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Sirviendo a dos amos
Primera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 4, 2010
Al gobierno del doctor Fernando Toranzo le convenía que el Congreso del Estado declarara sin dilación alguna que la etapa de revisión de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio 2009 quedaba concluida, como así ocurrió el pasado martes 29, en el que 21 de los 27 diputados votaron en ese sentido, para que de esta manera pasara la auditoría a la siguiente fase procesal que le permitirá al secretario de Finanzas, Jesús Conde, aclarar que la administración del priísta nada tuvo que ver con el destino que se le dio al préstamo de los 1,500 millones de pesos a que se refiere el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga; pues en su informe acusa al gobierno torancista, que según los registros de la contabilidad gubernamental del 25 de septiembre de 2009 que tuvo a la vista, -a unas cuantas horas de que concluyera el sexenio de Marcelo de los Santos, cuando ya se había dejado de hacer uso de las chequeras- se disponía en bancos de casi 562 millones de pesos que correspondían al saldo del referido empréstito que no había sido utilizado en su totalidad hasta esa fecha; pero que era tal el desorden administrativo del nuevo gobierno “que no es posible identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración –la de Toranzo- de acuerdo al decreto 819 de autorización”. Esto quiere decir que el gobierno del doctor –según el dictamen del auditor- se gastó una buena parte del dinero que se obtuvo a través del financiamiento bancario, y qué lo aplicó incorrectamente.
Los diputados debieron exigirle al auditor, como requisito indispensable para emitir su dictamen, porque así lo dispone la fracción IV del artículo 64 de la Ley de Auditoría, que acompañara a su informe final los pliegos de las observaciones que se hubieren fincado a los responsables de las secretarías y dependencias auditadas, esto es, los documentos u hojas de trabajo del personal que practicó las auditorías en los que aparecen los resultados que se derivaron de la revisión antes de ser solventados; para que de esta manera analizaran si las pruebas y argumentos que presentaron los funcionarios inculpados eran suficientes para desaparecer las irregularidades susceptibles de constituir faltas administrativas; o si como es el caso de muchos de estos, se les perdonó o minimizó sus ilícitos.
A Fernando Toranzo no le convenía –y seguramente que ninguno de sus asesores se lo advirtió- que apareciera en el dictamen legislativo que el informe que rindió el contador Héctor Mayorga se apegó, entre otros principios, a los de legalidad, confiabilidad, definitividad, imparcialidad, eficacia y buena fe; independientemente de que su trabajo de revisión se practicó con apego a las disposiciones legales aplicables, -como consta en el documento- porque clasificar el trabajo de Mayorga como perfecto, le restará credibilidad a las pruebas que se puedan presentar en la siguiente instancia para desvanecer la contundencia de sus observaciones en este asunto, y será, sin duda alguna, uno de los medios más efectivos que utilizarán los nuevos huéspedes de la cárcel de La Pila para defenderse o negociar su libertad. Retractarse, negar, o argumentar que sus observaciones no son válidas porque se equivocó, merecen fincarle un juicio político al auditor para proceder penalmente en su contra por los ilícitos en que incurriría, tales como falsificación de documentos, uso de documentos falsos o alterados, encubrimiento, falsos testimonios, asociación delictuosa porque con él participaron otros auditores y supervisores, y ejercicio indebido de la función pública. Todos sabemos que sus lealtades y afectos están con el secretario de Finanzas, Joel Azuara, y con el ex gobernador de los Santos; pero sus intereses y su futuro laboral para continuar en el cargo hasta el 22 de febrero del 2018, si lo reeligen, con el gobierno de Fernando Toranzo. Bien dice Mateo, el evangelista, que nadie puede servir a dos señores.
Sin duda alguna que esta es la observación más pesada y conflictiva de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del 2009, que habrá que borrar o confirmar porque se responsabiliza al gobierno de Toranzo de lo mismo que acusa al de Marcelo; pues como lo plantea el auditor, el priísta comparte responsabilidades con el panista por el uso indebido que se le dio a ese empréstito; lo que provocó el rechazó inmediato de Jesús Conde, quien aseguró que no sólo no le dejaron dinero, sino que tampoco le entregaron los documentos con los que se pudiera comprobar a qué se destinaron los recursos que se ejercieron con el préstamo. Que no recibió un solo centavo de los 1,500 millones de pesos del crédito que solicitó el ex gobernador en los últimos días de su mandato. Fue tal la reacción y enojo del gobierno torancista ante ese señalamiento que consiguió una nueva orden de aprehensión en contra de los ex funcionarios Joel Azuara y Humberto Picharra, a quienes les echó toda la culpa del manejo inescrupuloso de esos recursos. A Mayorga no le dijo nada.
El auditor superior del Estado también hace constar en sus observaciones que un poco más de 557 millones de pesos de los 1,500 millones del préstamo “No se proporcionó evidencia que estos pagos se destinaron al cumplimiento de obligaciones financieras en materia de inversión pública productiva…”. Esta acusación es muy seria porque la autoridad revisora y autorizada para dictaminar las cuentas públicas nos revela que se malversaron esos recursos públicos, adjudicándole toda la responsabilidad, en este caso, al gobierno de Marcelo de los Santos. Si el auditor tuvo la certeza de que ese dinero, como los 562 millones de pesos que le observó a la cuenta pública de Toranzo, no se destinó al pago de inversiones públicas productivas; entonces debe saber en qué se gastaron. Sin embargo, en su informe no lo precisa. El resto del importe del préstamo, esto es un poco más de 380 millones de pesos no fueron observados porque según el auditor se aplicaron correctamente.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Julio 4, 2010
Al gobierno del doctor Fernando Toranzo le convenía que el Congreso del Estado declarara sin dilación alguna que la etapa de revisión de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio 2009 quedaba concluida, como así ocurrió el pasado martes 29, en el que 21 de los 27 diputados votaron en ese sentido, para que de esta manera pasara la auditoría a la siguiente fase procesal que le permitirá al secretario de Finanzas, Jesús Conde, aclarar que la administración del priísta nada tuvo que ver con el destino que se le dio al préstamo de los 1,500 millones de pesos a que se refiere el auditor superior del Estado, Héctor Mayorga; pues en su informe acusa al gobierno torancista, que según los registros de la contabilidad gubernamental del 25 de septiembre de 2009 que tuvo a la vista, -a unas cuantas horas de que concluyera el sexenio de Marcelo de los Santos, cuando ya se había dejado de hacer uso de las chequeras- se disponía en bancos de casi 562 millones de pesos que correspondían al saldo del referido empréstito que no había sido utilizado en su totalidad hasta esa fecha; pero que era tal el desorden administrativo del nuevo gobierno “que no es posible identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración –la de Toranzo- de acuerdo al decreto 819 de autorización”. Esto quiere decir que el gobierno del doctor –según el dictamen del auditor- se gastó una buena parte del dinero que se obtuvo a través del financiamiento bancario, y qué lo aplicó incorrectamente.
Los diputados debieron exigirle al auditor, como requisito indispensable para emitir su dictamen, porque así lo dispone la fracción IV del artículo 64 de la Ley de Auditoría, que acompañara a su informe final los pliegos de las observaciones que se hubieren fincado a los responsables de las secretarías y dependencias auditadas, esto es, los documentos u hojas de trabajo del personal que practicó las auditorías en los que aparecen los resultados que se derivaron de la revisión antes de ser solventados; para que de esta manera analizaran si las pruebas y argumentos que presentaron los funcionarios inculpados eran suficientes para desaparecer las irregularidades susceptibles de constituir faltas administrativas; o si como es el caso de muchos de estos, se les perdonó o minimizó sus ilícitos.
A Fernando Toranzo no le convenía –y seguramente que ninguno de sus asesores se lo advirtió- que apareciera en el dictamen legislativo que el informe que rindió el contador Héctor Mayorga se apegó, entre otros principios, a los de legalidad, confiabilidad, definitividad, imparcialidad, eficacia y buena fe; independientemente de que su trabajo de revisión se practicó con apego a las disposiciones legales aplicables, -como consta en el documento- porque clasificar el trabajo de Mayorga como perfecto, le restará credibilidad a las pruebas que se puedan presentar en la siguiente instancia para desvanecer la contundencia de sus observaciones en este asunto, y será, sin duda alguna, uno de los medios más efectivos que utilizarán los nuevos huéspedes de la cárcel de La Pila para defenderse o negociar su libertad. Retractarse, negar, o argumentar que sus observaciones no son válidas porque se equivocó, merecen fincarle un juicio político al auditor para proceder penalmente en su contra por los ilícitos en que incurriría, tales como falsificación de documentos, uso de documentos falsos o alterados, encubrimiento, falsos testimonios, asociación delictuosa porque con él participaron otros auditores y supervisores, y ejercicio indebido de la función pública. Todos sabemos que sus lealtades y afectos están con el secretario de Finanzas, Joel Azuara, y con el ex gobernador de los Santos; pero sus intereses y su futuro laboral para continuar en el cargo hasta el 22 de febrero del 2018, si lo reeligen, con el gobierno de Fernando Toranzo. Bien dice Mateo, el evangelista, que nadie puede servir a dos señores.
Sin duda alguna que esta es la observación más pesada y conflictiva de la auditoría que se le practicó a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del 2009, que habrá que borrar o confirmar porque se responsabiliza al gobierno de Toranzo de lo mismo que acusa al de Marcelo; pues como lo plantea el auditor, el priísta comparte responsabilidades con el panista por el uso indebido que se le dio a ese empréstito; lo que provocó el rechazó inmediato de Jesús Conde, quien aseguró que no sólo no le dejaron dinero, sino que tampoco le entregaron los documentos con los que se pudiera comprobar a qué se destinaron los recursos que se ejercieron con el préstamo. Que no recibió un solo centavo de los 1,500 millones de pesos del crédito que solicitó el ex gobernador en los últimos días de su mandato. Fue tal la reacción y enojo del gobierno torancista ante ese señalamiento que consiguió una nueva orden de aprehensión en contra de los ex funcionarios Joel Azuara y Humberto Picharra, a quienes les echó toda la culpa del manejo inescrupuloso de esos recursos. A Mayorga no le dijo nada.
El auditor superior del Estado también hace constar en sus observaciones que un poco más de 557 millones de pesos de los 1,500 millones del préstamo “No se proporcionó evidencia que estos pagos se destinaron al cumplimiento de obligaciones financieras en materia de inversión pública productiva…”. Esta acusación es muy seria porque la autoridad revisora y autorizada para dictaminar las cuentas públicas nos revela que se malversaron esos recursos públicos, adjudicándole toda la responsabilidad, en este caso, al gobierno de Marcelo de los Santos. Si el auditor tuvo la certeza de que ese dinero, como los 562 millones de pesos que le observó a la cuenta pública de Toranzo, no se destinó al pago de inversiones públicas productivas; entonces debe saber en qué se gastaron. Sin embargo, en su informe no lo precisa. El resto del importe del préstamo, esto es un poco más de 380 millones de pesos no fueron observados porque según el auditor se aplicaron correctamente.