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El Atorón
Segunda Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 21, 2010
La convocatoria que lanzó el Congreso del Estado para que los potosinos se inscribieran como candidatos a ocupar los cargos de consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral es una invitación amañada e ilegal porque exige una serie de requisitos que no contempla la Ley, y porque únicamente pueden satisfacer los peritos en la materia y aquellos que se hayan desempeñado como funcionarios en organismos electorales. Es una mala copia del acuerdo administrativo que para el mismo efecto publicó la Cámara de Diputados el pasado 30 de septiembre. El mecanismo de selección local es tendencioso porque establece que los solicitantes al cargo deberán contestar hasta dos preguntas que les formulen los diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado al ser entrevistados, que versarán sobre aspectos técnicos y jurídicos propios de asuntos electorales, con lo que quedarían fuera de la jugada todos aquellas aspirantes que no tienen los conocimientos ni la experiencia en estas funciones. Nos queda claro que la convocatoria está orientada para que la mayoría de esas posiciones las ocupen los burócratas electorales.
Estoy de acuerdo en que los candidatos expongan oralmente ante los examinadores las razones que los mueven para desempeñar el cargo al que aspiran, así como la visión que tienen del Consejo Electoral, pero siempre y cuando las sesiones sean públicas. En lo que estoy en desacuerdo es que toda la información relativa a sus currículos y ensayos que debían haber presentado a más tardar el 8 de noviembre sobre el tema “Los Retos de la Democracia en San Luis Potosí”, se haya clasificado ilegalmente como información reservada, y por lo tanto, ningún interesado tenga acceso a tan valiosa documentación con excepción del jurado calificador.
La convocatoria nacional que publicó la Cámara de Diputados para renovar a los tres consejeros que faltan en el Consejo General del IFE fue transparente y ejemplar pues permitió que cualquier persona accediera a toda la información, y las entrevistas pasaron íntegras por el canal de televisión del Congreso de la Unión, y es más, se invitó a que todo aquel que tuviera elementos para objetar la conducta y antecedentes de los solicitantes los presentara, como lo hicimos con Rodolfo Aguilar Gallegos, quien se atrevió a competir por una de esas posiciones, el que por cierto está a punto de que le aprueben el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del CEEPC, con lo que le amarraría las manos a su sucesor pues cualquier cambio de funcionarios en la estructura del organismo le ocasionaría un duro golpe a sus finanzas por las indemnizaciones que tendría que cubrir al personal del Consejo por el término de la relación laboral, como lo prevé el artículo 353 de ese ordenamiento. Aguilar tendrá que responder ante la Auditoría Superior del Estado porque se quedó con el dinero de la multa que le impuso al PRD, en lugar de enterarla a la Secretaría de Finanzas, y que destinó para cubrir los gastos de la jornada nacional de consejeros electorales que se celebró en esta ciudad, y con la que pretendía promoverse. También se le ocurrió contratar para el próximo lunes 22 al humorista “Catón”, que le cobrará 90 mil pesos por entretener a sus invitados.
Con las nuevas reglas que se impusieron se desvirtúa la naturaleza ciudadana del organismo que es lo que debe prevalecer en su integración. Es mucho más importante que los pretendientes sean hombres o mujeres sin compromisos con los dirigentes de los partidos políticos o con los diputados y funcionarios del gobierno, aunque no tengan experiencia en estos menesteres, pero eso sí, con el valor civil y la independencia necesaria para resistir los embates de todos éstos; y más ahora que el financiamiento ilícito de las campañas es una verdadera amenaza para nuestra democracia porque la delincuencia organizada y algunos empresarios pactan compromisos con los candidatos para recuperar después con holgura sus inversiones. A nadie le interesa que los consejeros reciten de memoria la Ley Electoral, lo que realmente nos importa es que tengan las agallas suficientes para imponerse a los partidos políticos y obligarlos a que respeten la Ley.
La convocatoria advierte que en la lista de hasta el doble de candidatos a elegir sólo quedarán aquellos que además de cumplir con todos los requisitos planteados, reúnan las mejores cualidades en experiencia y formación electoral a criterio de la Comisión Especial de diputados, que el 14 de octubre se amplió de cinco a siete el número de sus integrantes, uno por cada partido político, con lo que los priístas se “chamaquearon” a los panistas, pues esta reforma al artículo 61 de la Ley Electoral que fue iniciativa de diputado Oscar Bautista los favorece porque les permite que sus propuestas obtengan la mayoría con el voto de por lo menos cuatro de los partidos que tienen representación en el Congreso, lo que al PRI se le facilita por la adhesión incondicional de los del Panal y el Verde, y con un voto más que no batallarían en conseguir. Donde seguramente se atorarán sus candidatos será en la elección final, pues en el Pleno del Congreso se necesitan 18 votos para que resulten electos.
El candidato con el mejor currículo para ocupar el lugar de Rodolfo Aguilar, por sus conocimientos, experiencia y relaciones con la clase política, es el doctor Héctor Gerardo Hernández Rodríguez, alias “El Tetos”, quien de la presidencia del Consejo Local del IFE en Aguascalientes, pasando por un breve período de inactividad burocrática por haberse incorporado a su cátedra en la Facultad de Medicina; pretende ahora saltar a la presidencia del Consejo Estatal Electoral. Si no fuera por las desavenencias que existen entre priístas y panistas, y por su identificación con Horacio Sánchez Unzueta y su pandilla, pero sobre todo por el veto que seguramente ejercerá una de las personas más próximas al gobernador del Estado, que lo aborrece y que cuenta con un largo historial de sus desmanes, su designación no tendría ningún obstáculo.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 21, 2010
La convocatoria que lanzó el Congreso del Estado para que los potosinos se inscribieran como candidatos a ocupar los cargos de consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral es una invitación amañada e ilegal porque exige una serie de requisitos que no contempla la Ley, y porque únicamente pueden satisfacer los peritos en la materia y aquellos que se hayan desempeñado como funcionarios en organismos electorales. Es una mala copia del acuerdo administrativo que para el mismo efecto publicó la Cámara de Diputados el pasado 30 de septiembre. El mecanismo de selección local es tendencioso porque establece que los solicitantes al cargo deberán contestar hasta dos preguntas que les formulen los diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado al ser entrevistados, que versarán sobre aspectos técnicos y jurídicos propios de asuntos electorales, con lo que quedarían fuera de la jugada todos aquellas aspirantes que no tienen los conocimientos ni la experiencia en estas funciones. Nos queda claro que la convocatoria está orientada para que la mayoría de esas posiciones las ocupen los burócratas electorales.
Estoy de acuerdo en que los candidatos expongan oralmente ante los examinadores las razones que los mueven para desempeñar el cargo al que aspiran, así como la visión que tienen del Consejo Electoral, pero siempre y cuando las sesiones sean públicas. En lo que estoy en desacuerdo es que toda la información relativa a sus currículos y ensayos que debían haber presentado a más tardar el 8 de noviembre sobre el tema “Los Retos de la Democracia en San Luis Potosí”, se haya clasificado ilegalmente como información reservada, y por lo tanto, ningún interesado tenga acceso a tan valiosa documentación con excepción del jurado calificador.
La convocatoria nacional que publicó la Cámara de Diputados para renovar a los tres consejeros que faltan en el Consejo General del IFE fue transparente y ejemplar pues permitió que cualquier persona accediera a toda la información, y las entrevistas pasaron íntegras por el canal de televisión del Congreso de la Unión, y es más, se invitó a que todo aquel que tuviera elementos para objetar la conducta y antecedentes de los solicitantes los presentara, como lo hicimos con Rodolfo Aguilar Gallegos, quien se atrevió a competir por una de esas posiciones, el que por cierto está a punto de que le aprueben el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del CEEPC, con lo que le amarraría las manos a su sucesor pues cualquier cambio de funcionarios en la estructura del organismo le ocasionaría un duro golpe a sus finanzas por las indemnizaciones que tendría que cubrir al personal del Consejo por el término de la relación laboral, como lo prevé el artículo 353 de ese ordenamiento. Aguilar tendrá que responder ante la Auditoría Superior del Estado porque se quedó con el dinero de la multa que le impuso al PRD, en lugar de enterarla a la Secretaría de Finanzas, y que destinó para cubrir los gastos de la jornada nacional de consejeros electorales que se celebró en esta ciudad, y con la que pretendía promoverse. También se le ocurrió contratar para el próximo lunes 22 al humorista “Catón”, que le cobrará 90 mil pesos por entretener a sus invitados.
Con las nuevas reglas que se impusieron se desvirtúa la naturaleza ciudadana del organismo que es lo que debe prevalecer en su integración. Es mucho más importante que los pretendientes sean hombres o mujeres sin compromisos con los dirigentes de los partidos políticos o con los diputados y funcionarios del gobierno, aunque no tengan experiencia en estos menesteres, pero eso sí, con el valor civil y la independencia necesaria para resistir los embates de todos éstos; y más ahora que el financiamiento ilícito de las campañas es una verdadera amenaza para nuestra democracia porque la delincuencia organizada y algunos empresarios pactan compromisos con los candidatos para recuperar después con holgura sus inversiones. A nadie le interesa que los consejeros reciten de memoria la Ley Electoral, lo que realmente nos importa es que tengan las agallas suficientes para imponerse a los partidos políticos y obligarlos a que respeten la Ley.
La convocatoria advierte que en la lista de hasta el doble de candidatos a elegir sólo quedarán aquellos que además de cumplir con todos los requisitos planteados, reúnan las mejores cualidades en experiencia y formación electoral a criterio de la Comisión Especial de diputados, que el 14 de octubre se amplió de cinco a siete el número de sus integrantes, uno por cada partido político, con lo que los priístas se “chamaquearon” a los panistas, pues esta reforma al artículo 61 de la Ley Electoral que fue iniciativa de diputado Oscar Bautista los favorece porque les permite que sus propuestas obtengan la mayoría con el voto de por lo menos cuatro de los partidos que tienen representación en el Congreso, lo que al PRI se le facilita por la adhesión incondicional de los del Panal y el Verde, y con un voto más que no batallarían en conseguir. Donde seguramente se atorarán sus candidatos será en la elección final, pues en el Pleno del Congreso se necesitan 18 votos para que resulten electos.
El candidato con el mejor currículo para ocupar el lugar de Rodolfo Aguilar, por sus conocimientos, experiencia y relaciones con la clase política, es el doctor Héctor Gerardo Hernández Rodríguez, alias “El Tetos”, quien de la presidencia del Consejo Local del IFE en Aguascalientes, pasando por un breve período de inactividad burocrática por haberse incorporado a su cátedra en la Facultad de Medicina; pretende ahora saltar a la presidencia del Consejo Estatal Electoral. Si no fuera por las desavenencias que existen entre priístas y panistas, y por su identificación con Horacio Sánchez Unzueta y su pandilla, pero sobre todo por el veto que seguramente ejercerá una de las personas más próximas al gobernador del Estado, que lo aborrece y que cuenta con un largo historial de sus desmanes, su designación no tendría ningún obstáculo.