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Negocios con el agua
Primera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 22, 2011
Existe el compromiso formal y público del diputado Oscar Vera Fabregat de que en los próximos días la Comisión de Desarrollo Sustentable –que preside– se sumará al proyecto de dictamen que aprobaron las comisiones de Agua y Gobernación del Congreso del Estado, en el que se niega la autorización del Título de Concesión de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales en el área geográfica que comprende los fraccionamientos Lomas del Tecnológico I, II y III, La Loma Residencial y Club de Golf; además de Plaza San Luis y La Loma Centro Deportivo a favor de Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., propiedad del fraccionador Carlos Gerardo López Medina, que el 23 de diciembre de 2008 le otorgó la administración municipal de Jorge Lozano, mediante un contrato de concesión leonino, entreguista e ilegal que tendría una duración de 15 años con la posibilidad de renovarse por otro período igual, y sujeto a la aprobación del Poder Legislativo.
Esta negativa ha sido el logro más importante de Acción Ciudadana, quien desde un principio se opuso a la privatización del servicio de agua de la ciudad y de lo cual nos enorgullecemos los navistas porque ha servido para desalentar las ambiciones de otros desarrolladores inmobiliarios que están a la expectativa de lo que ocurra en este caso para solicitar también la concesión de los servicios en sus fraccionamientos. Uno de los motivos de nuestra leal oposición es evitar el daño que se ocasionaría con estas concesiones a los usuarios de las colonias populares, pues al concesionarse los servicios en los fraccionamientos residenciales, que son los que pagan tarifas más elevadas, se suprimirían o disminuirían los subsidios con los que se ven beneficiados los pequeños consumidores, y esto no lo podemos permitir, aun cuando, como se justifica el concesionario, la Ley se lo permite, y aunque se resista a reconocer que la concesión se le adjudicó directamente, sin licitación alguna, violando una serie de disposiciones legales; y que además, por los antecedentes que tiene con el ayuntamiento por el incumplimiento en la entrega real y efectiva de las áreas de donación de algunos de los fraccionamientos en los que ha participado, ni siquiera debió de ser considerado como candidato para esta operación.
Son contundentes los razonamientos que hacen valer las comisiones dictaminadoras para negar la expedición del título de concesión que se solicita, y que analizaremos en las siguientes entregas. Se trata de un dictamen cuidadosamente fundado y motivado que difícilmente podría revertirse, por lo que no le queda mejor salida al fraccionador que renunciar a cualquier derecho que pudiera corresponderle y entregar al INTERAPAS toda la infraestructura hidráulica de esa superficie. El Ayuntamiento está obligado a presentar una denuncia penal en contra de los administradores de la empresa, quienes durante varios años usurparon funciones públicas y cobraron cuotas a los usuarios por una concesión que no había sido autorizada por el Congreso. El 30 de septiembre de 2010, Acción Ciudadana presentó una solicitud de juicio político en contra de los integrantes del cabildo de Victoria Labastida por tolerar que la sociedad de López Medina cobrara cuotas por la prestación del servicio de agua sin contar con el título correspondiente.
El ex alcalde Jorge Lozano reconoció ante los miembros de esta organización que la concesión obedecía a un arreglo que tuvo con el fraccionador para que se desistiera de una demanda millonaria que había promovido en contra del Ayuntamiento por el pago de daños y perjuicios derivados de un juicio de nulidad que planteó la administración de Octavio Pedroza, en el que le reclamó el incumplimiento de la Ley de Desarrollo Urbano y el perjuicio patrimonial ocasionado al erario municipal por la ilegal autorización del condominio residencial "La Loma, Club de Golf", lo que según López Medina, trajo como consecuencia que al hacerse pública la demanda se afectaran los intereses económicos de sus empresas, así como su crédito comercial, prestigio profesional y buen nombre.
En la página electrónica de Proyecto Tábano se pueden consultar los avisos que La Loma Club de Golf ha estado entregado a algunos de los vecinos de ese desarrollo, en los que les notifica que se "inicia la regularización del servicio de agua, motivo por el cual queremos solicitarle que den todas las facilidades a nuestro personal para la instalación de los medidores de agua potable". Les anuncia además que "Nuestro personal pasará a partir de día 21 de enero (de 2011) a realizar dicha instalación". "El costo de Contratación (Publicado en el Periódico Oficial del Estado) es el siguiente.". Enseguida presenta una tabla de costos que suman 11 mil 820 pesos por conceptos de derechos de conexión de agua, de mantenimiento de red de drenaje, medidor e IVA, entre otros. También están circulando recibos por consumo de agua de los usuarios en los que el fraccionador reclama -en este caso- adeudos por 61 días de consumo por 3 mil 984 pesos con 63 centavos, más 693 pesos con 33 centavos por el drenaje y 924 pesos con 43 centavos por el tratamiento; independientemente de un adeudo anterior por 1 mil 936 pesos. Este recibo corresponde a la notificación que recibió Guadalupe González Ruiz, con domicilio en Jack Nicklaus #173, lote # 21, manzana 11, y es sólo un ejemplo de los cobros indebidos que realiza la empresa a la que no le corre ninguna prisa para que el Congreso del Estado le autorice el título de la concesión, pues de cualquier manera está usufructuando un derecho que no le ha sido autorizado. El Interapas y el Ayuntamiento conocen esta situación y han permitido que Aguas del Poniente Potosino lucre ilegalmente con el cobro de estos servicios. En este sentido el director del organismo operador Francisco Muñiz Pereyra ha aceptado que "no podemos hacer nada y que de acuerdo con lo que establece la Ley hasta que esté la concesión otorgada y formalizada la empresa podría realizar los cobros". El fraccionador debe prestar gratuitamente los servicios mientras que no entregue las obras de infraestructura y el Ayuntamiento e Interapas las reciban a satisfacción.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 22, 2011
Existe el compromiso formal y público del diputado Oscar Vera Fabregat de que en los próximos días la Comisión de Desarrollo Sustentable –que preside– se sumará al proyecto de dictamen que aprobaron las comisiones de Agua y Gobernación del Congreso del Estado, en el que se niega la autorización del Título de Concesión de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales en el área geográfica que comprende los fraccionamientos Lomas del Tecnológico I, II y III, La Loma Residencial y Club de Golf; además de Plaza San Luis y La Loma Centro Deportivo a favor de Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., propiedad del fraccionador Carlos Gerardo López Medina, que el 23 de diciembre de 2008 le otorgó la administración municipal de Jorge Lozano, mediante un contrato de concesión leonino, entreguista e ilegal que tendría una duración de 15 años con la posibilidad de renovarse por otro período igual, y sujeto a la aprobación del Poder Legislativo.
Esta negativa ha sido el logro más importante de Acción Ciudadana, quien desde un principio se opuso a la privatización del servicio de agua de la ciudad y de lo cual nos enorgullecemos los navistas porque ha servido para desalentar las ambiciones de otros desarrolladores inmobiliarios que están a la expectativa de lo que ocurra en este caso para solicitar también la concesión de los servicios en sus fraccionamientos. Uno de los motivos de nuestra leal oposición es evitar el daño que se ocasionaría con estas concesiones a los usuarios de las colonias populares, pues al concesionarse los servicios en los fraccionamientos residenciales, que son los que pagan tarifas más elevadas, se suprimirían o disminuirían los subsidios con los que se ven beneficiados los pequeños consumidores, y esto no lo podemos permitir, aun cuando, como se justifica el concesionario, la Ley se lo permite, y aunque se resista a reconocer que la concesión se le adjudicó directamente, sin licitación alguna, violando una serie de disposiciones legales; y que además, por los antecedentes que tiene con el ayuntamiento por el incumplimiento en la entrega real y efectiva de las áreas de donación de algunos de los fraccionamientos en los que ha participado, ni siquiera debió de ser considerado como candidato para esta operación.
Son contundentes los razonamientos que hacen valer las comisiones dictaminadoras para negar la expedición del título de concesión que se solicita, y que analizaremos en las siguientes entregas. Se trata de un dictamen cuidadosamente fundado y motivado que difícilmente podría revertirse, por lo que no le queda mejor salida al fraccionador que renunciar a cualquier derecho que pudiera corresponderle y entregar al INTERAPAS toda la infraestructura hidráulica de esa superficie. El Ayuntamiento está obligado a presentar una denuncia penal en contra de los administradores de la empresa, quienes durante varios años usurparon funciones públicas y cobraron cuotas a los usuarios por una concesión que no había sido autorizada por el Congreso. El 30 de septiembre de 2010, Acción Ciudadana presentó una solicitud de juicio político en contra de los integrantes del cabildo de Victoria Labastida por tolerar que la sociedad de López Medina cobrara cuotas por la prestación del servicio de agua sin contar con el título correspondiente.
El ex alcalde Jorge Lozano reconoció ante los miembros de esta organización que la concesión obedecía a un arreglo que tuvo con el fraccionador para que se desistiera de una demanda millonaria que había promovido en contra del Ayuntamiento por el pago de daños y perjuicios derivados de un juicio de nulidad que planteó la administración de Octavio Pedroza, en el que le reclamó el incumplimiento de la Ley de Desarrollo Urbano y el perjuicio patrimonial ocasionado al erario municipal por la ilegal autorización del condominio residencial "La Loma, Club de Golf", lo que según López Medina, trajo como consecuencia que al hacerse pública la demanda se afectaran los intereses económicos de sus empresas, así como su crédito comercial, prestigio profesional y buen nombre.
En la página electrónica de Proyecto Tábano se pueden consultar los avisos que La Loma Club de Golf ha estado entregado a algunos de los vecinos de ese desarrollo, en los que les notifica que se "inicia la regularización del servicio de agua, motivo por el cual queremos solicitarle que den todas las facilidades a nuestro personal para la instalación de los medidores de agua potable". Les anuncia además que "Nuestro personal pasará a partir de día 21 de enero (de 2011) a realizar dicha instalación". "El costo de Contratación (Publicado en el Periódico Oficial del Estado) es el siguiente.". Enseguida presenta una tabla de costos que suman 11 mil 820 pesos por conceptos de derechos de conexión de agua, de mantenimiento de red de drenaje, medidor e IVA, entre otros. También están circulando recibos por consumo de agua de los usuarios en los que el fraccionador reclama -en este caso- adeudos por 61 días de consumo por 3 mil 984 pesos con 63 centavos, más 693 pesos con 33 centavos por el drenaje y 924 pesos con 43 centavos por el tratamiento; independientemente de un adeudo anterior por 1 mil 936 pesos. Este recibo corresponde a la notificación que recibió Guadalupe González Ruiz, con domicilio en Jack Nicklaus #173, lote # 21, manzana 11, y es sólo un ejemplo de los cobros indebidos que realiza la empresa a la que no le corre ninguna prisa para que el Congreso del Estado le autorice el título de la concesión, pues de cualquier manera está usufructuando un derecho que no le ha sido autorizado. El Interapas y el Ayuntamiento conocen esta situación y han permitido que Aguas del Poniente Potosino lucre ilegalmente con el cobro de estos servicios. En este sentido el director del organismo operador Francisco Muñiz Pereyra ha aceptado que "no podemos hacer nada y que de acuerdo con lo que establece la Ley hasta que esté la concesión otorgada y formalizada la empresa podría realizar los cobros". El fraccionador debe prestar gratuitamente los servicios mientras que no entregue las obras de infraestructura y el Ayuntamiento e Interapas las reciban a satisfacción.