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Victoria Labastida, un peligro para San Luis
Tercera Parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 8, 2011
Sólo las siete líneas de crédito autorizadas para la regeneración de algunas de las calles y avenidas de la capital potosina suman 420 millones de pesos, como consta en la información documental que nos entregó el tesorero municipal el pasado 1 de noviembre. Al adeudo anterior habría que agregarle otro préstamo por 200 millones de pesos que se autorizó en la sesión de cabildo del 15 de noviembre, destinado “a hacer frente a posibles necesidades de liquidez” y que deberá cubrirse un mes antes de que concluya el trienio priista. La relajación y margen de maniobra con el que se está disponiendo de tales recursos no está permitido en la Ley de Deuda Pública, pues los financiamientos y empréstitos invariablemente deben estar destinados a inversiones públicas productivas, y no, como en este último caso, a gastarlo en lo que se les ocurra, seguramente en pagar una parte de los otros 587 millones de pasivos que reporta la contabilidad municipal al 30 de septiembre, entre los que están incluidos los 190 millones que les heredó Jorge Lozano.
En la adecuación presupuestal del 31 de mayo se contemplaron ingresos para el 2011 por un total de 2 mil 503 millones de pesos, lo que significa que el tope de endeudamiento permitido por la Ley de Deuda Pública rebasó el 20% de los ingresos presupuestados. De tal manera que se rompió el equilibrio financiero y se desajustó la capacidad de pago del municipio al haber contraído obligaciones por encima de sus posibilidades económicas. La siguiente administración tendrá que enfrentar un sobreendeudamiento que traerá una fuerte crisis en las finanzas municipales que los obligará a renegociar la deuda en condiciones de desventaja y usura bancaria. Pero para que no queden dudas de la insolvencia municipal se recomienda leer las declaraciones de la alcaldesa publicadas en la edición de Pulso del 19 de agosto de 2011, en las que expresamente reconoce que el municipio está quebrado.
La fracción II del artículo 6 de esta Ley establece que no constituyen deuda pública los financiamientos directos con la banca de desarrollo y la comercial a corto plazo, que contraten, en este caso, los municipios, siempre y cuando se destinen a solventar necesidades temporales de flujo de caja, cuyos vencimientos y liquidaciones efectivamente se realicen sin excepción en el mismo ejercicio fiscal y no excedan -cuando se contratan en el último ejercicio- del término del período constitucional que les corresponda. Esto quiere decir que los créditos otorgados en el 2011 debieron ser pagados a más tardar el 31 de diciembre de 2011 y no hasta el 2012 como se pretende, y los que se obtengan en este año no podrán rebasar el 30 de septiembre. De tal manera que las líneas de crédito a que hago referencia son deuda pública y requerían autorización del Congreso del Estado por no ser de corto plazo; aunque más adelante esta mismo ordenamiento se contradice en el artículo 11, fracción I, inciso b), al señalar que no se requiere autorización del Congreso cuando estos compromisos de pago no excedan del período constitucional del gobierno municipal que los contrate, independientemente del ejercicio en que se obtengan; pero en cualquier caso obliga a los ayuntamientos a gestionar la autorización legislativa para afectar las participaciones federales en garantía del pago de los empréstitos, y esto no se ha cumplido.
Es tal el dolo y la mala fe en el que han incurrido las instituciones bancarias y el municipio capitalino para evitar las autorizaciones del Congreso del Estado, que en uno de los contratos de apertura de crédito que se celebró con Banco Nacional de México, S.A., el del 23 de agosto de 2011, por $78,661,791.69, y que sirve de ejemplo para ilustrar estos ilícitos, se pactó que la fecha de vencimiento del pagaré ocurriría el 20 de diciembre de 2011, pero la fecha de pago se extendería hasta 6 meses después, esto es el 20 de junio de 2012. En cualquier contrato la fecha de vencimiento es la del pago de la obligación, pues de lo contrario se incurre en mora. Esta artimaña seguramente se utilizó para que no los alcanzara la primera de las disposiciones de la Ley de Deuda Pública que exige el permiso del Congreso cuando la deuda no se cubre dentro del mismo ejercicio fiscal en que se contrajo, que en este caso sería en el 2011.
Pero todavía peor son los acuerdos que se establecieron para garantizar el pago de los créditos, pues en una primera lectura del contrato parecía que el banco no exigió la afectación de las participaciones federales para entregarles los recursos solicitados; sin embargo, de una manera oculta y engañosa se acuerda que si el municipio incumple sus obligaciones de pago, el banco podrá cobrarse a lo “chino”, sin necesidad de requerimiento o demanda alguna, al autorizarlo a cargar el monto no pagado contra la cuenta número 4912081, sucursal Tangamanga número 0691, que el acreditado tiene abierta con el banco y es en la que se depositan los ingresos de las participaciones federales.
En estos contratos las partes tratan falsamente de justificar que los financiamientos bancarios son a corto plazo manifestando que se liquidarán en el mismo ejercicio fiscal en que se contrataron y se aplicarán a solventar necesidades temporales de flujo de caja, por lo que aseguran que no se requiere de la autorización del Congreso para formalizar la operación, cuando la realidad es que una buena parte de esos recursos se está utilizando para cubrir a los constructores los compromisos de pago de las vialidades que no debieron licitarse hasta que existiera el dinero en la caja de la tesorería municipal. Por cierto que el valor de estas obras tiene que ajustarse a la baja, por lo menos en un 40%, porque el concreto que se está utilizando tiene un costo muy inferior al que se presupuestó, pues en la licitación partieron del supuesto de rentar a Cemex una pavimentadora que garantizaba mejor calidad, y no se está empleando porque la maquinaría –según Emigdio Ilizaliturri- hace mucho ruido y molesta a los vecinos; pero según las suspicacias potosinas porque algunos están haciendo el negocio de su vida con el dinero que va a sobrar.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 8, 2011
Sólo las siete líneas de crédito autorizadas para la regeneración de algunas de las calles y avenidas de la capital potosina suman 420 millones de pesos, como consta en la información documental que nos entregó el tesorero municipal el pasado 1 de noviembre. Al adeudo anterior habría que agregarle otro préstamo por 200 millones de pesos que se autorizó en la sesión de cabildo del 15 de noviembre, destinado “a hacer frente a posibles necesidades de liquidez” y que deberá cubrirse un mes antes de que concluya el trienio priista. La relajación y margen de maniobra con el que se está disponiendo de tales recursos no está permitido en la Ley de Deuda Pública, pues los financiamientos y empréstitos invariablemente deben estar destinados a inversiones públicas productivas, y no, como en este último caso, a gastarlo en lo que se les ocurra, seguramente en pagar una parte de los otros 587 millones de pasivos que reporta la contabilidad municipal al 30 de septiembre, entre los que están incluidos los 190 millones que les heredó Jorge Lozano.
En la adecuación presupuestal del 31 de mayo se contemplaron ingresos para el 2011 por un total de 2 mil 503 millones de pesos, lo que significa que el tope de endeudamiento permitido por la Ley de Deuda Pública rebasó el 20% de los ingresos presupuestados. De tal manera que se rompió el equilibrio financiero y se desajustó la capacidad de pago del municipio al haber contraído obligaciones por encima de sus posibilidades económicas. La siguiente administración tendrá que enfrentar un sobreendeudamiento que traerá una fuerte crisis en las finanzas municipales que los obligará a renegociar la deuda en condiciones de desventaja y usura bancaria. Pero para que no queden dudas de la insolvencia municipal se recomienda leer las declaraciones de la alcaldesa publicadas en la edición de Pulso del 19 de agosto de 2011, en las que expresamente reconoce que el municipio está quebrado.
La fracción II del artículo 6 de esta Ley establece que no constituyen deuda pública los financiamientos directos con la banca de desarrollo y la comercial a corto plazo, que contraten, en este caso, los municipios, siempre y cuando se destinen a solventar necesidades temporales de flujo de caja, cuyos vencimientos y liquidaciones efectivamente se realicen sin excepción en el mismo ejercicio fiscal y no excedan -cuando se contratan en el último ejercicio- del término del período constitucional que les corresponda. Esto quiere decir que los créditos otorgados en el 2011 debieron ser pagados a más tardar el 31 de diciembre de 2011 y no hasta el 2012 como se pretende, y los que se obtengan en este año no podrán rebasar el 30 de septiembre. De tal manera que las líneas de crédito a que hago referencia son deuda pública y requerían autorización del Congreso del Estado por no ser de corto plazo; aunque más adelante esta mismo ordenamiento se contradice en el artículo 11, fracción I, inciso b), al señalar que no se requiere autorización del Congreso cuando estos compromisos de pago no excedan del período constitucional del gobierno municipal que los contrate, independientemente del ejercicio en que se obtengan; pero en cualquier caso obliga a los ayuntamientos a gestionar la autorización legislativa para afectar las participaciones federales en garantía del pago de los empréstitos, y esto no se ha cumplido.
Es tal el dolo y la mala fe en el que han incurrido las instituciones bancarias y el municipio capitalino para evitar las autorizaciones del Congreso del Estado, que en uno de los contratos de apertura de crédito que se celebró con Banco Nacional de México, S.A., el del 23 de agosto de 2011, por $78,661,791.69, y que sirve de ejemplo para ilustrar estos ilícitos, se pactó que la fecha de vencimiento del pagaré ocurriría el 20 de diciembre de 2011, pero la fecha de pago se extendería hasta 6 meses después, esto es el 20 de junio de 2012. En cualquier contrato la fecha de vencimiento es la del pago de la obligación, pues de lo contrario se incurre en mora. Esta artimaña seguramente se utilizó para que no los alcanzara la primera de las disposiciones de la Ley de Deuda Pública que exige el permiso del Congreso cuando la deuda no se cubre dentro del mismo ejercicio fiscal en que se contrajo, que en este caso sería en el 2011.
Pero todavía peor son los acuerdos que se establecieron para garantizar el pago de los créditos, pues en una primera lectura del contrato parecía que el banco no exigió la afectación de las participaciones federales para entregarles los recursos solicitados; sin embargo, de una manera oculta y engañosa se acuerda que si el municipio incumple sus obligaciones de pago, el banco podrá cobrarse a lo “chino”, sin necesidad de requerimiento o demanda alguna, al autorizarlo a cargar el monto no pagado contra la cuenta número 4912081, sucursal Tangamanga número 0691, que el acreditado tiene abierta con el banco y es en la que se depositan los ingresos de las participaciones federales.
En estos contratos las partes tratan falsamente de justificar que los financiamientos bancarios son a corto plazo manifestando que se liquidarán en el mismo ejercicio fiscal en que se contrataron y se aplicarán a solventar necesidades temporales de flujo de caja, por lo que aseguran que no se requiere de la autorización del Congreso para formalizar la operación, cuando la realidad es que una buena parte de esos recursos se está utilizando para cubrir a los constructores los compromisos de pago de las vialidades que no debieron licitarse hasta que existiera el dinero en la caja de la tesorería municipal. Por cierto que el valor de estas obras tiene que ajustarse a la baja, por lo menos en un 40%, porque el concreto que se está utilizando tiene un costo muy inferior al que se presupuestó, pues en la licitación partieron del supuesto de rentar a Cemex una pavimentadora que garantizaba mejor calidad, y no se está empleando porque la maquinaría –según Emigdio Ilizaliturri- hace mucho ruido y molesta a los vecinos; pero según las suspicacias potosinas porque algunos están haciendo el negocio de su vida con el dinero que va a sobrar.