Inicio / Quiénes somos / De mano en mano / Contacto
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
La amenaza que nos acecha
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 24, 2011
Creo que para la mayoría de los mexicanos sería tan absurdo y traumático retornar a un régimen presidencial priista, con los personajes e intereses que acompañan a Enrique Peña Nieto, como si el pueblo alemán, después de la funesta experiencia que vivieron durante y después de la segunda guerra mundial, votara por los candidatos de un partido neonazi; o como si el sufrido pueblo ruso eligiera al partido comunista como opción política para que los volviera a gobernar.
Creo que la elección presidencial del próximo domingo se va a decidir por el voto de los millones de mexicanos indecisos o que no han querido manifestar sus preferencias a los encuestadores, y que acudan ese día a las urnas, pero también con el sufragio de los antipriistas recalcitrantes que en la soledad de la mampara opten en el último momento por cruzar la boleta electoral en el emblema del candidato mejor posesionado, entre Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota; por lo que el resultado final puede ser distinto al de las encuestas que invariablemente señalan como favorito al candidato del PRI.
Nos preocupa la operación electoral que la mapachería priista ejecutará el 1 de julio. Nos preocupan sus recursos ilimitados para coaccionar y comprar el voto de muchos mexicanos. Nos preocupa el compromiso que asumieron los gobernadores priistas para cubrir la cuota de votos que se les asignó, y que en el caso de San Luis Potosí bien podría andar entre los 450 y 500 mil sufragios que tendría que conseguir el doctor Fernando Toranzo valiéndose de cualquier medio. Creo que la reacción popular ante un fraude electoral debidamente probado y denunciado por el candidato de las izquierdas y difundido por las redes sociales no sería la misma que la de hace seis años, que gracias a la prudencia de López Obrador quedó reducida a un simple plantón en la plaza y avenida principales de la Ciudad de México. Creo que hoy nadie puede garantizar que las inconformidades se canalizarán por la vía pacífica. El descontento y frustración de amplios sectores de la sociedad se podrían manifestar violentamente. En un país crispado y al borde de un estallido social como el nuestro, en el que crimen organizado controla amplias regiones del territorio nacional, es demasiado arriesgado rascarle las bolas al tigre. No hay condiciones para soportar una provocación de ese tamaño.
El fraude se dará principalmente en la zona rural y en algunas casillas de las colonias más pobres de las áreas urbanas, en las que los funcionarios electorales y representantes de los partidos políticos son muy vulnerables. En las que los premios dependen de los resultados que se obtengan, y en las que cualquier descuido de los que actúan con legalidad y buena fe es suficiente para que los mapaches tengan tiempo para echarle votos a la urna a favor del candidato del PRI.
El PAN y el PRD deberían ofrecer una recompensa hasta por unos mil pesos a todo aquel ciudadano que denunciara las maniobras de acarreo, coacción y compra de votos, con los nombres de los operadores y datos concretos de la operación. Pero si alguien se atreviera a “ponerle un cuatro” al que le prometió entregarle 500 pesos si le exhibe la fotografía de la boleta cruzada a favor del PRI, inmediatamente después de que salga de la casilla, como acusan los panistas; entonces sería una prueba irrefutable del ilícito que pondría en serios apuros a los defraudadores. En este caso la recompensa podría elevarse hasta unos 5 mil pesos. Una oferta en estos términos reduciría los efectos de la movilización que se prepara para el domingo. Seguramente que los electores que votarán en las casillas de las zonas residenciales verán una jornada sin incidentes y ejemplar, pues a nadie se le ocurre hacer trampas en esos lugares. Ante esto, lo más recomendable es que ni se les ocurra a los panistas y perredistas querer competir con el PRI haciendo trampas porque no le llegan ni a los talones y quedan desacreditados para denunciar el fraude.
La presencia de los grupos de delincuentes que deambulan por la huasteca potosina no permite que en esa zona la voluntad popular se exprese libremente. Lo más conveniente sería que en los municipios en los que pisan y corren los candidatos por temor a ser agredidos, y en otros, en los que ni siquiera se animan a incursionar, se cancelen las elecciones y se nombren consejos municipales que los gobiernen. Más de 3,940 secciones electorales en el país están ubicadas en “zonas de alta inseguridad pública”, como advierte Alfredo Figueroa, consejero del IFE, que afectan a más de 5 millones de electores, entre los que se encuentran miles de potosinos.
Para la mayoría de los millones de mexicanos que viven en condiciones extremas de pobreza, sin educación, desencantados y mil veces engañados, es lo mismo que gane cualquiera de los contendientes con tal de que no les cancelen los apoyos de los programas asistenciales que reciben del gobierno. Sus problemas inmediatos son de subsistencia. Es por eso que los candidatos ponen tanto énfasis en mantener e incrementar sus prerrogativas, aunque después no les cumplan. Pero están peor los que se dejan manipular dócilmente por los voceros de las televisoras y no les interesa profundizar en los antecedentes de los candidatos ni de la gente que los rodea. Su voto es irracional y emocional. La maldad de los dueños de los medios electrónicos de comunicación que juegan ahora a la democracia, abriendo sus espacios, no tiene límites, pues si bien es cierto que a todos los candidatos se les están otorgando tiempos para darse a conocer y difundir sus actividades; también es cierto que en el caso de Peña Nieto se ha evitado a toda costa que sus excesos y limitaciones trasciendan, y que las críticas que se le hacen se pierdan de inmediato. Por ejemplo: no han publicado que en el 2010 y 2011 viajó de Toluca a Miami en 13 ocasiones, acumulando 45 días de vacaciones que aprovechaba para aparecer en las revistas del corazón e ir de compras a las tiendas. Las televisoras se niegan a difundir éstos y otros hechos, como su irresponsable paternidad por no proporcionarle alimentos al hijo que tuvo fuera de matrimonio. Cualquier candidato en un país civilizado estaría obligado a renunciar ante estas conductas. Ya me imagino el escándalo que le hubieran armado a López Obrador si él hubiera sido el petulante viajero o el padre desobligado.
Junio 24, 2011
Creo que para la mayoría de los mexicanos sería tan absurdo y traumático retornar a un régimen presidencial priista, con los personajes e intereses que acompañan a Enrique Peña Nieto, como si el pueblo alemán, después de la funesta experiencia que vivieron durante y después de la segunda guerra mundial, votara por los candidatos de un partido neonazi; o como si el sufrido pueblo ruso eligiera al partido comunista como opción política para que los volviera a gobernar.
Creo que la elección presidencial del próximo domingo se va a decidir por el voto de los millones de mexicanos indecisos o que no han querido manifestar sus preferencias a los encuestadores, y que acudan ese día a las urnas, pero también con el sufragio de los antipriistas recalcitrantes que en la soledad de la mampara opten en el último momento por cruzar la boleta electoral en el emblema del candidato mejor posesionado, entre Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota; por lo que el resultado final puede ser distinto al de las encuestas que invariablemente señalan como favorito al candidato del PRI.
Nos preocupa la operación electoral que la mapachería priista ejecutará el 1 de julio. Nos preocupan sus recursos ilimitados para coaccionar y comprar el voto de muchos mexicanos. Nos preocupa el compromiso que asumieron los gobernadores priistas para cubrir la cuota de votos que se les asignó, y que en el caso de San Luis Potosí bien podría andar entre los 450 y 500 mil sufragios que tendría que conseguir el doctor Fernando Toranzo valiéndose de cualquier medio. Creo que la reacción popular ante un fraude electoral debidamente probado y denunciado por el candidato de las izquierdas y difundido por las redes sociales no sería la misma que la de hace seis años, que gracias a la prudencia de López Obrador quedó reducida a un simple plantón en la plaza y avenida principales de la Ciudad de México. Creo que hoy nadie puede garantizar que las inconformidades se canalizarán por la vía pacífica. El descontento y frustración de amplios sectores de la sociedad se podrían manifestar violentamente. En un país crispado y al borde de un estallido social como el nuestro, en el que crimen organizado controla amplias regiones del territorio nacional, es demasiado arriesgado rascarle las bolas al tigre. No hay condiciones para soportar una provocación de ese tamaño.
El fraude se dará principalmente en la zona rural y en algunas casillas de las colonias más pobres de las áreas urbanas, en las que los funcionarios electorales y representantes de los partidos políticos son muy vulnerables. En las que los premios dependen de los resultados que se obtengan, y en las que cualquier descuido de los que actúan con legalidad y buena fe es suficiente para que los mapaches tengan tiempo para echarle votos a la urna a favor del candidato del PRI.
El PAN y el PRD deberían ofrecer una recompensa hasta por unos mil pesos a todo aquel ciudadano que denunciara las maniobras de acarreo, coacción y compra de votos, con los nombres de los operadores y datos concretos de la operación. Pero si alguien se atreviera a “ponerle un cuatro” al que le prometió entregarle 500 pesos si le exhibe la fotografía de la boleta cruzada a favor del PRI, inmediatamente después de que salga de la casilla, como acusan los panistas; entonces sería una prueba irrefutable del ilícito que pondría en serios apuros a los defraudadores. En este caso la recompensa podría elevarse hasta unos 5 mil pesos. Una oferta en estos términos reduciría los efectos de la movilización que se prepara para el domingo. Seguramente que los electores que votarán en las casillas de las zonas residenciales verán una jornada sin incidentes y ejemplar, pues a nadie se le ocurre hacer trampas en esos lugares. Ante esto, lo más recomendable es que ni se les ocurra a los panistas y perredistas querer competir con el PRI haciendo trampas porque no le llegan ni a los talones y quedan desacreditados para denunciar el fraude.
La presencia de los grupos de delincuentes que deambulan por la huasteca potosina no permite que en esa zona la voluntad popular se exprese libremente. Lo más conveniente sería que en los municipios en los que pisan y corren los candidatos por temor a ser agredidos, y en otros, en los que ni siquiera se animan a incursionar, se cancelen las elecciones y se nombren consejos municipales que los gobiernen. Más de 3,940 secciones electorales en el país están ubicadas en “zonas de alta inseguridad pública”, como advierte Alfredo Figueroa, consejero del IFE, que afectan a más de 5 millones de electores, entre los que se encuentran miles de potosinos.
Para la mayoría de los millones de mexicanos que viven en condiciones extremas de pobreza, sin educación, desencantados y mil veces engañados, es lo mismo que gane cualquiera de los contendientes con tal de que no les cancelen los apoyos de los programas asistenciales que reciben del gobierno. Sus problemas inmediatos son de subsistencia. Es por eso que los candidatos ponen tanto énfasis en mantener e incrementar sus prerrogativas, aunque después no les cumplan. Pero están peor los que se dejan manipular dócilmente por los voceros de las televisoras y no les interesa profundizar en los antecedentes de los candidatos ni de la gente que los rodea. Su voto es irracional y emocional. La maldad de los dueños de los medios electrónicos de comunicación que juegan ahora a la democracia, abriendo sus espacios, no tiene límites, pues si bien es cierto que a todos los candidatos se les están otorgando tiempos para darse a conocer y difundir sus actividades; también es cierto que en el caso de Peña Nieto se ha evitado a toda costa que sus excesos y limitaciones trasciendan, y que las críticas que se le hacen se pierdan de inmediato. Por ejemplo: no han publicado que en el 2010 y 2011 viajó de Toluca a Miami en 13 ocasiones, acumulando 45 días de vacaciones que aprovechaba para aparecer en las revistas del corazón e ir de compras a las tiendas. Las televisoras se niegan a difundir éstos y otros hechos, como su irresponsable paternidad por no proporcionarle alimentos al hijo que tuvo fuera de matrimonio. Cualquier candidato en un país civilizado estaría obligado a renunciar ante estas conductas. Ya me imagino el escándalo que le hubieran armado a López Obrador si él hubiera sido el petulante viajero o el padre desobligado.