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Prensa-Gobierno
Una relación de conveniencia
Por TIETO
Enero 18, 2011
Los temas sobre otros medios de comunicación difícilmente alcanzan categoría de noticias, salvo que se destaque su conexión o incidencia en asuntos públicos. Son noticias los hechos que tienen que ver con el bien público. Para el periodista es claro que la suya es una profesión de servicio público, en defensa y promoción de lo público.
Javier Darío Restrepo
Con la entrada en vigencia de las leyes de transparencia, la relación entre la prensa y el gobierno poco a poco se ha desvelado y lo que antes eran sospechas se convierten en certezas: la materia principal de la relación ha dejado de ser la intermediación de los medios de comunicación para proveer a la sociedad de información de interés público para dar paso a un flujo informativo con características propagandísticas, es decir, informar conforme al interés del gobernante e ignorar el interés del gobernado. Lejos quedó la mística de Don Francisco de Quevedo, quien en el siglo XVII adoptó el naciente ejercicio periodístico como un género literario para mantener “a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al Gobierno inquieto”. La relación prensa-gobierno se revela como una más de las actividades económicas de una sociedad mercantilizada, en la que prevalece la obtención de utilidades por encima del mejor cumplimiento de las funciones propias de una profesión. Un sistema para la obtención de ganancias que opera a todos los niveles y que las obligaciones que ahora tiene el gobierno por transparentar sus gastos y atender el derecho de acceso a la información pública han comenzado a dejar ver las formas que adopta para pervertir el ejercicio periodístico.
***
Aunque para estas fechas debería ser posible ingresar a los sitios web del Gobierno del Estado para observar, con actualización al mes anterior, los gastos en medios que, en términos de la fracción XXV del artículo 19 de la Ley de Transparencia, debe incluir “la información acerca de la planeación, programación, gasto y contenidos de la información que difundan a través de los diversos medios escritos y electrónicos a su cargo, o en el tiempo que contraten para ello”, lo cierto es que la autoridad se resiste a revelar la información y los medios periodísticos optan por el silencio cómplice ante los incumplimientos que, al limitar el derecho de la gente a saber, deberían ser tema de su agenda, pues nadie, incluidos aquellos que lo proclaman para alinearse a lo políticamente correcto, duda de que el derecho a saber es un bien público básico para el avance democrático. Así, sólo es posible encontrar información escueta en el apartado correspondiente de los sitios Web. En el caso del Gobierno del Estado sólo se presenta un reporte del primer trimestre del año. Ni una ruta alterna para tratar de encontrar la información, como podría ser la lista de cheques emitidos, resulta eficaz, pues sólo presenta la correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y mayo. Si algo logran transparentar las obligaciones de difusión de oficio de información pública es la resistencia del gobierno de Fernando Toranzo para informar claramente del ejercicio de los recursos públicos, de tal manera que lo poco que se ha logrado detectar representa una muestra de la vergonzosa y ventajosa relación que mantiene este gobierno con los medios de comunicación en la que se utilizan los recursos públicos para engañar al público. Si un gobernante un día dijo “no pago para que me peguen”, hoy al contribuyente le aplican la premisa “págame para que te engañe”, con la complicidad de una prensa complaciente.
***
La punta del iceberg de la complacencia logra verse en la poca información revelada por un cumplimiento limitadísimo de la obligación legal. El gobierno del estado sólo revela 170 operaciones relacionadas con medios impresos y electrónicos realizadas con 25 empresas y 14 personas físicas. No obstante, la poca información mostrada da elementos suficientes para determinar el tipo de transacciones que se dan, en las que no se privilegia el interés público sino el interés propagandístico de quienes usufructúan los recursos públicos y el interés comercial de las presuntas empresas periodísticas. Así lo demuestra el concepto de los pagos realizados que, en no pocas ocasiones, coincide con el encabezado de los textos propagandísticos que, disfrazados de noticia, se publican en los periódicos. Basten como ejemplos unos casos de los dos diarios a los que se atribuye mayor influencia en el estado: El Sol de San Luis y Pulso.
Al primero se le pagaron 40 mil 600 pesos el 20 de marzo por concepto de “La Zona Militar a Nueva Casa”, que fue el encabezado de la nota principal de ese diario el 16 de febrero; también se le pagaron 20 mil 300 pesos el concepto “Sube a 162 millones el apoyo a zonas áridas”, que corresponde al encabezado de una nota publicada en la portada del diario el 9 de diciembre de 2009. La diferencia entre el costo del primer caso y el del segundo hace suponer dos posibilidades: (1) a ocho columnas se duplica el precio, o (2) la publicación se contrató en dos diarios de la cadena OEM y se publicó, además de en El Sol de San Luis, en La Prensa del Centro. En este último aparece, por ejemplo, una nota publicada el 29 de noviembre de 2009 con el encabezado “La policía federal no extorsiona a paisanos”, que es el mismo concepto por el que se pagó a la OEM 20 mil 300 pesos el 15 de marzo. En el caso de Pulso, el 8 de febrero se le pagaron 24 mil 178 pesos por concepto de “Obtiene Toranzo Recursos Federales”, texto que coincide con el encabezado de la nota publicada el 6 de febrero. En el caso de Pulso, las coincidencias en los textos no suelen ser tan exactas, pero resulta obvio que el pago tiene que ver con las notas que se publican.
Se trata de información que la ley obliga a difundir, pero que, resulta obvio, aún se pretende ocultar como lo demuestra el hecho de que sólo presentaron un reporte trimestral que resultó tan atípico y con revelaciones con connotaciones de cierto cinismo, que no volvieron a publicar más información al respecto. ¿Corrección o si no se ve no sucede? Y como lo señalara Raúl Trejo Delarbre: “Esto no es de por sí perverso, ni ilegítimo. El problema está en el hecho de que los responsables de numerosos medios piensan principal, y a veces exclusivamente, en los que patrocinan y no en quienes reciben el mensaje”.
***
El modelo transaccional entre prensa y gobierno, siempre en el terreno de la suspicacia y la sospecha, tuvo en ese informe una ventana de confirmación que, ante la falta de claridad y lo incompleto del reporte, sólo abre un amplísimo campo propicio para la especulación sobre el resto de la relación prensa-gobierno, tanto en la actualidad como en el pasado. En ese periodo, del que sólo se informa la aplicación de 4 millones 143 mil 442 pesos, la Coordinación de Comunicación Social ejerció 7 millones 59 mil pesos, según el primer informe financiero trimestral presentado por el gobierno de Toranzo al Congreso del Estado. ¿Para qué sirvieron los 2 millones 915 mil 558 pesos de los que no se informó? Y no es que la situación haya cambiado, pues los afanes propagandísticos y de promoción del gobierno torancista lo llevaron incluso a violar el artículo 134 de la Constitución con casos tan burdos como la compra de una “sobre-portada” en Librevía, revista que colocó a la publicidad la leyenda “inserción pagada”. En consecuencia, el uso de los recursos que tanto desde Comunicación Social como desde otras dependencias fluye en esa relación con la prensa apunta a arreglos informales con directivos de los medios y beneficios y gratificaciones hacia el eslabón más débil de la cadena de producción de contenidos periodísticos. Todo con un solo fin: manipular la información para que se proyecte una buena imagen de la actual administración estatal. Recursos públicos al servicio de la promoción de una imagen que poco beneficia a quienes los aportan.
Enero 18, 2011
Los temas sobre otros medios de comunicación difícilmente alcanzan categoría de noticias, salvo que se destaque su conexión o incidencia en asuntos públicos. Son noticias los hechos que tienen que ver con el bien público. Para el periodista es claro que la suya es una profesión de servicio público, en defensa y promoción de lo público.
Javier Darío Restrepo
Con la entrada en vigencia de las leyes de transparencia, la relación entre la prensa y el gobierno poco a poco se ha desvelado y lo que antes eran sospechas se convierten en certezas: la materia principal de la relación ha dejado de ser la intermediación de los medios de comunicación para proveer a la sociedad de información de interés público para dar paso a un flujo informativo con características propagandísticas, es decir, informar conforme al interés del gobernante e ignorar el interés del gobernado. Lejos quedó la mística de Don Francisco de Quevedo, quien en el siglo XVII adoptó el naciente ejercicio periodístico como un género literario para mantener “a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al Gobierno inquieto”. La relación prensa-gobierno se revela como una más de las actividades económicas de una sociedad mercantilizada, en la que prevalece la obtención de utilidades por encima del mejor cumplimiento de las funciones propias de una profesión. Un sistema para la obtención de ganancias que opera a todos los niveles y que las obligaciones que ahora tiene el gobierno por transparentar sus gastos y atender el derecho de acceso a la información pública han comenzado a dejar ver las formas que adopta para pervertir el ejercicio periodístico.
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Aunque para estas fechas debería ser posible ingresar a los sitios web del Gobierno del Estado para observar, con actualización al mes anterior, los gastos en medios que, en términos de la fracción XXV del artículo 19 de la Ley de Transparencia, debe incluir “la información acerca de la planeación, programación, gasto y contenidos de la información que difundan a través de los diversos medios escritos y electrónicos a su cargo, o en el tiempo que contraten para ello”, lo cierto es que la autoridad se resiste a revelar la información y los medios periodísticos optan por el silencio cómplice ante los incumplimientos que, al limitar el derecho de la gente a saber, deberían ser tema de su agenda, pues nadie, incluidos aquellos que lo proclaman para alinearse a lo políticamente correcto, duda de que el derecho a saber es un bien público básico para el avance democrático. Así, sólo es posible encontrar información escueta en el apartado correspondiente de los sitios Web. En el caso del Gobierno del Estado sólo se presenta un reporte del primer trimestre del año. Ni una ruta alterna para tratar de encontrar la información, como podría ser la lista de cheques emitidos, resulta eficaz, pues sólo presenta la correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y mayo. Si algo logran transparentar las obligaciones de difusión de oficio de información pública es la resistencia del gobierno de Fernando Toranzo para informar claramente del ejercicio de los recursos públicos, de tal manera que lo poco que se ha logrado detectar representa una muestra de la vergonzosa y ventajosa relación que mantiene este gobierno con los medios de comunicación en la que se utilizan los recursos públicos para engañar al público. Si un gobernante un día dijo “no pago para que me peguen”, hoy al contribuyente le aplican la premisa “págame para que te engañe”, con la complicidad de una prensa complaciente.
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La punta del iceberg de la complacencia logra verse en la poca información revelada por un cumplimiento limitadísimo de la obligación legal. El gobierno del estado sólo revela 170 operaciones relacionadas con medios impresos y electrónicos realizadas con 25 empresas y 14 personas físicas. No obstante, la poca información mostrada da elementos suficientes para determinar el tipo de transacciones que se dan, en las que no se privilegia el interés público sino el interés propagandístico de quienes usufructúan los recursos públicos y el interés comercial de las presuntas empresas periodísticas. Así lo demuestra el concepto de los pagos realizados que, en no pocas ocasiones, coincide con el encabezado de los textos propagandísticos que, disfrazados de noticia, se publican en los periódicos. Basten como ejemplos unos casos de los dos diarios a los que se atribuye mayor influencia en el estado: El Sol de San Luis y Pulso.
Al primero se le pagaron 40 mil 600 pesos el 20 de marzo por concepto de “La Zona Militar a Nueva Casa”, que fue el encabezado de la nota principal de ese diario el 16 de febrero; también se le pagaron 20 mil 300 pesos el concepto “Sube a 162 millones el apoyo a zonas áridas”, que corresponde al encabezado de una nota publicada en la portada del diario el 9 de diciembre de 2009. La diferencia entre el costo del primer caso y el del segundo hace suponer dos posibilidades: (1) a ocho columnas se duplica el precio, o (2) la publicación se contrató en dos diarios de la cadena OEM y se publicó, además de en El Sol de San Luis, en La Prensa del Centro. En este último aparece, por ejemplo, una nota publicada el 29 de noviembre de 2009 con el encabezado “La policía federal no extorsiona a paisanos”, que es el mismo concepto por el que se pagó a la OEM 20 mil 300 pesos el 15 de marzo. En el caso de Pulso, el 8 de febrero se le pagaron 24 mil 178 pesos por concepto de “Obtiene Toranzo Recursos Federales”, texto que coincide con el encabezado de la nota publicada el 6 de febrero. En el caso de Pulso, las coincidencias en los textos no suelen ser tan exactas, pero resulta obvio que el pago tiene que ver con las notas que se publican.
Se trata de información que la ley obliga a difundir, pero que, resulta obvio, aún se pretende ocultar como lo demuestra el hecho de que sólo presentaron un reporte trimestral que resultó tan atípico y con revelaciones con connotaciones de cierto cinismo, que no volvieron a publicar más información al respecto. ¿Corrección o si no se ve no sucede? Y como lo señalara Raúl Trejo Delarbre: “Esto no es de por sí perverso, ni ilegítimo. El problema está en el hecho de que los responsables de numerosos medios piensan principal, y a veces exclusivamente, en los que patrocinan y no en quienes reciben el mensaje”.
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El modelo transaccional entre prensa y gobierno, siempre en el terreno de la suspicacia y la sospecha, tuvo en ese informe una ventana de confirmación que, ante la falta de claridad y lo incompleto del reporte, sólo abre un amplísimo campo propicio para la especulación sobre el resto de la relación prensa-gobierno, tanto en la actualidad como en el pasado. En ese periodo, del que sólo se informa la aplicación de 4 millones 143 mil 442 pesos, la Coordinación de Comunicación Social ejerció 7 millones 59 mil pesos, según el primer informe financiero trimestral presentado por el gobierno de Toranzo al Congreso del Estado. ¿Para qué sirvieron los 2 millones 915 mil 558 pesos de los que no se informó? Y no es que la situación haya cambiado, pues los afanes propagandísticos y de promoción del gobierno torancista lo llevaron incluso a violar el artículo 134 de la Constitución con casos tan burdos como la compra de una “sobre-portada” en Librevía, revista que colocó a la publicidad la leyenda “inserción pagada”. En consecuencia, el uso de los recursos que tanto desde Comunicación Social como desde otras dependencias fluye en esa relación con la prensa apunta a arreglos informales con directivos de los medios y beneficios y gratificaciones hacia el eslabón más débil de la cadena de producción de contenidos periodísticos. Todo con un solo fin: manipular la información para que se proyecte una buena imagen de la actual administración estatal. Recursos públicos al servicio de la promoción de una imagen que poco beneficia a quienes los aportan.
Por cierto...
Ese tipo de relación prensa-gobierno abre tantos espacios de oportunidades de negocio (sin servicio periodístico, claro está) que los consumidores de información periodística potosinos tienen que lamentar la metamorfosis que los arreglos con los funcionarios en turno provocan en diarios y periodistas. Entre éstos últimos resulta muy ilustrativo, y hasta paradigmático, el caso de Alfredo Narváez, Pingo, monero de Pulso quien durante la administración de Marcelo de los Santos se caracterizó por cartones mordaces y llenos de ironía en contra del ex mandatario y su esposa. Hoy, sus cartones sobre la actual administración gubernamental no pueden ser calificados de otra manera que como benevolentes. La actitud de Pingo no es nueva y salió a relucir cuando las indagaciones de Eduardo Martínez Benavente para la preparación de su texto de Contrapesos del 24 de agosto de 2008, su nombre apareció entre un grupo de periodistas que recibían en ese momento recursos por parte del Consejo Estatal Electoral. “Es una pena que el ingenioso caricaturista Alfredo Narváez Ochoa, el “Pingo”, aparezca mes tras mes, con un cheque de $6,900.00 por concepto de honorarios. Es muy probable que los devengue por los servicios que presta; pero moral y éticamente estaba impedido para satanizar al “Chiquilín”, impugnador infatigable del que le extiende los cheques, con 8 caricaturas infamantes”, se dijo entonces en la columna Contrapesos. En apariencia, Narváez Ochoa mantiene su ingreso en el CEEPAC, pues el último pago se reporta el 14 de junio de 2010 por la cantidad de 7 mil 698.78 pesos, con el folio 26083.
Pero no sólo ahí cobró en el pasado. Su nombre apareció en indagaciones que nada tenían que ver con él. Jorge Lozano Armengol le compró por 9 mil 975 pesos una “Memoria de caricaturas publicadas de Alcaldía”, consistente en la colección de archivos JPEG y TIF de los cartones en los que aparecía el ex alcalde y que se pueden visualizar en el histórico de la página web del periódico Pulso o en el blog del propio cartonista. Compañeros de Narváez Ochoa en el diario Pulso, y ex funcionarios del gobierno de Marcelo de los Santos, comentaron que no son los únicos lugares donde Pingo tiene ingresos adicionales a los que obtiene del periódico, y su pincel se aceita desde tantas dependencias, que en su dominio no se oculta el sol por el número de oficinas de gobierno en las que sus servicios profesionales parecen ser imprescindibles. Al solicitar a Narváez Ochoa una explicación o justificación de los pagos que recibe de dependencias públicas, su respuesta fue un intento por descalificar la labor de Proyecto Tábano, autodefinirse como víctima de una investigación malintencionada y la confirmación de que no son los únicos lugares donde cobra. Transcribimos, tal cual, la parte medular de su respuesta:
“Su investigación sobre mi persona solo les alcanzó a escarbar donde quieren –o creen- hacer daño. Qué sospechoso me resulta la falta de información sobre un pago del gobierno estatal por la cantidad de 35 mil pesos más IVA; u otro del Ayuntamiento por un monto similar; o del Congreso Estatal, tres pagos de tres denominaciones diferentes. Con lo anterior les demuestro cuál es el verdadero objetivo que persiguen.
“Mi trabajo periodístico es un complemento de mi actividad laboral actual. Antes de dedicarme a todo lo relacionado con sitios web, tenía un negocio de venta, instalación y reparación de señal satelital. En 1996 cambié al rubro que Ustedes ahora cuestionan. Créanlo o no.
“Estoy dado de alta ante la autoridad hacendaria bajo el rubro de autor intelectual. Esto quiere decir que legalmente ostento la propiedad de mi trabajo. El periódico o revista lo divulga y además me paga por eso. Espero paliar la angustia que les causó la venta de mis cartones a la administración municipal 2007-2009.
“Para finalizar, las razones de mis labores son asuntos que no explico, consulto o comparto con nadie. Se van a quedar con las ganas. Tengo y cuento con el reconocimiento de quienes me hacen el favor, por una parte, de seguir mi trabajo peridístico y por otra, de contratar mis servicios. Esto es lo que me motiva”.
En algo tuvo razón: nos quedamos con las ganas de saber la justificación pública de los actos que señalamos –que no de sus actividades profesionales–, que implican una responsabilidad para con el público y ponen en entredicho lo genuino de su crítica a través de sus cartones. Lamentamos que Pingo no valore su trabajo periodístico y, como todos los consumidores de información periodística de San Luis Potosí, también tendremos que lamentar que, si pidiésemos una explicación a autoridades y medios sobre esa viciada relación prensa-gobierno, seguramente encontraríamos una respuesta similar. He ahí lo paradigmático del caso: el público no tiene derecho a saber porqué informan de lo que informan, y porqué no informan de lo que dejan de informar.
Pero no sólo ahí cobró en el pasado. Su nombre apareció en indagaciones que nada tenían que ver con él. Jorge Lozano Armengol le compró por 9 mil 975 pesos una “Memoria de caricaturas publicadas de Alcaldía”, consistente en la colección de archivos JPEG y TIF de los cartones en los que aparecía el ex alcalde y que se pueden visualizar en el histórico de la página web del periódico Pulso o en el blog del propio cartonista. Compañeros de Narváez Ochoa en el diario Pulso, y ex funcionarios del gobierno de Marcelo de los Santos, comentaron que no son los únicos lugares donde Pingo tiene ingresos adicionales a los que obtiene del periódico, y su pincel se aceita desde tantas dependencias, que en su dominio no se oculta el sol por el número de oficinas de gobierno en las que sus servicios profesionales parecen ser imprescindibles. Al solicitar a Narváez Ochoa una explicación o justificación de los pagos que recibe de dependencias públicas, su respuesta fue un intento por descalificar la labor de Proyecto Tábano, autodefinirse como víctima de una investigación malintencionada y la confirmación de que no son los únicos lugares donde cobra. Transcribimos, tal cual, la parte medular de su respuesta:
“Su investigación sobre mi persona solo les alcanzó a escarbar donde quieren –o creen- hacer daño. Qué sospechoso me resulta la falta de información sobre un pago del gobierno estatal por la cantidad de 35 mil pesos más IVA; u otro del Ayuntamiento por un monto similar; o del Congreso Estatal, tres pagos de tres denominaciones diferentes. Con lo anterior les demuestro cuál es el verdadero objetivo que persiguen.
“Mi trabajo periodístico es un complemento de mi actividad laboral actual. Antes de dedicarme a todo lo relacionado con sitios web, tenía un negocio de venta, instalación y reparación de señal satelital. En 1996 cambié al rubro que Ustedes ahora cuestionan. Créanlo o no.
“Estoy dado de alta ante la autoridad hacendaria bajo el rubro de autor intelectual. Esto quiere decir que legalmente ostento la propiedad de mi trabajo. El periódico o revista lo divulga y además me paga por eso. Espero paliar la angustia que les causó la venta de mis cartones a la administración municipal 2007-2009.
“Para finalizar, las razones de mis labores son asuntos que no explico, consulto o comparto con nadie. Se van a quedar con las ganas. Tengo y cuento con el reconocimiento de quienes me hacen el favor, por una parte, de seguir mi trabajo peridístico y por otra, de contratar mis servicios. Esto es lo que me motiva”.
En algo tuvo razón: nos quedamos con las ganas de saber la justificación pública de los actos que señalamos –que no de sus actividades profesionales–, que implican una responsabilidad para con el público y ponen en entredicho lo genuino de su crítica a través de sus cartones. Lamentamos que Pingo no valore su trabajo periodístico y, como todos los consumidores de información periodística de San Luis Potosí, también tendremos que lamentar que, si pidiésemos una explicación a autoridades y medios sobre esa viciada relación prensa-gobierno, seguramente encontraríamos una respuesta similar. He ahí lo paradigmático del caso: el público no tiene derecho a saber porqué informan de lo que informan, y porqué no informan de lo que dejan de informar.