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El Cuentón de Toranzo
Tercera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 27, 2011
Habrá que preguntarle al doctor Fernando Toranzo si está enterado de que la Secretaría de Finanzas hizo constar ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que no existe documento alguno que haga referencia al préstamo por la cantidad de 70 millones de pesos que el gobierno de Marcelo de los Santos otorgó al Grupo Santos, no obstante que esa operación fue confirmada en el apartado correspondiente del Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública Estatal del 2009. En la página 239 aparece identificado en el rubro de “Cuentas por Cobrar”, en la que se incluyó una relación de deudores diversos al 31 de diciembre de 2009. Si la certificación de inexistencia que extendió la Secretaría a cargo de Jesús Conde fuera cierta, entonces el gobernador estaría mintiendo, pues el pasado 8 de marzo aseguró que su administración está insistiendo en el proceso legal que se sigue en contra del consorcio azucarero para recuperar el dinero que se le entregó. Esto quiere decir que existe un pagaré, letra de cambio, reconocimiento de adeudo o cualquier otro título que le da derecho a ejercer una acción legal, y si es así, entonces, el que miente y engaña al solicitante de información es el encargado de las finanzas, como ya lo hizo con la copia de la factura 289 que el Ingenio Plan de Ayala le extendió al Gobierno del Estado por 200 mil pesos, el 5 de septiembre de 2009, por concepto de “Apoyo a la Organización”, y que Jesús Conde nos entregó el 1 de julio de 2010, en un doloso intento de suplir con este otro donativo el que le solicitábamos del Grupo Santos.
Por otra parte, la empresa de Alberto Santos aseguró a través de un comunicado que se comentó en el periódico “El Norte” en su edición del 16 de marzo -el que por cierto le ha dado puntual seguimiento a este asunto- que no existe tal adeudo, y explica que el gobierno de San Luis Potosí, “por decisión unilateral, optó por apoyar con recursos económicos a los cañicultores de la huasteca potosina. (Fue) para aliviar las diferencias del precio pagado por las factorías del Grupo y el precio establecido por la Secretaría de Economía para la liquidación de la caña”. Y agrega que no participó en forma alguna en la implementación y otorgamiento del apoyo concedido a los productores por el gobierno de Marcelo de los Santos, por lo que no puede convertirse en deudor de ese gobierno.
Pero para contribuir aún más con todo este enredo de deudores y acreedores, el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar CNC, del Ingenio Plan de Ayala, Antonio Juárez Torres, apareció el 4 de marzo en “Pulso” para aclarar que el préstamo lo recibieron los directivos de las uniones de cañeros, el 21 de octubre de 2008, pero luego, -asegura- en la siguiente zafra los ingenios Alianza Popular y Plan de Ayala, propiedad del Grupo Santos, le descontaron a los cañeros el monto del adeudo “por lo que se opusieron y se negaban a recibir la liquidación anual, hasta que intervino de palabra el nuevo Gobernador Fernando Toranzo quien convenció a los dirigentes de las uniones locales para que aceptaran el descuento, aclarando que luego él vería cómo le hacía para cobrarle los 70 millones al Grupo Santos”.
La solicitud de información que se nos ha negado data del 14 de junio de 2010. Hace unos cuantos días le advertimos a la CEGAIP en el recurso de queja que presentamos, que tome las medidas que sean necesarias porque “tan grave resulta el hecho, que podría tratarse del caso de la desaparición de instrumentos que permitirían al Gobierno del Estado mediante una acción mercantil o penal recuperar los recursos que el ex gobernador Marcelo de los Santos informó públicamente que se prestaron al Grupo Santos”. Y expresamente le pedimos a la CEGAIP “ordenar la búsqueda exhaustiva de la información por mi solicitada, confirmar de manera fehaciente la pérdida o inexistencia de los documentos que la contienen y considerar la opción de hacer la denuncia correspondiente para determinar si se cometió un delito, tal como lo prevé el artículo 77 de la Ley de Transparencia, toda vez que los indicios muestran que podría tratarse de un caso en el que desaparecen documentos que acreditan la deuda de un particular para con las finanzas del Estado que podría representar un daño patrimonial para el erario público”.
El 8 de febrero de 2009, el ex gobernador Marcelo de los Santos se quejaba de que “Ya les presté 70 millones de pesos y espero que la próxima semana el Grupo Santos pague lo que corresponde porque no es posible que el Gobierno esté haciendo préstamos cuando es algo que no le corresponde”. Sabía muy bien que había actuado al margen de la Ley y que su justificación no era válida: lo había hecho para destrabar un conflicto social que afectaba a más de 18 mil productores de caña que no habían recibido su pago completo. El ahora director de la Casa de Moneda y su ex secretario de Finanzas, Joel Azuara, deben responder por el préstamo que facilitaron sin que disposición legal alguna se los permitiera, sin exigir garantías, y sin que existiera partida presupuestal para el caso; el primero debe ser sancionado por haberlo autorizado y el segundo por entregar los recursos y formalizar la operación; aunque estamos ciertos que nada de eso va a ocurrir, pues el Gobierno de Toranzo se caracteriza por proteger a los delincuentes de la administración marcelista, en la que colaboró durante 5 largos años.
No es nada revelador el informe de la cuenta pública estatal del 2010 respecto a las cuentas por cobrar, en la página 75 del documento observamos que estas ascienden a 1 mil 320 millones de pesos, por adeudos derivados de servidores públicos por responsabilidades y gastos a comprobar; así como por los adeudos fiscales de personas físicas y morales; y por “el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería”. En ningún caso se dan a conocer los nombres de los deudores ni las cantidades pendientes de cubrir. Así de oscura es la información del gobierno priísta. Hay que destacar que en el monto anterior no se incluyó el préstamo por 70 millones de pesos que adeudan los cañeros o los empresarios al gobierno potosino, y que irremediablemente está destinado a perderse en ese mar de confusión y mentiras.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 27, 2011
Habrá que preguntarle al doctor Fernando Toranzo si está enterado de que la Secretaría de Finanzas hizo constar ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que no existe documento alguno que haga referencia al préstamo por la cantidad de 70 millones de pesos que el gobierno de Marcelo de los Santos otorgó al Grupo Santos, no obstante que esa operación fue confirmada en el apartado correspondiente del Informe Final de la Auditoría a la Cuenta Pública Estatal del 2009. En la página 239 aparece identificado en el rubro de “Cuentas por Cobrar”, en la que se incluyó una relación de deudores diversos al 31 de diciembre de 2009. Si la certificación de inexistencia que extendió la Secretaría a cargo de Jesús Conde fuera cierta, entonces el gobernador estaría mintiendo, pues el pasado 8 de marzo aseguró que su administración está insistiendo en el proceso legal que se sigue en contra del consorcio azucarero para recuperar el dinero que se le entregó. Esto quiere decir que existe un pagaré, letra de cambio, reconocimiento de adeudo o cualquier otro título que le da derecho a ejercer una acción legal, y si es así, entonces, el que miente y engaña al solicitante de información es el encargado de las finanzas, como ya lo hizo con la copia de la factura 289 que el Ingenio Plan de Ayala le extendió al Gobierno del Estado por 200 mil pesos, el 5 de septiembre de 2009, por concepto de “Apoyo a la Organización”, y que Jesús Conde nos entregó el 1 de julio de 2010, en un doloso intento de suplir con este otro donativo el que le solicitábamos del Grupo Santos.
Por otra parte, la empresa de Alberto Santos aseguró a través de un comunicado que se comentó en el periódico “El Norte” en su edición del 16 de marzo -el que por cierto le ha dado puntual seguimiento a este asunto- que no existe tal adeudo, y explica que el gobierno de San Luis Potosí, “por decisión unilateral, optó por apoyar con recursos económicos a los cañicultores de la huasteca potosina. (Fue) para aliviar las diferencias del precio pagado por las factorías del Grupo y el precio establecido por la Secretaría de Economía para la liquidación de la caña”. Y agrega que no participó en forma alguna en la implementación y otorgamiento del apoyo concedido a los productores por el gobierno de Marcelo de los Santos, por lo que no puede convertirse en deudor de ese gobierno.
Pero para contribuir aún más con todo este enredo de deudores y acreedores, el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar CNC, del Ingenio Plan de Ayala, Antonio Juárez Torres, apareció el 4 de marzo en “Pulso” para aclarar que el préstamo lo recibieron los directivos de las uniones de cañeros, el 21 de octubre de 2008, pero luego, -asegura- en la siguiente zafra los ingenios Alianza Popular y Plan de Ayala, propiedad del Grupo Santos, le descontaron a los cañeros el monto del adeudo “por lo que se opusieron y se negaban a recibir la liquidación anual, hasta que intervino de palabra el nuevo Gobernador Fernando Toranzo quien convenció a los dirigentes de las uniones locales para que aceptaran el descuento, aclarando que luego él vería cómo le hacía para cobrarle los 70 millones al Grupo Santos”.
La solicitud de información que se nos ha negado data del 14 de junio de 2010. Hace unos cuantos días le advertimos a la CEGAIP en el recurso de queja que presentamos, que tome las medidas que sean necesarias porque “tan grave resulta el hecho, que podría tratarse del caso de la desaparición de instrumentos que permitirían al Gobierno del Estado mediante una acción mercantil o penal recuperar los recursos que el ex gobernador Marcelo de los Santos informó públicamente que se prestaron al Grupo Santos”. Y expresamente le pedimos a la CEGAIP “ordenar la búsqueda exhaustiva de la información por mi solicitada, confirmar de manera fehaciente la pérdida o inexistencia de los documentos que la contienen y considerar la opción de hacer la denuncia correspondiente para determinar si se cometió un delito, tal como lo prevé el artículo 77 de la Ley de Transparencia, toda vez que los indicios muestran que podría tratarse de un caso en el que desaparecen documentos que acreditan la deuda de un particular para con las finanzas del Estado que podría representar un daño patrimonial para el erario público”.
El 8 de febrero de 2009, el ex gobernador Marcelo de los Santos se quejaba de que “Ya les presté 70 millones de pesos y espero que la próxima semana el Grupo Santos pague lo que corresponde porque no es posible que el Gobierno esté haciendo préstamos cuando es algo que no le corresponde”. Sabía muy bien que había actuado al margen de la Ley y que su justificación no era válida: lo había hecho para destrabar un conflicto social que afectaba a más de 18 mil productores de caña que no habían recibido su pago completo. El ahora director de la Casa de Moneda y su ex secretario de Finanzas, Joel Azuara, deben responder por el préstamo que facilitaron sin que disposición legal alguna se los permitiera, sin exigir garantías, y sin que existiera partida presupuestal para el caso; el primero debe ser sancionado por haberlo autorizado y el segundo por entregar los recursos y formalizar la operación; aunque estamos ciertos que nada de eso va a ocurrir, pues el Gobierno de Toranzo se caracteriza por proteger a los delincuentes de la administración marcelista, en la que colaboró durante 5 largos años.
No es nada revelador el informe de la cuenta pública estatal del 2010 respecto a las cuentas por cobrar, en la página 75 del documento observamos que estas ascienden a 1 mil 320 millones de pesos, por adeudos derivados de servidores públicos por responsabilidades y gastos a comprobar; así como por los adeudos fiscales de personas físicas y morales; y por “el monto de anticipos de fondos por parte de la Tesorería”. En ningún caso se dan a conocer los nombres de los deudores ni las cantidades pendientes de cubrir. Así de oscura es la información del gobierno priísta. Hay que destacar que en el monto anterior no se incluyó el préstamo por 70 millones de pesos que adeudan los cañeros o los empresarios al gobierno potosino, y que irremediablemente está destinado a perderse en ese mar de confusión y mentiras.