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Una ley de complacencias
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Junio 19, 2011
Las inconsistencias y errores detectados a última hora en el dictamen de la nueva Ley Electoral del Estado obligaron a la directiva del Congreso a retirarlo de los asuntos que se agendaron para la sesión del pleno que se celebró el 18 de mayo. Se trata de una ley que complace a todos los partidos políticos; elaborada a la medida de sus intereses porque no reduce sus privilegios ni atenúa sus excesos; y en cambio les garantiza autoridades electorales dóciles porque ellos seguirán eligiéndolas, financiamiento público generoso y fiscalización de mentiritas. Esta Ley deberá ser aprobada antes de que concluya el mes de junio. Nada hicieron los diputados por rescatar del descrédito al Consejo Estatal Electoral (CEE), una institución que se obtuvo tras una ardua lucha del pueblo potosino por construir la democracia. Ante tal deplorable situación lo más recomendable es analizar la conveniencia de que los procesos electorales estatales y municipales queden a cargo del IFE, como ya está previsto en nuestras leyes.
La diputada del Partido Acción Nacional, Raquel Hurtado Herrera, corroboró esta observación (Pulso 15/junio/2011) al explicar que es mentira la versión oficial de que su aprobación se postergó para esperar a que entraran en vigor las modificaciones en la Ley federal de la materia, para que ambas coincidieran; pues lo cierto es, reconoce, que tenía muchos errores; y falsamente se quejó que “Hice un trabajo extraoficial al consultar el documento, porque no me habían entregado nada los compañeros”. La diputada miente pues su rúbrica encabeza la lista de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside, y que aprobó el dictamen en todas y cada una de sus partes; aunque resultaría más penoso que por ingenua o despistada no se hubiera fijado que estampó su firma en un documento de esa relevancia.
Una vez que entren en vigor las reformas a la Constitución General de la República y se adecue a ésta la Constitución local, se tendrá que modificar el COFIPE y de nuevo la Ley Electoral del Estado, para reglamentar figuras como las candidaturas independientes que en la Ley federal entrarán en vigor en el 2015, así como la reelección inmediata de legisladores y ayuntamientos, entre otros grandes temas. Es lamentable que hayan quedado fuera de la iniciativa, asuntos tan importantes como la segunda vuelta en la elección presidencial –vetada por el PRI-; la disminución de 500 a 400 legisladores en la Cámara de Diputados y de 128 a 96 en el Senado; y el incremento de 2% a 4% como porcentaje mínimo de votación para conservar el registro de un partido político. También se eliminaron las propuestas relacionadas a la creación de un régimen semiparlamentario que implica la ratificación total o parcial de los miembros del gabinete presidencial, que después podrían adoptar los estados para su vida política; así como la autonomía del Ministerio Público, y la revocación de mandato. Se descartaron también otros planteamientos como la “cláusula de gobernabilidad” para que una fuerza política pueda tener mayoría absoluta con el 35% de los votos y la eliminación de la figura de los diputados plurinominales.
En marzo de 2010 se creó la Comisión Especial para la Reforma del Estado, que preside el ultra conservador diputado Alfonso Castillo Machuca, la que entre sus atribuciones tendría la de presentar a los potosinos una iniciativa que reformara sustancialmente nuestro sistema democrático, electoral y de participación ciudadana. Nada más decepcionante que los yerros y conclusiones del trabajo que coordinó el panista. Sólo unas cuantas reformas vale la pena destacar, las otras son paja y basura. La Ley se quedó muy corta de las expectativas de los potosinos.
Se presentaron más de 50 iniciativas, entre las que podemos comentar las siguientes: 1).- La diputada Yvett Salazar Torres propuso reducir a 500 días de salario mínimo, algo así como 28 mil 375 pesos, el apoyo mensual adicional que reciben los partidos políticos con registro estatal, como es el caso de Conciencia Ciudadana. El diputado Pedro Pablo Cepeda lo quería bajar a 400 salarios, y el diputado Oscar Vera subirlo a 5,000 para equilibrar ese esquema de desigualdades porque no recibe recursos de entidades federativas como el resto de los partidos. El apoyo quedó igual, en 1,000 salarios.
Muy distinto hubiera sido aprobar una reforma en la que se prohibiera a los partidos políticos y candidatos recibir financiamiento privado para soportar los gastos de sus campañas. El objetivo sería limitar la influencia del dinero en los resultados electorales y bloquear los recursos provenientes del crimen organizado. Permitir únicamente las cuotas de sus miembros para costear sus gastos ordinarios. Sólo los candidatos que son viables en una contienda, por lo general los del PAN y del PRI en el estado, reciben dinero de particulares, en los otros nadie invierte, con lo que se vuelve más inequitativa la elección. Deberíamos llegar a medidas extremas para tratar de evitar que los gastos de campaña excedan los topes permitidos, como sería un control estricto por parte del CEE en el que fuera la única instancia encargada de pagar y administrar los gastos de los contendientes; como ocurre ya con los tiempos de radio y televisión. Cualquier erogación no autorizada se sancionaría con multas y en caso de reincidencia con la cancelación del registro del candidato.
2).- Se desechó la propuesta del diputado Felipe Abel Rodríguez para que un comité especial de cinco ciudadanos designara a los consejeros electorales. Resultaría más confiable su elección, pero sobre todo se evitarían las cuotas de los partidos políticos en la integración del CEE, si los nueve consejeros propietarios y ocho suplentes se insacularan entre los 50 candidatos mejor calificados, y el presidente lo eligieran ellos mismos. De esta manera no les deberían su cargo a los diputados. Procedió su iniciativa para profesionalizar el servicio electoral y para auditar el padrón electoral del Estado cuando lo soliciten los partidos, pero no los ciudadanos, como también lo pretendía.
Junio 19, 2011
Las inconsistencias y errores detectados a última hora en el dictamen de la nueva Ley Electoral del Estado obligaron a la directiva del Congreso a retirarlo de los asuntos que se agendaron para la sesión del pleno que se celebró el 18 de mayo. Se trata de una ley que complace a todos los partidos políticos; elaborada a la medida de sus intereses porque no reduce sus privilegios ni atenúa sus excesos; y en cambio les garantiza autoridades electorales dóciles porque ellos seguirán eligiéndolas, financiamiento público generoso y fiscalización de mentiritas. Esta Ley deberá ser aprobada antes de que concluya el mes de junio. Nada hicieron los diputados por rescatar del descrédito al Consejo Estatal Electoral (CEE), una institución que se obtuvo tras una ardua lucha del pueblo potosino por construir la democracia. Ante tal deplorable situación lo más recomendable es analizar la conveniencia de que los procesos electorales estatales y municipales queden a cargo del IFE, como ya está previsto en nuestras leyes.
La diputada del Partido Acción Nacional, Raquel Hurtado Herrera, corroboró esta observación (Pulso 15/junio/2011) al explicar que es mentira la versión oficial de que su aprobación se postergó para esperar a que entraran en vigor las modificaciones en la Ley federal de la materia, para que ambas coincidieran; pues lo cierto es, reconoce, que tenía muchos errores; y falsamente se quejó que “Hice un trabajo extraoficial al consultar el documento, porque no me habían entregado nada los compañeros”. La diputada miente pues su rúbrica encabeza la lista de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside, y que aprobó el dictamen en todas y cada una de sus partes; aunque resultaría más penoso que por ingenua o despistada no se hubiera fijado que estampó su firma en un documento de esa relevancia.
Una vez que entren en vigor las reformas a la Constitución General de la República y se adecue a ésta la Constitución local, se tendrá que modificar el COFIPE y de nuevo la Ley Electoral del Estado, para reglamentar figuras como las candidaturas independientes que en la Ley federal entrarán en vigor en el 2015, así como la reelección inmediata de legisladores y ayuntamientos, entre otros grandes temas. Es lamentable que hayan quedado fuera de la iniciativa, asuntos tan importantes como la segunda vuelta en la elección presidencial –vetada por el PRI-; la disminución de 500 a 400 legisladores en la Cámara de Diputados y de 128 a 96 en el Senado; y el incremento de 2% a 4% como porcentaje mínimo de votación para conservar el registro de un partido político. También se eliminaron las propuestas relacionadas a la creación de un régimen semiparlamentario que implica la ratificación total o parcial de los miembros del gabinete presidencial, que después podrían adoptar los estados para su vida política; así como la autonomía del Ministerio Público, y la revocación de mandato. Se descartaron también otros planteamientos como la “cláusula de gobernabilidad” para que una fuerza política pueda tener mayoría absoluta con el 35% de los votos y la eliminación de la figura de los diputados plurinominales.
En marzo de 2010 se creó la Comisión Especial para la Reforma del Estado, que preside el ultra conservador diputado Alfonso Castillo Machuca, la que entre sus atribuciones tendría la de presentar a los potosinos una iniciativa que reformara sustancialmente nuestro sistema democrático, electoral y de participación ciudadana. Nada más decepcionante que los yerros y conclusiones del trabajo que coordinó el panista. Sólo unas cuantas reformas vale la pena destacar, las otras son paja y basura. La Ley se quedó muy corta de las expectativas de los potosinos.
Se presentaron más de 50 iniciativas, entre las que podemos comentar las siguientes: 1).- La diputada Yvett Salazar Torres propuso reducir a 500 días de salario mínimo, algo así como 28 mil 375 pesos, el apoyo mensual adicional que reciben los partidos políticos con registro estatal, como es el caso de Conciencia Ciudadana. El diputado Pedro Pablo Cepeda lo quería bajar a 400 salarios, y el diputado Oscar Vera subirlo a 5,000 para equilibrar ese esquema de desigualdades porque no recibe recursos de entidades federativas como el resto de los partidos. El apoyo quedó igual, en 1,000 salarios.
Muy distinto hubiera sido aprobar una reforma en la que se prohibiera a los partidos políticos y candidatos recibir financiamiento privado para soportar los gastos de sus campañas. El objetivo sería limitar la influencia del dinero en los resultados electorales y bloquear los recursos provenientes del crimen organizado. Permitir únicamente las cuotas de sus miembros para costear sus gastos ordinarios. Sólo los candidatos que son viables en una contienda, por lo general los del PAN y del PRI en el estado, reciben dinero de particulares, en los otros nadie invierte, con lo que se vuelve más inequitativa la elección. Deberíamos llegar a medidas extremas para tratar de evitar que los gastos de campaña excedan los topes permitidos, como sería un control estricto por parte del CEE en el que fuera la única instancia encargada de pagar y administrar los gastos de los contendientes; como ocurre ya con los tiempos de radio y televisión. Cualquier erogación no autorizada se sancionaría con multas y en caso de reincidencia con la cancelación del registro del candidato.
2).- Se desechó la propuesta del diputado Felipe Abel Rodríguez para que un comité especial de cinco ciudadanos designara a los consejeros electorales. Resultaría más confiable su elección, pero sobre todo se evitarían las cuotas de los partidos políticos en la integración del CEE, si los nueve consejeros propietarios y ocho suplentes se insacularan entre los 50 candidatos mejor calificados, y el presidente lo eligieran ellos mismos. De esta manera no les deberían su cargo a los diputados. Procedió su iniciativa para profesionalizar el servicio electoral y para auditar el padrón electoral del Estado cuando lo soliciten los partidos, pero no los ciudadanos, como también lo pretendía.