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Huelga de pagos municipales
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 3, 2010
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 3, 2010
En una sociedad razonablemente participativa y crítica sería absurdo que un gobierno se atreviera a incrementar las contribuciones en la desproporción en la que se las acaba de autorizar el Congreso del Estado al municipio de la capital; y más en un momento especialmente difícil como el que padecemos, en el que los ingresos de la mayoría de los ciudadanos son notoriamente insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes, y cuando miles de personas que aspiran a un trabajo están desempleadas o con actividades que les son miserablemente remuneradas. Pocas veces ha estado el mercado inmobiliario tan deprimido en San Luís Potosí, como en el año que acaba de concluir. Incrementar las cargas fiscales bajo estas condiciones no le importó a la alcaldesa Victoria Labastida, porque la presidente debutante en su lógica abusiva calcula que la reacción ciudadana será nula y desorganizada y el descontento fácilmente superado. A una sociedad sufrida y pasiva como la nuestra se le puede inferir cualquier tipo de agravio pues sabe el gobernante que su margen de maniobra se lo permite. En cualquier país verdaderamente democrático, con contrapesos, los contribuyentes se estarían organizando para impulsar una huelga de pagos que obligara a la autoridad a cancelar sus pretensiones. Se estaría preparando un movimiento de resistencia civil que obligara al gobierno a corregir sus abusos pues su comportamiento no responde a los intereses ni a la realidad económica que viven la mayoría de los ciudadanos. Negarse a pagar los impuestos es un acto legítimo de resistencia ante incrementos gravosos e injustos como los que se exhiben. El rechazo al pago de tales incrementos pudiera acumular el descontento que generarán otras alzas decretadas o previsibles, como el de la gasolina y consecuentemente el transporte y todos lo que mueve, la electricidad, al gas, la telefonía, entre muchos otros bienes y servicios. Una huelga de pagos municipales sería un buen comienzo.
El gobernador Fernando Toranzo pudo haber vetado la Ley de Ingresos municipales devolviéndola al Congreso con las observaciones que estimara pertinentes para evitar esos excesos y no lo hizo. Seguramente que ninguno de sus asesores le informó del tamaño que será el boquete en el bolsillo de los contribuyentes y ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Ahora habrá que ver la cara de los contribuyentes cumplidos cuando en los primeros tres meses del 2010 se acerquen a las cajas recaudadoras a pagar el impuesto predial y se enteren que algunas de sus propiedades tendrán que pagar el doble o más de lo que tributaron en el 2009. Por lo pronto, es previsible que el número de evasores se eleve del 30% a una cifra muy superior.
Es cierto que los predios con edificación tipificada como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva seguirán pagando el equivalente al 0.540 al millar anual sobre el valor que tengan registrado en las oficinas de catastro, y en ningún caso el importe mínimo a pagar será inferior a 4 días de salario mínimo general de la zona, esto es 218 pesos. La presidente municipal Victoria Labastida contribuyó con su iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado que le aprobaron sus ex compañeros legisladores el pasado 9 de septiembre a confundir aún más las definiciones de lo que debe entenderse por vivienda de interés social y popular. Se le olvidó incluir la vivienda económica que tiene una enorme relevancia en el proyecto habitacional de Ciudad Satélite, y adecuar la Ley de Hacienda y la de Fomento a la Vivienda a su reforma legislativa. Su error ha originado todo un embrollo que no le ha interesado reparar.
Para neutralizar el impacto que originaría la reevaluación de la propiedad inmobiliaria en el 2007 se redujo considerablemente la tasa que los gravaba y de esa manera el impuesto predial quedó igual, pero ahora, en el 2010 se les hizo fácil recuperar las tasas que estaban vigentes anteriormente y dejar intactos los valores catastrales con los aumentos autorizados, lo que provocó una serie de incrementos desproporcionados e injustos en algunas propiedades como a continuación se detalla: Una casa habitación con un valor de $500,000.00 pagará 482 pesos anuales, antes tributaba 434 pesos. Si la casa vale 3 mil pesos menos el impuesto predial se reduce a la cuota mínima de 218 pesos. Un inmueble destinado a comercio, servicios u oficinas con edificación que vale 1 millón de pesos pasa de 519 a 1,081 pesos anuales, pero si no tiene construcciones, aunque esté bardeado o cercado el pago aumenta de 960 a 2 mil pesos. Todos los lotes de terreno que no estén bardeados o cercados pagarán un poco más de lo doble de lo que tributaron en el 2009. Los predios ubicados en la zona industrial tendrán incrementos mayores al 100 por ciento. Los predios rústicos ejidales y de propiedad privada también pagarán el doble. Los predios de las instituciones religiosas tienen un trato preferencial que viola la Constitución General de la República porque pagan tasas muy inferiores a la de los demás contribuyentes, sin importar que sean casas o locales comerciales que la Ley les permite ahora adquirir.
El impuesto que se conoce como traslado de dominio se incrementó en un 23%. La celebración de matrimonios en la oficialía en días y horas inhábiles pasa de 135 a 550 pesos. Si es a domicilio de 711 a 1,100 pesos. La expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para entrar a la escuela se eleva de 25 a 40 pesos, un 56% para arriba. A los paisanos les carga la mano: para inscribir su matrimonio o a sus hijos en el Registro Civil les aumenta de 69 a 389 pesos el servicio. Son muchos otros los incrementos que se autorizaron, ya los sentirán, como cobrarles el doble a los usuarios de los excusados públicos o quitarles otros 7 pesos a los chavos que reman en las lanchas del parque Juan H. Sánchez. Los dejará sin refresco pero no les quita el gusto de fantasear que navegan en un crucero.
El gobernador Fernando Toranzo pudo haber vetado la Ley de Ingresos municipales devolviéndola al Congreso con las observaciones que estimara pertinentes para evitar esos excesos y no lo hizo. Seguramente que ninguno de sus asesores le informó del tamaño que será el boquete en el bolsillo de los contribuyentes y ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Ahora habrá que ver la cara de los contribuyentes cumplidos cuando en los primeros tres meses del 2010 se acerquen a las cajas recaudadoras a pagar el impuesto predial y se enteren que algunas de sus propiedades tendrán que pagar el doble o más de lo que tributaron en el 2009. Por lo pronto, es previsible que el número de evasores se eleve del 30% a una cifra muy superior.
Es cierto que los predios con edificación tipificada como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización progresiva seguirán pagando el equivalente al 0.540 al millar anual sobre el valor que tengan registrado en las oficinas de catastro, y en ningún caso el importe mínimo a pagar será inferior a 4 días de salario mínimo general de la zona, esto es 218 pesos. La presidente municipal Victoria Labastida contribuyó con su iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado que le aprobaron sus ex compañeros legisladores el pasado 9 de septiembre a confundir aún más las definiciones de lo que debe entenderse por vivienda de interés social y popular. Se le olvidó incluir la vivienda económica que tiene una enorme relevancia en el proyecto habitacional de Ciudad Satélite, y adecuar la Ley de Hacienda y la de Fomento a la Vivienda a su reforma legislativa. Su error ha originado todo un embrollo que no le ha interesado reparar.
Para neutralizar el impacto que originaría la reevaluación de la propiedad inmobiliaria en el 2007 se redujo considerablemente la tasa que los gravaba y de esa manera el impuesto predial quedó igual, pero ahora, en el 2010 se les hizo fácil recuperar las tasas que estaban vigentes anteriormente y dejar intactos los valores catastrales con los aumentos autorizados, lo que provocó una serie de incrementos desproporcionados e injustos en algunas propiedades como a continuación se detalla: Una casa habitación con un valor de $500,000.00 pagará 482 pesos anuales, antes tributaba 434 pesos. Si la casa vale 3 mil pesos menos el impuesto predial se reduce a la cuota mínima de 218 pesos. Un inmueble destinado a comercio, servicios u oficinas con edificación que vale 1 millón de pesos pasa de 519 a 1,081 pesos anuales, pero si no tiene construcciones, aunque esté bardeado o cercado el pago aumenta de 960 a 2 mil pesos. Todos los lotes de terreno que no estén bardeados o cercados pagarán un poco más de lo doble de lo que tributaron en el 2009. Los predios ubicados en la zona industrial tendrán incrementos mayores al 100 por ciento. Los predios rústicos ejidales y de propiedad privada también pagarán el doble. Los predios de las instituciones religiosas tienen un trato preferencial que viola la Constitución General de la República porque pagan tasas muy inferiores a la de los demás contribuyentes, sin importar que sean casas o locales comerciales que la Ley les permite ahora adquirir.
El impuesto que se conoce como traslado de dominio se incrementó en un 23%. La celebración de matrimonios en la oficialía en días y horas inhábiles pasa de 135 a 550 pesos. Si es a domicilio de 711 a 1,100 pesos. La expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para entrar a la escuela se eleva de 25 a 40 pesos, un 56% para arriba. A los paisanos les carga la mano: para inscribir su matrimonio o a sus hijos en el Registro Civil les aumenta de 69 a 389 pesos el servicio. Son muchos otros los incrementos que se autorizaron, ya los sentirán, como cobrarles el doble a los usuarios de los excusados públicos o quitarles otros 7 pesos a los chavos que reman en las lanchas del parque Juan H. Sánchez. Los dejará sin refresco pero no les quita el gusto de fantasear que navegan en un crucero.