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Sirviendo a dos amos
Cuarta parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 25, 2010
El gobierno del doctor Fernando Toranzo Fernández no supo capitalizar políticamente la reacción ciudadana de indignación, y el apoyo a su gestión que podían haberse dado con motivo del segundo auto de formal prisión que dictó el Juez Tercero del Ramo Penal, Juan José Méndez Gatica, el pasado 30 de junio en contra de los ex empleados marcelistas Joel Azuara Robles y Humberto Picharra Carrete, ahora, por los delitos de fraude y asociación delictuosa, y en los que se involucra, en esta ocasión, a la ex directora de adquisiciones de esa administración por sus presuntas responsabilidades en el ejercicio indebido de los mil 500 millones de pesos del último crédito que obtuvo el gobierno panista.
Ahora sí se trata de una acusación en serio y no como la endeble del expediente a que se refiere el primer auto de formal prisión que se les dictó el pasado 16 de junio por el arrendamiento de un helicóptero, que en cualquier momento se les puede caer por el amparo que promovieron los procesados. De la ex encargada de compras del sexenio anterior no se ha informado si está recluida en el penal de La Pila o si se le dio la oportunidad de fugarse. Tener en la cárcel a una mujer que sólo obedecía órdenes de sus jefes seguramente que le restaría simpatías a estas acciones del gobierno torancista que apoyan la mayoría de los potosinos, y que exigen que se le finquen responsabilidades a Marcelo de los Santos, pues nadie duda que fue el ex gobernador el que instruyó a sus funcionarios para que los recursos de ese préstamo se desviaran a cubrir gasto corriente, en lugar de aplicarse a inversiones públicas productivas.
Es evidente la ineptitud del director de comunicación social del gobierno del Estado, Juan Antonio Hernández Varela, pues no consiguió que una nota de tal envergadura impactara en nuestra sociedad como debió haber ocurrido porque no supo difundir ni explicar los conceptos en los que según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se gastó el préstamo millonario; a menos de que esa conducta responda a los acuerdos que se pudieron haber tomado en la reunión que sostuvieron en la Ciudad de México, el ex gobernador y Toranzo con el ex secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, dos días antes de que se dictara el segundo auto de formal prisión. Se trató de un encuentro ríspido y equívoco al que el doctor Toranzo no debió haber asistido porque la soberanía del Estado no le permite que en un asunto de esta naturaleza se inmiscuya un funcionario federal, y menos en este caso, que su resolución depende de las instancias judiciales. No debió permitir que lo confrontara con el ex gobernador que le dio trato de empleado. Fue una reunión incómoda para el gobernador porque no tiene la capacidad ni los conocimientos para discutir con Marcelo de los Santos en materia de números. El doctor le cuestionó la falta de información del proyecto inmobiliario de Ciudad Satélite, y el contador le aseguró que todo se le había entregado, incluyendo el libro blanco de contabilidad y todas las actas del consejo directivo del INVIES; y ante la presencia de Gómez Mont le confirmó que le había dejado 561 millones de pesos del préstamo, como constaba en el informe final de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública del 2009. Revelan los allegados a Marcelo que fue tan bochornoso el acercamiento que el ex secretario de gobernación le reprochó a Toranzo que se quejara de que los ex funcionarios marcelistas constantemente lo criticaban, y entre broma y verdad, le dijo que tenía la piel muy delicada y que sus detractores estaban en todo su derecho de manifestar sus opiniones.
Muy poco se conoce del nuevo proceso penal, en el que debería aparecer como indiciado el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, porque según la PGJE emitió un dictamen falso y mentiroso al señalar que la administración del doctor Toranzo recibió y dispuso indebidamente de más de 561 millones de pesos, de los mil 500 que contrató el gobierno de Marcelo de los Santos. La PGJE comprobó la inexistencia de ese fondo y le demostró al juez penal que el financiamiento se aplicó a cubrir gasto ordinario del gobierno anterior y nunca se utilizó al pago de inversiones públicas productivas. La contabilidad y conclusiones de la PGJE así lo determinaron, las que por cierto son muy distintas a las que emitió el auditor en su informe al Congreso del Estado. Es muy probable que las observaciones de la PGJE coincidan con el resultado de la auditoría que practicó Sifra Grupo Consultor, que fue el despacho externo que se contrató para revisar este asunto. Los diputados de la anterior Legislatura son también responsables de estos ilícitos porque le autorizaron al ex gobernador contraer un empréstito del que prácticamente podía disponer como quisiera; y en el que no les importó detallar cada una de las obras y montos en los que se invertirían esos recursos.
Es muy difícil de explicar por qué un gobierno que necesita urgentemente justificar que su ineficacia se debe al desastre financiero que les dejó su antecesor; y que le conviene proyectarse como desafiante y justiciero, no haya difundido ampliamente la situación jurídica de estos ex funcionarios, explicando todos los detalles del caso; pero también es muy extraño que los panistas, en esta ocasión, no hayan levantado la voz con el mismo tono de enojo e indignación como se manifestaron hace unas cuantas semanas, cuando apareció en escena el senador Alejandro Zapata Perogordo para denunciar que el encarcelamiento de Azuara se debía a una cacería política y que no tenía sustento jurídico. Es más, ni siquiera se han atrevido a emitir una opinión relacionada con este nuevo auto de formal prisión. Seguramente que saben que una buena parte de ese dinero se agotó en el pago de compensaciones y bonos de marcha para la alta burocracia panista, en gastos de publicidad, en obras y acciones fallidas, y en muchas otras frivolidades que caracterizaron a un gobierno que creyó que la justicia nunca lo iba a alcanzar.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 25, 2010
El gobierno del doctor Fernando Toranzo Fernández no supo capitalizar políticamente la reacción ciudadana de indignación, y el apoyo a su gestión que podían haberse dado con motivo del segundo auto de formal prisión que dictó el Juez Tercero del Ramo Penal, Juan José Méndez Gatica, el pasado 30 de junio en contra de los ex empleados marcelistas Joel Azuara Robles y Humberto Picharra Carrete, ahora, por los delitos de fraude y asociación delictuosa, y en los que se involucra, en esta ocasión, a la ex directora de adquisiciones de esa administración por sus presuntas responsabilidades en el ejercicio indebido de los mil 500 millones de pesos del último crédito que obtuvo el gobierno panista.
Ahora sí se trata de una acusación en serio y no como la endeble del expediente a que se refiere el primer auto de formal prisión que se les dictó el pasado 16 de junio por el arrendamiento de un helicóptero, que en cualquier momento se les puede caer por el amparo que promovieron los procesados. De la ex encargada de compras del sexenio anterior no se ha informado si está recluida en el penal de La Pila o si se le dio la oportunidad de fugarse. Tener en la cárcel a una mujer que sólo obedecía órdenes de sus jefes seguramente que le restaría simpatías a estas acciones del gobierno torancista que apoyan la mayoría de los potosinos, y que exigen que se le finquen responsabilidades a Marcelo de los Santos, pues nadie duda que fue el ex gobernador el que instruyó a sus funcionarios para que los recursos de ese préstamo se desviaran a cubrir gasto corriente, en lugar de aplicarse a inversiones públicas productivas.
Es evidente la ineptitud del director de comunicación social del gobierno del Estado, Juan Antonio Hernández Varela, pues no consiguió que una nota de tal envergadura impactara en nuestra sociedad como debió haber ocurrido porque no supo difundir ni explicar los conceptos en los que según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se gastó el préstamo millonario; a menos de que esa conducta responda a los acuerdos que se pudieron haber tomado en la reunión que sostuvieron en la Ciudad de México, el ex gobernador y Toranzo con el ex secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, dos días antes de que se dictara el segundo auto de formal prisión. Se trató de un encuentro ríspido y equívoco al que el doctor Toranzo no debió haber asistido porque la soberanía del Estado no le permite que en un asunto de esta naturaleza se inmiscuya un funcionario federal, y menos en este caso, que su resolución depende de las instancias judiciales. No debió permitir que lo confrontara con el ex gobernador que le dio trato de empleado. Fue una reunión incómoda para el gobernador porque no tiene la capacidad ni los conocimientos para discutir con Marcelo de los Santos en materia de números. El doctor le cuestionó la falta de información del proyecto inmobiliario de Ciudad Satélite, y el contador le aseguró que todo se le había entregado, incluyendo el libro blanco de contabilidad y todas las actas del consejo directivo del INVIES; y ante la presencia de Gómez Mont le confirmó que le había dejado 561 millones de pesos del préstamo, como constaba en el informe final de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública del 2009. Revelan los allegados a Marcelo que fue tan bochornoso el acercamiento que el ex secretario de gobernación le reprochó a Toranzo que se quejara de que los ex funcionarios marcelistas constantemente lo criticaban, y entre broma y verdad, le dijo que tenía la piel muy delicada y que sus detractores estaban en todo su derecho de manifestar sus opiniones.
Muy poco se conoce del nuevo proceso penal, en el que debería aparecer como indiciado el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga, porque según la PGJE emitió un dictamen falso y mentiroso al señalar que la administración del doctor Toranzo recibió y dispuso indebidamente de más de 561 millones de pesos, de los mil 500 que contrató el gobierno de Marcelo de los Santos. La PGJE comprobó la inexistencia de ese fondo y le demostró al juez penal que el financiamiento se aplicó a cubrir gasto ordinario del gobierno anterior y nunca se utilizó al pago de inversiones públicas productivas. La contabilidad y conclusiones de la PGJE así lo determinaron, las que por cierto son muy distintas a las que emitió el auditor en su informe al Congreso del Estado. Es muy probable que las observaciones de la PGJE coincidan con el resultado de la auditoría que practicó Sifra Grupo Consultor, que fue el despacho externo que se contrató para revisar este asunto. Los diputados de la anterior Legislatura son también responsables de estos ilícitos porque le autorizaron al ex gobernador contraer un empréstito del que prácticamente podía disponer como quisiera; y en el que no les importó detallar cada una de las obras y montos en los que se invertirían esos recursos.
Es muy difícil de explicar por qué un gobierno que necesita urgentemente justificar que su ineficacia se debe al desastre financiero que les dejó su antecesor; y que le conviene proyectarse como desafiante y justiciero, no haya difundido ampliamente la situación jurídica de estos ex funcionarios, explicando todos los detalles del caso; pero también es muy extraño que los panistas, en esta ocasión, no hayan levantado la voz con el mismo tono de enojo e indignación como se manifestaron hace unas cuantas semanas, cuando apareció en escena el senador Alejandro Zapata Perogordo para denunciar que el encarcelamiento de Azuara se debía a una cacería política y que no tenía sustento jurídico. Es más, ni siquiera se han atrevido a emitir una opinión relacionada con este nuevo auto de formal prisión. Seguramente que saben que una buena parte de ese dinero se agotó en el pago de compensaciones y bonos de marcha para la alta burocracia panista, en gastos de publicidad, en obras y acciones fallidas, y en muchas otras frivolidades que caracterizaron a un gobierno que creyó que la justicia nunca lo iba a alcanzar.