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El peor de los tres
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 13, 2011
Abrumados los magistrados del Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) por las presiones que sobre ellos ejercieron los diputados potosinos y los 17 impugnadores del proceso de selección y designación de los consejeros electorales, fastidiados de tantas visitas y cabildeos, resolvieron el pasado 2 de noviembre, más con un criterio político que con uno apegado a la legalidad y la justicia, los Juicios de Protección de los Derechos Político Electorales que estos últimos promovieron, dando así por terminado este conflicto en el que se reconoce la validez de los nombramientos de los consejeros que en un tercer intento aprobaron los integrantes de la LIX Legislaturadel Congreso del Estado.
Las consecuencias de revocar una vez más los acuerdos tomados por los diputados cuando los tiempos electorales se les vinieron encima y ordenar por tercera ocasión la reposición del procedimiento de selección, así como los jaloneos y recomendaciones de las partes en pugna, influyeron en el ánimo de los juzgadores que se vieron obligados a pronunciar una sentencia que no profundizó en varios de los agravios que se les plantearon, pero que evitó la ingobernabilidad del estado ante la falta de legitimidad de las autoridades electorales que atendieran los procesos que formalmente se iniciaron el 1 de octubre; por lo que la balanza de la justicia se inclinó arbitrariamente del lado de los diputados.
Se trata de una sentencia definitiva que no admite recurso alguno, a menos que se intente acudir a instancias internacionales para quejarse; y que debe ser acatada de inmediato; por lo que los procesos electorales que se celebren de aquí al 2014, quedarán -nos guste o no nos guste- en manos de los consejeros que fueron elegidos el 29 de agosto de 2011; la mayoría de ellos con menos méritos que los impugnadores.
Como un burdo premio de consolación para los actores de la inconformidad se revocó el nombramiento de la consejera Rosa Florencia Aguilar Mendoza, empleada de una empresa del ex gobernador interino Teófilo Torres Corzo, porque no acreditó su experiencia en materia electoral, cuando por lo menos debían haber corrido con la misma suerte otros 4 ó 5 consejeros propietarios para darle cabida en ese organismo a prospectos con más oficio y mejor calificados como Oskar Kalixto, Álvaro Martínez Silva, Martín Faz Mora, Silvia del Carmen Martínez Méndez, Pedro Ignacio Puente y Gerardo Torres Solís, entre otros. Con estos nombramientos salimos perdiendo los potosinos porque se excluyeron los perfiles ciudadanos y se convirtió en una institución de burócratas electorales, a los que el TRIFE les exigió además de formación electoral, el requisito de experiencia académica en esta materia, que no estaba contemplado en la convocatoria que lanzó el Congreso del Estado.
Como una burla de mal gusto para los que todavía aspiran a ocupar ese cargo -y no por un descuido legal-, los magistrados ordenaron en su sentencia que Aguilar Mendoza debe ser sustituida por el consejero o consejera que designe el Pleno del Congreso, para enseguida enumerar a los 20 actores –hombres y mujeres- que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria; cuando sabían que únicamente se puede elegir a una mujer como consejera de las 3 que aparecen en esa lista para cumplir con la cuota de género: María Concepción Hernández de León, María de la Luz Galván Salazar y Silvia del Carmen Martínez Méndez. También tendrán que sustituir a los consejeros suplentes que rechazaron sus nombramientos y que no han rendido ni rendirán protesta, pues sólo así quedaría debidamente integrado el Consejo Estatal Electoral.
De los tres consejos que han sido electos para sustituir al que presidió Rodolfo Aguilar, el último, el que acaba de ser validado por el TRIFE es el menos representativo de la ciudadanía. Es el más gris y voraz, pero lo peor de todo es que con estos nuevos consejeros desapareció el grupo opositor al presidente que en el primer consejo se había convertido en un contrapeso. El consejo que preside ahora Martín Vázquez ya exhibió su apetito por el dinero, pues cuando todavía no sabían si permanecerían en sus cargos, cuando todo estaba en el aire, acordaron incrementar en un 100% sus prestaciones, aunque hay que reconocer que el presidente no participó en esa acción y se quedó con el mismo sueldo.
Martín Vázquez nos debe a los potosinos una explicación satisfactoria de los motivos por los que el Supremo Tribunal de Justicia consideró que por su falta de probidad e integridad moral no podía ser ratificado en el cargo de magistrado electoral como pretendía; o bien, nos debe justificar que esto fue una reacción virulenta e injustificada de los magistrados que se sintieron agraviados porque en uno de los escritos de la controversia que sostuvo con ellos en el 2008 los insultó. Nadie puede desempeñar un cargo público con una descalificación de ese tamaño y menos pronunciada por el más alto tribunal de justicia del estado. Los magistrados federales no consideraron ese impedimento en su sentencia y confirmaron su nombramiento pues no le dieron valor a las notas periodísticas que se acompañaron, pero tampoco tuvieron el interés de solicitar el expediente al Poder Judicial del Estado para verificar la acusación y actuar en consecuencia. Todo parece indicar que el ex secretario general de gobierno, José Guadalupe Durón, que no se ha ido del todo de palacio, fue el operador político que negoció para que Martín Vázquez accediera a ese cargo, quien fue además su
abogado en el litigio con los magistrados.
La solicitud formal de Juicio Político que presentamos el 17 de agosto un grupo de ciudadanos de diferentes corrientes políticas en contra de los diputados responsables de estas actuaciones no ha sido atendido, está en la congeladora del Congreso del Estado, no obstante que en nuestra denuncia señalamos las violaciones en las que incurrieron, al exigir en la convocatoria requisitos que no están contemplados ni en la Constitución del Estado ni en la Ley Electoralpara integrar al nuevo Consejo Estatal Electoral, desvirtuando así la naturaleza ciudadana de los consejeros y ocasionado un serio trastorno en el funcionamiento de la Institución.
Noviembre 13, 2011
Abrumados los magistrados del Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) por las presiones que sobre ellos ejercieron los diputados potosinos y los 17 impugnadores del proceso de selección y designación de los consejeros electorales, fastidiados de tantas visitas y cabildeos, resolvieron el pasado 2 de noviembre, más con un criterio político que con uno apegado a la legalidad y la justicia, los Juicios de Protección de los Derechos Político Electorales que estos últimos promovieron, dando así por terminado este conflicto en el que se reconoce la validez de los nombramientos de los consejeros que en un tercer intento aprobaron los integrantes de la LIX Legislaturadel Congreso del Estado.
Las consecuencias de revocar una vez más los acuerdos tomados por los diputados cuando los tiempos electorales se les vinieron encima y ordenar por tercera ocasión la reposición del procedimiento de selección, así como los jaloneos y recomendaciones de las partes en pugna, influyeron en el ánimo de los juzgadores que se vieron obligados a pronunciar una sentencia que no profundizó en varios de los agravios que se les plantearon, pero que evitó la ingobernabilidad del estado ante la falta de legitimidad de las autoridades electorales que atendieran los procesos que formalmente se iniciaron el 1 de octubre; por lo que la balanza de la justicia se inclinó arbitrariamente del lado de los diputados.
Se trata de una sentencia definitiva que no admite recurso alguno, a menos que se intente acudir a instancias internacionales para quejarse; y que debe ser acatada de inmediato; por lo que los procesos electorales que se celebren de aquí al 2014, quedarán -nos guste o no nos guste- en manos de los consejeros que fueron elegidos el 29 de agosto de 2011; la mayoría de ellos con menos méritos que los impugnadores.
Como un burdo premio de consolación para los actores de la inconformidad se revocó el nombramiento de la consejera Rosa Florencia Aguilar Mendoza, empleada de una empresa del ex gobernador interino Teófilo Torres Corzo, porque no acreditó su experiencia en materia electoral, cuando por lo menos debían haber corrido con la misma suerte otros 4 ó 5 consejeros propietarios para darle cabida en ese organismo a prospectos con más oficio y mejor calificados como Oskar Kalixto, Álvaro Martínez Silva, Martín Faz Mora, Silvia del Carmen Martínez Méndez, Pedro Ignacio Puente y Gerardo Torres Solís, entre otros. Con estos nombramientos salimos perdiendo los potosinos porque se excluyeron los perfiles ciudadanos y se convirtió en una institución de burócratas electorales, a los que el TRIFE les exigió además de formación electoral, el requisito de experiencia académica en esta materia, que no estaba contemplado en la convocatoria que lanzó el Congreso del Estado.
Como una burla de mal gusto para los que todavía aspiran a ocupar ese cargo -y no por un descuido legal-, los magistrados ordenaron en su sentencia que Aguilar Mendoza debe ser sustituida por el consejero o consejera que designe el Pleno del Congreso, para enseguida enumerar a los 20 actores –hombres y mujeres- que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria; cuando sabían que únicamente se puede elegir a una mujer como consejera de las 3 que aparecen en esa lista para cumplir con la cuota de género: María Concepción Hernández de León, María de la Luz Galván Salazar y Silvia del Carmen Martínez Méndez. También tendrán que sustituir a los consejeros suplentes que rechazaron sus nombramientos y que no han rendido ni rendirán protesta, pues sólo así quedaría debidamente integrado el Consejo Estatal Electoral.
De los tres consejos que han sido electos para sustituir al que presidió Rodolfo Aguilar, el último, el que acaba de ser validado por el TRIFE es el menos representativo de la ciudadanía. Es el más gris y voraz, pero lo peor de todo es que con estos nuevos consejeros desapareció el grupo opositor al presidente que en el primer consejo se había convertido en un contrapeso. El consejo que preside ahora Martín Vázquez ya exhibió su apetito por el dinero, pues cuando todavía no sabían si permanecerían en sus cargos, cuando todo estaba en el aire, acordaron incrementar en un 100% sus prestaciones, aunque hay que reconocer que el presidente no participó en esa acción y se quedó con el mismo sueldo.
Martín Vázquez nos debe a los potosinos una explicación satisfactoria de los motivos por los que el Supremo Tribunal de Justicia consideró que por su falta de probidad e integridad moral no podía ser ratificado en el cargo de magistrado electoral como pretendía; o bien, nos debe justificar que esto fue una reacción virulenta e injustificada de los magistrados que se sintieron agraviados porque en uno de los escritos de la controversia que sostuvo con ellos en el 2008 los insultó. Nadie puede desempeñar un cargo público con una descalificación de ese tamaño y menos pronunciada por el más alto tribunal de justicia del estado. Los magistrados federales no consideraron ese impedimento en su sentencia y confirmaron su nombramiento pues no le dieron valor a las notas periodísticas que se acompañaron, pero tampoco tuvieron el interés de solicitar el expediente al Poder Judicial del Estado para verificar la acusación y actuar en consecuencia. Todo parece indicar que el ex secretario general de gobierno, José Guadalupe Durón, que no se ha ido del todo de palacio, fue el operador político que negoció para que Martín Vázquez accediera a ese cargo, quien fue además su
abogado en el litigio con los magistrados.
La solicitud formal de Juicio Político que presentamos el 17 de agosto un grupo de ciudadanos de diferentes corrientes políticas en contra de los diputados responsables de estas actuaciones no ha sido atendido, está en la congeladora del Congreso del Estado, no obstante que en nuestra denuncia señalamos las violaciones en las que incurrieron, al exigir en la convocatoria requisitos que no están contemplados ni en la Constitución del Estado ni en la Ley Electoralpara integrar al nuevo Consejo Estatal Electoral, desvirtuando así la naturaleza ciudadana de los consejeros y ocasionado un serio trastorno en el funcionamiento de la Institución.
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