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¿Un gobierno pobre o poquitero?
Primera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Septiembre 12, 2010
Dinero es lo que le sobra al gobierno del doctor Fernando Toranzo. Así lo revelan los informes financieros de su administración. No es un gobierno pobre, es, si acaso, un pobre gobierno que no sabe cómo aplicar los recursos que se le confían. El informe financiero del segundo trimestre del 2010, que los secretarios General de Gobierno y de Finanzas, José Guadalupe Durón y Jesús Conde Mejía, entregaron al Congreso del Estado, el pasado 15 de julio, reporta que son 13 mil 599 millones de pesos lo que ha ingresado a las arcas estatales hasta el 30 de junio; mientras que los egresos suman la cantidad de 12 mil 291 millones; lo que quiere decir que no han ejercido o gastado 1,308 millones de pesos que se recaudaron por diferentes conceptos, y esto, sin incluir los ingresos derivados por las ventas de los productos hortícola de los Invernaderos de Santa Rita que no aparecen por ningún lado en la contabilidad gubernamental; ni los 190 millones 400 mil pesos que obtuvieron del préstamo que se les autorizó en el mes de junio.
Un dato muy revelador que desmiente que el gobierno se encuentra seriamente limitado en su posibilidad de dar respuesta a las demandas sociales en materia de obras y servicios de beneficio colectivo, debido a la sobre carga de compromisos y pasivos que heredó de su antecesor, y que no hay dinero para atenderlos,es el que nos muestra que los ingresos en el primer semestre del 2010 superan por 1 mil 236 millones a la cantidad que durante el 2009 ingresó a las finanzas públicas del gobierno de Marcelo de los Santos, durante ese mismo periodo. Los juegos de austeridad y pobreza del gobierno torancista son falsos pues el gobierno potosino cuenta proporcionalmente con mucho más recursos presupuestales que estados como el de Jalisco, que se ubica entre los más prósperos y emprendedores del país. Cualquier ciudadano puede consultar en el Internet que el presupuesto de ingresos de esa entidad para el 2010 será de $63,759,348.400.00, en el que están incluidos recursos por más de 3 mil 200 millones de un préstamo bancario que se solicitó para una población de 7,040.437 habitantes, mientras que San Luís Potosí tendrá un presupuesto de $25,434,829.343.00, sin sumarle el empréstitos por más de 190 millones que acaba de suscribir, para 2,410.414 potosinos. Si se repartiera todo ese dinero entre los jaliscienses les correspondería a cada uno un ingreso de 9 mil 056 pesos, mientras que si hacemos lo mismo con los potosinos nos tocarían más de 10 mil 552 pesos por persona. Nuestros vecinos necesitarían otros 10 mil 500 millones para emparejarnos.
En el último informe financiero se anexan las minutas de los acuerdos tomados -siempre por unanimidades- por la Comisión Gasto Financiamiento, nunca hay desacuerdos entre sus miembros. La Comisión Gasto Financiamiento es la instancia de gobierno que en realidad dispone de los recursos del Estado; es la que autoriza cualquier modificación presupuestal, la que dice en qué y cuanto se aplican los excedentes que llegan de la federación, la que mediante un simple acuerdo transfiere o modifica el presupuesto. En esta comisión, integrada por el secretario de Finanzas, por el oficial mayor, José Francisco Carrera Martell; por el contralor general, Alfonso Anaya Olalde; y por Silvia Arellano Vázquez, directora general de Coordinación Hacendaria de la Secretaría que está a cargo de Jesús Conde, se hace y deshace el presupuesto a su voluntad.
Si el gobernador Toranzo quisiera realmente innovar nuestras instituciones con la participación de la sociedad civil en algunos de sus organismos para vigilarlos y transparentarlos, como presume que es su intención hacerlo con las adquisiciones de bienes y servicios que realiza su gobierno, mejor hubiera permitido que ciudadanos sin conflicto de intereses, y sin servilismos participaran en la Comisión Gasto Financiamiento, modificando previamente la Ley para determinar sus atribuciones. Los diputados son decorativos en materia presupuestal; y lo peor, es que algunos de ellos creen que tienen la enorme responsabilidad de aprobar el presupuesto de egresos.
Cuando en diciembre de 2005, José Antonio Madrigal Ortiz cometió la pifia que llevó a Marcelo de los Santos a desaparecer la Secretaria de Planeación y Desarrollo, de la que era titular, para fusionarla a la de Finanzas, no sólo se creó una súper secretaría, sino que se concentró en un solo funcionario tal capacidad de decisión, que el Ejecutivo en turno, desde ese momento, puede delegar en una sola persona el manejo discrecional de todo el presupuesto estatal a través de esa instancia. Para Marcelo de los Santos aquello no representaba ninguna situación riesgosa, pues conocedor de los manejos contables y especialista en su manipuleo para presentar cuentas que cuadren, tuvo en Joel Azuara Robles a un mero operador del manejo caprichoso del presupuesto estatal, al grado de que no es él, y sí su peón, quien enfrenta los conflictos penales que su vocación por el derroche han provocado, a pesar de su especialidad como blanqueador de cuentas.
Con Marcelo de los Santos, entendido en números, lógico es pensar que tuvo bajo su control discrecional los recursos públicos del Estado y, en consecuencia, aunque haya sido el Congreso del Estado el que aprobara un presupuesto de egresos que determinara la forma en que se tendría que aplicar el dinero, fue él quien, a través de esta comisión modificó lo aprobado por el Legislativo, con lo que se nulificó la facultad de ese Poder para establecer las prioridades del estado en materia de aplicación de nuestros impuestos. Son miles de millones de pesos los que se mueven libre y discrecionalmente, orientados principalmente por los intereses y compromisos del gobernador en turno.
Las cifras que se exhiben en el informe desmienten la propaganda torancista de que no hay dinero, así como la demagogia de su falsa austeridad que daremos a conocer en las siguientes entregas con algunos ejemplos muy ilustrativos de sus movimientos presupuestales.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Septiembre 12, 2010
Dinero es lo que le sobra al gobierno del doctor Fernando Toranzo. Así lo revelan los informes financieros de su administración. No es un gobierno pobre, es, si acaso, un pobre gobierno que no sabe cómo aplicar los recursos que se le confían. El informe financiero del segundo trimestre del 2010, que los secretarios General de Gobierno y de Finanzas, José Guadalupe Durón y Jesús Conde Mejía, entregaron al Congreso del Estado, el pasado 15 de julio, reporta que son 13 mil 599 millones de pesos lo que ha ingresado a las arcas estatales hasta el 30 de junio; mientras que los egresos suman la cantidad de 12 mil 291 millones; lo que quiere decir que no han ejercido o gastado 1,308 millones de pesos que se recaudaron por diferentes conceptos, y esto, sin incluir los ingresos derivados por las ventas de los productos hortícola de los Invernaderos de Santa Rita que no aparecen por ningún lado en la contabilidad gubernamental; ni los 190 millones 400 mil pesos que obtuvieron del préstamo que se les autorizó en el mes de junio.
Un dato muy revelador que desmiente que el gobierno se encuentra seriamente limitado en su posibilidad de dar respuesta a las demandas sociales en materia de obras y servicios de beneficio colectivo, debido a la sobre carga de compromisos y pasivos que heredó de su antecesor, y que no hay dinero para atenderlos,es el que nos muestra que los ingresos en el primer semestre del 2010 superan por 1 mil 236 millones a la cantidad que durante el 2009 ingresó a las finanzas públicas del gobierno de Marcelo de los Santos, durante ese mismo periodo. Los juegos de austeridad y pobreza del gobierno torancista son falsos pues el gobierno potosino cuenta proporcionalmente con mucho más recursos presupuestales que estados como el de Jalisco, que se ubica entre los más prósperos y emprendedores del país. Cualquier ciudadano puede consultar en el Internet que el presupuesto de ingresos de esa entidad para el 2010 será de $63,759,348.400.00, en el que están incluidos recursos por más de 3 mil 200 millones de un préstamo bancario que se solicitó para una población de 7,040.437 habitantes, mientras que San Luís Potosí tendrá un presupuesto de $25,434,829.343.00, sin sumarle el empréstitos por más de 190 millones que acaba de suscribir, para 2,410.414 potosinos. Si se repartiera todo ese dinero entre los jaliscienses les correspondería a cada uno un ingreso de 9 mil 056 pesos, mientras que si hacemos lo mismo con los potosinos nos tocarían más de 10 mil 552 pesos por persona. Nuestros vecinos necesitarían otros 10 mil 500 millones para emparejarnos.
En el último informe financiero se anexan las minutas de los acuerdos tomados -siempre por unanimidades- por la Comisión Gasto Financiamiento, nunca hay desacuerdos entre sus miembros. La Comisión Gasto Financiamiento es la instancia de gobierno que en realidad dispone de los recursos del Estado; es la que autoriza cualquier modificación presupuestal, la que dice en qué y cuanto se aplican los excedentes que llegan de la federación, la que mediante un simple acuerdo transfiere o modifica el presupuesto. En esta comisión, integrada por el secretario de Finanzas, por el oficial mayor, José Francisco Carrera Martell; por el contralor general, Alfonso Anaya Olalde; y por Silvia Arellano Vázquez, directora general de Coordinación Hacendaria de la Secretaría que está a cargo de Jesús Conde, se hace y deshace el presupuesto a su voluntad.
Si el gobernador Toranzo quisiera realmente innovar nuestras instituciones con la participación de la sociedad civil en algunos de sus organismos para vigilarlos y transparentarlos, como presume que es su intención hacerlo con las adquisiciones de bienes y servicios que realiza su gobierno, mejor hubiera permitido que ciudadanos sin conflicto de intereses, y sin servilismos participaran en la Comisión Gasto Financiamiento, modificando previamente la Ley para determinar sus atribuciones. Los diputados son decorativos en materia presupuestal; y lo peor, es que algunos de ellos creen que tienen la enorme responsabilidad de aprobar el presupuesto de egresos.
Cuando en diciembre de 2005, José Antonio Madrigal Ortiz cometió la pifia que llevó a Marcelo de los Santos a desaparecer la Secretaria de Planeación y Desarrollo, de la que era titular, para fusionarla a la de Finanzas, no sólo se creó una súper secretaría, sino que se concentró en un solo funcionario tal capacidad de decisión, que el Ejecutivo en turno, desde ese momento, puede delegar en una sola persona el manejo discrecional de todo el presupuesto estatal a través de esa instancia. Para Marcelo de los Santos aquello no representaba ninguna situación riesgosa, pues conocedor de los manejos contables y especialista en su manipuleo para presentar cuentas que cuadren, tuvo en Joel Azuara Robles a un mero operador del manejo caprichoso del presupuesto estatal, al grado de que no es él, y sí su peón, quien enfrenta los conflictos penales que su vocación por el derroche han provocado, a pesar de su especialidad como blanqueador de cuentas.
Con Marcelo de los Santos, entendido en números, lógico es pensar que tuvo bajo su control discrecional los recursos públicos del Estado y, en consecuencia, aunque haya sido el Congreso del Estado el que aprobara un presupuesto de egresos que determinara la forma en que se tendría que aplicar el dinero, fue él quien, a través de esta comisión modificó lo aprobado por el Legislativo, con lo que se nulificó la facultad de ese Poder para establecer las prioridades del estado en materia de aplicación de nuestros impuestos. Son miles de millones de pesos los que se mueven libre y discrecionalmente, orientados principalmente por los intereses y compromisos del gobernador en turno.
Las cifras que se exhiben en el informe desmienten la propaganda torancista de que no hay dinero, así como la demagogia de su falsa austeridad que daremos a conocer en las siguientes entregas con algunos ejemplos muy ilustrativos de sus movimientos presupuestales.