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¿No hay dinero?
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 7, 2010
El Congreso del Estado acaba de recibir el informe financiero trimestral del gobierno del doctor Fernando Toranzo, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2010. Se trata de un documento en el que se advierte, una vez más, que los ingresos recibidos de enero a septiembre del presente año que ascienden a 20,180 millones de pesos, son superiores en más de 1 mil 352 millones a los gastos e inversiones que ha realizado su administración durante ese mismo período, y que suman 18,828 millones.
Seguramente que esos más de 1 mil 352 millones de pesos que no se atreven a gastar o que no saben en qué o cómo aplicarlos están “sudando” intereses en los bancos, pues de lo contrario no nos explicamos que los 19 millones 406 mil pesos que tenían calculados recibir por concepto de rendimiento de capitales, como consta en el presupuesto de ingresos del 2010, hayan alcanzado en tan sólo nueve meses la cantidad de 34 millones 629 mil pesos. Ese “guardadito” es un acto de enorme irresponsabilidad que explica el estancamiento de este gobierno en el que no hay obras o inversiones relevantes.
Si revisamos los acuerdos de la Comisión Gasto Financiamiento (CGF) que se anexaron al referido informe nos encontramos que la mayoría de las solicitudes de ampliación de recursos que le presentan las distintas dependencias e instancias del gobierno son rechazadas o, cuando les va bien, les autorizan una cantidad muy por debajo de sus pretensiones. El motivo es casi siempre el mismo: “no hay disponibilidad presupuestal ni financiera”. No hay dinero, pues. Por ejemplo: la Junta Estatal de Caminos solicitó urgentemente en el mes de julio 8 millones de pesos, para llevar a cabo el “Programa de Conservación (de Caminos) por Administración Directa 2010. Y la respuesta del secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, y de los otros “firmones” que lo acompañan en sus acuerdos fue negativa. No hay recursos. Ese mismo mes, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos pidió 19 millones 554 mil pesos, para continuar con las actividades relativas al programa denominado “Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego”. Los integrantes de la Comisión resolvieron por unanimidad sólo otorgarle un millón de pesos. Esta mezquindad es una de las razones por la que San Luis Potosí ocupa el cuarto sitio con mayor pobreza rural del país, con el 42 por ciento de sus campesinos en una situación de pobreza extrema que según el INEGI no les permite ni siquiera satisfacer sus necesidades alimentarías.
Pero también los ricos lloran. La SEDUVOP no ha podido conseguir el apoyo financiero que se necesita para rehabilitar la zona industrial de la capital que se encuentra devastada, y para justificar su negativa les exige a los empresarios que ocupan a más de 60 mil trabajadores, y que sin sus fábricas seríamos un pueblote, que si quieren arreglar sus calles, banquetas y drenajes deberán aportar la mitad de su costo, cuando los ingresos propios del estado, sin sumar los federales, llegan ya a los 1,768 millones de pesos, cuando se había presupuestado recaudar durante todo el año 1,817 millones.
En la minuta que se levantó el 30 de julio, pudimos observar solicitudes realmente frívolas como la de la SEDECO, que pide recursos extraordinarios para pagar 150 pesos diarios para alimentar al personal que está comisionado en el stand del Gobierno del Estado, mientras que dure la FENAPO, no obstante que maneja un presupuesto millonario que le permite cubrir fácilmente esa erogación. Cada vez son menos las secretarías que se atreven a pedir más recursos de los que tienen autorizados, pues ya entendieron que la mayoría de sus peticiones son sistemáticamente rechazadas. Aunque hay sus consentidos, como el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Fernando Chávez Méndez, que nada se le niega, pues se le autorizó, sin ningún reparo, un apoyo de más de 548 mil pesos para adquirir equipo de cómputo y comunicaciones.
El Instituto Potosino del Deporte remitió una copia de los créditos fiscales originados por adeudos que tiene con la Comisión Nacional del Agua por derechos de extracción. El acta no menciona el monto de los adeudos que se reclaman. La CGF se comprometió a realizar un estudio exhaustivo del expediente. Hace unos cuantos días nos enteramos que el secretario de Finanzas supuestamente desconocía el adeudo, lo que le permitió sumarle a los pasivos y lamentos gubernamentales otros 50 millones de pesos. Al Municipio de Ciudad Valles no se le autorizaron recursos para alimentar a los internos de su centro penitenciario, y eso que sólo pedía 202 mil pesos; pero para el club deportivo de Carlos Gerardo López Medina, alias “El Chato” se le obsequiaron 200 mil pesos para su torneo de tenis. Para las campañas y acciones de sanidad e inocuidad agrícola, ganadera y acuícola sólo se le autorizaron 9 millones 500 mil pesos, de los más de 22 que necesitaba.
En la Minuta del 30 de agosto se hace constar que al Consejo de la Judicatura se le autorizó una ampliación presupuestal por 3 millones 546 mil pesos para pagar el 2% del impuesto sobre Nómina de los trabajadores del Poder Judicial. El dinero sale y regresa al mismo bolsillo. A la Secretaría de Seguridad Pública se le negaron 33 millones de pesos que solicitó para cubrir las percepciones extraordinarias de 3,800 elementos. La CGF remitió a la Oficialía Mayor para su atención la solicitud de la Secretaría Particular del Gobernador para contratar otras 8 personas para su seguridad personal. Al Congreso del Estado se le autorizó una ampliación presupuestal por 4 millones 855 mil pesos para pagarle a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sus servicios por el sistema de administración de sus documentos. Por cierto que la contratación es ilegal porque no fue licitada. A la Clínica Psiquiatrita Dr. Everardo Newman no se le autorizaron los 2 millones 252 mil pesos que solicitó para cubrir sus gastos más apremiantes; pero para las “campanitas” de la catedral se desembolsaron ese mismo día otros 500 mil pesos. Cuestión de prioridades.
Noviembre 7, 2010
El Congreso del Estado acaba de recibir el informe financiero trimestral del gobierno del doctor Fernando Toranzo, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2010. Se trata de un documento en el que se advierte, una vez más, que los ingresos recibidos de enero a septiembre del presente año que ascienden a 20,180 millones de pesos, son superiores en más de 1 mil 352 millones a los gastos e inversiones que ha realizado su administración durante ese mismo período, y que suman 18,828 millones.
Seguramente que esos más de 1 mil 352 millones de pesos que no se atreven a gastar o que no saben en qué o cómo aplicarlos están “sudando” intereses en los bancos, pues de lo contrario no nos explicamos que los 19 millones 406 mil pesos que tenían calculados recibir por concepto de rendimiento de capitales, como consta en el presupuesto de ingresos del 2010, hayan alcanzado en tan sólo nueve meses la cantidad de 34 millones 629 mil pesos. Ese “guardadito” es un acto de enorme irresponsabilidad que explica el estancamiento de este gobierno en el que no hay obras o inversiones relevantes.
Si revisamos los acuerdos de la Comisión Gasto Financiamiento (CGF) que se anexaron al referido informe nos encontramos que la mayoría de las solicitudes de ampliación de recursos que le presentan las distintas dependencias e instancias del gobierno son rechazadas o, cuando les va bien, les autorizan una cantidad muy por debajo de sus pretensiones. El motivo es casi siempre el mismo: “no hay disponibilidad presupuestal ni financiera”. No hay dinero, pues. Por ejemplo: la Junta Estatal de Caminos solicitó urgentemente en el mes de julio 8 millones de pesos, para llevar a cabo el “Programa de Conservación (de Caminos) por Administración Directa 2010. Y la respuesta del secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, y de los otros “firmones” que lo acompañan en sus acuerdos fue negativa. No hay recursos. Ese mismo mes, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos pidió 19 millones 554 mil pesos, para continuar con las actividades relativas al programa denominado “Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego”. Los integrantes de la Comisión resolvieron por unanimidad sólo otorgarle un millón de pesos. Esta mezquindad es una de las razones por la que San Luis Potosí ocupa el cuarto sitio con mayor pobreza rural del país, con el 42 por ciento de sus campesinos en una situación de pobreza extrema que según el INEGI no les permite ni siquiera satisfacer sus necesidades alimentarías.
Pero también los ricos lloran. La SEDUVOP no ha podido conseguir el apoyo financiero que se necesita para rehabilitar la zona industrial de la capital que se encuentra devastada, y para justificar su negativa les exige a los empresarios que ocupan a más de 60 mil trabajadores, y que sin sus fábricas seríamos un pueblote, que si quieren arreglar sus calles, banquetas y drenajes deberán aportar la mitad de su costo, cuando los ingresos propios del estado, sin sumar los federales, llegan ya a los 1,768 millones de pesos, cuando se había presupuestado recaudar durante todo el año 1,817 millones.
En la minuta que se levantó el 30 de julio, pudimos observar solicitudes realmente frívolas como la de la SEDECO, que pide recursos extraordinarios para pagar 150 pesos diarios para alimentar al personal que está comisionado en el stand del Gobierno del Estado, mientras que dure la FENAPO, no obstante que maneja un presupuesto millonario que le permite cubrir fácilmente esa erogación. Cada vez son menos las secretarías que se atreven a pedir más recursos de los que tienen autorizados, pues ya entendieron que la mayoría de sus peticiones son sistemáticamente rechazadas. Aunque hay sus consentidos, como el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Fernando Chávez Méndez, que nada se le niega, pues se le autorizó, sin ningún reparo, un apoyo de más de 548 mil pesos para adquirir equipo de cómputo y comunicaciones.
El Instituto Potosino del Deporte remitió una copia de los créditos fiscales originados por adeudos que tiene con la Comisión Nacional del Agua por derechos de extracción. El acta no menciona el monto de los adeudos que se reclaman. La CGF se comprometió a realizar un estudio exhaustivo del expediente. Hace unos cuantos días nos enteramos que el secretario de Finanzas supuestamente desconocía el adeudo, lo que le permitió sumarle a los pasivos y lamentos gubernamentales otros 50 millones de pesos. Al Municipio de Ciudad Valles no se le autorizaron recursos para alimentar a los internos de su centro penitenciario, y eso que sólo pedía 202 mil pesos; pero para el club deportivo de Carlos Gerardo López Medina, alias “El Chato” se le obsequiaron 200 mil pesos para su torneo de tenis. Para las campañas y acciones de sanidad e inocuidad agrícola, ganadera y acuícola sólo se le autorizaron 9 millones 500 mil pesos, de los más de 22 que necesitaba.
En la Minuta del 30 de agosto se hace constar que al Consejo de la Judicatura se le autorizó una ampliación presupuestal por 3 millones 546 mil pesos para pagar el 2% del impuesto sobre Nómina de los trabajadores del Poder Judicial. El dinero sale y regresa al mismo bolsillo. A la Secretaría de Seguridad Pública se le negaron 33 millones de pesos que solicitó para cubrir las percepciones extraordinarias de 3,800 elementos. La CGF remitió a la Oficialía Mayor para su atención la solicitud de la Secretaría Particular del Gobernador para contratar otras 8 personas para su seguridad personal. Al Congreso del Estado se le autorizó una ampliación presupuestal por 4 millones 855 mil pesos para pagarle a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sus servicios por el sistema de administración de sus documentos. Por cierto que la contratación es ilegal porque no fue licitada. A la Clínica Psiquiatrita Dr. Everardo Newman no se le autorizaron los 2 millones 252 mil pesos que solicitó para cubrir sus gastos más apremiantes; pero para las “campanitas” de la catedral se desembolsaron ese mismo día otros 500 mil pesos. Cuestión de prioridades.