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Para combatir el lavado de dinero
Segunda y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 4, 2012
Sabemos que una buena parte de la delincuencia organizada se desarrolla con criterios empresariales, con asesores, contadores, abogados y administradores, y en un ámbito de actuación que incluye un catálogo de más de 20 actividades ilícitas, entre las que destacan el narcotráfico en todas sus modalidades, el secuestro, la piratería, la extorsión, la trata de blancas, la falsificación de billetes, el robo de vehículos, el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de indocumentados, los giros negros y la prostitución; otra parte de esa delincuencia dilapida irracionalmente el producto de sus fechorías y nunca sale de la pobreza. Uno de los integrantes más conspicuos del primer grupo, el Chapo Guzmán, aparece para vergüenza nacional en la lista de la revista Forbes entre los 1000 ricos más acaudalados del planeta porque debe ser un hombre de negocios que ha sabido diversificar sus inversiones con prestanombres en muchas actividades productivas, ahora lícitas y prósperas, como podrían ser desarrollos inmobiliarios, restaurantes, hoteles y ranchos ganaderos y agrícolas.
La generación de esos recursos económicos necesita ser reciclada, limpiada e introducida en los circuitos comerciales y financieros del país para que nadie cuestione su legalidad; y eso es lo que precisamente trata de evitar la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley para Combatir el Lavado de Dinero, que entrará en vigor ocho meses después de que concluya el sexenio de Felipe Calderón, y un mes más tarde deberá estar aprobada su ley reglamentaria; cuando el panista, ante esta emergencia, debió iniciar su infructuosa y sangrienta guerra con un ordenamiento legal que le permitiera pegarle de lleno a los delincuentes en la parte que más les duele: en el bolsillo.
El gobierno federal debe calcular muy bien las consecuencias que puede traer la aplicación de una Ley que pretende perseguir y extinguir una serie actividades consideradas como “vulnerables” en una economía fuertemente apalancada por el dinero que invierte y gasta el crimen organizado, pues podría provocar un desastre financiero y el empobrecimiento brutal de la población en algunas regiones del país. Creo que es muy difícil detectar cuáles negocios e inversiones han surgido con recursos de actividades ilícitas. No dudo que muchos de sus autores se hayan convertido ahora en contribuyentes cumplidos y ejemplares, y algunos hasta en respetables miembros de sus comunidades.
Cuando las autoridades persigan y castiguen los casos obvios de enriquecimiento inexplicable de servidores públicos y proveedores de bienes y servicios del gobierno empezaremos a creer que existe un verdadero interés en combatir el lavado de dinero. Llegar a esos patrimonios mal habidos es llegarles a las campañas de muchos políticos que ostentan cargos públicos. ¿Cuándo se ha querido investigar el origen del financiamiento privado de las campañas que han rebasado con mucho los topes permitidos por la Ley? Hay un gran temor de la clase política a las investigaciones que husmean en esos terrenos porque serían los primeros a los que se les detectaría que sus ingresos fiscales no corresponden a sus egresos, y más si las pesquisas alcanzan también a sus parientes. No creo que esta Ley vaya a servir para detener el delito de lavado de dinero, pues la inercia que lleva esta actividad es imparable, y no hay voluntad política para hacerlo, pues desde antes de aprobarse la Ley existía una unidad especial de la Secretaría de Hacienda encargada de estos asuntos, cuyo desempeño ha sido un absoluto fracaso. Felipe Calderón reconoció en su iniciativa que cada año se lavan entre 10 y 14 mil millones de pesos, aunque el gobierno de Estados Unidos señala una cifra mayor que puede llegar a los 20 mil millones, lo que le ha permitido al país mantener sin movimientos abruptos el tipo de cambio con el dólar durante los últimos años.
Esta Ley le suma a las entidades financieras del país nuevas y pesadas obligaciones con las que se pretende sobrevigilar las operaciones y servicios que prestan a sus clientes estableciéndose medidas preventivas para detectar aquellos actos y omisiones considerados como ilícitos o extraordinarios, como podría ser el caso de un depósito inusual por un monto que no corresponde al historial del inversor. Además les impone la obligación de presentar a la Secretaría de Hacienda un informe de todos los movimientos que llevan a cabo sus directivos, apoderados y empleados con los usuarios de los servicios; aunque estoy seguro que a la banca nunca la van a tocar, como quedó demostrado con la ridícula multa por 54 mil 800 pesos que se le aplicó a HSBC por permitir que en su institución se lavara el dinero, o los 15 mil 777 pesos con que se sancionó a Barclays Bank por fallas en los controles para combatir este delito. Estos escándalos ocurrieron en el 2012, mientras los legisladores debatían con toda clase de complacencias la iniciativa presidencial.
Es una Ley que tuvo muchas resistencias y modificaciones antes de aprobarse porque afectaba los intereses de grupos muy poderosos a los que se les garantizó -para que no la combatieran- que no tenía dentro de sus objetivos la fiscalización de sus riquezas. Es muy importante distinguir que en las operaciones consideradas como vulnerables es obligatorio presentar un aviso a Hacienda; y saber cuáles y hasta por qué cantidad no se pueden pagar con dinero en efectivo; y cuándo y cómo se habrá de identificar al cliente o usuario. En el caso de las compra ventas de inmuebles, en las que el precio haya sido cubierto con anterioridad a la firma de la escritura, que son casi todas, bastará con una declaración de las partes en ese sentido, para que no se haga constar en el instrumento las características del cheque o transferencia bancaria que se pudo haber utilizado en el pago, aunque el precio que se declare sea mayor al medio millón de pesos.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Noviembre 4, 2012
Sabemos que una buena parte de la delincuencia organizada se desarrolla con criterios empresariales, con asesores, contadores, abogados y administradores, y en un ámbito de actuación que incluye un catálogo de más de 20 actividades ilícitas, entre las que destacan el narcotráfico en todas sus modalidades, el secuestro, la piratería, la extorsión, la trata de blancas, la falsificación de billetes, el robo de vehículos, el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de indocumentados, los giros negros y la prostitución; otra parte de esa delincuencia dilapida irracionalmente el producto de sus fechorías y nunca sale de la pobreza. Uno de los integrantes más conspicuos del primer grupo, el Chapo Guzmán, aparece para vergüenza nacional en la lista de la revista Forbes entre los 1000 ricos más acaudalados del planeta porque debe ser un hombre de negocios que ha sabido diversificar sus inversiones con prestanombres en muchas actividades productivas, ahora lícitas y prósperas, como podrían ser desarrollos inmobiliarios, restaurantes, hoteles y ranchos ganaderos y agrícolas.
La generación de esos recursos económicos necesita ser reciclada, limpiada e introducida en los circuitos comerciales y financieros del país para que nadie cuestione su legalidad; y eso es lo que precisamente trata de evitar la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley para Combatir el Lavado de Dinero, que entrará en vigor ocho meses después de que concluya el sexenio de Felipe Calderón, y un mes más tarde deberá estar aprobada su ley reglamentaria; cuando el panista, ante esta emergencia, debió iniciar su infructuosa y sangrienta guerra con un ordenamiento legal que le permitiera pegarle de lleno a los delincuentes en la parte que más les duele: en el bolsillo.
El gobierno federal debe calcular muy bien las consecuencias que puede traer la aplicación de una Ley que pretende perseguir y extinguir una serie actividades consideradas como “vulnerables” en una economía fuertemente apalancada por el dinero que invierte y gasta el crimen organizado, pues podría provocar un desastre financiero y el empobrecimiento brutal de la población en algunas regiones del país. Creo que es muy difícil detectar cuáles negocios e inversiones han surgido con recursos de actividades ilícitas. No dudo que muchos de sus autores se hayan convertido ahora en contribuyentes cumplidos y ejemplares, y algunos hasta en respetables miembros de sus comunidades.
Cuando las autoridades persigan y castiguen los casos obvios de enriquecimiento inexplicable de servidores públicos y proveedores de bienes y servicios del gobierno empezaremos a creer que existe un verdadero interés en combatir el lavado de dinero. Llegar a esos patrimonios mal habidos es llegarles a las campañas de muchos políticos que ostentan cargos públicos. ¿Cuándo se ha querido investigar el origen del financiamiento privado de las campañas que han rebasado con mucho los topes permitidos por la Ley? Hay un gran temor de la clase política a las investigaciones que husmean en esos terrenos porque serían los primeros a los que se les detectaría que sus ingresos fiscales no corresponden a sus egresos, y más si las pesquisas alcanzan también a sus parientes. No creo que esta Ley vaya a servir para detener el delito de lavado de dinero, pues la inercia que lleva esta actividad es imparable, y no hay voluntad política para hacerlo, pues desde antes de aprobarse la Ley existía una unidad especial de la Secretaría de Hacienda encargada de estos asuntos, cuyo desempeño ha sido un absoluto fracaso. Felipe Calderón reconoció en su iniciativa que cada año se lavan entre 10 y 14 mil millones de pesos, aunque el gobierno de Estados Unidos señala una cifra mayor que puede llegar a los 20 mil millones, lo que le ha permitido al país mantener sin movimientos abruptos el tipo de cambio con el dólar durante los últimos años.
Esta Ley le suma a las entidades financieras del país nuevas y pesadas obligaciones con las que se pretende sobrevigilar las operaciones y servicios que prestan a sus clientes estableciéndose medidas preventivas para detectar aquellos actos y omisiones considerados como ilícitos o extraordinarios, como podría ser el caso de un depósito inusual por un monto que no corresponde al historial del inversor. Además les impone la obligación de presentar a la Secretaría de Hacienda un informe de todos los movimientos que llevan a cabo sus directivos, apoderados y empleados con los usuarios de los servicios; aunque estoy seguro que a la banca nunca la van a tocar, como quedó demostrado con la ridícula multa por 54 mil 800 pesos que se le aplicó a HSBC por permitir que en su institución se lavara el dinero, o los 15 mil 777 pesos con que se sancionó a Barclays Bank por fallas en los controles para combatir este delito. Estos escándalos ocurrieron en el 2012, mientras los legisladores debatían con toda clase de complacencias la iniciativa presidencial.
Es una Ley que tuvo muchas resistencias y modificaciones antes de aprobarse porque afectaba los intereses de grupos muy poderosos a los que se les garantizó -para que no la combatieran- que no tenía dentro de sus objetivos la fiscalización de sus riquezas. Es muy importante distinguir que en las operaciones consideradas como vulnerables es obligatorio presentar un aviso a Hacienda; y saber cuáles y hasta por qué cantidad no se pueden pagar con dinero en efectivo; y cuándo y cómo se habrá de identificar al cliente o usuario. En el caso de las compra ventas de inmuebles, en las que el precio haya sido cubierto con anterioridad a la firma de la escritura, que son casi todas, bastará con una declaración de las partes en ese sentido, para que no se haga constar en el instrumento las características del cheque o transferencia bancaria que se pudo haber utilizado en el pago, aunque el precio que se declare sea mayor al medio millón de pesos.