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Silencio satelital
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 24, 2010
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 24, 2010
Han transcurrido los primeros 100 días del gobierno del doctor Fernando Toranzo y los potosinos no hemos sido informados de la situación que guarda el proyecto habitacional de Ciudad Satélite. Nada se ha dicho del monto de los pasivos ni del tamaño de las obligaciones heredadas de esa obra fallida. Cuatro meses no le han bastado al contralor general del Estado, Alfonso Anaya Olalde, para que concluya la auditoría que se le encomendó y dictamine las observaciones que le señaló el ahora responsable del proyecto, Roberto Naif Kuri, que de las denuncias espectaculares y concretas que ventiló en los primeros días de su gestión pasó súbitamente a la zona franca del silencio y la discreción donde se ha mantenido durante los últimos meses. Hasta pareciera que la línea política del gobierno priísta es la de alejar a todos aquellos que le hagan olas al proyecto, que pase de puntitas, inadvertido, para evitar que le sigan choteando la mercancía, pues creen que cualquier crítica acrecienta la desconfianza de esa –ya de por sí- desprestigiada inversión inmobiliaria.
Son muchos los asuntos que tendrá que observar el contralor del Estado relacionados con el tema que menoscaba el patrimonio de los potosinos, entre los que destacan: el contrato de donación que celebró el ex director del INVIES, Jorge González Hernández, con la Federación de Trabajadores del Estado de San Luís Potosí, representado por Emilio de Jesús Ramírez Guerrero. En esta operación compareció el ex gobernador Marcelo de los Santos, como testigo de honor. No consta que la donación hubiera sido autorizada por el Consejo de Administración del INVIES. El contralor debe fincar responsabilidades a González Hernández porque no tenía facultades para donar los 300 lotes de terreno que se describen en el instrumento notarial ya que los decretos legislativos lo autorizaban únicamente a donar una superficie de 1 millón 264 mil metros cuadrados para equipamiento urbano, independientemente de las otras áreas de donación que por Ley le corresponden. Se trata de una donación injustificada y arbitraria que se otorgó 52 días antes de la jornada electoral del 5 de julio pasado, y que seguramente influyó para que el voto cetemista se inclinara a favor del candidato de Marcelo. La donataria se obligó a urbanizar los terrenos y a construir 300 casas de interés social en no más de 36 meses, desvirtuándose así el objetivo para el que fue creado Ciudad Satélite porque sus reservas territoriales estaban destinadas a la construcción de “vivienda tipo económico”, la más barata y no la de interés social que en el 2010 tendrá un tope de casi medio millón de pesos. Se le permitió también a la CTM asignar libremente a los compradores y quedarse con el producto de la venta de los inmuebles con la obligación de reintegrarle al INVIES 25 mil pesos por cada lote de terreno vendido, con lo que se recuperaría una parte de las inversiones en infraestructura. No se pactaron cláusulas rescisorias ni penales en caso de incumplimiento. El líder obrero Emilio de Jesús Ramírez, el “garante de la estabilidad laboral en el estado”, aquel que en concordancia con sus representados celebró la llegada del año 2000 en uno de los restaurantes más lujosos de París, no tenía facultades para suscribir ese contrato sólo con su firma y menos para comprometer a la adquirente a cumplir con las obligaciones señaladas, por lo que el regalo puede ser fácilmente recogido.
El 23 de septiembre de 2009, unas horas antes de que concluyera el gobierno de Marcelo de los Santos, se firmó un enmarañado convenio de concertación de acciones entre el INVIES, Banco Interacciones y los 10 constructores y el urbanizador de la primera etapa del proyecto que quedó reducido de 3,000 a 2,521 viviendas. En este se establece que CM Desarrollos, representado por Javier Córdoba y Comebi del Centro, por Roberto del Valle López dejaron de construir 428 casas por lo que la validez de este convenio quedaba condicionada a que esas empresas le pagaran al Banco los adeudos por anticipos no ejercidos que habían recibido. Por su parte el Banco se obligó a otorgar financiamientos adicionales al resto de los empresarios hasta por 70 millones de pesos para ser destinados a la conclusión de las obras de urbanización con la aclaración de que si no les alcanzaba podían disponer de los recursos excedentes de la individualización de las micro manzanas 2 y 7. El caso es que el ex director del INVIES afectó en fideicomiso el patrimonio inmobiliario del Estado para que un grupo de constructores obtuviera, una vez más, financiamiento bancario con la firma del Gobierno, lo que desde luego es ilegal. INVIES se obligó también a realizar todas las inversiones requeridas en infraestructura, independientes a las de urbanización, para garantizar la viabilidad del proyecto. El dinero que se reciba por concepto de las ventas de las viviendas, con todo y los subsidios federales se aplicará preferentemente a amortizar los créditos de los constructores. Se amplió el plazo hasta el 2012 para la conclusión de la primera etapa que en un principio estaba proyectada para mayo del 2008. Se aportaron al fideicomiso más de 90 mil metros cuadrados de terreno identificados en el proyecto como predios comerciales que una vez que se realicen beneficiarán las economías de los empresarios y del Banco que se mencionan en el tercer convenio modificatorio que también se firmó el pasado 23 de septiembre.
Los predios anteriores son independientes a los más de un millón de metros cuadrados que el INVIES les dio en pago a los empresarios que participaron en la primera etapa del proyecto por los 40 millones de pesos que les adeudaba, y que Naif Kuri denunció en su momento. Se le solicitó al director una copia de ese contrato, pero nos entregó unas escrituras que no correspondían a nuestra petición, y en lo que concierne a que nos explicaran el origen de esos créditos y la razón por la que no habían terminado de construir las viviendas; el Comité de Información de ese organismo nos negó la información, porque lo anterior –argumentó- implicaba procesarla y adecuarla al interés del solicitante.
Son muchos los asuntos que tendrá que observar el contralor del Estado relacionados con el tema que menoscaba el patrimonio de los potosinos, entre los que destacan: el contrato de donación que celebró el ex director del INVIES, Jorge González Hernández, con la Federación de Trabajadores del Estado de San Luís Potosí, representado por Emilio de Jesús Ramírez Guerrero. En esta operación compareció el ex gobernador Marcelo de los Santos, como testigo de honor. No consta que la donación hubiera sido autorizada por el Consejo de Administración del INVIES. El contralor debe fincar responsabilidades a González Hernández porque no tenía facultades para donar los 300 lotes de terreno que se describen en el instrumento notarial ya que los decretos legislativos lo autorizaban únicamente a donar una superficie de 1 millón 264 mil metros cuadrados para equipamiento urbano, independientemente de las otras áreas de donación que por Ley le corresponden. Se trata de una donación injustificada y arbitraria que se otorgó 52 días antes de la jornada electoral del 5 de julio pasado, y que seguramente influyó para que el voto cetemista se inclinara a favor del candidato de Marcelo. La donataria se obligó a urbanizar los terrenos y a construir 300 casas de interés social en no más de 36 meses, desvirtuándose así el objetivo para el que fue creado Ciudad Satélite porque sus reservas territoriales estaban destinadas a la construcción de “vivienda tipo económico”, la más barata y no la de interés social que en el 2010 tendrá un tope de casi medio millón de pesos. Se le permitió también a la CTM asignar libremente a los compradores y quedarse con el producto de la venta de los inmuebles con la obligación de reintegrarle al INVIES 25 mil pesos por cada lote de terreno vendido, con lo que se recuperaría una parte de las inversiones en infraestructura. No se pactaron cláusulas rescisorias ni penales en caso de incumplimiento. El líder obrero Emilio de Jesús Ramírez, el “garante de la estabilidad laboral en el estado”, aquel que en concordancia con sus representados celebró la llegada del año 2000 en uno de los restaurantes más lujosos de París, no tenía facultades para suscribir ese contrato sólo con su firma y menos para comprometer a la adquirente a cumplir con las obligaciones señaladas, por lo que el regalo puede ser fácilmente recogido.
El 23 de septiembre de 2009, unas horas antes de que concluyera el gobierno de Marcelo de los Santos, se firmó un enmarañado convenio de concertación de acciones entre el INVIES, Banco Interacciones y los 10 constructores y el urbanizador de la primera etapa del proyecto que quedó reducido de 3,000 a 2,521 viviendas. En este se establece que CM Desarrollos, representado por Javier Córdoba y Comebi del Centro, por Roberto del Valle López dejaron de construir 428 casas por lo que la validez de este convenio quedaba condicionada a que esas empresas le pagaran al Banco los adeudos por anticipos no ejercidos que habían recibido. Por su parte el Banco se obligó a otorgar financiamientos adicionales al resto de los empresarios hasta por 70 millones de pesos para ser destinados a la conclusión de las obras de urbanización con la aclaración de que si no les alcanzaba podían disponer de los recursos excedentes de la individualización de las micro manzanas 2 y 7. El caso es que el ex director del INVIES afectó en fideicomiso el patrimonio inmobiliario del Estado para que un grupo de constructores obtuviera, una vez más, financiamiento bancario con la firma del Gobierno, lo que desde luego es ilegal. INVIES se obligó también a realizar todas las inversiones requeridas en infraestructura, independientes a las de urbanización, para garantizar la viabilidad del proyecto. El dinero que se reciba por concepto de las ventas de las viviendas, con todo y los subsidios federales se aplicará preferentemente a amortizar los créditos de los constructores. Se amplió el plazo hasta el 2012 para la conclusión de la primera etapa que en un principio estaba proyectada para mayo del 2008. Se aportaron al fideicomiso más de 90 mil metros cuadrados de terreno identificados en el proyecto como predios comerciales que una vez que se realicen beneficiarán las economías de los empresarios y del Banco que se mencionan en el tercer convenio modificatorio que también se firmó el pasado 23 de septiembre.
Los predios anteriores son independientes a los más de un millón de metros cuadrados que el INVIES les dio en pago a los empresarios que participaron en la primera etapa del proyecto por los 40 millones de pesos que les adeudaba, y que Naif Kuri denunció en su momento. Se le solicitó al director una copia de ese contrato, pero nos entregó unas escrituras que no correspondían a nuestra petición, y en lo que concierne a que nos explicaran el origen de esos créditos y la razón por la que no habían terminado de construir las viviendas; el Comité de Información de ese organismo nos negó la información, porque lo anterior –argumentó- implicaba procesarla y adecuarla al interés del solicitante.