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Tumbando curules
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 26, 2012
El 14 de septiembre tomarán posesión de sus cargos los 27 nuevos diputados que integrarán la LX Legislatura del Estado. Empiezan mal pues sobre doce de ellos pesa la amenaza de una remoción. Nueve por violar la Constitución del Estado, y tres, si prosperan las demandas de nulidad que se ventilan en los tribunales por el procedimiento amañado que aplicó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), al asignarle al PRD un diputado plurinominal, cuando le correspondía un segundo; y al PANAL y al VERDE, dos a cada uno, cuando sólo tenían derecho a uno. La representación legislativa de los potosinos nace viciada de origen por esta sobrerepresentación.
Su arribo estará contaminado por la incertidumbre y el rechazo. Incertidumbre porque varios de ellos no saben si permanecerán en el cargo, y rechazo porque ninguno de los 27 se comprometió a moderar las ofensivas prebendas que reciben. Sólo unos cuantos diputados ofrecieron durante la campaña renunciar a algunos bonos, los de menor cuantía. Nada sustancial que realmente afectara sus ingresos. Creo que la mayoría de los diputados de nuevo ingreso desconoce que sus ingresos anuales andarán cerca de los 2 millones 900 mil pesos anuales, si sumamos todos los conceptos a que se refiere su presupuesto de egresos: el salario o dieta por un millón 143 mil pesos, cantidad en la que está incluido un descuento que forma parte de un fondo de ahorro y las retenciones del pago del Impuesto sobre la Renta, que ni remotamente corresponden a la cantidad que tendrían que pagarle al fisco; póliza de gastos médicos mayores; otro fondo de ahorro que aporta el Congreso y que es igual al que les descuentan a los diputados en el pago de las dietas; vales de gasolina por 88 mil 200 pesos anuales; apoyos para los presidentes de las comisiones legislativas, a la mayoría le toca presidir por lo menos una; apoyos para cada una de las fracciones parlamentarias que el coordinador si no es gandalla debe repartir por partes iguales entre sus integrantes; apoyos para gestoría; apoyos para contratar asesores, que son independientes de los que paga directamente el Congreso; viáticos y gastos de representación, como boletos de avión, restaurantes y hoteles; gastos médicos menores, incluidas las medicinas y doctores de los familiares del diputado; pago de estacionamientos; bono de navidad, independiente de los 3 meses de aguinaldo que reciben; bonos para festejar el día del niño, la madre y cuanto fiesta se les ocurra; prima vacacional; póliza de seguro de vida; uso y mantenimiento de vehículos oficiales, a algunos se les asigna una unidad de manera permanente; y apoyos para pagar la impresión y la fiesta de los informes anuales que rindan. Los electores tienen la culpa de que los diputados se repartan el presupuesto como si se tratara de un botín de piratas cuando podían haber condicionado su voto a que redujeran sus abusos. Por eso es la institución más aborrecida y desprestigiada del estado.
A varios de los candidatos a diputados locales con los que tuve la oportunidad de dialogar les recomendé que firmaran un compromiso ante notario, en el que de resultar electos sólo aceptarían 30 mil pesos mensuales por concepto de sueldo y un aguinaldo por la misma cantidad, renunciando a todos las demás prestaciones, como un acto de congruencia y reivindicación con los electores. Ninguno aceptó la propuesta, no obstante que varios de ellos no tenían la más mínima posibilidad de resultar electos. Su compromiso hubiera servido, por lo menos, para orientar la agenda electoral hacia estos temas y banderillear las ambiciones de los otros diputados.
Los diputados suplentes no han hecho nada para impugnar a los titulares. Hasta parecen ajenos a lo que ocurre en San Luis y no se han dado cuenta de que al ocupar sus escaños obtendrían un ingreso inimaginable para todos ellos, o de plano están a la expectativa de lo que logren los broncos navistas Rafael Aguilar Fuentes y Juan Manuel Jurado Limón, uno herrero y el otro taxista, luchadores incansables por la legalidad y la defensa de nuestras instituciones, quienes el pasado jueves presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, un Juicio de Nulidad Electoral o de Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, en el que reencausan el recurso que les desechó unos días antes el CEEPAC porque no se atrevió a investigar ni sancionar la denuncia que dirigieron en contra de los diputados electos Juan Manuel Segovia Hernández, alcalde de Cedral; Marianela Villanueva Ponce, directora del DIF municipal; Eugenio Govea Arcos, senador; Luis Enrique Acosta Páramo, alcalde de Ciudad del Maíz; Manuel Aguilar Acuña, alcalde de Tancanhuitz; Christian Joaquín Sánchez Sánchez, alcalde Tampacán; Juan Pablo Escobar Martínez, diputado federal; Ma. Del Socorro Herrera Orta, alcaldesa de Valles; y Delia Guerrero Coronado, diputada federal, por violar el artículo 49 de la Constitución del Estado que prohíbe a los diputados electos desempeñar desde el día de la elección, sin previa licencia del Congreso, cargos o empleos públicos por los que devenguen alguna remuneración, bajo la pena de perder la diputación que obtuvieron en las urnas. Los consejeros electores ni siquiera se molestaron en recabar las constancias de que estas personas siguen cobrando y ejerciendo sus cargos para que el Tribunal Federal Electoral, al que ahora se recurre, no deseche la demanda por falta de pruebas.
El CEEPAC debió haber actuado de oficio investigando la denuncia y revocando los nombramientos para llamar a los suplentes, tan pronto como supo que los diputados electos se reincorporaron a sus antiguos trabajos. El Consejo Estatal Electoral respondió al recurso que presentaron estos dos ciudadanos con una mentira al asegurar que no era la instancia para conocer el caso y timorato como siempre, la desechó sin más consideraciones que recomendarles que la dirigieran al Congreso del Estado y a la Procuraduría General de Justicia, cuando sabían que en ninguno de estos lugares prosperaría.
Agosto 26, 2012
El 14 de septiembre tomarán posesión de sus cargos los 27 nuevos diputados que integrarán la LX Legislatura del Estado. Empiezan mal pues sobre doce de ellos pesa la amenaza de una remoción. Nueve por violar la Constitución del Estado, y tres, si prosperan las demandas de nulidad que se ventilan en los tribunales por el procedimiento amañado que aplicó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), al asignarle al PRD un diputado plurinominal, cuando le correspondía un segundo; y al PANAL y al VERDE, dos a cada uno, cuando sólo tenían derecho a uno. La representación legislativa de los potosinos nace viciada de origen por esta sobrerepresentación.
Su arribo estará contaminado por la incertidumbre y el rechazo. Incertidumbre porque varios de ellos no saben si permanecerán en el cargo, y rechazo porque ninguno de los 27 se comprometió a moderar las ofensivas prebendas que reciben. Sólo unos cuantos diputados ofrecieron durante la campaña renunciar a algunos bonos, los de menor cuantía. Nada sustancial que realmente afectara sus ingresos. Creo que la mayoría de los diputados de nuevo ingreso desconoce que sus ingresos anuales andarán cerca de los 2 millones 900 mil pesos anuales, si sumamos todos los conceptos a que se refiere su presupuesto de egresos: el salario o dieta por un millón 143 mil pesos, cantidad en la que está incluido un descuento que forma parte de un fondo de ahorro y las retenciones del pago del Impuesto sobre la Renta, que ni remotamente corresponden a la cantidad que tendrían que pagarle al fisco; póliza de gastos médicos mayores; otro fondo de ahorro que aporta el Congreso y que es igual al que les descuentan a los diputados en el pago de las dietas; vales de gasolina por 88 mil 200 pesos anuales; apoyos para los presidentes de las comisiones legislativas, a la mayoría le toca presidir por lo menos una; apoyos para cada una de las fracciones parlamentarias que el coordinador si no es gandalla debe repartir por partes iguales entre sus integrantes; apoyos para gestoría; apoyos para contratar asesores, que son independientes de los que paga directamente el Congreso; viáticos y gastos de representación, como boletos de avión, restaurantes y hoteles; gastos médicos menores, incluidas las medicinas y doctores de los familiares del diputado; pago de estacionamientos; bono de navidad, independiente de los 3 meses de aguinaldo que reciben; bonos para festejar el día del niño, la madre y cuanto fiesta se les ocurra; prima vacacional; póliza de seguro de vida; uso y mantenimiento de vehículos oficiales, a algunos se les asigna una unidad de manera permanente; y apoyos para pagar la impresión y la fiesta de los informes anuales que rindan. Los electores tienen la culpa de que los diputados se repartan el presupuesto como si se tratara de un botín de piratas cuando podían haber condicionado su voto a que redujeran sus abusos. Por eso es la institución más aborrecida y desprestigiada del estado.
A varios de los candidatos a diputados locales con los que tuve la oportunidad de dialogar les recomendé que firmaran un compromiso ante notario, en el que de resultar electos sólo aceptarían 30 mil pesos mensuales por concepto de sueldo y un aguinaldo por la misma cantidad, renunciando a todos las demás prestaciones, como un acto de congruencia y reivindicación con los electores. Ninguno aceptó la propuesta, no obstante que varios de ellos no tenían la más mínima posibilidad de resultar electos. Su compromiso hubiera servido, por lo menos, para orientar la agenda electoral hacia estos temas y banderillear las ambiciones de los otros diputados.
Los diputados suplentes no han hecho nada para impugnar a los titulares. Hasta parecen ajenos a lo que ocurre en San Luis y no se han dado cuenta de que al ocupar sus escaños obtendrían un ingreso inimaginable para todos ellos, o de plano están a la expectativa de lo que logren los broncos navistas Rafael Aguilar Fuentes y Juan Manuel Jurado Limón, uno herrero y el otro taxista, luchadores incansables por la legalidad y la defensa de nuestras instituciones, quienes el pasado jueves presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, un Juicio de Nulidad Electoral o de Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, en el que reencausan el recurso que les desechó unos días antes el CEEPAC porque no se atrevió a investigar ni sancionar la denuncia que dirigieron en contra de los diputados electos Juan Manuel Segovia Hernández, alcalde de Cedral; Marianela Villanueva Ponce, directora del DIF municipal; Eugenio Govea Arcos, senador; Luis Enrique Acosta Páramo, alcalde de Ciudad del Maíz; Manuel Aguilar Acuña, alcalde de Tancanhuitz; Christian Joaquín Sánchez Sánchez, alcalde Tampacán; Juan Pablo Escobar Martínez, diputado federal; Ma. Del Socorro Herrera Orta, alcaldesa de Valles; y Delia Guerrero Coronado, diputada federal, por violar el artículo 49 de la Constitución del Estado que prohíbe a los diputados electos desempeñar desde el día de la elección, sin previa licencia del Congreso, cargos o empleos públicos por los que devenguen alguna remuneración, bajo la pena de perder la diputación que obtuvieron en las urnas. Los consejeros electores ni siquiera se molestaron en recabar las constancias de que estas personas siguen cobrando y ejerciendo sus cargos para que el Tribunal Federal Electoral, al que ahora se recurre, no deseche la demanda por falta de pruebas.
El CEEPAC debió haber actuado de oficio investigando la denuncia y revocando los nombramientos para llamar a los suplentes, tan pronto como supo que los diputados electos se reincorporaron a sus antiguos trabajos. El Consejo Estatal Electoral respondió al recurso que presentaron estos dos ciudadanos con una mentira al asegurar que no era la instancia para conocer el caso y timorato como siempre, la desechó sin más consideraciones que recomendarles que la dirigieran al Congreso del Estado y a la Procuraduría General de Justicia, cuando sabían que en ninguno de estos lugares prosperaría.