Inicio / Quiénes somos / De mano en mano / Contacto
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
¿Un gobierno pobre o poquitero?
Tercera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Septiembre 26, 2010
El diputado del PRI, J. Jesús Soni Bulos, parece que es el único de los legisladores locales que entiende que la Comisión Gasto Financiamiento es el instrumento que utiliza el gobernador del Estado –sin ensuciarse las manos- para disponer discrecionalmente de los recursos del erario; también comprende que es la que autoriza cualquier modificación presupuestal, la que dice cuanto y en qué se gastan los excedentes propios y los que llegan de la federación, y la que mediante un simple acuerdo administrativo transfiere, amplía, o reduce las partidas presupuestales; e intuye que en la práctica no son los diputados los que se encargan de ejercer tan delicadas funciones.
Así de importante es esta Comisión que pasa inadvertida para el resto de los diputados. Los funcionarios que la integraron en el sexenio anterior fueron los responsables del destino que se le dio a una buena parte de los recursos del préstamo bancario que por 1,500 millones de pesos se le autorizó al gobierno panista. Ahora, dos de los cuatro que ocupaban esas posiciones están en la cárcel pagando los ilícitos en que incurrieron por obedecer ciegamente al ex gobernador Marcelo de los Santos, quien les instruía verbalmente en qué conceptos se gastaba el dinero; me refiero al ex secretario de Finanzas, Joel Azuara y al ex oficial mayor, Héctor Picharra; la tercera integrante, la abogada Silvia Arellano Vázquez, directora general de Coordinación Hacendaría de la Secretaría de Finanzas, por su perfil discreto y habilidades en el manejo de estos asuntos repite en el cargo, y el ex contralor general, Carlos Esparza del Pozo, quien también formaba parte de esta responsabilidad, no ha sido ni será requerido por la justicia, pues hay testimonios que aseguran que el contralor marcelista era el compañero de gabinete con el que más congeniaba el ahora titular del Poder Ejecutivo.
El también ex alcalde de San Vicente Tancuayalab presentó el pasado 8 de septiembre un punto de acuerdo para que el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, comparezca ante el pleno del Congreso, a fin de que les informe cuál es el avance que llevan las sanciones aplicadas a los funcionarios responsables de la pasada administración por haber ejercido un total de 349 millones 301 mil pesos por concepto de gratificaciones de fin de año, cuando sólo tenía autorizado el Poder Ejecutivo gastar 131 millones 555, originándose un sobregiro de más de 217 millones de pesos. El diputado huasteco explica que esta operación está consignada en el último informe de la Auditoría Superior del Estado, en el anexo relativo a gasto por capítulo. Sin embargo, este dato no aparece en ninguna de las 226 observaciones cuantitativas que se le fincaron a ese gobierno, por eso no será viable que el auditor informe del trámite que se solicita porque a nadie está acusando de haber incurrido en algún ilícito o irregularidad por esta operación, pues según Mayorga no se violó ninguna disposición legal por el supuesto sobregiro porque fue autorizado previamente por la Comisión Gasto Financiamiento. Pero esta denuncia lo obliga a iniciar una averiguación para conocer el criterio que aplicó esa Comisión para que la alta burocracia panista, que se despedía en esos días de las mieles del presupuesto, se despachara tan generosamente. Y algo muy oportuno que solicita el también ex inspector de la obra pública en Ciudad Netzahualcóyotl, es que el auditor investigue de dónde se tomaron todos esos recursos para pagar las gratificaciones. Seguramente que son una parte del préstamo bancario que se desvió para cubrir gasto corriente como el de las gratificaciones, y que no se aplicó correctamente en inversiones públicas productivas como estaba etiquetado. Es falso, como replica el auditor que el sobregiro que se reclama se haya repartida equitativamente entre toda la burocracia estatal, y no sólo entre los mandos superiores, pues de ser así se hubieran requerido más de mil millones de pesos para compensar los extras en los mismos porcentajes en que los jefes se incrementaron sus gratificaciones. Todos los aguinaldos estaban ya presupuestados desde un principio, cuando se aprobó la Ley de Egresos del 2009.
A un año de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo, el doctor Fernando Toranzo no ha querido explicarle a los potosinos los conceptos en los que se gastó el empréstito de los 1,500 millones de pesos que obtuvo el gobierno anterior, y se resiste a acreditar documentalmente que su administración no dispuso de un solo centavo de los 562 millones de pesos que asegura el auditor Mayorga que le dejaron en bancos, pero eso sí, los diputados, sin esta información, se prestan a autorizarle la reestructuración de esa deuda para que la carga más pesada de las amortizaciones caiga en los gobiernos que lo sucedan.
La visión que ahora tienen los diputados los obliga a revisar la información de los más de 850 acuerdos que tomó esa Comisión y que constan en los anexos del informe financiero que obra en su poder, entre los que podemos destacar los siguientes: a) Se le autorizó al Despacho del Gobernador “austero” una ampliación presupuestal por $515,292.00 para mantenimiento y conservación de diversos trabajos realizados en la oficina a su cargo. Es difícil imaginarnos que más le pudo agregar Toranzo a las exquisiteces que le dejó su antecesor. B) No le autorizaron al INVIES una ampliación que solicitaba por 20 millones de pesos para abonarlos a la empresa contratada para abastecer de electricidad la subestación de Ciudad Satélite. C) No se le autorizó a la Dirección de Pensiones un pago que reclamaba por más de 92 millones de pesos por concepto de aportaciones patronales para el fondo de vivienda que tiene pendiente de cubrir el Gobierno del Estado. D) La Junta Estatal de Caminos solicitó asignación presupuestal por más de 430 millones de pesos para programas de conservación de caminos. Sólo se le autorizaron 18 millones, el 4% de lo que pedía. En la siguiente entrega se detallarán otros movimientos presupuestales.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Septiembre 26, 2010
El diputado del PRI, J. Jesús Soni Bulos, parece que es el único de los legisladores locales que entiende que la Comisión Gasto Financiamiento es el instrumento que utiliza el gobernador del Estado –sin ensuciarse las manos- para disponer discrecionalmente de los recursos del erario; también comprende que es la que autoriza cualquier modificación presupuestal, la que dice cuanto y en qué se gastan los excedentes propios y los que llegan de la federación, y la que mediante un simple acuerdo administrativo transfiere, amplía, o reduce las partidas presupuestales; e intuye que en la práctica no son los diputados los que se encargan de ejercer tan delicadas funciones.
Así de importante es esta Comisión que pasa inadvertida para el resto de los diputados. Los funcionarios que la integraron en el sexenio anterior fueron los responsables del destino que se le dio a una buena parte de los recursos del préstamo bancario que por 1,500 millones de pesos se le autorizó al gobierno panista. Ahora, dos de los cuatro que ocupaban esas posiciones están en la cárcel pagando los ilícitos en que incurrieron por obedecer ciegamente al ex gobernador Marcelo de los Santos, quien les instruía verbalmente en qué conceptos se gastaba el dinero; me refiero al ex secretario de Finanzas, Joel Azuara y al ex oficial mayor, Héctor Picharra; la tercera integrante, la abogada Silvia Arellano Vázquez, directora general de Coordinación Hacendaría de la Secretaría de Finanzas, por su perfil discreto y habilidades en el manejo de estos asuntos repite en el cargo, y el ex contralor general, Carlos Esparza del Pozo, quien también formaba parte de esta responsabilidad, no ha sido ni será requerido por la justicia, pues hay testimonios que aseguran que el contralor marcelista era el compañero de gabinete con el que más congeniaba el ahora titular del Poder Ejecutivo.
El también ex alcalde de San Vicente Tancuayalab presentó el pasado 8 de septiembre un punto de acuerdo para que el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, comparezca ante el pleno del Congreso, a fin de que les informe cuál es el avance que llevan las sanciones aplicadas a los funcionarios responsables de la pasada administración por haber ejercido un total de 349 millones 301 mil pesos por concepto de gratificaciones de fin de año, cuando sólo tenía autorizado el Poder Ejecutivo gastar 131 millones 555, originándose un sobregiro de más de 217 millones de pesos. El diputado huasteco explica que esta operación está consignada en el último informe de la Auditoría Superior del Estado, en el anexo relativo a gasto por capítulo. Sin embargo, este dato no aparece en ninguna de las 226 observaciones cuantitativas que se le fincaron a ese gobierno, por eso no será viable que el auditor informe del trámite que se solicita porque a nadie está acusando de haber incurrido en algún ilícito o irregularidad por esta operación, pues según Mayorga no se violó ninguna disposición legal por el supuesto sobregiro porque fue autorizado previamente por la Comisión Gasto Financiamiento. Pero esta denuncia lo obliga a iniciar una averiguación para conocer el criterio que aplicó esa Comisión para que la alta burocracia panista, que se despedía en esos días de las mieles del presupuesto, se despachara tan generosamente. Y algo muy oportuno que solicita el también ex inspector de la obra pública en Ciudad Netzahualcóyotl, es que el auditor investigue de dónde se tomaron todos esos recursos para pagar las gratificaciones. Seguramente que son una parte del préstamo bancario que se desvió para cubrir gasto corriente como el de las gratificaciones, y que no se aplicó correctamente en inversiones públicas productivas como estaba etiquetado. Es falso, como replica el auditor que el sobregiro que se reclama se haya repartida equitativamente entre toda la burocracia estatal, y no sólo entre los mandos superiores, pues de ser así se hubieran requerido más de mil millones de pesos para compensar los extras en los mismos porcentajes en que los jefes se incrementaron sus gratificaciones. Todos los aguinaldos estaban ya presupuestados desde un principio, cuando se aprobó la Ley de Egresos del 2009.
A un año de haber asumido la titularidad del Poder Ejecutivo, el doctor Fernando Toranzo no ha querido explicarle a los potosinos los conceptos en los que se gastó el empréstito de los 1,500 millones de pesos que obtuvo el gobierno anterior, y se resiste a acreditar documentalmente que su administración no dispuso de un solo centavo de los 562 millones de pesos que asegura el auditor Mayorga que le dejaron en bancos, pero eso sí, los diputados, sin esta información, se prestan a autorizarle la reestructuración de esa deuda para que la carga más pesada de las amortizaciones caiga en los gobiernos que lo sucedan.
La visión que ahora tienen los diputados los obliga a revisar la información de los más de 850 acuerdos que tomó esa Comisión y que constan en los anexos del informe financiero que obra en su poder, entre los que podemos destacar los siguientes: a) Se le autorizó al Despacho del Gobernador “austero” una ampliación presupuestal por $515,292.00 para mantenimiento y conservación de diversos trabajos realizados en la oficina a su cargo. Es difícil imaginarnos que más le pudo agregar Toranzo a las exquisiteces que le dejó su antecesor. B) No le autorizaron al INVIES una ampliación que solicitaba por 20 millones de pesos para abonarlos a la empresa contratada para abastecer de electricidad la subestación de Ciudad Satélite. C) No se le autorizó a la Dirección de Pensiones un pago que reclamaba por más de 92 millones de pesos por concepto de aportaciones patronales para el fondo de vivienda que tiene pendiente de cubrir el Gobierno del Estado. D) La Junta Estatal de Caminos solicitó asignación presupuestal por más de 430 millones de pesos para programas de conservación de caminos. Sólo se le autorizaron 18 millones, el 4% de lo que pedía. En la siguiente entrega se detallarán otros movimientos presupuestales.