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Para servir a Vicente
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Diciembre 18, 2011
Esta semana logramos que el Ayuntamiento de San Luis Potosí nos entregara unos documentos por demás reveladores que exhiben las negociaciones ilícitas que permitieron que dos empresas en las que participa el fraccionador Vicente Rangel Lozano recuperaran, mediante el pago de $8,211,104.96, dos superficies de terreno que habían donado al municipio y que suman más de 263 mil metros cuadrados, las que estarían destinadas a obras de equipamiento urbano. La primera donación debería estar ubicada dentro del Interpuerto Parque Logístico, en un espacio de 123,594.33 metros cuadrados de las más de 82 hectáreas que abarca el complejo inmobiliario; y la segunda, con 140,153.97 metros cuadrados, debía encontrarse dentro del fraccionamiento del Parque Logístico fase II de esta capital, que se desarrolla en una superficie de más de 140 hectáreas.
El precio que se pagó para que las empresa de Rangel volvieran a adquirir esas superficies fue inadmisiblemente bajo y lesivo a los intereses municipales, con el agravante de que la transacción en este caso es nula de pleno derecho y nunca debió celebrarse porque la Ley de Desarrollo Urbano sólo permite que los fraccionadores recobren los inmuebles que donan a los municipios si cumplen con todos los requisitos de un procedimiento de transferencia, y siempre y cuando la superficie cedida no exceda de 500 metros cuadrados; y sólo así, el precio que se cubriría al Ayuntamiento por parte del fraccionador sería el mayor que resultara de un avalúo catastral y uno practicado por un perito valuador; lo que no ocurrió en esta negociación porque el valor lo determinó arbitraria y unilateralmente el representante de las empresas adquirentes, sin que el Ayuntamiento le exigiera los dos avalúos que debían reflejar también el valor de la urbanización; independientemente de que las superficies negociadas se excedieron 526 veces del límite permitido.
Ahora nos enteramos con sorpresa e indignación que las dos superficies donadas fueron aceptadas ilegal e irresponsablemente por las administraciones municipales de Octavio Pedroza Gaytán y de Jorge Lozano Armengol; una, el 31 de agosto de 2004, y la otra, el 23 de noviembre de 2007, pues al existir un litigio con un grupo de ejidatarios no se pudieron escriturar ni el municipio estaba en condiciones de tomar posesión de las mismas; pero lo más grave de todo esto es que no se localizan dentro de los fraccionamientos autorizados, sino en otro predio sin servicios municipales distinto a los que nos ocupa esta investigación. Los fraccionadores tienen la obligación de presentar los títulos que acrediten la propiedad de los inmuebles, libres de pleitos y gravámenes e inscritos en el Registro Público de la Propiedad, acompañados de un plano en el que se señalen las superficies que se proponen donar, con las que deben estar de acuerdo las autoridades municipales. La formalización del cumplimiento de estas obligaciones deberá efectuarse en el mismo acto en que conste la protocolización del acta de lotificación del fraccionamiento o de la subdivisión autorizada; pues de lo contrario quedan sin efecto los permisos. Los ex presidentes municipales –al servicio de Vicente- deben responder por el daño que sufrió el patrimonio inmobiliario de los potosinos, así como la alcaldesa Labastida, que en lugar de denunciar este ilícito, lo “legalizó”.
Después de 7 y 4 años respectivamente, Luis R. Tapia, representante legal de las empresas adquirentes, Transparque S.A. de C.V. y Desarrolladora Parque Logístico S. de R.L. de C.V., solicitó en un escrito que dirigió el 14 de junio de 2011 al director de Administración Urbana del Ayuntamiento, Juan Carlos Gómez Gallegos, pagar las donaciones en efectivo y no en especie “debido a que los trámites de los terrenos señalados para este fin, no han podido ser liberados ante el Registro Agrario Nacional”. El 16 de ese mes, el tesorero municipal ordenaba -con especial prontitud- que por instrucciones de la presidenta municipal, Victoria Labastida, se atendiera la solicitud por la que las empresas deseaban regularizar las donaciones “que por diferentes circunstancias no pudieron perfeccionarse”. De inmediato se turnó el asunto a la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas que preside el regidor Luis Miguel Avalos Oyarvides, la que en unos cuantos días emitió un dictamen aprobatorio en el que se ocultaron todos estos antecedentes, de tal manera que el Cabildo, en una sesión saturada de asuntos que celebró el 14 de julio, aprobó por mayoría la transferencia o venta de los inmuebles. Para esto, pidió el regidor que se dispensara la lectura del dictamen pues consideró que todos lo conocían.
Seguramente que estas donaciones hubieran quedado ocultas para siempre en los cajones de la corrupción y la impunidad, si no es porque Kansas City Southern -la empresa estadounidense que adquirió a precio de ganga los activos del sistema ferroviario del país- apareció en la escena comprando en decenas de millones de dólares la terminal intermodal del Parque Logístico, así como una superficie de 50 hectáreas contiguas al inmueble para ampliar sus instalaciones. Esta operación fue lo que obligó a los vendedores a sanear las donaciones, pues de lo contrario nadie se los habría exigido.
El vocero de Vicente Rangel, Federico Mac Gregor, en un debate televisivo que sostuvo el 17 de octubre con el regidor Gonzalo Benavente y un miembro de Acción Ciudadana, trató de justificar el arreglo al que llegaron con el municipio argumentando los beneficios económicos de las inversiones y el número de empleos que se habían creado alrededor de ese sitio, pero fue incapaz de acreditar la legalidad de la compra venta y menos que el precio que pagaron fuera el que realmente le correspondía a esas superficies. No se atrevió a revelar que los terrenos donados se encontraban en un lugar distinto al espacio de los fraccionamientos autorizados. Es más, reconoció que el metro cuadrado lo estaban vendiendo a 29 dólares, la misma cantidad que habían pagado al municipio, pero en pesos mexicanos.
Diciembre 18, 2011
Esta semana logramos que el Ayuntamiento de San Luis Potosí nos entregara unos documentos por demás reveladores que exhiben las negociaciones ilícitas que permitieron que dos empresas en las que participa el fraccionador Vicente Rangel Lozano recuperaran, mediante el pago de $8,211,104.96, dos superficies de terreno que habían donado al municipio y que suman más de 263 mil metros cuadrados, las que estarían destinadas a obras de equipamiento urbano. La primera donación debería estar ubicada dentro del Interpuerto Parque Logístico, en un espacio de 123,594.33 metros cuadrados de las más de 82 hectáreas que abarca el complejo inmobiliario; y la segunda, con 140,153.97 metros cuadrados, debía encontrarse dentro del fraccionamiento del Parque Logístico fase II de esta capital, que se desarrolla en una superficie de más de 140 hectáreas.
El precio que se pagó para que las empresa de Rangel volvieran a adquirir esas superficies fue inadmisiblemente bajo y lesivo a los intereses municipales, con el agravante de que la transacción en este caso es nula de pleno derecho y nunca debió celebrarse porque la Ley de Desarrollo Urbano sólo permite que los fraccionadores recobren los inmuebles que donan a los municipios si cumplen con todos los requisitos de un procedimiento de transferencia, y siempre y cuando la superficie cedida no exceda de 500 metros cuadrados; y sólo así, el precio que se cubriría al Ayuntamiento por parte del fraccionador sería el mayor que resultara de un avalúo catastral y uno practicado por un perito valuador; lo que no ocurrió en esta negociación porque el valor lo determinó arbitraria y unilateralmente el representante de las empresas adquirentes, sin que el Ayuntamiento le exigiera los dos avalúos que debían reflejar también el valor de la urbanización; independientemente de que las superficies negociadas se excedieron 526 veces del límite permitido.
Ahora nos enteramos con sorpresa e indignación que las dos superficies donadas fueron aceptadas ilegal e irresponsablemente por las administraciones municipales de Octavio Pedroza Gaytán y de Jorge Lozano Armengol; una, el 31 de agosto de 2004, y la otra, el 23 de noviembre de 2007, pues al existir un litigio con un grupo de ejidatarios no se pudieron escriturar ni el municipio estaba en condiciones de tomar posesión de las mismas; pero lo más grave de todo esto es que no se localizan dentro de los fraccionamientos autorizados, sino en otro predio sin servicios municipales distinto a los que nos ocupa esta investigación. Los fraccionadores tienen la obligación de presentar los títulos que acrediten la propiedad de los inmuebles, libres de pleitos y gravámenes e inscritos en el Registro Público de la Propiedad, acompañados de un plano en el que se señalen las superficies que se proponen donar, con las que deben estar de acuerdo las autoridades municipales. La formalización del cumplimiento de estas obligaciones deberá efectuarse en el mismo acto en que conste la protocolización del acta de lotificación del fraccionamiento o de la subdivisión autorizada; pues de lo contrario quedan sin efecto los permisos. Los ex presidentes municipales –al servicio de Vicente- deben responder por el daño que sufrió el patrimonio inmobiliario de los potosinos, así como la alcaldesa Labastida, que en lugar de denunciar este ilícito, lo “legalizó”.
Después de 7 y 4 años respectivamente, Luis R. Tapia, representante legal de las empresas adquirentes, Transparque S.A. de C.V. y Desarrolladora Parque Logístico S. de R.L. de C.V., solicitó en un escrito que dirigió el 14 de junio de 2011 al director de Administración Urbana del Ayuntamiento, Juan Carlos Gómez Gallegos, pagar las donaciones en efectivo y no en especie “debido a que los trámites de los terrenos señalados para este fin, no han podido ser liberados ante el Registro Agrario Nacional”. El 16 de ese mes, el tesorero municipal ordenaba -con especial prontitud- que por instrucciones de la presidenta municipal, Victoria Labastida, se atendiera la solicitud por la que las empresas deseaban regularizar las donaciones “que por diferentes circunstancias no pudieron perfeccionarse”. De inmediato se turnó el asunto a la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas que preside el regidor Luis Miguel Avalos Oyarvides, la que en unos cuantos días emitió un dictamen aprobatorio en el que se ocultaron todos estos antecedentes, de tal manera que el Cabildo, en una sesión saturada de asuntos que celebró el 14 de julio, aprobó por mayoría la transferencia o venta de los inmuebles. Para esto, pidió el regidor que se dispensara la lectura del dictamen pues consideró que todos lo conocían.
Seguramente que estas donaciones hubieran quedado ocultas para siempre en los cajones de la corrupción y la impunidad, si no es porque Kansas City Southern -la empresa estadounidense que adquirió a precio de ganga los activos del sistema ferroviario del país- apareció en la escena comprando en decenas de millones de dólares la terminal intermodal del Parque Logístico, así como una superficie de 50 hectáreas contiguas al inmueble para ampliar sus instalaciones. Esta operación fue lo que obligó a los vendedores a sanear las donaciones, pues de lo contrario nadie se los habría exigido.
El vocero de Vicente Rangel, Federico Mac Gregor, en un debate televisivo que sostuvo el 17 de octubre con el regidor Gonzalo Benavente y un miembro de Acción Ciudadana, trató de justificar el arreglo al que llegaron con el municipio argumentando los beneficios económicos de las inversiones y el número de empleos que se habían creado alrededor de ese sitio, pero fue incapaz de acreditar la legalidad de la compra venta y menos que el precio que pagaron fuera el que realmente le correspondía a esas superficies. No se atrevió a revelar que los terrenos donados se encontraban en un lugar distinto al espacio de los fraccionamientos autorizados. Es más, reconoció que el metro cuadrado lo estaban vendiendo a 29 dólares, la misma cantidad que habían pagado al municipio, pero en pesos mexicanos.