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¿Y la deuda de Marcelo?
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Mayo 1, 2011
El secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, no ha sido ni será sancionado por las responsabilidades en que incurrió al haber aplicado indebidamente una buena parte del préstamo que obtuvo el ex gobernador del Estado en las postrimerías de su mandato. Las explicaciones y documentos que presentó en defensa del gobierno del doctor Fernando Toranzo, el 4 de junio de 2010, de nada le sirvieron porque no pudo aclarar la observación más delicada y comprometedora de la auditoría que se le practicó a la Cuenta Pública Estatal del 2009, en la que se le acusa que “de acuerdo a los registros contables –que tuvo a la vista el auditor-- el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500,000.000.00 es de $561,976,438.40, mismo que no es posible identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración –la de Toranzo- de acuerdo al Decreto 819 de autorización”.
El auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, tampoco le ha fincado ni le fincará responsabilidades a Joel Azuara, ex secretario de Finanzas, porque según su dictamen desvió y malversó otros 562 millones de pesos del referido préstamo, como lo hizo constar en el informe de su auditoría: “No se proporcionó evidencia que estos pagos se destinaron al cumplimiento de obligaciones financieras en materia de inversión pública productiva…”. Son acusaciones muy serias a las que no se les ha dado ni se les dará seguimiento, y más cuando el auditor conoce el destino que tuvo todo ese dinero, porque de lo contrario no se hubiera atrevido a asegurar que esos recursos no se gastaron en lo que se tenían que gastar.
Las aclaraciones que rindió Joel Azuara al auditor superior del Estado han provocado un serio desencuentro entra las dos administraciones, pues el contador señala en su informe que “dejaron recursos disponibles en bancos para la presente Administración –la de Toranzo- por la cantidad de $561,976,438.40…”, suma que corresponde exactamente al monto que reporta la auditoría de Mayorga. Seguramente que deben existir los registros contables que acreditan esa aseveración porque el auditor así lo confirmó en su revisión. Por su parte, el gobierno de Fernando Toranzo niega categóricamente haber recibido la cantidad señalada, y manifiesta que ninguno de los más de 913 millones de pesos de recursos disponibles que existían en bancos al 25 de septiembre de 2009, corresponden al saldo no aplicado de la deuda que unos meses antes contrajo el gobierno de Marcelo de los Santos.
El contador Conde Mejía desglosó en el oficio que dirigió al auditor Mayorga, el 4 de junio de 2010, los nombres de las instituciones bancarias en las que encontró dinero, identificó los números de las cuentas y las cantidades que le dejaron en cada una, y explicó el destino que se le daría a esos recursos que –asegura- ya estaban comprometidos o etiquetados. Pero toda esa información resultó inútil pues no convenció al auditor de su inocencia, seguramente porque su versión es falsa. Si hubiera logrado demostrar que sus registros contables son ciertos, que el que falseó la información fue el gobierno panista, entonces el ex secretario de Finanzas estaría en graves aprietos, y el desprestigio del ex gobernador hubiera alcanzado dimensiones nacionales y no ocuparía el cargo que ahora ostenta. Conde aseguró en el proceso de desahogo de sus observaciones que sólo 361 millones de pesos de los más de 913 millones que existían en bancos al momento de tomar posesión de su oficina, correspondían a reservas para aguinaldos, participaciones municipales y al fondo de ahorro de los trabajadores. Dinero del que no podía disponer porque era ajeno. Los otros 552 millones que halló eran recursos de la federación destinados a programas y fondos como el FIES, PAICUM, FOSEG, PIBAI y otros; pero que en ningún caso se trataba de dinero proveniente del préstamo marcelista que supuestamente le habían dejado, pues éste se había agotado durante esa administración, y nada había quedado.
Si el gobierno de Toranzo tuviera la razón, no toleraría que le hicieran tales acusaciones, y ya hubiera demandado el cese del auditor por falsario y deshonesto. Todos –panistas y priistas- le apuestan a que el tiempo y los velos de la reestructuración del crédito que esta Legislatura le autorizó a Toranzo borren para siempre esos excesos.
Las complicidades de este gobierno que protege al anterior han evitado que a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública se logre dilucidar, ya no en qué se gastaron esos recursos, sino quién los malgastó. Sabemos que los registros contables que hemos solicitado, y que nos han negado, son la clave para lograr nuestro objetivo. Héctor Mayorga, el actor principal de todo este circo, abrió el abanico de responsabilidades al señalar en su informe de auditoría que el ex gobernador no justificó la correcta aplicación de 557 millones 252 mil 842.91 pesos, en tanto que Fernando Toranzo gastó 561 millones 976 mil 438.40 pesos, que tampoco justificó adecuadamente. Con su observación mostró la primera pista por la que a través de una solicitud de información, se pudiera intentar transparentar lo ocurrido con el crédito de fin de sexenio. El 8 de octubre de 2010 se solicitó la copia de ese documento y, a partir de ese momento, los demás actores del encubrimiento comenzaron a preparar sus intervenciones. El 19 de octubre, la Unidad de Información Pública de la Auditoría Superior del Estado notificó que el Comité de Información de esa dependencia clasificó como reservada la información. De esa manera se atrevieron a bloquear hasta por cuatro años la información de una auditoría que había servido de base para formular el informe final de la cuenta pública estatal del 2009, y que por su naturaleza debe ser pública. Esto –explicó el redactor de esa aberración jurídica- para no poner en riesgo la procuración de justicia, pues su publicidad generaría un menoscabo a las garantías consagradas en la Constitución que afectaría a las partes involucradas en la fiscalización de esa cuenta.
Mayo 1, 2011
El secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, no ha sido ni será sancionado por las responsabilidades en que incurrió al haber aplicado indebidamente una buena parte del préstamo que obtuvo el ex gobernador del Estado en las postrimerías de su mandato. Las explicaciones y documentos que presentó en defensa del gobierno del doctor Fernando Toranzo, el 4 de junio de 2010, de nada le sirvieron porque no pudo aclarar la observación más delicada y comprometedora de la auditoría que se le practicó a la Cuenta Pública Estatal del 2009, en la que se le acusa que “de acuerdo a los registros contables –que tuvo a la vista el auditor-- el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de $1,500,000.000.00 es de $561,976,438.40, mismo que no es posible identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración –la de Toranzo- de acuerdo al Decreto 819 de autorización”.
El auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, tampoco le ha fincado ni le fincará responsabilidades a Joel Azuara, ex secretario de Finanzas, porque según su dictamen desvió y malversó otros 562 millones de pesos del referido préstamo, como lo hizo constar en el informe de su auditoría: “No se proporcionó evidencia que estos pagos se destinaron al cumplimiento de obligaciones financieras en materia de inversión pública productiva…”. Son acusaciones muy serias a las que no se les ha dado ni se les dará seguimiento, y más cuando el auditor conoce el destino que tuvo todo ese dinero, porque de lo contrario no se hubiera atrevido a asegurar que esos recursos no se gastaron en lo que se tenían que gastar.
Las aclaraciones que rindió Joel Azuara al auditor superior del Estado han provocado un serio desencuentro entra las dos administraciones, pues el contador señala en su informe que “dejaron recursos disponibles en bancos para la presente Administración –la de Toranzo- por la cantidad de $561,976,438.40…”, suma que corresponde exactamente al monto que reporta la auditoría de Mayorga. Seguramente que deben existir los registros contables que acreditan esa aseveración porque el auditor así lo confirmó en su revisión. Por su parte, el gobierno de Fernando Toranzo niega categóricamente haber recibido la cantidad señalada, y manifiesta que ninguno de los más de 913 millones de pesos de recursos disponibles que existían en bancos al 25 de septiembre de 2009, corresponden al saldo no aplicado de la deuda que unos meses antes contrajo el gobierno de Marcelo de los Santos.
El contador Conde Mejía desglosó en el oficio que dirigió al auditor Mayorga, el 4 de junio de 2010, los nombres de las instituciones bancarias en las que encontró dinero, identificó los números de las cuentas y las cantidades que le dejaron en cada una, y explicó el destino que se le daría a esos recursos que –asegura- ya estaban comprometidos o etiquetados. Pero toda esa información resultó inútil pues no convenció al auditor de su inocencia, seguramente porque su versión es falsa. Si hubiera logrado demostrar que sus registros contables son ciertos, que el que falseó la información fue el gobierno panista, entonces el ex secretario de Finanzas estaría en graves aprietos, y el desprestigio del ex gobernador hubiera alcanzado dimensiones nacionales y no ocuparía el cargo que ahora ostenta. Conde aseguró en el proceso de desahogo de sus observaciones que sólo 361 millones de pesos de los más de 913 millones que existían en bancos al momento de tomar posesión de su oficina, correspondían a reservas para aguinaldos, participaciones municipales y al fondo de ahorro de los trabajadores. Dinero del que no podía disponer porque era ajeno. Los otros 552 millones que halló eran recursos de la federación destinados a programas y fondos como el FIES, PAICUM, FOSEG, PIBAI y otros; pero que en ningún caso se trataba de dinero proveniente del préstamo marcelista que supuestamente le habían dejado, pues éste se había agotado durante esa administración, y nada había quedado.
Si el gobierno de Toranzo tuviera la razón, no toleraría que le hicieran tales acusaciones, y ya hubiera demandado el cese del auditor por falsario y deshonesto. Todos –panistas y priistas- le apuestan a que el tiempo y los velos de la reestructuración del crédito que esta Legislatura le autorizó a Toranzo borren para siempre esos excesos.
Las complicidades de este gobierno que protege al anterior han evitado que a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública se logre dilucidar, ya no en qué se gastaron esos recursos, sino quién los malgastó. Sabemos que los registros contables que hemos solicitado, y que nos han negado, son la clave para lograr nuestro objetivo. Héctor Mayorga, el actor principal de todo este circo, abrió el abanico de responsabilidades al señalar en su informe de auditoría que el ex gobernador no justificó la correcta aplicación de 557 millones 252 mil 842.91 pesos, en tanto que Fernando Toranzo gastó 561 millones 976 mil 438.40 pesos, que tampoco justificó adecuadamente. Con su observación mostró la primera pista por la que a través de una solicitud de información, se pudiera intentar transparentar lo ocurrido con el crédito de fin de sexenio. El 8 de octubre de 2010 se solicitó la copia de ese documento y, a partir de ese momento, los demás actores del encubrimiento comenzaron a preparar sus intervenciones. El 19 de octubre, la Unidad de Información Pública de la Auditoría Superior del Estado notificó que el Comité de Información de esa dependencia clasificó como reservada la información. De esa manera se atrevieron a bloquear hasta por cuatro años la información de una auditoría que había servido de base para formular el informe final de la cuenta pública estatal del 2009, y que por su naturaleza debe ser pública. Esto –explicó el redactor de esa aberración jurídica- para no poner en riesgo la procuración de justicia, pues su publicidad generaría un menoscabo a las garantías consagradas en la Constitución que afectaría a las partes involucradas en la fiscalización de esa cuenta.