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El Trasfondo Metropolitano
Segunda parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 10, 2011
Si el gobernador Fernando Toranzo Fernández hubiera designado a un contralor general que realmente le sirviera a los potosinos; si ese nombramiento hubiera recaído en una persona con conocimientos en la materia, pero sobre todo con valor civil para exhibir y castigar a los funcionarios deshonestos; si el cargo le hubiera correspondido a un profesional que con su sola presencia infundiera temor y respeto, de tal manera que cualquiera que pretendiera cometer un delito lo pensara varias veces; tal como se lo propusimos los integrantes de Acción Ciudadana en aquella reunión previa a su toma de posesión; estoy seguro que en estos momentos su gobierno no estaría padeciendo una de las crisis más severas de sus primeros 18 meses en la que está en juego no sólo su credibilidad, sino la existencia de un organismo ciudadano con el que quiso garantizar su compromiso por la transparencia de las adquisiciones gubernamentales, involucrando a un grupo de notables de la sociedad civil como responsables de esa tarea. El Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT) y cualquier otro órgano de revisión estarían sobrando si Toranzo hubiera colocado en ese lugar a un ciudadano con las características señaladas, el que ahora podría determinar con toda autoridad si hubo o no irregularidades en las licitaciones de los 5 proyectos que se cuestionan; y en su caso, señalar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
El doctor Toranzo sabe que la corrupción campea por casi todas las oficinas encargadas de adquirir los bienes y servicios del gobierno; y poco o nada ha hecho para remediarlo. En sus largos años de burócrata se ha dado cuenta que ese fenómeno merma sin consideración alguna las finanzas del Estado. Conoce las trampas y combinaciones que utilizan los funcionarios que están enquistados en esas áreas para evitar o manipular las licitaciones, orientarlas a favor de determinados proveedores o de plano para descalificar las propuestas más económicas.
La segunda licitación que se impugna del Fondo Metropolitano se refiere al proyecto de una obra prioritaria para los habitantes del área conurbada de la capital del estado que no podemos permitir que se pierda. Se pretende continuar con el boulevard del Río Santiago, desde la carretera a Matehuala hasta el periférico. La licitación del proyecto la ganó Pavimentaciones Caro, con una calificación de 95 puntos, en un precio de $1,457,998.20, mientras que la empresa que obtuvo el segundo lugar, Eng Management and Consulting, (ENG) con 91 puntos, la cotizó en $839,810.71. La SEDUVOP y el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez le adjudicaron el contrato a esa empresa el 27 de diciembre de 2010. Dos meses antes se celebró una sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso en la que se aprobó la licitación de los 12 proyectos a desarrollar, así como el techo financiero de los mismos, resultando un dato que nos indica que la información de los valores estimados se filtró para privilegiar a Pavimentos Caro, pues esta sociedad casi “adivinó” el precio que los integrantes del fideicomiso calcularon para ese proyecto al señalarle un valor de $1,740,000.00, quedando así con $282,002.00 por debajo de lo estimado en el acta que levantó el Comité el 29 de octubre de 2010. ENG cotizó en $900.190.00 por debajo de lo presupuestado por el Comité. Seguramente que a esta empresa no le filtraron la información que le permitió a la adjudicataria quedarse con el contrato, El CCT dictaminó que ENG ganaría la licitación si se hubieran respetado las bases de la convocatoria, pues hubiera obtenido una calificación de 76.3 puntos, contra 66.4 que sacó Pavimentaciones Caro.
La tercera licitación que se pretende revocar es la que se refiere al proyecto para la obra de la avenida Libertad, desde el Periférico hasta la calle de Ignacio Zaragoza, ésta como las anteriores se adjudicó indebidamente a la propuesta más cara, como consta en el dictamen del CCT, pues Abastecedora Industrial Viera cotizó en $1,267,581.20, en cambio, Constructora Quid que obtuvo el segundo lugar, cobraría $499,629.31 por sus servicios. El CCT asegura que si se hubieran aplicado las bases de la convocatoria el resultado hubiera sido al revés. El fideicomiso estimó el proyecto en $1,273.000.00. Apenas $5,418.80 por arriba de lo que cotizo la ganadora.
El cuarto proyecto que se cuestiona es la pavimentación del camino de San José del Barro en el que no fue posible determinar la puntuación que le correspondería a la ganadora conforme al mecanismo indicado en las bases de la licitación porque 3 de las empresas concursantes fueron descalificadas por no presentar la documentación completa. El monto estimado que fijó el Comité Técnico del Fideicomiso para este proyecto fue de $2,626,600.00. SEDUVOP y el Municipio de Soledad adjudicaron el contrato a Galcarri, en participación conjunta con ARQ-Co Ideas y Proyecto e Ingeniería, en $2,562,482.44, con una calificación de 86 puntos. Casi le atinan al precio pues se quedaron $64,117.56 por debajo de lo estimado. Con esa puntería más les convendría comprar billetes de la lotería. El CCT mintió al denunciar que Galcarri era una empresa fantasma, pues la Contraloría probó que su inscripción en el Registro Estatal Único de Contratistas ha estado vigente desde el 2004.
El quinto y último proyecto impugnado es el de la avenida López Mateos, desde la prolongación de la calle de Moctezuma hasta la carretera a Matehuala que el Comité Técnico del Fideicomiso estimó en un valor de $2,738,000.00. Galcarri ganó la licitación con 103.0 puntos, cotizándolo en $2,570,582.65. El último lugar lo obtuvo Constructora Quid con 80 puntos, la que le fijó un valor de $740,548.40. Si se hubiera cumplido con las bases de la convocatoria, como asegura el CCT que no ocurrió, a Constructora Quid le hubiera correspondido el contrato, con una calificación de 76.0 puntos contra 66.4 de Galcarri. El daño patrimonial que sufrió el Gobierno del Estado por todas las diferencias de precios alcanzó casi los 6 millones de pesos.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 10, 2011
Si el gobernador Fernando Toranzo Fernández hubiera designado a un contralor general que realmente le sirviera a los potosinos; si ese nombramiento hubiera recaído en una persona con conocimientos en la materia, pero sobre todo con valor civil para exhibir y castigar a los funcionarios deshonestos; si el cargo le hubiera correspondido a un profesional que con su sola presencia infundiera temor y respeto, de tal manera que cualquiera que pretendiera cometer un delito lo pensara varias veces; tal como se lo propusimos los integrantes de Acción Ciudadana en aquella reunión previa a su toma de posesión; estoy seguro que en estos momentos su gobierno no estaría padeciendo una de las crisis más severas de sus primeros 18 meses en la que está en juego no sólo su credibilidad, sino la existencia de un organismo ciudadano con el que quiso garantizar su compromiso por la transparencia de las adquisiciones gubernamentales, involucrando a un grupo de notables de la sociedad civil como responsables de esa tarea. El Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT) y cualquier otro órgano de revisión estarían sobrando si Toranzo hubiera colocado en ese lugar a un ciudadano con las características señaladas, el que ahora podría determinar con toda autoridad si hubo o no irregularidades en las licitaciones de los 5 proyectos que se cuestionan; y en su caso, señalar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
El doctor Toranzo sabe que la corrupción campea por casi todas las oficinas encargadas de adquirir los bienes y servicios del gobierno; y poco o nada ha hecho para remediarlo. En sus largos años de burócrata se ha dado cuenta que ese fenómeno merma sin consideración alguna las finanzas del Estado. Conoce las trampas y combinaciones que utilizan los funcionarios que están enquistados en esas áreas para evitar o manipular las licitaciones, orientarlas a favor de determinados proveedores o de plano para descalificar las propuestas más económicas.
La segunda licitación que se impugna del Fondo Metropolitano se refiere al proyecto de una obra prioritaria para los habitantes del área conurbada de la capital del estado que no podemos permitir que se pierda. Se pretende continuar con el boulevard del Río Santiago, desde la carretera a Matehuala hasta el periférico. La licitación del proyecto la ganó Pavimentaciones Caro, con una calificación de 95 puntos, en un precio de $1,457,998.20, mientras que la empresa que obtuvo el segundo lugar, Eng Management and Consulting, (ENG) con 91 puntos, la cotizó en $839,810.71. La SEDUVOP y el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez le adjudicaron el contrato a esa empresa el 27 de diciembre de 2010. Dos meses antes se celebró una sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso en la que se aprobó la licitación de los 12 proyectos a desarrollar, así como el techo financiero de los mismos, resultando un dato que nos indica que la información de los valores estimados se filtró para privilegiar a Pavimentos Caro, pues esta sociedad casi “adivinó” el precio que los integrantes del fideicomiso calcularon para ese proyecto al señalarle un valor de $1,740,000.00, quedando así con $282,002.00 por debajo de lo estimado en el acta que levantó el Comité el 29 de octubre de 2010. ENG cotizó en $900.190.00 por debajo de lo presupuestado por el Comité. Seguramente que a esta empresa no le filtraron la información que le permitió a la adjudicataria quedarse con el contrato, El CCT dictaminó que ENG ganaría la licitación si se hubieran respetado las bases de la convocatoria, pues hubiera obtenido una calificación de 76.3 puntos, contra 66.4 que sacó Pavimentaciones Caro.
La tercera licitación que se pretende revocar es la que se refiere al proyecto para la obra de la avenida Libertad, desde el Periférico hasta la calle de Ignacio Zaragoza, ésta como las anteriores se adjudicó indebidamente a la propuesta más cara, como consta en el dictamen del CCT, pues Abastecedora Industrial Viera cotizó en $1,267,581.20, en cambio, Constructora Quid que obtuvo el segundo lugar, cobraría $499,629.31 por sus servicios. El CCT asegura que si se hubieran aplicado las bases de la convocatoria el resultado hubiera sido al revés. El fideicomiso estimó el proyecto en $1,273.000.00. Apenas $5,418.80 por arriba de lo que cotizo la ganadora.
El cuarto proyecto que se cuestiona es la pavimentación del camino de San José del Barro en el que no fue posible determinar la puntuación que le correspondería a la ganadora conforme al mecanismo indicado en las bases de la licitación porque 3 de las empresas concursantes fueron descalificadas por no presentar la documentación completa. El monto estimado que fijó el Comité Técnico del Fideicomiso para este proyecto fue de $2,626,600.00. SEDUVOP y el Municipio de Soledad adjudicaron el contrato a Galcarri, en participación conjunta con ARQ-Co Ideas y Proyecto e Ingeniería, en $2,562,482.44, con una calificación de 86 puntos. Casi le atinan al precio pues se quedaron $64,117.56 por debajo de lo estimado. Con esa puntería más les convendría comprar billetes de la lotería. El CCT mintió al denunciar que Galcarri era una empresa fantasma, pues la Contraloría probó que su inscripción en el Registro Estatal Único de Contratistas ha estado vigente desde el 2004.
El quinto y último proyecto impugnado es el de la avenida López Mateos, desde la prolongación de la calle de Moctezuma hasta la carretera a Matehuala que el Comité Técnico del Fideicomiso estimó en un valor de $2,738,000.00. Galcarri ganó la licitación con 103.0 puntos, cotizándolo en $2,570,582.65. El último lugar lo obtuvo Constructora Quid con 80 puntos, la que le fijó un valor de $740,548.40. Si se hubiera cumplido con las bases de la convocatoria, como asegura el CCT que no ocurrió, a Constructora Quid le hubiera correspondido el contrato, con una calificación de 76.0 puntos contra 66.4 de Galcarri. El daño patrimonial que sufrió el Gobierno del Estado por todas las diferencias de precios alcanzó casi los 6 millones de pesos.