Por qué no una mujer al frente del organismo? Una mujer que rescate la dignidad y esencia ciudadana del Consejo Estatal Electoral, y que con valor e independencia pueda imponerse a los excesos en los que incurren los dirigentes de los partidos políticos. Alguien que se atreva a ponerlos en orden. No encuentro a ningún candidato del interior del estado que resulte aceptable para el cargo, a lo mejor porque la información que tengo es escasa, y las referencias los ubican, a varios de ellos, como amistades de Rodolfo Aguilar Gallegos o del diputado Oscar Bautista.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 14, 2010
Parece una tarea imposible para el PRI que con los nueve votos que suman sus diputados en esta Legislatura llegue a un acuerdo político, por lo menos con nueve de los diez legisladores panistas que se requieren, para que sus propuestas sean las que prevalezcan en la formación del nuevo Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC), y, que como ha ocurrido en otras ocasiones, puedan repartirse cómodamente a los consejeros ciudadanos del organismo electoral que les garanticen sus intereses y no los fiscalicen. Ahora, sus diferencias y enconos son profundos por las aprehensiones y descalificaciones que han sufrido los ex funcionarios del gobierno de Marcelo de los Santos; pero el PAN, para alcanzar la mayoría calificada, esto es las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes en la sesión en la que se trate este asunto, también la tiene muy difícil, pues tendrá que concederles sustanciosas concesiones a los otros ocho diputados de los otros cinco partidos que tienen representación en el Congreso del Estado para que sus candidatos resulten electos y uno de ellos sea el que presida al Consejo.
El PRI, por su parte, sin la mayoría panista, necesita además de sus nueve votos, los ocho de los otros cinco partidos, más el voto de un diputado panista disidente o traidor, o bien que dos miembros de esta fracción se ausenten en el momento de la votación para así alcanzar el número de sufragios que se exigen para imponer a sus candidatos. Todo indica que el proceso de selección de los nueve consejeros electorales propietarios y ocho suplentes que iniciarán actividades a partir del próximo 7 de enero y concluirán el 6 de enero de 2014 se estancará y complicará peligrosamente hasta que un tercero, no favorito, y sin compromisos con los partidos destrabe el conflicto y quede al frente del organismo electoral. En esta votación no es suficiente la mayoría absoluta, esto es la mitad más uno de los votos de los diputados presentes, como ocurrió con la reestructuración del préstamo bancario de los casi 1,500 millones de pesos que irresponsablemente le endosaron al gobierno que suceda al del doctor Fernando Toranzo, y que los 4 diputados del partido de la profesara Elba Esther Gordillo, y la ausencia del diputado panista Julio Cesar Salinas Terán que se salió de la sesión, decidieron la votación a favor del PRI. Ahora se complica el escenario porque los panistas y los priístas quieren el control del CEEPC y sobre todo a su presidente, y porque el senador Alejandro Zapata se ha hecho cargo de la estrategia de su partido, y todo indica que nadie está dispuesto a ceder.
Diez legisladores pueden frenar las designaciones que voten el resto de sus compañeros y el PAN los tiene. Nada puede lograrse sin la participación de Acción Nacional, pero tampoco nadie tiene el control del proceso; y el gobierno de Fernando Toranzo no tiene operadores políticos capaces de concretar un acuerdo. El forcejeo de las partidas presupuestales para el 2011 podría ser una mercancía muy valiosa para intercambiarla por algunas posiciones en el Consejo.
Los siete diputados que integran la Comisión Especial para la Reforma del Estado, responsables de llevar al Pleno una lista de hasta el doble del número a elegir de consejeros propietarios y suplentes, que podría ocurrir antes del próximo 15 de diciembre, deberían concertar que una vez que se elimine a aquellos pretendientes que no reúnen los requisitos que señala la Ley, y a los que están plenamente identificados con intereses partidistas; y una vez que seleccionen las candidaturas en las que coincidan los siete partidos, entonces, si no se completa el listado con este procedimiento, como es previsible; con las solicitudes que queden se proceda a un sorteo para que sea la suerte la que decida quiénes formarán parte del nuevo organismo electoral. De esta manera los que resulten electos no le deberán a ningún grupo político su nombramiento, lo que les permitirá actuar con más autonomía e independencia. Pero para perfeccionar esta utopía, propongo también que los partidos en un acto de decencia política y en un intento por reivindicarse con los potosinos, convengan que una vez que se conozcan las identidades de los nueve nuevos consejeros propietarios, sean éstos los que elijan entre ellos quien será su presidente, y que los diputados hagan suya y formalicen esa designación.
La realidad seguramente que será otra. Se inscribieron 128 potosinos que aspiran a formar parte del CEEPC, de los que analizaré a los que considero más viables en las siguientes entregas. Hay de todo. Desde ciudadanos ociosos que buscan una chamba, la que sea, y que no tienen la menor idea de las responsabilidades del cargo que pretenden; los que se apuntaron porque alguien los animó a hacerlo, hasta versados funcionarios electorales; así como simples amas de casa, pensionados o políticos y burócratas plenamente identificados con intereses o personajes de la política. Pero afortunadamente creo que hay de dónde escoger. La cuota de género tendrá que cumplirse para garantizar que por lo menos haya tres consejeros varones o tres mujeres. Creo que en esta ocasión podría conformarse un consejo en el que la mayoría de sus integrantes fueran personas del sexo femenino. De las 27 que se inscribieron hay por lo menos unas diez con características y antecedentes valiosos que nos permiten pronosticar que harían un buen papel. Y ante tanto optimismo: ¿Por qué no una mujer al frente del organismo? Una mujer que rescate la dignidad y esencia ciudadana del Consejo Estatal Electoral, y que con valor e independencia pueda imponerse a los excesos en los que incurren los dirigentes de los partidos políticos. Alguien que se atreva a ponerlos en orden. No encuentro a ningún candidato del interior del estado que resulte aceptable para el cargo, a lo mejor porque la información que tengo es escasa, y las referencias los ubican, a varios de ellos, como amistades de Rodolfo Aguilar Gallegos o del diputado Oscar Bautista.