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María Luisa Paulín
Una presa política
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 3, 2011
La operadora política del ex gobernador Marcelo de los Santos, Maria Luisa Paulín Hernández, privada de su libertad desde hace más de siete meses en la cárcel distrital de La Pila, debe salir libre ahora mismo y sin cargo alguno, si es que al gobierno del doctor Fernando Toranzo no se le ocurre cometer una arbitrariedad, como podría ser que antes de que pisara la calle la volvieran a aprehender por la imputación de cualquier otro delito. Falta que el Juez Tercero del Ramo Penal, Juan José Méndez Gática, deje insubsistente el auto de formal prisión que dictó y emita una nueva resolución atendiendo los lineamientos del fallo constitucional que emitió el Juez Tercero de Distrito del Estado, José Luis Cruz Álvarez, pronunciada el 11 de mayo, en el que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa contra los actos del Juez y del director del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí.
Independientemente de los agravios personales que dirigió la ex funcionaria en contra de otros ex servidores públicos y ciudadanos con los que se enfrentó durante los seis años en que se desempeñó como coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado; de su estilo hostil y pendenciero que le provocó un sinnúmero de enemigos y malquerencias que celebraron su encarcelamiento; y considerando que siempre operó con el beneplácito de su ex jefe, a quien le sirvió fiel y eficientemente, pero que a la hora de la verdad la dejó sola y abandonada a su suerte, pues no la apoyó ni económica ni políticamente para obtener su liberación; y sopesando la animadversión casi generalizada que se ganó a pulso por sus intrigas y maquinaciones; a pesar de todo esto, puedo asegurar que la periodista es una presa política en la que el gobernador Fernando Toranzo y otros funcionarios y asesores del titular del Poder Ejecutivo se ensañaron inflexiblemente contra ella privándola de su libertad; pues si el gobierno del doctor Toranzo fuera realmente tan escrupuloso en el manejo de los recursos públicos y aplicara el mismo rasero para castigar a todos los burócratas que se han excedido en el desempeño de sus funciones; estoy cierto que las cárceles potosinas serían insuficientes para albergar a tantos delincuentes.
El 31 de marzo de 2011, el encargado de las finanzas del Estado presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en contra de María Luisa Paulín y de otros dos ex funcionarios que no han sido tocados, en la que basándose en una auditoría que practicó un despacho externo de contadores, los señalaba como responsables de una serie de operaciones irregulares en las que se habían adquirido servicios a proveedores mediante adjudicaciones directas, las que según el contador afectaron el erario público porque no reunían los requisitos de excepción que permite la Ley de Adquisiciones del Estado para que no se licitaran. En ninguna parte de su denuncia insinúa siquiera que la ex funcionaria se haya aprovechado de su cargo para obtener un lucro personal indebido. En todas las adquisiciones que relata hace observaciones que podrían haber excedido las atribuciones de los que las autorizaron, pero que difícilmente se pueden tipificar como acciones delictivas. Por ejemplo: haber contratado servicios que no se encontraban presupuestados en el 2008 pero que para poderlos cumplir tuvieron que solicitar una suficiencia presupuestal a la Secretaría de Finanzas, misma que al haberles sido autorizada se pudo realizar el pago a los proveedores, pero con el presupuesto del ejercicio fiscal del 2009. Se les acusó también de pagar con recursos de la oficina a su cargo felicitaciones y condolencias publicadas en los medios estatales, las que según Jesús Conde no encuadran dentro de los objetivos de esa dependencia gubernamental; y que por lo tanto “distrajeron de su objeto dinero que les había sido entregado en administración, causando un detrimento al erario del Estado”. Como si la actual administración no incurriera en la misma práctica con las felicitaciones y esquelas que publica a diario en la prensa local. Sin embargo, el contador no se atrevió a denunciar los cochupos y regalos que reciben algunos periodistas y directores de medios para exaltar la imagen del gobernador y borrar las críticas y observaciones de sus opositores.
Como tampoco se atrevió a demandar a los ex funcionarios de la Junta Estatal de Caminos y de la SEDUVOP, los que según el mismo despacho externo de auditores, también cometieron irregularidades derivadas del desvío de recursos, omisiones administrativas y adjudicaciones que debieron ser licitadas. Y menos se animó a reclamarle a los proveedores la devolución de los pagos que ilegalmente recibieron. Su pusilanimidad le evitó enfrentarse contra el resto de los implicados. Por eso creo que el encarcelamiento de María Luisa Paulín tiene también un trasfondo de venganza personal que resulta inocultable. Sólo la periodista sabe a quién lastimó tan profundamente que ahora que está en el poder reacciona de esta manera. Queda claro en la resolución que el director administrativo, Manuel Mendoza Gómez, era el responsable de ejercer y controlar el presupuesto de egresos del área de Comunicación Social, y que la señora Paulín no manejó los recursos asignados.
La excarcelación de la ex vocera será un duro golpe para la credibilidad y prestigio del aparato de impartición y procuración de justicia del Estado, pues era el único ejemplar que les quedaba vivo para exhibir la corrupción que existió en la administración de Marcelo de los Santos. La justicia federal resolvió que no se acreditó la totalidad de los elementos del cuerpo de los delitos de ejercicio indebido de las funciones públicas, peculado y asociación delictuosa que se le atribuyeron, en virtud de que las pruebas que valoró para tal efecto fueron ineficaces para justificar tales extremos. El auto de formal prisión no estuvo debidamente fundado y motivado, no obstante que el juez penal tuvo una segunda oportunidad para corregirlo, pues en el primer amparó que se le otorgó a la quejosa se ordenaba que se dictara una nueva resolución, la cual podría venir en el mismo sentido que la anterior, siempre y cuando se purgaran los vicios señalados; pero ni el juez ni los magistrados y asesores gubernamentales que intervinieron en este asunto supieron cómo corregirlo.
Junio 3, 2011
La operadora política del ex gobernador Marcelo de los Santos, Maria Luisa Paulín Hernández, privada de su libertad desde hace más de siete meses en la cárcel distrital de La Pila, debe salir libre ahora mismo y sin cargo alguno, si es que al gobierno del doctor Fernando Toranzo no se le ocurre cometer una arbitrariedad, como podría ser que antes de que pisara la calle la volvieran a aprehender por la imputación de cualquier otro delito. Falta que el Juez Tercero del Ramo Penal, Juan José Méndez Gática, deje insubsistente el auto de formal prisión que dictó y emita una nueva resolución atendiendo los lineamientos del fallo constitucional que emitió el Juez Tercero de Distrito del Estado, José Luis Cruz Álvarez, pronunciada el 11 de mayo, en el que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa contra los actos del Juez y del director del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí.
Independientemente de los agravios personales que dirigió la ex funcionaria en contra de otros ex servidores públicos y ciudadanos con los que se enfrentó durante los seis años en que se desempeñó como coordinadora general de Comunicación Social del Gobierno del Estado; de su estilo hostil y pendenciero que le provocó un sinnúmero de enemigos y malquerencias que celebraron su encarcelamiento; y considerando que siempre operó con el beneplácito de su ex jefe, a quien le sirvió fiel y eficientemente, pero que a la hora de la verdad la dejó sola y abandonada a su suerte, pues no la apoyó ni económica ni políticamente para obtener su liberación; y sopesando la animadversión casi generalizada que se ganó a pulso por sus intrigas y maquinaciones; a pesar de todo esto, puedo asegurar que la periodista es una presa política en la que el gobernador Fernando Toranzo y otros funcionarios y asesores del titular del Poder Ejecutivo se ensañaron inflexiblemente contra ella privándola de su libertad; pues si el gobierno del doctor Toranzo fuera realmente tan escrupuloso en el manejo de los recursos públicos y aplicara el mismo rasero para castigar a todos los burócratas que se han excedido en el desempeño de sus funciones; estoy cierto que las cárceles potosinas serían insuficientes para albergar a tantos delincuentes.
El 31 de marzo de 2011, el encargado de las finanzas del Estado presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en contra de María Luisa Paulín y de otros dos ex funcionarios que no han sido tocados, en la que basándose en una auditoría que practicó un despacho externo de contadores, los señalaba como responsables de una serie de operaciones irregulares en las que se habían adquirido servicios a proveedores mediante adjudicaciones directas, las que según el contador afectaron el erario público porque no reunían los requisitos de excepción que permite la Ley de Adquisiciones del Estado para que no se licitaran. En ninguna parte de su denuncia insinúa siquiera que la ex funcionaria se haya aprovechado de su cargo para obtener un lucro personal indebido. En todas las adquisiciones que relata hace observaciones que podrían haber excedido las atribuciones de los que las autorizaron, pero que difícilmente se pueden tipificar como acciones delictivas. Por ejemplo: haber contratado servicios que no se encontraban presupuestados en el 2008 pero que para poderlos cumplir tuvieron que solicitar una suficiencia presupuestal a la Secretaría de Finanzas, misma que al haberles sido autorizada se pudo realizar el pago a los proveedores, pero con el presupuesto del ejercicio fiscal del 2009. Se les acusó también de pagar con recursos de la oficina a su cargo felicitaciones y condolencias publicadas en los medios estatales, las que según Jesús Conde no encuadran dentro de los objetivos de esa dependencia gubernamental; y que por lo tanto “distrajeron de su objeto dinero que les había sido entregado en administración, causando un detrimento al erario del Estado”. Como si la actual administración no incurriera en la misma práctica con las felicitaciones y esquelas que publica a diario en la prensa local. Sin embargo, el contador no se atrevió a denunciar los cochupos y regalos que reciben algunos periodistas y directores de medios para exaltar la imagen del gobernador y borrar las críticas y observaciones de sus opositores.
Como tampoco se atrevió a demandar a los ex funcionarios de la Junta Estatal de Caminos y de la SEDUVOP, los que según el mismo despacho externo de auditores, también cometieron irregularidades derivadas del desvío de recursos, omisiones administrativas y adjudicaciones que debieron ser licitadas. Y menos se animó a reclamarle a los proveedores la devolución de los pagos que ilegalmente recibieron. Su pusilanimidad le evitó enfrentarse contra el resto de los implicados. Por eso creo que el encarcelamiento de María Luisa Paulín tiene también un trasfondo de venganza personal que resulta inocultable. Sólo la periodista sabe a quién lastimó tan profundamente que ahora que está en el poder reacciona de esta manera. Queda claro en la resolución que el director administrativo, Manuel Mendoza Gómez, era el responsable de ejercer y controlar el presupuesto de egresos del área de Comunicación Social, y que la señora Paulín no manejó los recursos asignados.
La excarcelación de la ex vocera será un duro golpe para la credibilidad y prestigio del aparato de impartición y procuración de justicia del Estado, pues era el único ejemplar que les quedaba vivo para exhibir la corrupción que existió en la administración de Marcelo de los Santos. La justicia federal resolvió que no se acreditó la totalidad de los elementos del cuerpo de los delitos de ejercicio indebido de las funciones públicas, peculado y asociación delictuosa que se le atribuyeron, en virtud de que las pruebas que valoró para tal efecto fueron ineficaces para justificar tales extremos. El auto de formal prisión no estuvo debidamente fundado y motivado, no obstante que el juez penal tuvo una segunda oportunidad para corregirlo, pues en el primer amparó que se le otorgó a la quejosa se ordenaba que se dictara una nueva resolución, la cual podría venir en el mismo sentido que la anterior, siempre y cuando se purgaran los vicios señalados; pero ni el juez ni los magistrados y asesores gubernamentales que intervinieron en este asunto supieron cómo corregirlo.