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Una ley de complacencias
Segunda y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 26, 2011
Consulte el dictamen del 18 de mayo aquí
La iniciativa del diputado Pedro Pablo Cepeda para eliminar las candidaturas comunes fue desechada por las comisiones que dictaminaron el proyecto de la nueva Ley Electoral del Estado, que deberá ser discutida y aprobada a más tardar el próximo jueves en el Pleno del Congreso del Estado. El panista incurrió en un desmesurado y vulgar protagonismo al haber presentado 7 iniciativas en las que sólo propone reformar un artículo de la Ley, y 2 en las que modifica dos artículos; su intención es irlas sumando a su contabilidad personal para presumir que es el diputado con más ocurrencias legislativas, pues bien podía haber presentado una sola con todas sus propuestas. No desaprovechó la oportunidad para que le aprobaran otra iniciativa que suprime en el capítulo de las precampañas, la prohibición de celebrar reuniones de carácter privado con más de 500 asistentes, cuando ya existía el antecedente de que la justicia federal había resuelto que esa disposición era inconstitucional. Una iniciativa más que le fue desestimada, de las 14 que presentó, es la que pretendía ampliar de 15 a 18 los distritos electorales de la entidad, lo que hubiera significado un incremento en el número de diputados.
4.- Al diputado Manuel Lozano Nieto le aprobaron una iniciativa para que el Consejo Estatal Electoral (CEE) acompañe en su presupuesto de egresos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que reciben sus servidores públicos, lo que en la Ley de la materia ya está previsto. El priista se hubiera visto innovador y sensible, si por ejemplo, hubiera presentado una reforma sustancial a la Constitución del Estado, como la de reducir el número de legisladores a los niveles que existen en los estados de México y Jalisco, en los que por cada 199,682 y 188,479 habitantes, respectivamente, hay un diputado. En San Luis Potosí el promedio es de uno por cada 95.760 ciudadanos. Aunque hay otras entidades que están peor que nosotros como Colima y Campeche que registran un diputado por cada 26,022 y 23,498 colimenses y campechanos, respectivamente. Ninguno se atrevió a presentar una iniciativa para reducir por lo menos a la mitad el financiamiento que reciben los partidos políticos por parte del erario estatal, cuando saben que ese despilfarro agravia tanto a la sociedad.
5.- En la integración de las listas de los candidatos a diputados, así como en las planillas para ayuntamientos, los partidos políticos registrarán listas en las cuales, bajo ningún concepto, estará representado en más del 60% (en la Ley vigente es el 70%) candidatos del mismo género; con la obligación además de que el propietario y el suplente sean del mismo género. De esta manera se acabaría con las “Juanitas” que renuncian a su cargo para que su puesto lo ocupe su suplente, siempre un varón.
6.- Se desechó la propuesta del diputado Jaime Yáñez que pretendía que los candidatos inscritos por los principios de mayoría relativa fueran también candidatos por el principio de representación proporcional, pues se consideró que eso atentaba contra el derecho de la participación de un número mayor de ciudadanos que pueden ser elegidos al interior de sus partidos para representar a las minorías, ya que esto implicaría que sólo aquellos candidatos que van a una elección directa puedan ocupar cargos de elección popular.
7.- Se aprobó una iniciativa de la diputada Yvett Salazar para que la propaganda electoral no se pueda colocar en elementos de equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Es una propuesta que se homologa con los criterios federales en materia de propaganda electoral. Hubiera sido de mayor utilidad una iniciativa en la que la propaganda sólo se pudiera fijar en módulos o kioscos asignados en lugares estratégicos de la entidad, y en los que cada partido dispusiera del mismo espacio; como ocurre en los países con fama de civilizados. Es apabullante y ofensiva la propaganda de los candidatos que no tienen límites para sus gastos de campaña, por lo que este abuso debe desaparecer. Se desechó su propuesta para que los regidores de mayoría relativa sean electos individualmente.
8.- Se aprobó una parte de la iniciativa de Pedro Pablo Cepeda en la que proponía como requisito para ser consejero ciudadano del CEE, no haber sido servidor público de confianza con mando superior en la federación, en el estado o en los municipios, así como en sus organismos autónomos, lo que limitaría la participación de los funcionarios que se desarrollan dentro del Consejo Estatal Electoral y cuya experiencia podría ser importante para su funcionamiento. Esta última parte se desechó y quedó a salvo el derecho de los burócratas electorales para presentar su candidatura. El dictamen refiere que esta disposición se encuentra contenida en el artículo 91 fracción III de la nueva Ley, lo que es un error, pues éste no tiene nada que ver con la iniciativa que se menciona. Este es uno de los muchos desaciertos que obligaron al Congreso del Estado a retirar el dictamen que se presentó al Pleno hace más de un mes.
9.- El diputado José Guadalupe Rivera no se percató de que en la Ley Electoral ya existía la iniciativa que presentó para que en los municipios con presencia indígena se incluyera en las planillas cuando menos un candidato con esas características raciales.
10.- Se aprobó la iniciativa ciudadana que presentaron Jorge Arturo Reyes Sosa y Sergio García Basauri, que propone la creación de un órgano técnico fiscalizador del CEE. Así como otra propuesta –no se dice de quien- para ampliar las facultades de la Comisión Permanente de Fiscalización del CEE, supuestamente para vigilar que los recursos de los partidos tengan un origen lícito y se apliquen a las actividades permitidas en la Ley; cuando lo que se requiere urgentemente es designar consejeros ciudadanos con valor civil y facultades para poner en orden a los partidos políticos; alguien que con su sola presencia los atemorice.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 26, 2011
Consulte el dictamen del 18 de mayo aquí
La iniciativa del diputado Pedro Pablo Cepeda para eliminar las candidaturas comunes fue desechada por las comisiones que dictaminaron el proyecto de la nueva Ley Electoral del Estado, que deberá ser discutida y aprobada a más tardar el próximo jueves en el Pleno del Congreso del Estado. El panista incurrió en un desmesurado y vulgar protagonismo al haber presentado 7 iniciativas en las que sólo propone reformar un artículo de la Ley, y 2 en las que modifica dos artículos; su intención es irlas sumando a su contabilidad personal para presumir que es el diputado con más ocurrencias legislativas, pues bien podía haber presentado una sola con todas sus propuestas. No desaprovechó la oportunidad para que le aprobaran otra iniciativa que suprime en el capítulo de las precampañas, la prohibición de celebrar reuniones de carácter privado con más de 500 asistentes, cuando ya existía el antecedente de que la justicia federal había resuelto que esa disposición era inconstitucional. Una iniciativa más que le fue desestimada, de las 14 que presentó, es la que pretendía ampliar de 15 a 18 los distritos electorales de la entidad, lo que hubiera significado un incremento en el número de diputados.
4.- Al diputado Manuel Lozano Nieto le aprobaron una iniciativa para que el Consejo Estatal Electoral (CEE) acompañe en su presupuesto de egresos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que reciben sus servidores públicos, lo que en la Ley de la materia ya está previsto. El priista se hubiera visto innovador y sensible, si por ejemplo, hubiera presentado una reforma sustancial a la Constitución del Estado, como la de reducir el número de legisladores a los niveles que existen en los estados de México y Jalisco, en los que por cada 199,682 y 188,479 habitantes, respectivamente, hay un diputado. En San Luis Potosí el promedio es de uno por cada 95.760 ciudadanos. Aunque hay otras entidades que están peor que nosotros como Colima y Campeche que registran un diputado por cada 26,022 y 23,498 colimenses y campechanos, respectivamente. Ninguno se atrevió a presentar una iniciativa para reducir por lo menos a la mitad el financiamiento que reciben los partidos políticos por parte del erario estatal, cuando saben que ese despilfarro agravia tanto a la sociedad.
5.- En la integración de las listas de los candidatos a diputados, así como en las planillas para ayuntamientos, los partidos políticos registrarán listas en las cuales, bajo ningún concepto, estará representado en más del 60% (en la Ley vigente es el 70%) candidatos del mismo género; con la obligación además de que el propietario y el suplente sean del mismo género. De esta manera se acabaría con las “Juanitas” que renuncian a su cargo para que su puesto lo ocupe su suplente, siempre un varón.
6.- Se desechó la propuesta del diputado Jaime Yáñez que pretendía que los candidatos inscritos por los principios de mayoría relativa fueran también candidatos por el principio de representación proporcional, pues se consideró que eso atentaba contra el derecho de la participación de un número mayor de ciudadanos que pueden ser elegidos al interior de sus partidos para representar a las minorías, ya que esto implicaría que sólo aquellos candidatos que van a una elección directa puedan ocupar cargos de elección popular.
7.- Se aprobó una iniciativa de la diputada Yvett Salazar para que la propaganda electoral no se pueda colocar en elementos de equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Es una propuesta que se homologa con los criterios federales en materia de propaganda electoral. Hubiera sido de mayor utilidad una iniciativa en la que la propaganda sólo se pudiera fijar en módulos o kioscos asignados en lugares estratégicos de la entidad, y en los que cada partido dispusiera del mismo espacio; como ocurre en los países con fama de civilizados. Es apabullante y ofensiva la propaganda de los candidatos que no tienen límites para sus gastos de campaña, por lo que este abuso debe desaparecer. Se desechó su propuesta para que los regidores de mayoría relativa sean electos individualmente.
8.- Se aprobó una parte de la iniciativa de Pedro Pablo Cepeda en la que proponía como requisito para ser consejero ciudadano del CEE, no haber sido servidor público de confianza con mando superior en la federación, en el estado o en los municipios, así como en sus organismos autónomos, lo que limitaría la participación de los funcionarios que se desarrollan dentro del Consejo Estatal Electoral y cuya experiencia podría ser importante para su funcionamiento. Esta última parte se desechó y quedó a salvo el derecho de los burócratas electorales para presentar su candidatura. El dictamen refiere que esta disposición se encuentra contenida en el artículo 91 fracción III de la nueva Ley, lo que es un error, pues éste no tiene nada que ver con la iniciativa que se menciona. Este es uno de los muchos desaciertos que obligaron al Congreso del Estado a retirar el dictamen que se presentó al Pleno hace más de un mes.
9.- El diputado José Guadalupe Rivera no se percató de que en la Ley Electoral ya existía la iniciativa que presentó para que en los municipios con presencia indígena se incluyera en las planillas cuando menos un candidato con esas características raciales.
10.- Se aprobó la iniciativa ciudadana que presentaron Jorge Arturo Reyes Sosa y Sergio García Basauri, que propone la creación de un órgano técnico fiscalizador del CEE. Así como otra propuesta –no se dice de quien- para ampliar las facultades de la Comisión Permanente de Fiscalización del CEE, supuestamente para vigilar que los recursos de los partidos tengan un origen lícito y se apliquen a las actividades permitidas en la Ley; cuando lo que se requiere urgentemente es designar consejeros ciudadanos con valor civil y facultades para poner en orden a los partidos políticos; alguien que con su sola presencia los atemorice.