Inicio / Quiénes somos / De mano en mano / Contacto
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
Documentos / Reportes / Colaboradores / Guías y formatos / Legislación / Sitios de interés
La región más opaca del país
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 18, 2012
Debo reconocerle al priista que ocupará la silla presidencial a partir del próximo 1 de diciembre –no obstante la antipatía política y personal que le profeso- su apertura en materia de transparencia al haber permitido que los legisladores de su partido aprobaran una serie de reformas trascendentales a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entrarán en vigor en mayo de 2013, y con las que, si participa la sociedad como vigilante, se podrían reducir en buena medida la corrupción y el abuso de poder de los gobernantes en la rendición de sus cuentas públicas. Toda la atención mediática se concentró en la reforma laboral y poco o ningúninterés despertó la otra iniciativa preferente que envió el titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión. Son reformas que obligan a todos los que manejan recursos públicos a difundir en sus páginas electrónicas -de una manera sencilla, comprensible para los ciudadanos y sistemática- la información que generen respecto a sus ingresos y egresos, deuda pública, patrimonio y demás obligaciones debidamente desglosados.
Los comisionados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental en San Luis Potosí (CEGAIP), Alejandro Alfonso Serment Gómez, Geraldina Ortiz Macías y Oscar Alejandro Mendoza García, quien sustituyó a Jesús Cesar Porras Flores el 1 de julio de este año, están obligados a cambiar sus criterios en las resoluciones que dictan -siempre obsequiosos con las autoridades- porque las nuevas normas privilegian al máximo los principios constitucionales relativos a la transparencia y publicidad de la información financiera. Habrá que recordarles que todo ciudadano debe tener la certeza de que los impuestos que paga al Estado se destinan a acciones en beneficio de la comunidad y que es indispensable que el ejercicio del gasto sea transparente y que los ciudadanos sepan cuánto y en qué se ha gastado.
Para nuestra vergüenza, la entidad potosina se ubica en el último lugar en materia de transparencia porque sólo el 2,77% (203) de las (7,328) quejas que atendieron las resolvieron a favor de los peticionarios. Su tendencia es escandalosamente favorable a confirmar las respuestas con las que las autoridades nos niegan a los ciudadanos la información que solicitamos. El 97.33% de los casos se resuelve desechando el acto impugnado, confirmándolo, sobreseyéndolo o avalando con cualquier otro pretexto la negativa de la autoridad que se resiste a entregarnos la información que le pedimos. Chiapas es la entidad que nos sigue, pero con una enorme distancia, pues resolvió a favor de los ciudadanos el 40% de los recursos que le presentaron. El Distrito Federal le dio la razón al 70% de los quejosos. Estas estadísticas nos revelan el grado de sumisión e ineficiencia con el que operan los comisionados del organismo, quienes todos los días infringen la Ley al resolver las quejas que atienden en un promedio de 144 días hábiles, 5 veces el plazo legal del que disponen.
Proyecto Tábano denuncia también la falta de respeto a la legalidad en que incurren los garantes del organismo de transparencia al detectar que 186 resoluciones -de los 620 expedientes que atendieron- no fueron resueltos por una instancia legal, ya que no fueron tratados en una sesión en la que estuviera debidamente integrado el pleno, como se advierte en la información que resulta de sus propias actas, ya que son resoluciones que debieron ser tomadas de manera colegiada por los tres comisionados, y no lo hicieron. Su conducta podría tipificarse como un delito por el ejercicio indebido que hacen de la función pública que se les ha encomendado.
Los comisionados saben que no valen las cláusulas de confidencialidad de los contratos de adquisición o prestación de servicios que celebra el gobierno con particulares y que utilizan para negar más tarde la información que se les solicita; como tampoco valen los argumentos que esgrimen en el sentido de que no se puede entregar la información de los gastos realizados cuando se trata de un asunto que se litiga en los tribunales. Como si no entendieran que lo que se les pide es la información y comprobantes de los recursos ejercidos y no el expediente judicial que debe reservarse. En la entidad hemos llegado a situaciones extremas como las que denuncia el periodista Victoriano Martínez Guzmán, el observador más diligente de la entidad en materia de información pública, que en el sitio web de Proyecto Tábano, hace un recuento de las resoluciones de quejas pronunciadas por la CEGAIP del 1 de enero al 31 de agosto del 2012, advirtiéndonos que en un sólo acuerdo el organismo dictaminó 938 quejas, y que de las 7,328 que recibió durante esos 8 meses, sólo el 6.67% merecieron un análisis y atención particular.
Pocas serían las intervenciones de la CEGAIP si los diferentes niveles de gobierno cumplieran con los criterios que se establecen en esta Ley y si las autoridades respetaran las líneas generales para el registro contable de las operaciones que celebran, así como con la presentación y difusión de la información que están obligados a subir al Internet, porque todo lo que nos interesaría conocer lo encontraríamos en sus páginas electrónicas de información. No habría necesidad de solicitarla a los encargados de los módulos de información porque siempre nos remitirían a sus páginas de transparencia. Esta Ley tiene una enorme deficiencia porque no acota o por lo menos reglamenta las facultades que tienen las comisiones de Gasto Financiamiento de las entidades que pueden modificar arbitrariamente los presupuestos; pero tiene otros aspectos muy positivos como la obligación que se le impone a la Secretaría de Educación Pública de informar trimestralmente de asuntos que hasta hace poco estaban vedados como los relacionados con las plazas docentes, licencias, jubilaciones, remuneraciones y personal comisionado a los sindicatos y partidos políticos a los que se les sigue pagando, o la obligación que tienen los gobiernos de registrar todos sus compromisos de pago como si se tratara de deuda pública.
Noviembre 18, 2012
Debo reconocerle al priista que ocupará la silla presidencial a partir del próximo 1 de diciembre –no obstante la antipatía política y personal que le profeso- su apertura en materia de transparencia al haber permitido que los legisladores de su partido aprobaran una serie de reformas trascendentales a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entrarán en vigor en mayo de 2013, y con las que, si participa la sociedad como vigilante, se podrían reducir en buena medida la corrupción y el abuso de poder de los gobernantes en la rendición de sus cuentas públicas. Toda la atención mediática se concentró en la reforma laboral y poco o ningúninterés despertó la otra iniciativa preferente que envió el titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión. Son reformas que obligan a todos los que manejan recursos públicos a difundir en sus páginas electrónicas -de una manera sencilla, comprensible para los ciudadanos y sistemática- la información que generen respecto a sus ingresos y egresos, deuda pública, patrimonio y demás obligaciones debidamente desglosados.
Los comisionados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental en San Luis Potosí (CEGAIP), Alejandro Alfonso Serment Gómez, Geraldina Ortiz Macías y Oscar Alejandro Mendoza García, quien sustituyó a Jesús Cesar Porras Flores el 1 de julio de este año, están obligados a cambiar sus criterios en las resoluciones que dictan -siempre obsequiosos con las autoridades- porque las nuevas normas privilegian al máximo los principios constitucionales relativos a la transparencia y publicidad de la información financiera. Habrá que recordarles que todo ciudadano debe tener la certeza de que los impuestos que paga al Estado se destinan a acciones en beneficio de la comunidad y que es indispensable que el ejercicio del gasto sea transparente y que los ciudadanos sepan cuánto y en qué se ha gastado.
Para nuestra vergüenza, la entidad potosina se ubica en el último lugar en materia de transparencia porque sólo el 2,77% (203) de las (7,328) quejas que atendieron las resolvieron a favor de los peticionarios. Su tendencia es escandalosamente favorable a confirmar las respuestas con las que las autoridades nos niegan a los ciudadanos la información que solicitamos. El 97.33% de los casos se resuelve desechando el acto impugnado, confirmándolo, sobreseyéndolo o avalando con cualquier otro pretexto la negativa de la autoridad que se resiste a entregarnos la información que le pedimos. Chiapas es la entidad que nos sigue, pero con una enorme distancia, pues resolvió a favor de los ciudadanos el 40% de los recursos que le presentaron. El Distrito Federal le dio la razón al 70% de los quejosos. Estas estadísticas nos revelan el grado de sumisión e ineficiencia con el que operan los comisionados del organismo, quienes todos los días infringen la Ley al resolver las quejas que atienden en un promedio de 144 días hábiles, 5 veces el plazo legal del que disponen.
Proyecto Tábano denuncia también la falta de respeto a la legalidad en que incurren los garantes del organismo de transparencia al detectar que 186 resoluciones -de los 620 expedientes que atendieron- no fueron resueltos por una instancia legal, ya que no fueron tratados en una sesión en la que estuviera debidamente integrado el pleno, como se advierte en la información que resulta de sus propias actas, ya que son resoluciones que debieron ser tomadas de manera colegiada por los tres comisionados, y no lo hicieron. Su conducta podría tipificarse como un delito por el ejercicio indebido que hacen de la función pública que se les ha encomendado.
Los comisionados saben que no valen las cláusulas de confidencialidad de los contratos de adquisición o prestación de servicios que celebra el gobierno con particulares y que utilizan para negar más tarde la información que se les solicita; como tampoco valen los argumentos que esgrimen en el sentido de que no se puede entregar la información de los gastos realizados cuando se trata de un asunto que se litiga en los tribunales. Como si no entendieran que lo que se les pide es la información y comprobantes de los recursos ejercidos y no el expediente judicial que debe reservarse. En la entidad hemos llegado a situaciones extremas como las que denuncia el periodista Victoriano Martínez Guzmán, el observador más diligente de la entidad en materia de información pública, que en el sitio web de Proyecto Tábano, hace un recuento de las resoluciones de quejas pronunciadas por la CEGAIP del 1 de enero al 31 de agosto del 2012, advirtiéndonos que en un sólo acuerdo el organismo dictaminó 938 quejas, y que de las 7,328 que recibió durante esos 8 meses, sólo el 6.67% merecieron un análisis y atención particular.
Pocas serían las intervenciones de la CEGAIP si los diferentes niveles de gobierno cumplieran con los criterios que se establecen en esta Ley y si las autoridades respetaran las líneas generales para el registro contable de las operaciones que celebran, así como con la presentación y difusión de la información que están obligados a subir al Internet, porque todo lo que nos interesaría conocer lo encontraríamos en sus páginas electrónicas de información. No habría necesidad de solicitarla a los encargados de los módulos de información porque siempre nos remitirían a sus páginas de transparencia. Esta Ley tiene una enorme deficiencia porque no acota o por lo menos reglamenta las facultades que tienen las comisiones de Gasto Financiamiento de las entidades que pueden modificar arbitrariamente los presupuestos; pero tiene otros aspectos muy positivos como la obligación que se le impone a la Secretaría de Educación Pública de informar trimestralmente de asuntos que hasta hace poco estaban vedados como los relacionados con las plazas docentes, licencias, jubilaciones, remuneraciones y personal comisionado a los sindicatos y partidos políticos a los que se les sigue pagando, o la obligación que tienen los gobiernos de registrar todos sus compromisos de pago como si se tratara de deuda pública.