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El Trasfondo Metropolitano
Primera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 3, 2011
No me extrañaría que el contralor general del Gobierno del Estado, Alfonso Anaya Olalde, por su incapacidad –no por su malicia- deje pasar el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía olvide las acusaciones que pesan sobre la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), a cargo del arquitecto Luis Alfonso Nava Calvillo, en las que se le involucra como responsable de la contratación de varios proyectos que se adjudicaron a empresas que cotizaron más caro que las sociedades que fueron excluidas, y que se pagaron con recursos del Fondo Metropolitano San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. Se trata de 5 licitaciones impugnadas. Los proyectos, no las obras, fueron concursadas por esta Secretaría conforme a la convocatoria que publicó el 30 de noviembre pasado.
El primero de ellos se refiere a una obra de gran utilidad, como es la continuación de la avenida Río Paisanos, desde el camino a Peñasco hasta la carretera de Rioverde. Esta licitación la ganó la empresa Proyectos, Construcción y Supervisión de Obras Galcarri, con una calificación de 95 puntos, en un precio de $3,580,416.15, conforme al criterio que aplicó la SEDUVOP y el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez; mientras que la empresa que quedó en el último lugar, Eng Management and Consulting (ENG), con 85 puntos, cotizó el proyecto en $798,579.29. La SEDUVOP y el Ayuntamiento soledense adjudicaron el contrato a la empresa ganadora el 27 de diciembre de 2010. Dos meses antes, el 29 de octubre, se celebró una sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano, integrado por los titulares de varias secretarías del Gobierno del Estado, así como por el delegado de Banobras. No hubo representación del municipio de Soledad, pero si del de la capital. En esa sesión se aprobó la licitación de los 12 proyectos a desarrollar, así como el techo financiero de los mismos, resultando un hecho muy revelador que nos indica que hubo filtración de información y se privilegió a la empresa ganadora, pues en el caso que nos ocupa, Galcarri, casi le atina al precio, ya que los integrantes del fideicomiso habían estimado un precio para ese proyecto de $3,685,400.00, y los ganadores quedaron apenas $104,983.85 por debajo de lo estimado. El último lugar cotizó $ 2,886,820.71 por debajo de lo calculado. Seguramente que esta empresa no obtuvo la información que le hizo ganar a Galcarri, pues de lo contrario su propuesta hubiera sido más ambiciosa. Pero lo peor del caso es que el (CCT) dictaminó que si se hubiera respetado la puntuación establecida en las bases de la licitación, entonces (ENG) hubiera ganado la licitación con 75.2 puntos contra 67.2 que obtendría Galcarri.
Si el contador Anaya, después de 18 meses de haber asumido su cargo no ha podido rendir su primer informe de actividades como se lo ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública; si ni siquiera ha sido capaz de dar a conocer las observaciones del proceso de entrega recepción del gobierno marcelista; menos podrá resolver en un plazo razonable de unos 30 días un asunto en el que también está implicado como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso. Entretener el resultado de las denuncias perjudicaría a todos los potosinos pues el Gobierno Federal podría cancelar los recursos que tiene destinados para la construcción de esas obras, y la honorabilidad de los funcionarios implicados queda mientras tanto duramente cuestionada.
El presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT), José Mario de la Garza Marroquín, quiere como Herodías, presumir en una charola la cabeza de su victima, le urge justificar su presencia ante la opinión pública y ganar credibilidad pues de las 58 denuncias que ha recibido, 28 procedentes y 30 improcedentes, ninguna se ha resuelto. Esto nos hace ver que el organismo ciudadano es un fracaso. En el apartado de seguimiento de su página web sólo se informa del trámite que se la ha dado a cuatro casos: el primero relacionado con una licitación a la que convocó la SEDARH para la compra de una motoconformadora y 10 tractores; la segunda se refiere a la obra de la Plaza del Bicentenario donde se encuentra la bandera gigante. Sólo hay un oficio en el que solicita información a la SEDUVOP y la respuesta correspondiente, seguramente satisfactoria porque ya no insistió en el tema. El tercer caso atendido es el del Fondo Metropolitano; y el cuarto se refiere a una queja que presentó José Luis Campos Torres en contra del DIF Estatal, el 20 de octubre pasado, quien participó en una licitación para la venta de estufas ecológicas en la que fue descalificado por motivos insustanciales no obstante que su propuesta fue la más barata. En esta ocasión de la Garza no ventiló la queja ante los medios de comunicación como acostumbra pues no cualquiera se atreve a incursionar en los terrenos de doña María Luisa, y si en cambio recibió una fuerte reclamación del director de esa institución, Fernando Ramírez Andrade, porque en el domicilio que señaló el abogado para que le entregaran los documentos que solicitaba no dejaron entrar a los notificadores pues la dirección correspondía a la del plantel del Tecnológico de Monterrey.
José Mario de la Garza sabe que sólo a través de la presión política que ejerce en los medios de comunicación podrá lograr el cese o la renuncia del secretario. Sabe que si el acusado se lo propone, ni en años se resolvería el conflicto pues los recursos legales de los que dispone son casi inagotables. Por eso amaga con renunciar y advierte que si el dictamen que emitió su representada no genera consecuencias inmediatas, se tendría que reflexionar si se justifica la existencia de que el Estado cuente con un organismo de esta naturaleza. Al gobernador no le importaron sus amenazas, lo tiene fastidiado de tanto protagonismo inútil, y lo acusa de atentar contra la autonomía de la Contraloría del Estado al pretender manipular el resultado de la queja. Ante una respuesta tan agresiva, cualquiera que tuviera un mínimo de dignidad y decencia ya hubiera renunciado al cargo, no sin antes expresar una crítica porque el gobernador le tiene miedo a la transparencia.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 3, 2011
No me extrañaría que el contralor general del Gobierno del Estado, Alfonso Anaya Olalde, por su incapacidad –no por su malicia- deje pasar el tiempo que sea necesario para que la ciudadanía olvide las acusaciones que pesan sobre la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), a cargo del arquitecto Luis Alfonso Nava Calvillo, en las que se le involucra como responsable de la contratación de varios proyectos que se adjudicaron a empresas que cotizaron más caro que las sociedades que fueron excluidas, y que se pagaron con recursos del Fondo Metropolitano San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. Se trata de 5 licitaciones impugnadas. Los proyectos, no las obras, fueron concursadas por esta Secretaría conforme a la convocatoria que publicó el 30 de noviembre pasado.
El primero de ellos se refiere a una obra de gran utilidad, como es la continuación de la avenida Río Paisanos, desde el camino a Peñasco hasta la carretera de Rioverde. Esta licitación la ganó la empresa Proyectos, Construcción y Supervisión de Obras Galcarri, con una calificación de 95 puntos, en un precio de $3,580,416.15, conforme al criterio que aplicó la SEDUVOP y el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez; mientras que la empresa que quedó en el último lugar, Eng Management and Consulting (ENG), con 85 puntos, cotizó el proyecto en $798,579.29. La SEDUVOP y el Ayuntamiento soledense adjudicaron el contrato a la empresa ganadora el 27 de diciembre de 2010. Dos meses antes, el 29 de octubre, se celebró una sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano, integrado por los titulares de varias secretarías del Gobierno del Estado, así como por el delegado de Banobras. No hubo representación del municipio de Soledad, pero si del de la capital. En esa sesión se aprobó la licitación de los 12 proyectos a desarrollar, así como el techo financiero de los mismos, resultando un hecho muy revelador que nos indica que hubo filtración de información y se privilegió a la empresa ganadora, pues en el caso que nos ocupa, Galcarri, casi le atina al precio, ya que los integrantes del fideicomiso habían estimado un precio para ese proyecto de $3,685,400.00, y los ganadores quedaron apenas $104,983.85 por debajo de lo estimado. El último lugar cotizó $ 2,886,820.71 por debajo de lo calculado. Seguramente que esta empresa no obtuvo la información que le hizo ganar a Galcarri, pues de lo contrario su propuesta hubiera sido más ambiciosa. Pero lo peor del caso es que el (CCT) dictaminó que si se hubiera respetado la puntuación establecida en las bases de la licitación, entonces (ENG) hubiera ganado la licitación con 75.2 puntos contra 67.2 que obtendría Galcarri.
Si el contador Anaya, después de 18 meses de haber asumido su cargo no ha podido rendir su primer informe de actividades como se lo ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública; si ni siquiera ha sido capaz de dar a conocer las observaciones del proceso de entrega recepción del gobierno marcelista; menos podrá resolver en un plazo razonable de unos 30 días un asunto en el que también está implicado como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso. Entretener el resultado de las denuncias perjudicaría a todos los potosinos pues el Gobierno Federal podría cancelar los recursos que tiene destinados para la construcción de esas obras, y la honorabilidad de los funcionarios implicados queda mientras tanto duramente cuestionada.
El presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT), José Mario de la Garza Marroquín, quiere como Herodías, presumir en una charola la cabeza de su victima, le urge justificar su presencia ante la opinión pública y ganar credibilidad pues de las 58 denuncias que ha recibido, 28 procedentes y 30 improcedentes, ninguna se ha resuelto. Esto nos hace ver que el organismo ciudadano es un fracaso. En el apartado de seguimiento de su página web sólo se informa del trámite que se la ha dado a cuatro casos: el primero relacionado con una licitación a la que convocó la SEDARH para la compra de una motoconformadora y 10 tractores; la segunda se refiere a la obra de la Plaza del Bicentenario donde se encuentra la bandera gigante. Sólo hay un oficio en el que solicita información a la SEDUVOP y la respuesta correspondiente, seguramente satisfactoria porque ya no insistió en el tema. El tercer caso atendido es el del Fondo Metropolitano; y el cuarto se refiere a una queja que presentó José Luis Campos Torres en contra del DIF Estatal, el 20 de octubre pasado, quien participó en una licitación para la venta de estufas ecológicas en la que fue descalificado por motivos insustanciales no obstante que su propuesta fue la más barata. En esta ocasión de la Garza no ventiló la queja ante los medios de comunicación como acostumbra pues no cualquiera se atreve a incursionar en los terrenos de doña María Luisa, y si en cambio recibió una fuerte reclamación del director de esa institución, Fernando Ramírez Andrade, porque en el domicilio que señaló el abogado para que le entregaran los documentos que solicitaba no dejaron entrar a los notificadores pues la dirección correspondía a la del plantel del Tecnológico de Monterrey.
José Mario de la Garza sabe que sólo a través de la presión política que ejerce en los medios de comunicación podrá lograr el cese o la renuncia del secretario. Sabe que si el acusado se lo propone, ni en años se resolvería el conflicto pues los recursos legales de los que dispone son casi inagotables. Por eso amaga con renunciar y advierte que si el dictamen que emitió su representada no genera consecuencias inmediatas, se tendría que reflexionar si se justifica la existencia de que el Estado cuente con un organismo de esta naturaleza. Al gobernador no le importaron sus amenazas, lo tiene fastidiado de tanto protagonismo inútil, y lo acusa de atentar contra la autonomía de la Contraloría del Estado al pretender manipular el resultado de la queja. Ante una respuesta tan agresiva, cualquiera que tuviera un mínimo de dignidad y decencia ya hubiera renunciado al cargo, no sin antes expresar una crítica porque el gobernador le tiene miedo a la transparencia.