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Las lamentaciones del Doctor Toranzo
Segunda y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 12, 2011
El último informe financiero del Gobierno del Estado reporta un subejercicio de más de 301 millones de pesos que exhibe la negligencia e irresponsabilidad de la administración del doctor Fernando Toranzo, quien no aplicó en la mayoría de las instancias y dependencias de su gobierno los recursos que, de acuerdo al presupuesto de egresos, se le confiaron para cubrir gasto corriente e inversiones, no obstante que se contaba con los fondos necesarios para destinarlos a esos objetivos. La tercera parte de los recursos no ejercidos se concentra en áreas muy sensibles para la sociedad, como son la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia, que juntas suman 97 millones 741 mil pesos. Es inexplicable que habiendo tanto dinero, el anodino gobierno del médico priista no haya autorizado una partida adicional por 67 millones de pesos que la Oficialía Mayor le solicitó a la Comisión Gasto Financiamiento para la creación de 340 plazas de policía “C”, que cubriría los sueldos de los alumnos que recientemente egresaron de la Academia.
Ahora entendemos porque están enviando a nueve empleados administrativos de la SSP a realizar actividades policíacas que no les corresponden, cuando saben que no están capacitados para ejercer esas tareas,y ponen en riesgo sus vidas y las de los ciudadanos. No entendemos por qué no quieren contratar personal capacitado para esos operativos y prefieren habilitar a sus empleados de oficina, antes que sumar a profesionales en esas actividades. La pregunta es por qué lo hacen, si el informe gubernamental nos indica que hay recursos con los que se pueden pagar esas plazas.La secretaria general del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, se vio obligada, una vez más, a plantarse frente a las puertas de Palacio de Gobierno para protestar contra esa medida pues es insensato que se destine a trabajos de alto riesgo a personas ajenas al manejo de armas y sin la preparación debida para combatir la delincuencia.
Si se revisaran los motivos de las 4,205 incapacidades que presentaron 2,111 empleados de la SSP y de la Procuraduría General de Justicia en el 2010, correspondiéndole en esta suma a la SSP 691 trabajadores, y1,993 incapacidades con 20 mil 943 días acumulados de los 39,644 de inactividad laboral que reportan esas dos dependencias; estoy seguro que muchas faltas no se justificarían y habría personal de sobra para cubrir los espacios que se solicitan. Esta información le fue proporcionada a un peticionario por la Oficialía Mayor, quien también se la pidió a la SSP para verificar si cuadraban los números solicitados; pero cual va siendo su sorpresa cuando la Secretaría a cargo del general Heliodoro Guerrero le informó el pasado 16 de mayo que sólo había 6 incapacitados que habían acumulado 27 días sin laborar. Se trata de una diferencia abismal que nos da una idea del caos informativo que existe y de las mentiras con las que se maneja este gobierno.
Vivimos en una sociedad anestesiada por la mediocridad y el miedo a la que no le importa la ineptitud de sus gobernantes. Sólo así podemos entender porque nadie reacciona ante el desbarajuste administrativo con el que se manejan las finanzas públicas. ¿Cómo es posible que las inversiones destinadas a obra pública con recursos del estado no lleguen ni a los 200 millones de pesos? Cualquiera que revise el gasto ejercido se podrá dar cuenta que en la mayoría de las dependencias el secretario de Finanzas les regatea el dinero, se los entrega incompleto y a cuentagotas, pues de lo contrario no nos explicamos cómo habiendo tantos recursos no se ha ejercido, por lo menos, un 25% del gasto autorizado durante el primer trimestre. Sólo cinco secretarías rebasaron esa cifra, las demás se quedaron abajo.
El informe registra al 31 de marzo la existencia de más de 1 mil 866 millones de pesos guardados en caja y bancos que deben estar sudando intereses. Con ese saldo en bancos es inaceptable que sólo hayan ingresado 7 millones 237 mil pesos de los 45 millones 724 mil pesos que estaban calculados en el presupuesto de ingresos por concepto de rendimiento de capitales para el ejercicio fiscal del 2011. No son ni las dos terceras partes de lo que debió ingresar en el trimestre.
En las minutas de las reuniones ordinarias de la Comisión Gasto Financiamiento que maneja arbitrariamente Jesús Conde Mejía, podemos observar que cada vez son menos las dependencias del gobierno estatal que se atreven a solicitarle más recursos para cubrir sus compromisos porque saben que la respuesta en la mayoría de los casos será que no hay disponibilidad presupuestal ni financiera, y que a ver cómo le hacen para conseguirlo. Vemos solicitudes lastimosas que nos dan una idea de la pequeñez de esta administración, como la de la Secretaría de Cultura que pide le autoricen pagarle a una persona 5 mil pesos mensuales, con cargo a un programa federal, por un período de tres meses, que se empleará para que imparta cursos y talleres a los niños; o los 26 mil 814 pesos que solicita y le niegan al Consejo de la Judicatura para cubrir sus necesidades de capacitación porque asegura que ya no tiene dinero.
Una buena parte de los ingresos que recibe el gobierno estatal provenientes del Impuesto sobre la nómina son virtuales, como lo revela la solicitud que hizo el Consejo de la Judicatura para que le autorizaran una ampliación presupuestal por un poco más de 10 millones de pesos, que se destinarían a pagar los adeudos que se tienen con la Secretaría de Finanzas por ese concepto, que en este caso se saca el dinero de una bolsa para metérselo en la otra.
Otro ejemplo que ilustra las limitaciones que padece este gobierno es la solicitud que hizo la SSP para que le entregaran 5 millones 333 mil pesos que destinaría para alimentar a sus policías durante los próximos seis meses. La respuesta de la Comisión fue en el sentido de que sólo le podían autorizar 2 millones 319 mil pesos. Por eso poco le podemos exigir a una policía mal alimentada y peor remunerada.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 12, 2011
El último informe financiero del Gobierno del Estado reporta un subejercicio de más de 301 millones de pesos que exhibe la negligencia e irresponsabilidad de la administración del doctor Fernando Toranzo, quien no aplicó en la mayoría de las instancias y dependencias de su gobierno los recursos que, de acuerdo al presupuesto de egresos, se le confiaron para cubrir gasto corriente e inversiones, no obstante que se contaba con los fondos necesarios para destinarlos a esos objetivos. La tercera parte de los recursos no ejercidos se concentra en áreas muy sensibles para la sociedad, como son la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia, que juntas suman 97 millones 741 mil pesos. Es inexplicable que habiendo tanto dinero, el anodino gobierno del médico priista no haya autorizado una partida adicional por 67 millones de pesos que la Oficialía Mayor le solicitó a la Comisión Gasto Financiamiento para la creación de 340 plazas de policía “C”, que cubriría los sueldos de los alumnos que recientemente egresaron de la Academia.
Ahora entendemos porque están enviando a nueve empleados administrativos de la SSP a realizar actividades policíacas que no les corresponden, cuando saben que no están capacitados para ejercer esas tareas,y ponen en riesgo sus vidas y las de los ciudadanos. No entendemos por qué no quieren contratar personal capacitado para esos operativos y prefieren habilitar a sus empleados de oficina, antes que sumar a profesionales en esas actividades. La pregunta es por qué lo hacen, si el informe gubernamental nos indica que hay recursos con los que se pueden pagar esas plazas.La secretaria general del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, se vio obligada, una vez más, a plantarse frente a las puertas de Palacio de Gobierno para protestar contra esa medida pues es insensato que se destine a trabajos de alto riesgo a personas ajenas al manejo de armas y sin la preparación debida para combatir la delincuencia.
Si se revisaran los motivos de las 4,205 incapacidades que presentaron 2,111 empleados de la SSP y de la Procuraduría General de Justicia en el 2010, correspondiéndole en esta suma a la SSP 691 trabajadores, y1,993 incapacidades con 20 mil 943 días acumulados de los 39,644 de inactividad laboral que reportan esas dos dependencias; estoy seguro que muchas faltas no se justificarían y habría personal de sobra para cubrir los espacios que se solicitan. Esta información le fue proporcionada a un peticionario por la Oficialía Mayor, quien también se la pidió a la SSP para verificar si cuadraban los números solicitados; pero cual va siendo su sorpresa cuando la Secretaría a cargo del general Heliodoro Guerrero le informó el pasado 16 de mayo que sólo había 6 incapacitados que habían acumulado 27 días sin laborar. Se trata de una diferencia abismal que nos da una idea del caos informativo que existe y de las mentiras con las que se maneja este gobierno.
Vivimos en una sociedad anestesiada por la mediocridad y el miedo a la que no le importa la ineptitud de sus gobernantes. Sólo así podemos entender porque nadie reacciona ante el desbarajuste administrativo con el que se manejan las finanzas públicas. ¿Cómo es posible que las inversiones destinadas a obra pública con recursos del estado no lleguen ni a los 200 millones de pesos? Cualquiera que revise el gasto ejercido se podrá dar cuenta que en la mayoría de las dependencias el secretario de Finanzas les regatea el dinero, se los entrega incompleto y a cuentagotas, pues de lo contrario no nos explicamos cómo habiendo tantos recursos no se ha ejercido, por lo menos, un 25% del gasto autorizado durante el primer trimestre. Sólo cinco secretarías rebasaron esa cifra, las demás se quedaron abajo.
El informe registra al 31 de marzo la existencia de más de 1 mil 866 millones de pesos guardados en caja y bancos que deben estar sudando intereses. Con ese saldo en bancos es inaceptable que sólo hayan ingresado 7 millones 237 mil pesos de los 45 millones 724 mil pesos que estaban calculados en el presupuesto de ingresos por concepto de rendimiento de capitales para el ejercicio fiscal del 2011. No son ni las dos terceras partes de lo que debió ingresar en el trimestre.
En las minutas de las reuniones ordinarias de la Comisión Gasto Financiamiento que maneja arbitrariamente Jesús Conde Mejía, podemos observar que cada vez son menos las dependencias del gobierno estatal que se atreven a solicitarle más recursos para cubrir sus compromisos porque saben que la respuesta en la mayoría de los casos será que no hay disponibilidad presupuestal ni financiera, y que a ver cómo le hacen para conseguirlo. Vemos solicitudes lastimosas que nos dan una idea de la pequeñez de esta administración, como la de la Secretaría de Cultura que pide le autoricen pagarle a una persona 5 mil pesos mensuales, con cargo a un programa federal, por un período de tres meses, que se empleará para que imparta cursos y talleres a los niños; o los 26 mil 814 pesos que solicita y le niegan al Consejo de la Judicatura para cubrir sus necesidades de capacitación porque asegura que ya no tiene dinero.
Una buena parte de los ingresos que recibe el gobierno estatal provenientes del Impuesto sobre la nómina son virtuales, como lo revela la solicitud que hizo el Consejo de la Judicatura para que le autorizaran una ampliación presupuestal por un poco más de 10 millones de pesos, que se destinarían a pagar los adeudos que se tienen con la Secretaría de Finanzas por ese concepto, que en este caso se saca el dinero de una bolsa para metérselo en la otra.
Otro ejemplo que ilustra las limitaciones que padece este gobierno es la solicitud que hizo la SSP para que le entregaran 5 millones 333 mil pesos que destinaría para alimentar a sus policías durante los próximos seis meses. La respuesta de la Comisión fue en el sentido de que sólo le podían autorizar 2 millones 319 mil pesos. Por eso poco le podemos exigir a una policía mal alimentada y peor remunerada.