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La deuda hasta el tope
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Octubre 2, 2011
Con la reciente solicitud que presentó el gobierno del doctor Fernando Toranzo al Congreso del Estado para que le permita contratar un nuevo empréstito por 572 millones de pesos, queda cubierto el 92% de la capacidad de endeudamiento permitido por la Ley de Deuda Pública. Esto quiere decir que la deuda pública estatal no puede rebasar el 20% de los ingresos presupuestados en el ejercicio; y si los ingresos del 2011 se calcularon en 26 mil 606 millones de pesos, sólo le quedarían 423 millones de margen que podría incrementar a la deuda del estado. La deuda pública oficialmente reconocida alcanzaría con el préstamo solicitado la suma de 4,898 millones, y eso que en la deuda que se menciona no se contabilizan los compromisos de pago por casi 4 mil millones de pesos que se originarán a partir de la fecha en la que opere el sistema de conducción y potabilización del agua de la presa El Realito, en la que se afectó el 50% del Impuesto sobre la Nómina como garantía de pago; ni los 3 millones de pesos mensuales que se están cubriendo a la fiduciaria que financió la construcción de la cárcel de Ciudad Valles; ni muchos otros pasivos como los subsidios de las plantas tratadoras, que según el secretario de Finanzas, alcanzaban los 2,317 millones; o el pasivo circulante que al 30 de junio pasado, según consta en el segundo informe financiero trimestral, ascendía a 1,531 millones de pesos.
La administración del doctor Toranzo está abrumada por el peso de todos estos pasivos que ya no se atreve a reclamar a su antecesor ni a sumarlos a la deuda pública, como lo hizo en un principio, pues sabe que los bancos le cerrarían la llave de los créditos, y las empresas calificadoras le bajarían aún más las mediocres calificaciones que le han asignado a la calidad crediticia del estado si se enteran de la gravedad del asunto. Es más, para que el reclamo quedara sin sustento, para que se perdiera en los laberintos de la confusión y el tiempo, el doctor Toranzo se atrevió –con la complicidad de los diputados- a reestructurar el préstamo de los 1,500 millones de pesos que contrajo el gobierno de Marcelo de los Santos, y negoció otro crédito con otro banco por igual monto para cubrir con esos recursos el adeudo que se tenía con el primer banco acreedor, sin que antes nos hubiera aclarado las observaciones que le notificó el auditor superior del estado, demostrando que él nada tuvo que ver con el destino de una buena parte de ese dinero, como se le acusa; pero ahora con el agravante de que el capital del crédito negociado lo traspasó a las siguientes administraciones para que sean éstas las que lo paguen, pues su gobierno sólo cubrirá intereses. Para contribuir con el desajuste financiero le sumó a la deuda pública otro crédito de urgencia por 190 millones 400 mil pesos que contrajo el 22 de junio de 2010; y ahora, con esta nueva solicitud casi colma el tope del endeudamiento permitido. Nadie sabe a quién va recurrir cuando necesite pedir más dinero prestado y se le haya agotado esta fuente de financiamiento. Su administración también será recordada por lo pasivos que le heredará a su sucesor, y por haber encubierto las tropelías de su antecesor; y eso, que apenas ha transcurrido un tercio de su anodino mandato.
Los diputados para aprobar el nuevo crédito deben asegurarse que el gobierno del estado tiene capacidad financiera para solventar sus compromisos, y que hay disponibilidad presupuestal para éste y los siguientes ejercicios fiscales. Deben calcular que este desembolso obliga al gobierno a suprimir o reducir algunas de las obras y acciones proyectadas. Habría qué preguntarle cuáles son éstas; y sobre todo se le debe exigir que rinda, bajo protesta de decir verdad, un informe pormenorizado de todos los pasivos, sin ocultamientos ni mentiras.
La Ley de Deuda Pública no permite contraer adeudos para pagar pasivos como lo solicita el Titular del Ejecutivo en la iniciativa que presentó al Congreso del Estado el 7 de septiembre; ni siquiera los 72 millones de pesos que requiere para cubrirle al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) las aportaciones que le reclama por la atención de emergencias y desastres naturales ocurridos en la entidad en el 2010. Los otros 500 millones de pesos que se solicitan están plenamente justificados, pero su legalidad es muy cuestionable, ya que esta Ley, aunque considera como una inversión pública productiva los créditos que atiendan situaciones de emergencias y desastres, no prevé que se puedan solicitar anticipadamente como una previsión para cubrir esas calamidades, sino cuando ya ocurrieron especificando puntualmente en qué se van a gastar esos recursos; por lo que en todo caso se debería primero reformar la Ley de la materia agregándole esta causal, antes de aprobar el crédito. El decreto –de aprobarse- autorizará al Ejecutivo del Estado a afectar como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones contraídas los recursos derivados de las participaciones federales.
A San Luis Potosí le corresponderían 1,000 millones de pesos de ese Fondo nacional de 50 mil millones que se está formando, destinados a suministrar de inmediato auxilio y asistencia a la población damnificada en la entidad, 50% a cargo del FONDEN y un porcentaje similar que se tomaría de las aportaciones del estado a esa bolsa, del que podría disponer de inmediato cuando se reconozca la emergencia; y, posteriormente, cuando se cuantifiquen y evalúen los daños se entregarían otros recursos para la reparación de los daños causados. En los últimos 10 años el gobierno federal ha emitido 15 declaratorias de desastre en el estado, que han significado la disposición de 620 millones de pesos del FONDEN. En la solicitud gubernamental se menciona vagamente que el estado cubrirá únicamente los intereses, sin aclarar si sólo de los recursos de que disponga o de los 500 millones de pesos que deberá aportar al fideicomiso; y que el capital lo pagará la federación en la fecha de su vencimiento (20 años). Sería un desatino político que el gobierno de Toranzo no hubiera negociado previamente con la mayoría de los diputados la aprobación de su crédito, aunque sabe que le está dando tormento chino a la Ley.
Octubre 2, 2011
Con la reciente solicitud que presentó el gobierno del doctor Fernando Toranzo al Congreso del Estado para que le permita contratar un nuevo empréstito por 572 millones de pesos, queda cubierto el 92% de la capacidad de endeudamiento permitido por la Ley de Deuda Pública. Esto quiere decir que la deuda pública estatal no puede rebasar el 20% de los ingresos presupuestados en el ejercicio; y si los ingresos del 2011 se calcularon en 26 mil 606 millones de pesos, sólo le quedarían 423 millones de margen que podría incrementar a la deuda del estado. La deuda pública oficialmente reconocida alcanzaría con el préstamo solicitado la suma de 4,898 millones, y eso que en la deuda que se menciona no se contabilizan los compromisos de pago por casi 4 mil millones de pesos que se originarán a partir de la fecha en la que opere el sistema de conducción y potabilización del agua de la presa El Realito, en la que se afectó el 50% del Impuesto sobre la Nómina como garantía de pago; ni los 3 millones de pesos mensuales que se están cubriendo a la fiduciaria que financió la construcción de la cárcel de Ciudad Valles; ni muchos otros pasivos como los subsidios de las plantas tratadoras, que según el secretario de Finanzas, alcanzaban los 2,317 millones; o el pasivo circulante que al 30 de junio pasado, según consta en el segundo informe financiero trimestral, ascendía a 1,531 millones de pesos.
La administración del doctor Toranzo está abrumada por el peso de todos estos pasivos que ya no se atreve a reclamar a su antecesor ni a sumarlos a la deuda pública, como lo hizo en un principio, pues sabe que los bancos le cerrarían la llave de los créditos, y las empresas calificadoras le bajarían aún más las mediocres calificaciones que le han asignado a la calidad crediticia del estado si se enteran de la gravedad del asunto. Es más, para que el reclamo quedara sin sustento, para que se perdiera en los laberintos de la confusión y el tiempo, el doctor Toranzo se atrevió –con la complicidad de los diputados- a reestructurar el préstamo de los 1,500 millones de pesos que contrajo el gobierno de Marcelo de los Santos, y negoció otro crédito con otro banco por igual monto para cubrir con esos recursos el adeudo que se tenía con el primer banco acreedor, sin que antes nos hubiera aclarado las observaciones que le notificó el auditor superior del estado, demostrando que él nada tuvo que ver con el destino de una buena parte de ese dinero, como se le acusa; pero ahora con el agravante de que el capital del crédito negociado lo traspasó a las siguientes administraciones para que sean éstas las que lo paguen, pues su gobierno sólo cubrirá intereses. Para contribuir con el desajuste financiero le sumó a la deuda pública otro crédito de urgencia por 190 millones 400 mil pesos que contrajo el 22 de junio de 2010; y ahora, con esta nueva solicitud casi colma el tope del endeudamiento permitido. Nadie sabe a quién va recurrir cuando necesite pedir más dinero prestado y se le haya agotado esta fuente de financiamiento. Su administración también será recordada por lo pasivos que le heredará a su sucesor, y por haber encubierto las tropelías de su antecesor; y eso, que apenas ha transcurrido un tercio de su anodino mandato.
Los diputados para aprobar el nuevo crédito deben asegurarse que el gobierno del estado tiene capacidad financiera para solventar sus compromisos, y que hay disponibilidad presupuestal para éste y los siguientes ejercicios fiscales. Deben calcular que este desembolso obliga al gobierno a suprimir o reducir algunas de las obras y acciones proyectadas. Habría qué preguntarle cuáles son éstas; y sobre todo se le debe exigir que rinda, bajo protesta de decir verdad, un informe pormenorizado de todos los pasivos, sin ocultamientos ni mentiras.
La Ley de Deuda Pública no permite contraer adeudos para pagar pasivos como lo solicita el Titular del Ejecutivo en la iniciativa que presentó al Congreso del Estado el 7 de septiembre; ni siquiera los 72 millones de pesos que requiere para cubrirle al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) las aportaciones que le reclama por la atención de emergencias y desastres naturales ocurridos en la entidad en el 2010. Los otros 500 millones de pesos que se solicitan están plenamente justificados, pero su legalidad es muy cuestionable, ya que esta Ley, aunque considera como una inversión pública productiva los créditos que atiendan situaciones de emergencias y desastres, no prevé que se puedan solicitar anticipadamente como una previsión para cubrir esas calamidades, sino cuando ya ocurrieron especificando puntualmente en qué se van a gastar esos recursos; por lo que en todo caso se debería primero reformar la Ley de la materia agregándole esta causal, antes de aprobar el crédito. El decreto –de aprobarse- autorizará al Ejecutivo del Estado a afectar como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones contraídas los recursos derivados de las participaciones federales.
A San Luis Potosí le corresponderían 1,000 millones de pesos de ese Fondo nacional de 50 mil millones que se está formando, destinados a suministrar de inmediato auxilio y asistencia a la población damnificada en la entidad, 50% a cargo del FONDEN y un porcentaje similar que se tomaría de las aportaciones del estado a esa bolsa, del que podría disponer de inmediato cuando se reconozca la emergencia; y, posteriormente, cuando se cuantifiquen y evalúen los daños se entregarían otros recursos para la reparación de los daños causados. En los últimos 10 años el gobierno federal ha emitido 15 declaratorias de desastre en el estado, que han significado la disposición de 620 millones de pesos del FONDEN. En la solicitud gubernamental se menciona vagamente que el estado cubrirá únicamente los intereses, sin aclarar si sólo de los recursos de que disponga o de los 500 millones de pesos que deberá aportar al fideicomiso; y que el capital lo pagará la federación en la fecha de su vencimiento (20 años). Sería un desatino político que el gobierno de Toranzo no hubiera negociado previamente con la mayoría de los diputados la aprobación de su crédito, aunque sabe que le está dando tormento chino a la Ley.