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Mayorga el Encubridor
Tercera Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 6, 2011
Los 5 millones 604 mil pesos que ha logrado cobrar el auditor superior del estado por multas, indemnizaciones y créditos fiscales fincados a funcionarios estatales y municipales en los más de cuatro años que lleva al frente de ese organismo son la mejor demostración de la subordinación del contador Héctor Mayorga a los intereses de la clase política a la que no se atreve a tocar. Es inaceptable que -ante tanta corrupción- el responsable de la fiscalización recaude un promedio de 1 millón 400 mil pesos anuales por todos esos conceptos, cuando sólo en el 2010 agotó una partida presupuestal de más de 92 millones 500 mil pesos que se le asignó para esa operación. Es tal el fracaso e improductividad de la Auditoría Superiordel Estado (ASE) que bien podríamos prescindir de ella, y todos saldríamos ganando.
El 10 de octubre, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública(CEGAIP) le ordenó a la Secretaría de Finanzas que nos diera a conocer el monto y toda la información relacionada con las sanciones pecuniarias enteradas por la ASE a esa Secretaría, desde su creación hasta la fecha. Todo indica que la Auditoría Superior del Estado no le ha entregado un solo centavo al Gobierno del Estado porque no existe constancia de ese ingreso en la contabilidad gubernamental. El secretario de Finanzas debe ser sancionado porque el plazo para entregar la información se le venció el 25 de octubre; e inmediatamente después se debe requerir a Mayorga para que reintegre el dinero que ilegalmente dispuso.
El garante de la impunidad en el estado, Héctor Mayorga, en cada ejercicio fiscal tiene el atrevimiento de clasificar como reservada la información relativa a las auditorías que practica con la intención de que nadie se entere de su contenido. Sin embargo, siempre se filtran los documentos, y
este año no fue la excepción. Las observaciones que se dieron a conocer en algunos de los medios de comunicación en el mes de junio son tan sólo un extracto del informe que ahora se puede consultar completo en la página electrónica de Proyecto Tábano, a la que cualquiera puede acceder.
Es inconstitucional bloquear la información derivada de las revisiones de las cuentas públicas, una vez que éstas hayan sido entregadas por la ASE a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, como pretende el órgano fiscalizador. El párrafo sexto del artículo 54 de la Constitución del Estado, establece que “La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo…” y en este caso los informes de las auditorías del gasto público del 2010 se entregaron el pasado 15 de junio; y a partir de esa fecha, la ASE, como el Congreso del Estado estaban obligados a publicarlos en los portales de transparencia de sus sitios en Internet.
El 27 de octubre, la diputada Bernardina Lara Argüelles presentó al Pleno del Congreso una iniciativa que elogiamos y reconocemos por el interés que demuestra para que prevalezca la participación ciudadana en la fiscalización del gasto público del gobierno, porque propone adicionar un párrafo a la Ley de Auditoría Superior del Estado que refuerza la disposición constitucional, y para que no quede ninguna duda de sus alcances, establece el carácter público que tendrán los informes finales de las auditorías gubernamentales, como ocurre ya en otras entidades.
El 21 de octubre de 2011, la CEGAIP resolvió desclasificar el acuerdo de reserva que la ASE aprobó
respecto a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del 2009, obligándola a entregarnos una copia simple de los pliegos de las observaciones presentadas a los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría Generalde Gobierno, con motivo de la auditoría especial a la Cuenta Pública 2009; así como una copia de las observaciones que se les notificaron a los titulares de esas dependencias para ser solventadas antes de que la ASE rindiera su informe final de auditoría al Congreso del Estado. Con esta información tendremos acceso a valiosos documentos generados antes del informe final de la auditoría para conocer qué asuntos fueron observados por los auditores en sus hojas de trabajo, y cómo los solventaron o aclararon los funcionarios auditados. En las hojas de trabajo o pliegos de los auditores conoceremos todos los detalles de la revisión, antes de que sus supervisores los hubieren rasurado, y antes de que Mayorga los maquillara y negociara. En esta información puede estar la clave para conocer qué es lo que realmente ocurre con el gasto público. Una de las pocas atribuciones que les quedan a los diputados en materia de fiscalización es la de acceder y revisar las hojas de trabajo de los auditores, las que por cierto ningún diputado solicita.
En este caso, la CEGAIP no atendió la disposición constitucional a que arriba se hace referencia, porque resolvió que la entrega de la información que libera se debe a que el Congreso del Estado declaró el 15 de julio de 2010 que quedaba concluida la etapa de revisión de la Cuenta Pública del 2009; y no porque su publicación obedezca a que nuestra Constitución garantiza ese derecho desde la fecha en que el Congreso recibió el informe final de la auditoría que ocurrió el 15 de junio de 2010.
La CEGAIP también resolvió que el plazo de 4 años que había establecido la ASE para reservarse la información era incorrecto, y que debía entregarla en 10 días. La ASE no ha dado a conocer el fallo final de las responsabilidades en que incurrieron las administraciones de Marcelo de los Santos y de Fernando Toranzo, respecto al desvío de recursos del préstamo de los 1,500 millones de pesos que obtuvo el gobierno panista en el 2009; y que según el auditor, ambos aplicaron, por lo menos en una buena parte, en gastos que no fueron identificados, y que nada tenían que ver con inversiones públicas productivas como ordenaba el decreto legislativo. El plazo para entregarnos esta última información se le vence el próximo jueves.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 6, 2011
Los 5 millones 604 mil pesos que ha logrado cobrar el auditor superior del estado por multas, indemnizaciones y créditos fiscales fincados a funcionarios estatales y municipales en los más de cuatro años que lleva al frente de ese organismo son la mejor demostración de la subordinación del contador Héctor Mayorga a los intereses de la clase política a la que no se atreve a tocar. Es inaceptable que -ante tanta corrupción- el responsable de la fiscalización recaude un promedio de 1 millón 400 mil pesos anuales por todos esos conceptos, cuando sólo en el 2010 agotó una partida presupuestal de más de 92 millones 500 mil pesos que se le asignó para esa operación. Es tal el fracaso e improductividad de la Auditoría Superiordel Estado (ASE) que bien podríamos prescindir de ella, y todos saldríamos ganando.
El 10 de octubre, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública(CEGAIP) le ordenó a la Secretaría de Finanzas que nos diera a conocer el monto y toda la información relacionada con las sanciones pecuniarias enteradas por la ASE a esa Secretaría, desde su creación hasta la fecha. Todo indica que la Auditoría Superior del Estado no le ha entregado un solo centavo al Gobierno del Estado porque no existe constancia de ese ingreso en la contabilidad gubernamental. El secretario de Finanzas debe ser sancionado porque el plazo para entregar la información se le venció el 25 de octubre; e inmediatamente después se debe requerir a Mayorga para que reintegre el dinero que ilegalmente dispuso.
El garante de la impunidad en el estado, Héctor Mayorga, en cada ejercicio fiscal tiene el atrevimiento de clasificar como reservada la información relativa a las auditorías que practica con la intención de que nadie se entere de su contenido. Sin embargo, siempre se filtran los documentos, y
este año no fue la excepción. Las observaciones que se dieron a conocer en algunos de los medios de comunicación en el mes de junio son tan sólo un extracto del informe que ahora se puede consultar completo en la página electrónica de Proyecto Tábano, a la que cualquiera puede acceder.
Es inconstitucional bloquear la información derivada de las revisiones de las cuentas públicas, una vez que éstas hayan sido entregadas por la ASE a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, como pretende el órgano fiscalizador. El párrafo sexto del artículo 54 de la Constitución del Estado, establece que “La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo…” y en este caso los informes de las auditorías del gasto público del 2010 se entregaron el pasado 15 de junio; y a partir de esa fecha, la ASE, como el Congreso del Estado estaban obligados a publicarlos en los portales de transparencia de sus sitios en Internet.
El 27 de octubre, la diputada Bernardina Lara Argüelles presentó al Pleno del Congreso una iniciativa que elogiamos y reconocemos por el interés que demuestra para que prevalezca la participación ciudadana en la fiscalización del gasto público del gobierno, porque propone adicionar un párrafo a la Ley de Auditoría Superior del Estado que refuerza la disposición constitucional, y para que no quede ninguna duda de sus alcances, establece el carácter público que tendrán los informes finales de las auditorías gubernamentales, como ocurre ya en otras entidades.
El 21 de octubre de 2011, la CEGAIP resolvió desclasificar el acuerdo de reserva que la ASE aprobó
respecto a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del 2009, obligándola a entregarnos una copia simple de los pliegos de las observaciones presentadas a los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría Generalde Gobierno, con motivo de la auditoría especial a la Cuenta Pública 2009; así como una copia de las observaciones que se les notificaron a los titulares de esas dependencias para ser solventadas antes de que la ASE rindiera su informe final de auditoría al Congreso del Estado. Con esta información tendremos acceso a valiosos documentos generados antes del informe final de la auditoría para conocer qué asuntos fueron observados por los auditores en sus hojas de trabajo, y cómo los solventaron o aclararon los funcionarios auditados. En las hojas de trabajo o pliegos de los auditores conoceremos todos los detalles de la revisión, antes de que sus supervisores los hubieren rasurado, y antes de que Mayorga los maquillara y negociara. En esta información puede estar la clave para conocer qué es lo que realmente ocurre con el gasto público. Una de las pocas atribuciones que les quedan a los diputados en materia de fiscalización es la de acceder y revisar las hojas de trabajo de los auditores, las que por cierto ningún diputado solicita.
En este caso, la CEGAIP no atendió la disposición constitucional a que arriba se hace referencia, porque resolvió que la entrega de la información que libera se debe a que el Congreso del Estado declaró el 15 de julio de 2010 que quedaba concluida la etapa de revisión de la Cuenta Pública del 2009; y no porque su publicación obedezca a que nuestra Constitución garantiza ese derecho desde la fecha en que el Congreso recibió el informe final de la auditoría que ocurrió el 15 de junio de 2010.
La CEGAIP también resolvió que el plazo de 4 años que había establecido la ASE para reservarse la información era incorrecto, y que debía entregarla en 10 días. La ASE no ha dado a conocer el fallo final de las responsabilidades en que incurrieron las administraciones de Marcelo de los Santos y de Fernando Toranzo, respecto al desvío de recursos del préstamo de los 1,500 millones de pesos que obtuvo el gobierno panista en el 2009; y que según el auditor, ambos aplicaron, por lo menos en una buena parte, en gastos que no fueron identificados, y que nada tenían que ver con inversiones públicas productivas como ordenaba el decreto legislativo. El plazo para entregarnos esta última información se le vence el próximo jueves.
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