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Mecenas y números de "mentiritas"
Segunda y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Mayo 9, 2010
Consulte la respuesta que dio el CEEPC a través de la CEGAIP
Los nombres de los principales patrocinadores del candidato del PRI a la gubernatura del Estado quedarán para siempre en el anonimato. Nunca sabremos quiénes fueron y menos con cuánto contribuyeron para su campaña; pero lo que si sabemos es que en el listado de donantes que exhibieron los priístas, ni están todos los que son ni son todos los que están. ¿Quién les va a creer que el total de lo que recaudaron por parte de sus militantes y simpatizantes para esta causa apenas alcanzó los 4 millones 161 mil pesos? ¿Quién les puede creer que sólo hubo tres simpatizantes, de los cientos de miles que aseguran tener en el estado, que apoyaron económicamente al doctor Fernando Toranzo: Hugo Pedro Altamirano Pérez con $331,430.00; Madalina González Lozano con $345,115.00 y Ma. Dolores Solis Medina con $287,385.00? Es muy probable que ninguno de estos pueda acreditar satisfactoriamente el origen de los recursos que les contabilizan; y que en realidad se trata de prestanombres. ¿Hay alguien tan inocente que pueda aceptar que sólo hubo una persona, una sola persona: Juan Chávez Chávez, que aportó bienes en especie valuados en 18 mil pesos para la campaña del priísta? ¿Quiénes fueron, entonces, los que le prestaron los vehículos en los que se desplazaron sus promotores, el autobús que lo transportó por todo el estado, la casa de campaña que tenía en la avenida de Venustiano Carranza? ¿Y tantos otros bienes y servicios que recibió y que no aparecen en su declaración? ¿Quiénes fueron los que pagaron su abrumadora publicidad y que ahora no se atreven a aparecer? ¿A nombre de quiénes se facturaron todos esos gastos? Si es que se expidieron comprobantes. ¿Con cuánto contribuyeron los gobernadores priístas que financiaron una buena parte de sus eventos proselitistas y las dádivas que se repartieron entre el electorado? ¿Quiénes son los 85 militantes enlistados en el informe con aportaciones que en ningún caso rebasan los dos mil pesos? ¿En realidad desembolsaron esos recursos o es el dinero de otras personas que no quisieron exhibirse?
¿Sabía usted que –según el informe priísta- Fernando Toranzo fue el militante que contribuyó con más recursos para costear su propia campaña? Invirtió 450 mil pesos; la misma suma que aportó su secretario de Finanzas, Jesús Conde, y la misma con la que aparece registrado el tesorero del Estado, Jorge Quijano. ¿Cómo es posible que la Comisión Permanente de Fiscalización del CEEPC haya aceptado una declaración de ingresos, como esta, manifiestamente falsa y mentirosa sin observación alguna?
Los nombres de los militantes priístas más conocidos que se pueden identificar en la lista de donantes son, entre otros: el ex gobernador Fernando Silva Nieto con 50 mil pesos; J. Refugio Araujo del Ángel, ex secretario general del gobierno de Carlos Jonguitud, con 30 mil; Emigdio Ilizaliturri, secretario general del municipio de la capital, con 10 mil pesos; Aurelio Gancedo, ex dirigente estatal de PRI, con 60 mil; Emilio Ramírez Konishi, hijo del dirigente de la CTM, con 20 mil; María Magdalena Vega Escobedo, hija del fallecido cetemista Lupe Vega, con 20 mil; el ex diputado Osiel Yudiche Lara, director de Pensiones, con 20 mil; el doctor Roberto Avalos, director de Protección contra Riesgos Sanitarios, con 30 mil; la ex diputada Felisa Montañés Rivera, con 15 mil; José Francisco Carrera Martell, oficial mayor del gobierno de Toranzo, con 30 mil; Hugo Francisco Michel Cubas, director de Gestión y Atención Ciudadana, con 20 mil; el ex diputado Gerardo Linares Mahbub, candidato del PRI a la presidencia municipal de Matehuala, con 75 mil. Ningún empresario, ningún comerciante relevante aparece en la lista de cooperadores del PRI.
No es que no existan disposiciones expresas en la Ley Electoral que prohíban esta clase de abusos; por supuesto que existen, nuestro problema no es de leyes, es de las personas que están al frente del organismo electoral que no tienen las agallas para sancionar a los candidatos y a los partidos políticos que se exceden de los topes autorizados para los gastos de campaña. El CEEPC tiene facultades hasta para acceder a la secrecía de las cuentas bancarias de todas las personas involucradas en el proceso, pero no se atreve a tocarlos.
Si el diputado Pedro Pablo Cepeda hubiera hecho alguna crítica, aunque fuera la más mínima durante la contienda electoral del 2009, previniendo a los candidatos del PAN y del PRI a la gubernatura del Estado y a los partidos políticos que los postulaban, para que no rebasaran el límite máximo permitido para los gastos de campaña, si siquiera hubiera emitido un pronunciamiento en ese sentido, una advertencia pues, entonces, tendría la calidad moral y el peso político necesario para presentar una iniciativa como la que acaba de proponer, que consiste en adicionar a la Ley una fracción en la que se incorpora como causal de nulidad el rebasar los topes de campaña. El sabía de primera mano, por ser uno de los candidatos a diputado local más cercanos a Alejandro Zapata, que el panista se estaba excediendo con mucho de los montos autorizados y no hizo nada para impedirlo, calló y lo permitió. Sabía que el dinero fluía ilegal y escandalosamente y se aprovechó de esa situación para asegurar su curul en el Congreso. Por eso resulta ofensivo que ahora, con todo el cinismo y desvergüenza que lo caracteriza, se atreva a patrocinar una reforma electoral de tal envergadura, en la que por cierto ni siquiera propone medidas concretas para evitar tales excesos. Pero si lo anterior no fuera suficiente para descalificar su propuesta, habrá que señalar que su iniciativa debería modificar también el capítulo relativo a “De las Sanciones y del Procedimiento Sancionador” porque contraviene el artículo 249 fracción II de la Ley Electoral que sólo le impone al partido infractor una multa igual a la del monto ejercido en exceso; y si el candidato es el responsable, el artículo 251, lo sanciona hasta con la pérdida de su registro, pero no se anula la elección.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Mayo 9, 2010
Consulte la respuesta que dio el CEEPC a través de la CEGAIP
Los nombres de los principales patrocinadores del candidato del PRI a la gubernatura del Estado quedarán para siempre en el anonimato. Nunca sabremos quiénes fueron y menos con cuánto contribuyeron para su campaña; pero lo que si sabemos es que en el listado de donantes que exhibieron los priístas, ni están todos los que son ni son todos los que están. ¿Quién les va a creer que el total de lo que recaudaron por parte de sus militantes y simpatizantes para esta causa apenas alcanzó los 4 millones 161 mil pesos? ¿Quién les puede creer que sólo hubo tres simpatizantes, de los cientos de miles que aseguran tener en el estado, que apoyaron económicamente al doctor Fernando Toranzo: Hugo Pedro Altamirano Pérez con $331,430.00; Madalina González Lozano con $345,115.00 y Ma. Dolores Solis Medina con $287,385.00? Es muy probable que ninguno de estos pueda acreditar satisfactoriamente el origen de los recursos que les contabilizan; y que en realidad se trata de prestanombres. ¿Hay alguien tan inocente que pueda aceptar que sólo hubo una persona, una sola persona: Juan Chávez Chávez, que aportó bienes en especie valuados en 18 mil pesos para la campaña del priísta? ¿Quiénes fueron, entonces, los que le prestaron los vehículos en los que se desplazaron sus promotores, el autobús que lo transportó por todo el estado, la casa de campaña que tenía en la avenida de Venustiano Carranza? ¿Y tantos otros bienes y servicios que recibió y que no aparecen en su declaración? ¿Quiénes fueron los que pagaron su abrumadora publicidad y que ahora no se atreven a aparecer? ¿A nombre de quiénes se facturaron todos esos gastos? Si es que se expidieron comprobantes. ¿Con cuánto contribuyeron los gobernadores priístas que financiaron una buena parte de sus eventos proselitistas y las dádivas que se repartieron entre el electorado? ¿Quiénes son los 85 militantes enlistados en el informe con aportaciones que en ningún caso rebasan los dos mil pesos? ¿En realidad desembolsaron esos recursos o es el dinero de otras personas que no quisieron exhibirse?
¿Sabía usted que –según el informe priísta- Fernando Toranzo fue el militante que contribuyó con más recursos para costear su propia campaña? Invirtió 450 mil pesos; la misma suma que aportó su secretario de Finanzas, Jesús Conde, y la misma con la que aparece registrado el tesorero del Estado, Jorge Quijano. ¿Cómo es posible que la Comisión Permanente de Fiscalización del CEEPC haya aceptado una declaración de ingresos, como esta, manifiestamente falsa y mentirosa sin observación alguna?
Los nombres de los militantes priístas más conocidos que se pueden identificar en la lista de donantes son, entre otros: el ex gobernador Fernando Silva Nieto con 50 mil pesos; J. Refugio Araujo del Ángel, ex secretario general del gobierno de Carlos Jonguitud, con 30 mil; Emigdio Ilizaliturri, secretario general del municipio de la capital, con 10 mil pesos; Aurelio Gancedo, ex dirigente estatal de PRI, con 60 mil; Emilio Ramírez Konishi, hijo del dirigente de la CTM, con 20 mil; María Magdalena Vega Escobedo, hija del fallecido cetemista Lupe Vega, con 20 mil; el ex diputado Osiel Yudiche Lara, director de Pensiones, con 20 mil; el doctor Roberto Avalos, director de Protección contra Riesgos Sanitarios, con 30 mil; la ex diputada Felisa Montañés Rivera, con 15 mil; José Francisco Carrera Martell, oficial mayor del gobierno de Toranzo, con 30 mil; Hugo Francisco Michel Cubas, director de Gestión y Atención Ciudadana, con 20 mil; el ex diputado Gerardo Linares Mahbub, candidato del PRI a la presidencia municipal de Matehuala, con 75 mil. Ningún empresario, ningún comerciante relevante aparece en la lista de cooperadores del PRI.
No es que no existan disposiciones expresas en la Ley Electoral que prohíban esta clase de abusos; por supuesto que existen, nuestro problema no es de leyes, es de las personas que están al frente del organismo electoral que no tienen las agallas para sancionar a los candidatos y a los partidos políticos que se exceden de los topes autorizados para los gastos de campaña. El CEEPC tiene facultades hasta para acceder a la secrecía de las cuentas bancarias de todas las personas involucradas en el proceso, pero no se atreve a tocarlos.
Si el diputado Pedro Pablo Cepeda hubiera hecho alguna crítica, aunque fuera la más mínima durante la contienda electoral del 2009, previniendo a los candidatos del PAN y del PRI a la gubernatura del Estado y a los partidos políticos que los postulaban, para que no rebasaran el límite máximo permitido para los gastos de campaña, si siquiera hubiera emitido un pronunciamiento en ese sentido, una advertencia pues, entonces, tendría la calidad moral y el peso político necesario para presentar una iniciativa como la que acaba de proponer, que consiste en adicionar a la Ley una fracción en la que se incorpora como causal de nulidad el rebasar los topes de campaña. El sabía de primera mano, por ser uno de los candidatos a diputado local más cercanos a Alejandro Zapata, que el panista se estaba excediendo con mucho de los montos autorizados y no hizo nada para impedirlo, calló y lo permitió. Sabía que el dinero fluía ilegal y escandalosamente y se aprovechó de esa situación para asegurar su curul en el Congreso. Por eso resulta ofensivo que ahora, con todo el cinismo y desvergüenza que lo caracteriza, se atreva a patrocinar una reforma electoral de tal envergadura, en la que por cierto ni siquiera propone medidas concretas para evitar tales excesos. Pero si lo anterior no fuera suficiente para descalificar su propuesta, habrá que señalar que su iniciativa debería modificar también el capítulo relativo a “De las Sanciones y del Procedimiento Sancionador” porque contraviene el artículo 249 fracción II de la Ley Electoral que sólo le impone al partido infractor una multa igual a la del monto ejercido en exceso; y si el candidato es el responsable, el artículo 251, lo sanciona hasta con la pérdida de su registro, pero no se anula la elección.