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El Cuentón de Toranzo
Segunda parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 20, 2011
A la memoria de J. Carmen García Vázquez, forjador del Partido Acción Nacional y amigo universal.
Tener una amplia experiencia como restaurador de cadáveres debería ser uno de los requisitos indispensables para acceder al cargo de secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, pero no con las limitaciones de un simple y ordinario maquillador de cuerpos humanos, si no con las habilidades de un transformador de desechos humanos que tenga el ingenio y paciencia de convertir a sus muertos en seres durmientes rebosantes de salud. El responsable de manejar las finanzas públicas de la administración de Fernando Toranzo, el contador Jesús Conde Mejía, satisface plenamente esa exigencia pues los números que presenta en el informe anual de la cuenta pública estatal del 2010 son envidiablemente hermosos cuando todos percibimos que eso no es la realidad.
Todavía no nos hemos recuperado de la sorpresa que nos dio el gobierno del doctor Toranzo al haber logrado recaudar durante el 2010, más de 2 mil 470 millones de pesos de lo que ingresó al de Marcelo de los Santos en el 2009 -como consta en la página 22 de su cuenta pública-, cuando nos informa que la deuda pública estatal asciende a la suma de 4 mil 261 millones de pesos. Una cifra que en nada se parece a aquella impagable de los 16 mil 267 millones que según Jesús Conde heredamos del gobierno panista, y que desglosó en el desplegado que publicó el 21 de octubre de 2009, la que en estas condiciones poco debería incidir en el presupuesto de egresos porque los 300 millones 630 mil pesos que se pagaron en el 2010 para abonar el capital que se adeuda, más los intereses devengados, representan apenas el 1.08% de lo que se gastó en el 2010.
Es muy probable que Jesús Conde se haya arrepentido de presumir con esos números pues el pasado viernes se retractó de lo que anunció en su informe, y ahora declara que el gobierno de la austeridad es un total desastre pues incrementó su gasto corriente –nómina principalmente- en casi un 27% de lo que se ejerció en el último año del gobierno panista, y que “tenemos los mismos ingresos (del 2009), pero con gastos del 2010…” (Pulso, edición del 18 de marzo). Así de mentiroso es el responsable del gasto público quien es incapaz de sostener sus posiciones. En la cuenta pública estatal del 2010 no le sumó a la deuda pública los pasivos y compromisos que enlistó en su desplegado y menos le agregó los intereses que el Estado tenía que pagarle a los bancos durante los siguientes 20 años hasta que quedara amortizado el capital, los que alcanzarían casi los 3 mil millones de pesos. Lo mismo hizo con los 2 mil 317 millones que calculó que había que desembolsar para las plantas tratadoras, y que ahora reduce a 528 millones.
Los recursos comprometidos para pagar los servicios por la conducción y potabilización del agua de la presa El Realito a esta capital, que figuraban en el desplegado como una pesada carga de 3 mil 956 millones, ya no existen en la cuenta pública del gobierno de Toranzo. Ni siquiera hace referencia al compromiso que existe de afectar el 50% del Impuesto sobre la Nómina para garantizarle a la empresa el pago por sus servicios. En cambio acepta otros pasivos a corto plazo por un poco más de 3 mil 24 millones de pesos, entre los que desglosa 1 mil 682 millones que se le deben a diversos acreedores, entre estos, 539 millones a la Tesorería de la Federación por participaciones que ha recibido por adelantado. No revela los montos de los adeudos ni los nombres del resto de los acreedores del Gobierno, no obstantes que se había comprometido a darlos a conocer en la cuenta pública del 2010 para satisfacer la solicitud de un peticionario de información pública.
El monto total de lo deuda pública y otros pasivos que se contabilizan en la cuenta pública de Toranzo suman 8 mil 55 millones. Sin embargo, más adelante, en la página 80 del documento nos informa algo que debe preocuparles, y que consiste en los montos pendientes de solventar ante la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio fiscal 2008 por más de 349 millones de pesos que le serán descontados de sus participaciones si no aclara pronto la legitimidad de esos gastos. Y así como no queriendo señala también otros pasivos como los 142 millones que tiene pendientes de cubrir a organismos descentralizados de la SEGE, o los 108 millones que adeuda la Secretaría de Desarrollo Económico a diversas empresas, entre otras a la voraz General Motors, a quien violando la Constitución del Estado se le acaba de exentar del pago del Impuesto Predial por los próximos 10 años.
En la página 80 aparece una desconcertante aclaración que textualmente dice: “No se contemplan adeudos de Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la cantidad de 92 millones 366 mil pesos”. Si no existe tal adeudo no tenían porque haberlo negado, pues si hacen esta puntualización con la UASLP, tendrían que repetirla con todos los que no son sus acreedores. Ahora, si se trata de un reclamo universitario que no reconoce el Gobierno de Toranzo, la explicación se hubiera manifestado con esa precisión. También desorienta que no se haya registrado como un pasivo los pagos derivados del contrato de arrendamiento financiero que el Gobierno está cubriendo a la empresa que construyó la cárcel distrital de Ciudad Valles, la que desde hace más de un año está recibiendo una remuneración mensual de casi 3 millones de pesos, contraviniendo los compromisos que suscribió con la arrendadora porque la renta correría a partir de la fecha en que se recibiera formalmente el inmueble, y esto no ha ocurrido. Todo indica que otros importantes pasivos no están incluidos en la relación de acreedores, como podrían ser una buena parte de las retenciones que el Gobierno del Estado le descuenta a sus trabajadores y que no ha enterado a la Dirección de Pensiones. Sólo le reconoce un adeudo de 90 millones por aportaciones patronales correspondientes al 5% de la vivienda.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 20, 2011
A la memoria de J. Carmen García Vázquez, forjador del Partido Acción Nacional y amigo universal.
Tener una amplia experiencia como restaurador de cadáveres debería ser uno de los requisitos indispensables para acceder al cargo de secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, pero no con las limitaciones de un simple y ordinario maquillador de cuerpos humanos, si no con las habilidades de un transformador de desechos humanos que tenga el ingenio y paciencia de convertir a sus muertos en seres durmientes rebosantes de salud. El responsable de manejar las finanzas públicas de la administración de Fernando Toranzo, el contador Jesús Conde Mejía, satisface plenamente esa exigencia pues los números que presenta en el informe anual de la cuenta pública estatal del 2010 son envidiablemente hermosos cuando todos percibimos que eso no es la realidad.
Todavía no nos hemos recuperado de la sorpresa que nos dio el gobierno del doctor Toranzo al haber logrado recaudar durante el 2010, más de 2 mil 470 millones de pesos de lo que ingresó al de Marcelo de los Santos en el 2009 -como consta en la página 22 de su cuenta pública-, cuando nos informa que la deuda pública estatal asciende a la suma de 4 mil 261 millones de pesos. Una cifra que en nada se parece a aquella impagable de los 16 mil 267 millones que según Jesús Conde heredamos del gobierno panista, y que desglosó en el desplegado que publicó el 21 de octubre de 2009, la que en estas condiciones poco debería incidir en el presupuesto de egresos porque los 300 millones 630 mil pesos que se pagaron en el 2010 para abonar el capital que se adeuda, más los intereses devengados, representan apenas el 1.08% de lo que se gastó en el 2010.
Es muy probable que Jesús Conde se haya arrepentido de presumir con esos números pues el pasado viernes se retractó de lo que anunció en su informe, y ahora declara que el gobierno de la austeridad es un total desastre pues incrementó su gasto corriente –nómina principalmente- en casi un 27% de lo que se ejerció en el último año del gobierno panista, y que “tenemos los mismos ingresos (del 2009), pero con gastos del 2010…” (Pulso, edición del 18 de marzo). Así de mentiroso es el responsable del gasto público quien es incapaz de sostener sus posiciones. En la cuenta pública estatal del 2010 no le sumó a la deuda pública los pasivos y compromisos que enlistó en su desplegado y menos le agregó los intereses que el Estado tenía que pagarle a los bancos durante los siguientes 20 años hasta que quedara amortizado el capital, los que alcanzarían casi los 3 mil millones de pesos. Lo mismo hizo con los 2 mil 317 millones que calculó que había que desembolsar para las plantas tratadoras, y que ahora reduce a 528 millones.
Los recursos comprometidos para pagar los servicios por la conducción y potabilización del agua de la presa El Realito a esta capital, que figuraban en el desplegado como una pesada carga de 3 mil 956 millones, ya no existen en la cuenta pública del gobierno de Toranzo. Ni siquiera hace referencia al compromiso que existe de afectar el 50% del Impuesto sobre la Nómina para garantizarle a la empresa el pago por sus servicios. En cambio acepta otros pasivos a corto plazo por un poco más de 3 mil 24 millones de pesos, entre los que desglosa 1 mil 682 millones que se le deben a diversos acreedores, entre estos, 539 millones a la Tesorería de la Federación por participaciones que ha recibido por adelantado. No revela los montos de los adeudos ni los nombres del resto de los acreedores del Gobierno, no obstantes que se había comprometido a darlos a conocer en la cuenta pública del 2010 para satisfacer la solicitud de un peticionario de información pública.
El monto total de lo deuda pública y otros pasivos que se contabilizan en la cuenta pública de Toranzo suman 8 mil 55 millones. Sin embargo, más adelante, en la página 80 del documento nos informa algo que debe preocuparles, y que consiste en los montos pendientes de solventar ante la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio fiscal 2008 por más de 349 millones de pesos que le serán descontados de sus participaciones si no aclara pronto la legitimidad de esos gastos. Y así como no queriendo señala también otros pasivos como los 142 millones que tiene pendientes de cubrir a organismos descentralizados de la SEGE, o los 108 millones que adeuda la Secretaría de Desarrollo Económico a diversas empresas, entre otras a la voraz General Motors, a quien violando la Constitución del Estado se le acaba de exentar del pago del Impuesto Predial por los próximos 10 años.
En la página 80 aparece una desconcertante aclaración que textualmente dice: “No se contemplan adeudos de Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la cantidad de 92 millones 366 mil pesos”. Si no existe tal adeudo no tenían porque haberlo negado, pues si hacen esta puntualización con la UASLP, tendrían que repetirla con todos los que no son sus acreedores. Ahora, si se trata de un reclamo universitario que no reconoce el Gobierno de Toranzo, la explicación se hubiera manifestado con esa precisión. También desorienta que no se haya registrado como un pasivo los pagos derivados del contrato de arrendamiento financiero que el Gobierno está cubriendo a la empresa que construyó la cárcel distrital de Ciudad Valles, la que desde hace más de un año está recibiendo una remuneración mensual de casi 3 millones de pesos, contraviniendo los compromisos que suscribió con la arrendadora porque la renta correría a partir de la fecha en que se recibiera formalmente el inmueble, y esto no ha ocurrido. Todo indica que otros importantes pasivos no están incluidos en la relación de acreedores, como podrían ser una buena parte de las retenciones que el Gobierno del Estado le descuenta a sus trabajadores y que no ha enterado a la Dirección de Pensiones. Sólo le reconoce un adeudo de 90 millones por aportaciones patronales correspondientes al 5% de la vivienda.