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¿Dónde quedó la bolita?
Segunda y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 21, 2010
Consulte la Cuenta Pública del Estado 2009
DE CLIC SOBRE LA IMAGEN
La cuenta pública estatal que entregó el gobierno del doctor Fernando Toranzo al Congreso del Estado para su revisión y análisis reporta que la suma total de los pasivos gubernamentales a corto y largo plazo, con todo y la deuda pública referida al 31 de diciembre de 2009, asciende a 7 mil 780 millones 476 mil pesos. Se trata de una cifra inaceptable y falsa que en nada se parece a aquella de los 16 mil 267 millones 896 mil pesos, que según el secretario de Finanzas, Jesús Conde, heredábamos del gobierno de Marcelo de los Santos, y que desmenuzó en un desplegado que publicó en la prensa local el 21 de octubre pasado; y es también, al mismo tiempo, una cifra muy distante a la de los 4 mil 233 millones que el ex gobernador reconoció como saldo de los adeudos que nos dejaba, según el desplegado que insertó un día antes en los mismos espacios.
Los dos mienten, pues mientras que el primero omite dolosamente en la cuenta publica del 2009 una serie de compromisos y obligaciones que ya había señalado como pasivos en su desplegado, el segundo tiene la desvergüenza de desconocer adeudos millonarios que no puede ocultar, y de restarle a sus pasivos el valor de los activos de Santa Rita, más 983 millones que supuestamente dejó etiquetados en caja y bancos; y para que el tamaño de su deuda quede igual o por debajo de la que recibió, argumenta que se le debe descontar la inflación originada en el sexenio. Fue tan burda la réplica del responsable de las finanzas de Toranzo, tan endebles sus señalamientos, que en lugar de poner las cosas en su lugar, logró que se le perdiera la credibilidad y confianza al haber incluido y exagerado conceptos que ahora no se atreve a sostener.
Son tan desconcertantes los números que ahora se exhiben en el informe gubernamental con los que se dieron a conocer en la prensa local cuatro meses antes, que pareciera que se trata de dos cuentas públicas totalmente distintas, por lo que se requiere de una despacho de auditores externos, confiable y profesional, que nos informe a los potosinos el monto real de los pasivos y nos explique paso a paso el origen de cada uno de estos. Es inaceptable que en 130 días, que son los que transcurrieron entre la fecha de la publicación del desplegado y la entrega de la cuenta pública, existan diferencias abismales en el monto de los intereses que el Estado reconoce que tiene que pagar a los bancos, pues de 2 mil 971 millones de pesos que señalaba en el desplegado, quedan reducidos a 500 millones en las cuentas oficiales del gobierno. Lo mismo ocurre con los subsidios a las plantas tratadoras, que de 2 mil 317 millones que apuntaban, los baja a 693 millones. Los recursos comprometidos para pagar los servicios por la conducción y potabilización del agua de la presa de El Realito a esta capital, que figuraban en el desplegado como una pesada carga de 3 mil 956 millones, ya no existen en la cuenta pública del gobierno de Toranzo. Ni siquiera se menciona el compromiso de afectar el 50% del Impuesto sobre la Nómina, algo así como 236 millones de pesos anuales, para garantizar el pago a la empresa que prestará el servicio. Tampoco coincide el monto de los ingresos comprometidos por la obra del reclusorio de Ciudad Valles, pues los 486 millones que reportó Jesús Conde, cuando aseguraba que su informe “es veraz, no inventa cifras ni manipula conceptos”, ahora los reduce a 295 millones. Estos son algunos ejemplos con los que se desvanecen casi 8 mil 500 millones de pesos del monto de los pasivos dados a conocer originalmente. Ante tanta deshonestidad y torpeza, no le queda más remedio al doctor Toranzo que cesar de inmediato a su secretario de Finanzas.
El gobierno de Fernando Toranzo no entiende los alcances y consecuencias del derecho a la información pública gubernamental, no le entra el tema de la transparencia, por eso se resiste a dar a conocer la relación de los proveedores y acreedores al cierre de la administración de Marcelo de los Santos que le solicitamos desde el 28 de octubre pasado, la que de oficio debería aparecer en su sitio web. Como también se niega a entregarnos la información relativa al monto y origen de cada uno de esos adeudos, que al 31 de diciembre, según su propio versión, sumaban más de 1 mil 646 millones de pesos. Ante su negativa tuvimos que recurrir a la CEGAIP, a través de un recurso de queja, que si procede, obligará al Gobierno del Estado a destrabar el asunto que clasificó como reservado, argumentando que la Auditoría Superior del Estado lo estaba auditando, y que por lo tanto no se podía exhibir la documentación. La resolución no estuvo acompañada del acuerdo de reserva y su razonamiento no se justificó porque la causal que menciona no se aplica en este caso.
Están tan enredados los compromisos y obligaciones a cargo del Gobierno del Estado, que algunos de ellos, como lo hemos observado, ni siquiera se reflejan en la contabilidad gubernamental debido a que cuando se contrajeron no se les autorizó de partida presupuestal para su cumplimiento, por lo que la actual administración tendrá que distraer recursos que ya tenía presupuestados y que estaban destinados a obras y acciones para atenderlos; por lo que podemos concluir que nadie sabe a ciencia cierta cuánto es lo que debemos los potosinos; ni siquiera el secretario de Finanzas, que un día si y el otro también descubre nuevos pasivos. Un ejemplo más de esta caótica información son los 1 mil 680 millones de pesos de pasivos reportados por las diversas dependencias y entidades públicas, que según el desplegado de Jesús Conde, no se encontraban registrados en la Secretaría de Finanzas, y que ahora no cuadran con los pasivos a corto y largo plazo que se citan en la cuenta pública estatal del 2009. Otro pasivo que deberá ser observado es el que se refiere al adeudo que reporta un contratista que le construye una espuela ferroviaria a la General Motors con cargo al Gobierno del Estado por 10 millones de dólares, porque la Ley de Deuda Pública prohíbe contraer directa o indirectamente obligaciones con sociedades mercantiles en moneda extranjera.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 21, 2010
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La cuenta pública estatal que entregó el gobierno del doctor Fernando Toranzo al Congreso del Estado para su revisión y análisis reporta que la suma total de los pasivos gubernamentales a corto y largo plazo, con todo y la deuda pública referida al 31 de diciembre de 2009, asciende a 7 mil 780 millones 476 mil pesos. Se trata de una cifra inaceptable y falsa que en nada se parece a aquella de los 16 mil 267 millones 896 mil pesos, que según el secretario de Finanzas, Jesús Conde, heredábamos del gobierno de Marcelo de los Santos, y que desmenuzó en un desplegado que publicó en la prensa local el 21 de octubre pasado; y es también, al mismo tiempo, una cifra muy distante a la de los 4 mil 233 millones que el ex gobernador reconoció como saldo de los adeudos que nos dejaba, según el desplegado que insertó un día antes en los mismos espacios.
Los dos mienten, pues mientras que el primero omite dolosamente en la cuenta publica del 2009 una serie de compromisos y obligaciones que ya había señalado como pasivos en su desplegado, el segundo tiene la desvergüenza de desconocer adeudos millonarios que no puede ocultar, y de restarle a sus pasivos el valor de los activos de Santa Rita, más 983 millones que supuestamente dejó etiquetados en caja y bancos; y para que el tamaño de su deuda quede igual o por debajo de la que recibió, argumenta que se le debe descontar la inflación originada en el sexenio. Fue tan burda la réplica del responsable de las finanzas de Toranzo, tan endebles sus señalamientos, que en lugar de poner las cosas en su lugar, logró que se le perdiera la credibilidad y confianza al haber incluido y exagerado conceptos que ahora no se atreve a sostener.
Son tan desconcertantes los números que ahora se exhiben en el informe gubernamental con los que se dieron a conocer en la prensa local cuatro meses antes, que pareciera que se trata de dos cuentas públicas totalmente distintas, por lo que se requiere de una despacho de auditores externos, confiable y profesional, que nos informe a los potosinos el monto real de los pasivos y nos explique paso a paso el origen de cada uno de estos. Es inaceptable que en 130 días, que son los que transcurrieron entre la fecha de la publicación del desplegado y la entrega de la cuenta pública, existan diferencias abismales en el monto de los intereses que el Estado reconoce que tiene que pagar a los bancos, pues de 2 mil 971 millones de pesos que señalaba en el desplegado, quedan reducidos a 500 millones en las cuentas oficiales del gobierno. Lo mismo ocurre con los subsidios a las plantas tratadoras, que de 2 mil 317 millones que apuntaban, los baja a 693 millones. Los recursos comprometidos para pagar los servicios por la conducción y potabilización del agua de la presa de El Realito a esta capital, que figuraban en el desplegado como una pesada carga de 3 mil 956 millones, ya no existen en la cuenta pública del gobierno de Toranzo. Ni siquiera se menciona el compromiso de afectar el 50% del Impuesto sobre la Nómina, algo así como 236 millones de pesos anuales, para garantizar el pago a la empresa que prestará el servicio. Tampoco coincide el monto de los ingresos comprometidos por la obra del reclusorio de Ciudad Valles, pues los 486 millones que reportó Jesús Conde, cuando aseguraba que su informe “es veraz, no inventa cifras ni manipula conceptos”, ahora los reduce a 295 millones. Estos son algunos ejemplos con los que se desvanecen casi 8 mil 500 millones de pesos del monto de los pasivos dados a conocer originalmente. Ante tanta deshonestidad y torpeza, no le queda más remedio al doctor Toranzo que cesar de inmediato a su secretario de Finanzas.
El gobierno de Fernando Toranzo no entiende los alcances y consecuencias del derecho a la información pública gubernamental, no le entra el tema de la transparencia, por eso se resiste a dar a conocer la relación de los proveedores y acreedores al cierre de la administración de Marcelo de los Santos que le solicitamos desde el 28 de octubre pasado, la que de oficio debería aparecer en su sitio web. Como también se niega a entregarnos la información relativa al monto y origen de cada uno de esos adeudos, que al 31 de diciembre, según su propio versión, sumaban más de 1 mil 646 millones de pesos. Ante su negativa tuvimos que recurrir a la CEGAIP, a través de un recurso de queja, que si procede, obligará al Gobierno del Estado a destrabar el asunto que clasificó como reservado, argumentando que la Auditoría Superior del Estado lo estaba auditando, y que por lo tanto no se podía exhibir la documentación. La resolución no estuvo acompañada del acuerdo de reserva y su razonamiento no se justificó porque la causal que menciona no se aplica en este caso.
Están tan enredados los compromisos y obligaciones a cargo del Gobierno del Estado, que algunos de ellos, como lo hemos observado, ni siquiera se reflejan en la contabilidad gubernamental debido a que cuando se contrajeron no se les autorizó de partida presupuestal para su cumplimiento, por lo que la actual administración tendrá que distraer recursos que ya tenía presupuestados y que estaban destinados a obras y acciones para atenderlos; por lo que podemos concluir que nadie sabe a ciencia cierta cuánto es lo que debemos los potosinos; ni siquiera el secretario de Finanzas, que un día si y el otro también descubre nuevos pasivos. Un ejemplo más de esta caótica información son los 1 mil 680 millones de pesos de pasivos reportados por las diversas dependencias y entidades públicas, que según el desplegado de Jesús Conde, no se encontraban registrados en la Secretaría de Finanzas, y que ahora no cuadran con los pasivos a corto y largo plazo que se citan en la cuenta pública estatal del 2009. Otro pasivo que deberá ser observado es el que se refiere al adeudo que reporta un contratista que le construye una espuela ferroviaria a la General Motors con cargo al Gobierno del Estado por 10 millones de dólares, porque la Ley de Deuda Pública prohíbe contraer directa o indirectamente obligaciones con sociedades mercantiles en moneda extranjera.