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Marcelo el Blanqueador
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Octubre 10, 2010
Los resultados de la auditoría externa que acaba de dar a conocer el contralor general del Gobierno del Estado, Alfonso Anaya Olalde, desvanecen en buena medida las acusaciones de corrupción que se le han señalado a la administración de Marcelo de los Santos. Detectarle sólo 100 millones de pesos de presuntas irregularidades derivadas de desvío de recursos, omisiones administrativas y adjudicaciones que debieron ser licitadas, no es nada, pues representan apenas el 0.36% de los más de 27 mil 427 millones que se erogaron en los últimos doce meses de ejercicio del gobierno panista; y esa cifra, con una buena defensa puede quedar reducida a un monto mucho menor.
Que el gobierno de Fernando Toranzo haya difundido información tan delicada que tenía que haberse reservado porque la Ley de la materia así lo dispone, -pues la auditoría no ha concluido porque los ex funcionarios indiciados como presuntos responsables no han tenido la oportunidad de solventar o aclarar sus observaciones- puede tener varias lecturas. Una es que ya hubo un arreglo político entre el ex patrón y su ex empleado que les permitirá terminar con sus desavenencias al anunciar oficialmente el segundo que los daños al erario no fueron tan graves como en un principio se habían calculado. El gobernador es el único que podía haberle ordenado al contralor, primo político de Marcelo de los Santos, que soltara una nota tan valiosa para que la opinión pública vaya digiriendo la componenda.
Las conclusiones a las que llegó el despacho de auditores, Sifra Grupo Consultor, de la Ciudad de México, que contrató y pagó el gobierno del doctor Toranzo seguramente que servirán de base para que la justicia federal ordene la excarcelación de los marcelistas alojados en el penal de La Pila desde hace varios meses, y más, cuando en su dictamen ni siquiera los menciona como presuntos delincuentes. De ser así, la credibilidad y muchas cabezas del actual Gobierno deberán caer como piñatas rotas porque todo quedará reducido a un mero y decepcionante juego con el que Toranzo quiso ganar las simpatías y el respeto de los potosinos.
Se requiere de una explicación muy inteligente por parte del secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, para que justifique por qué la auditoría que practicó Sifra no observó en su listado de ilícitos e irregularidades el desvío del empréstito de los 1,500 millones de pesos que estaban destinados a inversiones públicas productivas, y que tanta indignación ha provocado, y para que nos explique también quién y en qué se gastó todo ese dinero. Ya ni hablar del arrendamiento del helicóptero por el que se les dictó a los marcelistas el primer auto de formal prisión. El contralor general no ha dado a conocer el resultado de sus propias investigaciones, no obstante que ha transcurrido más de un año de la fecha en que tomó posesión de su cargo, pero eso si, ha permitido, sin dignidad alguna, que un consejo ciudadano apócrifo y decorativo, porque no está contemplado en la Ley de Adquisiciones, lo desplace de la fiscalización y transparencia que le corresponde hacer en materia de adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado.
Otra lectura en la que podemos coincidir es que no se les entregó a los auditores externos toda la información que se requería para que su trabajo coincidiera con el dictamen que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado, el mismo que el juez penal debió haber tomado en consideración para dictar los autos de formal prisión en contra del ex secretario de Finanzas, Joel Azuara y del ex oficial mayor, Héctor Picharra. Es tal el prestigio del que goza Sifra que la Auditoría Superior de La Federación lo ha contratado en diversas ocasiones para revisar los manejos de PEMEX y de otros organismos del gobierno federal y estatal.
No podemos perder de vista que el ex gobernador Marcelo de los Santos es un reconocido y habilidoso blanqueador de cuentas gubernamentales, el propio Andrés Manuel López Obrador durante su campaña a la presidencia de la República lo denunció públicamente, por lo que sería imperdonable que no haya tomado todas las medidas necesarias para tapar los hoyos de su administración, y por eso no le encontraron mayor cosa. Por cierto que este despacho ya había sido contratado por el ahora director de la Casa de Moneda que auditó los gastos de la construcción de los hospitales de La Mujer y El niño; y el General de Soledad de Graciano Sánchez, como consta en los dictámenes que emitió el 22 de mayo de 2009. El contador de los Santos sabía que varios e influyentes miembros de la nueva administración lo acechaban y que no descansarían hasta ver en la cárcel a sus principales colaboradores; y a él, sumido en el mayor escándalo de corrupción que se tenga memoria en la historia del estado. Ahora parece que le hicieron lo que el viento a Juárez.
Nuevos personajes aparecen en la escena del crimen. El contralor reveló que las observaciones del despacho externo apuntan principalmente al ex secretario de Seduvop, Jacobo Cossío Calvillo, el que suma casi 433 millones de pesos en cinco observaciones cuantitativas que le fincó el auditor del estado, y en las que está incluido el Centro de Convenciones con más de 416 millones porque la obra no estaba terminada en la fecha convenida. Exhibe también al ex director de la Junta Estatal de Caminos, José Carlos Valdés Serrano, al que Mayorga le observó 24 irregularidades por más 41 millones de pesos, que van desde pagos de facturas por unos cuantos miles de pesos en los que no se identifica la finalidad del gasto, hasta pagos millonarios por la afectación a bienes distintos de los derechos de vía. Señala a la ex titular de la Coordinación de Comunicación Social, la periodista María Luisa Paulín, la que salió limpia en la auditoría que le practicó Héctor Mayorga, pero no en la de Sifra. Finalmente el contralor anunció la apertura de los procedimientos administrativos para determinar sus responsabilidades y en su caso aplicar las sanciones que correspondan. ¿Y su auditoría? ¿En dónde quedó?
Octubre 10, 2010
Los resultados de la auditoría externa que acaba de dar a conocer el contralor general del Gobierno del Estado, Alfonso Anaya Olalde, desvanecen en buena medida las acusaciones de corrupción que se le han señalado a la administración de Marcelo de los Santos. Detectarle sólo 100 millones de pesos de presuntas irregularidades derivadas de desvío de recursos, omisiones administrativas y adjudicaciones que debieron ser licitadas, no es nada, pues representan apenas el 0.36% de los más de 27 mil 427 millones que se erogaron en los últimos doce meses de ejercicio del gobierno panista; y esa cifra, con una buena defensa puede quedar reducida a un monto mucho menor.
Que el gobierno de Fernando Toranzo haya difundido información tan delicada que tenía que haberse reservado porque la Ley de la materia así lo dispone, -pues la auditoría no ha concluido porque los ex funcionarios indiciados como presuntos responsables no han tenido la oportunidad de solventar o aclarar sus observaciones- puede tener varias lecturas. Una es que ya hubo un arreglo político entre el ex patrón y su ex empleado que les permitirá terminar con sus desavenencias al anunciar oficialmente el segundo que los daños al erario no fueron tan graves como en un principio se habían calculado. El gobernador es el único que podía haberle ordenado al contralor, primo político de Marcelo de los Santos, que soltara una nota tan valiosa para que la opinión pública vaya digiriendo la componenda.
Las conclusiones a las que llegó el despacho de auditores, Sifra Grupo Consultor, de la Ciudad de México, que contrató y pagó el gobierno del doctor Toranzo seguramente que servirán de base para que la justicia federal ordene la excarcelación de los marcelistas alojados en el penal de La Pila desde hace varios meses, y más, cuando en su dictamen ni siquiera los menciona como presuntos delincuentes. De ser así, la credibilidad y muchas cabezas del actual Gobierno deberán caer como piñatas rotas porque todo quedará reducido a un mero y decepcionante juego con el que Toranzo quiso ganar las simpatías y el respeto de los potosinos.
Se requiere de una explicación muy inteligente por parte del secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, para que justifique por qué la auditoría que practicó Sifra no observó en su listado de ilícitos e irregularidades el desvío del empréstito de los 1,500 millones de pesos que estaban destinados a inversiones públicas productivas, y que tanta indignación ha provocado, y para que nos explique también quién y en qué se gastó todo ese dinero. Ya ni hablar del arrendamiento del helicóptero por el que se les dictó a los marcelistas el primer auto de formal prisión. El contralor general no ha dado a conocer el resultado de sus propias investigaciones, no obstante que ha transcurrido más de un año de la fecha en que tomó posesión de su cargo, pero eso si, ha permitido, sin dignidad alguna, que un consejo ciudadano apócrifo y decorativo, porque no está contemplado en la Ley de Adquisiciones, lo desplace de la fiscalización y transparencia que le corresponde hacer en materia de adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado.
Otra lectura en la que podemos coincidir es que no se les entregó a los auditores externos toda la información que se requería para que su trabajo coincidiera con el dictamen que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado, el mismo que el juez penal debió haber tomado en consideración para dictar los autos de formal prisión en contra del ex secretario de Finanzas, Joel Azuara y del ex oficial mayor, Héctor Picharra. Es tal el prestigio del que goza Sifra que la Auditoría Superior de La Federación lo ha contratado en diversas ocasiones para revisar los manejos de PEMEX y de otros organismos del gobierno federal y estatal.
No podemos perder de vista que el ex gobernador Marcelo de los Santos es un reconocido y habilidoso blanqueador de cuentas gubernamentales, el propio Andrés Manuel López Obrador durante su campaña a la presidencia de la República lo denunció públicamente, por lo que sería imperdonable que no haya tomado todas las medidas necesarias para tapar los hoyos de su administración, y por eso no le encontraron mayor cosa. Por cierto que este despacho ya había sido contratado por el ahora director de la Casa de Moneda que auditó los gastos de la construcción de los hospitales de La Mujer y El niño; y el General de Soledad de Graciano Sánchez, como consta en los dictámenes que emitió el 22 de mayo de 2009. El contador de los Santos sabía que varios e influyentes miembros de la nueva administración lo acechaban y que no descansarían hasta ver en la cárcel a sus principales colaboradores; y a él, sumido en el mayor escándalo de corrupción que se tenga memoria en la historia del estado. Ahora parece que le hicieron lo que el viento a Juárez.
Nuevos personajes aparecen en la escena del crimen. El contralor reveló que las observaciones del despacho externo apuntan principalmente al ex secretario de Seduvop, Jacobo Cossío Calvillo, el que suma casi 433 millones de pesos en cinco observaciones cuantitativas que le fincó el auditor del estado, y en las que está incluido el Centro de Convenciones con más de 416 millones porque la obra no estaba terminada en la fecha convenida. Exhibe también al ex director de la Junta Estatal de Caminos, José Carlos Valdés Serrano, al que Mayorga le observó 24 irregularidades por más 41 millones de pesos, que van desde pagos de facturas por unos cuantos miles de pesos en los que no se identifica la finalidad del gasto, hasta pagos millonarios por la afectación a bienes distintos de los derechos de vía. Señala a la ex titular de la Coordinación de Comunicación Social, la periodista María Luisa Paulín, la que salió limpia en la auditoría que le practicó Héctor Mayorga, pero no en la de Sifra. Finalmente el contralor anunció la apertura de los procedimientos administrativos para determinar sus responsabilidades y en su caso aplicar las sanciones que correspondan. ¿Y su auditoría? ¿En dónde quedó?