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Va p'atrás, diputados
Primera Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 16, 2011
Es muy probable que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordene al Congreso del Estado la reposición total del proceso de selección de consejeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC). Lo que puede ocurrir antes de que concluya el próximo mes de febrero, por el desaseo y violaciones constitucionales en que incurrieron los diputados en agravio de Oskar Kalisto Sánchez, uno de los 128 candidatos que se registraron en esa competencia. El máximo tribunal electoral puede obligar a los diputados potosinos a restituir al quejoso en el pleno goce y uso de sus derechos políticos electorales que fueron violentados y revocar el acto impugnado. Si esto ocurre, el malestar ciudadano y la deshonra que han acumulado los legisladores por todas las torpezas y excesos que han cometido serán inmensurables.
Repetir todo el proceso, desde la convocatoria, inscripciones, entrevistas, calificaciones, votación y protesta de los que resulten electos sería motivo suficiente para que los dos principales protagonistas de este desaguisado renuncien a sus cargos, me refiero a los diputados Pedro Pablo Cepeda y Oscar Bautista, que nunca calcularon que un ciudadano que se inscribió de buena fe se inconformara de tal manera y tuviera la capacidad para plantear a ese alto tribunal una solicitud para la protección de sus derechos políticos electorales. Se trata de una demanda que está debidamente fundada y motivada, que desmenuza todos los incidentes y violaciones que se cometieron durante el proceso y que aporta una serie de pruebas documentales y técnicas que en un estado de derecho le garantizarían una sentencia favorable. Estamos a tiempo de revisar la legal constitución del organismo electoral pues de ninguna manera se trata de hechos consumados irreparablemente porque son ilegales de origen.
Los hechos en los que basa su impugnación son los siguientes: 1.- La convocatoria que lanzó la Comisión para que los potosinos se inscribieran como candidatos a ocupar los cargos de consejeros electorales fue una invitación amañada e ilegal porque exigía una serie de requisitos que no contempla la Ley Electoral, y que únicamente podían satisfacer peritos en la materia y aquellos que hubieran participado como funcionarios electorales. Sin embargo, esto no se respetó, porque sólo dos de los nueve consejeros propietarios tienen experiencia electoral, los otros ni siquiera se han desempeñado como funcionarios de casilla. Los diputados argumentaron que los seleccionados tienen una gran preparación académica cuando lo cierto es que en el punto 3 de la base cuarta de la convocatoria no se exige trayectoria académica sino experiencia y conocimientos electorales. El mecanismo de selección fue tendencioso porque estableció que los solicitantes al cargo deberían contestar hasta dos preguntas que les formularan los diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado al ser entrevistados, que versarían sobre aspectos técnicos y jurídicos propios de asuntos electorales, con lo que quedarían fuera de la jugada todos aquellos aspirantes que no tienen tales conocimientos. Se relegó a Oskar Kalisto en el lugar número 20 a pesar de que estaba entre los diez mejores calificados, y como premio de consolación lo nombraron consejero suplente, cargo que no aceptó. Ante tal vacío, el CEEPC no está debidamente integrado y los diputados no se atreven a convocar al siguiente de la lista para subsanar la deficiencia ante el temor de que los vuela a demandar.
2.- Denunció que la designación de Fernando Navarro González contraviene la Ley Electoral en virtud de que ya había estado en funciones en dos ocasiones, por lo que no es válido su nombramiento. En un principio sus posibilidades eran mínimas para ocupar una consejería como propietario, ninguna para acceder a la presidencia del organismo. Nadie apostaba un peso por él. Nos sorprendimos cuando su nombre se empezó a mencionar insistentemente como el caballo negro de la fracción priísta y de la gente cercana al gobernador. Necesitaban a alguien dócil a quien pudieran manejar y pensaron en el empresario. Se le conocía como un consejero mediocre que nunca había cuestionado a Aguilar y que en cambio había usufructuado inescrupulosamente una remuneración mensual. Ni siquiera era uno de sus consejeros favoritos. Nos enteramos que los diputados consultaron a Aguilar para que opinara si Navarro estaba impedido para reelegirse. Les aseguró que no tenía impedimento alguno para ocupar una consejería como propietario o la presidencia, no sin antes haberse entrevistado con el candidato para que le debiera el favor. Aguilar seguirá teniendo una enorme influencia dentro del organismo. Los cargos más importantes están ocupados por funcionarios que él contrato y le son leales. Cualquier movimiento que allí ocurra le será previamente informado y consultado, y lo peor del caso es que la nueva directiva está atada de manos porque no cuenta con recursos para liquidarlos.
3.- Oskar Kalisto Sánchez señala en su escrito que el pleno del Congreso del Estado no cumplió con el orden del día de la sesión del 23 de diciembre en la que estaba agendado la designación del presidente del CEEPC, y que sin justificación alguna la postergó para el 7 de enero. Después de dos rondas de votación, en la que ninguno de los finalistas obtuvo la mayoría calificada, la sesión se suspendió arbitrariamente argumentando que tenían que llegar a un acuerdo político a pesar de que la Ley ordena que “las sesiones durarán el tiempo que sea necesario para llegar a las resoluciones de los asuntos en cuestión”. Por lo tanto debieron correr la tercera ronda para designar presidente y abstenerse de haberles tomado la protesta a los consejeros electos hasta que estuviera totalmente integrado el organismo, lo que implica que no se le podía tomar la protesta a Fernando Navarro por dos cargos diferentes: uno como consejero propietario y ahora como presidente concejal.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 16, 2011
Es muy probable que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordene al Congreso del Estado la reposición total del proceso de selección de consejeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC). Lo que puede ocurrir antes de que concluya el próximo mes de febrero, por el desaseo y violaciones constitucionales en que incurrieron los diputados en agravio de Oskar Kalisto Sánchez, uno de los 128 candidatos que se registraron en esa competencia. El máximo tribunal electoral puede obligar a los diputados potosinos a restituir al quejoso en el pleno goce y uso de sus derechos políticos electorales que fueron violentados y revocar el acto impugnado. Si esto ocurre, el malestar ciudadano y la deshonra que han acumulado los legisladores por todas las torpezas y excesos que han cometido serán inmensurables.
Repetir todo el proceso, desde la convocatoria, inscripciones, entrevistas, calificaciones, votación y protesta de los que resulten electos sería motivo suficiente para que los dos principales protagonistas de este desaguisado renuncien a sus cargos, me refiero a los diputados Pedro Pablo Cepeda y Oscar Bautista, que nunca calcularon que un ciudadano que se inscribió de buena fe se inconformara de tal manera y tuviera la capacidad para plantear a ese alto tribunal una solicitud para la protección de sus derechos políticos electorales. Se trata de una demanda que está debidamente fundada y motivada, que desmenuza todos los incidentes y violaciones que se cometieron durante el proceso y que aporta una serie de pruebas documentales y técnicas que en un estado de derecho le garantizarían una sentencia favorable. Estamos a tiempo de revisar la legal constitución del organismo electoral pues de ninguna manera se trata de hechos consumados irreparablemente porque son ilegales de origen.
Los hechos en los que basa su impugnación son los siguientes: 1.- La convocatoria que lanzó la Comisión para que los potosinos se inscribieran como candidatos a ocupar los cargos de consejeros electorales fue una invitación amañada e ilegal porque exigía una serie de requisitos que no contempla la Ley Electoral, y que únicamente podían satisfacer peritos en la materia y aquellos que hubieran participado como funcionarios electorales. Sin embargo, esto no se respetó, porque sólo dos de los nueve consejeros propietarios tienen experiencia electoral, los otros ni siquiera se han desempeñado como funcionarios de casilla. Los diputados argumentaron que los seleccionados tienen una gran preparación académica cuando lo cierto es que en el punto 3 de la base cuarta de la convocatoria no se exige trayectoria académica sino experiencia y conocimientos electorales. El mecanismo de selección fue tendencioso porque estableció que los solicitantes al cargo deberían contestar hasta dos preguntas que les formularan los diputados de la Comisión Especial para la Reforma del Estado al ser entrevistados, que versarían sobre aspectos técnicos y jurídicos propios de asuntos electorales, con lo que quedarían fuera de la jugada todos aquellos aspirantes que no tienen tales conocimientos. Se relegó a Oskar Kalisto en el lugar número 20 a pesar de que estaba entre los diez mejores calificados, y como premio de consolación lo nombraron consejero suplente, cargo que no aceptó. Ante tal vacío, el CEEPC no está debidamente integrado y los diputados no se atreven a convocar al siguiente de la lista para subsanar la deficiencia ante el temor de que los vuela a demandar.
2.- Denunció que la designación de Fernando Navarro González contraviene la Ley Electoral en virtud de que ya había estado en funciones en dos ocasiones, por lo que no es válido su nombramiento. En un principio sus posibilidades eran mínimas para ocupar una consejería como propietario, ninguna para acceder a la presidencia del organismo. Nadie apostaba un peso por él. Nos sorprendimos cuando su nombre se empezó a mencionar insistentemente como el caballo negro de la fracción priísta y de la gente cercana al gobernador. Necesitaban a alguien dócil a quien pudieran manejar y pensaron en el empresario. Se le conocía como un consejero mediocre que nunca había cuestionado a Aguilar y que en cambio había usufructuado inescrupulosamente una remuneración mensual. Ni siquiera era uno de sus consejeros favoritos. Nos enteramos que los diputados consultaron a Aguilar para que opinara si Navarro estaba impedido para reelegirse. Les aseguró que no tenía impedimento alguno para ocupar una consejería como propietario o la presidencia, no sin antes haberse entrevistado con el candidato para que le debiera el favor. Aguilar seguirá teniendo una enorme influencia dentro del organismo. Los cargos más importantes están ocupados por funcionarios que él contrato y le son leales. Cualquier movimiento que allí ocurra le será previamente informado y consultado, y lo peor del caso es que la nueva directiva está atada de manos porque no cuenta con recursos para liquidarlos.
3.- Oskar Kalisto Sánchez señala en su escrito que el pleno del Congreso del Estado no cumplió con el orden del día de la sesión del 23 de diciembre en la que estaba agendado la designación del presidente del CEEPC, y que sin justificación alguna la postergó para el 7 de enero. Después de dos rondas de votación, en la que ninguno de los finalistas obtuvo la mayoría calificada, la sesión se suspendió arbitrariamente argumentando que tenían que llegar a un acuerdo político a pesar de que la Ley ordena que “las sesiones durarán el tiempo que sea necesario para llegar a las resoluciones de los asuntos en cuestión”. Por lo tanto debieron correr la tercera ronda para designar presidente y abstenerse de haberles tomado la protesta a los consejeros electos hasta que estuviera totalmente integrado el organismo, lo que implica que no se le podía tomar la protesta a Fernando Navarro por dos cargos diferentes: uno como consejero propietario y ahora como presidente concejal.