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And the winner is...
Por JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
Mayo 2, 2011.
Al cuarto para las doce, el Congreso del Estado sacará adelante la promesa del gobernador de Fernando Toranzo de entregar a la sociedad civil, la organización del Premio Estatal de Periodismo. Las modificaciones al Decreto 385 Bis que data de 1981, crea por cada categoría, posiciones de primero, segundo y tercer lugares.
Desde su creación, ese certamen oficial ha generado conflictos, controversias e incluso peleas entre los participantes. En muchos casos, se desacredita al triunfador, en otras se le restan méritos y en otras se ha afirmado que se entregan bajo consigna.
Nunca nadie está satisfecho.
El gobernador Toranzo decidió que su gobierno ya no organizaría el evento y que no había mejor manera de reconocer la labor social de los informadores, sino participando en una competencia en la que la sociedad organice y califique los trabajos.
En junio de 2010, en el Museo Laberinto de la Ciencia donde se realizó la ceremonia correspondiente a la entrega del Premio Estatal de Periodismo, en su intervención, el ejecutivo hizo el anuncio de que su administración se proponía dejar de ser el organizador.
Incluso, solicitó que los medios de comunicación presentaran sus propuestas para la reforma. Pasaron los meses y sin que se tenga conocimiento de si recibió o no alguna propuesta, finalmente envió su iniciativa al legislativo el pasado siete de abril.
Días después, en sesión del pleno, se le dio entrada y fue turnada a la Comisión de Educación que encabeza el diputado Vito Lucas Gómez Hernández.
Pasaron los días sin que se tuviese conocimiento de si en la Comisión se trabajaba sobre la iniciativa, por lo que se llegó a presumir que ya sería inviable, toda vez que el gobernador proponía la emisión de la convocatoria durante la primera semana de mayo.
Sorpresivamente, el 27 de abril, la Comisión se reunió y aprobó la iniciativa. El dictamen será presentado en la sesión plenaria de este miércoles y seguramente será aprobada.
Solo se modificó de la iniciativa lo relativo a la fecha de emisión de la convocatoria para lo cual, se señala la primera quincena de mayo. Con ello, los diputados permitirán que desde este año se ciudadanice el premio.
Sin embargo, de acuerdo con la iniciativa, se puede considerar que la ciudadanización del certamen es un mero eufemismo, pues el gobierno pagará con recursos públicos la ceremonia, así como el diploma y costeará los 25 mil pesos del primer lugar para cada categoría, así como los 50 mil pesos del Premio al Mérito Periodístico. Además, el gobernador será el que entregue los premios.
Según el dictamen, los directivos y dueños de los medios de comunicación invitarán a instituciones de educación superior que cuenten con la carrera de Ciencias de la Comunicación y a miembros honorables de la sociedad civil, para que integren un Comité Organizador y que éste a su vez, integre un Jurado Calificador.
“El tramite relativo al concurso en todos y cada uno de los premios se llevará a cabo por un Comité Organizador, integrado por representantes de instituciones de Educación Superior que cuenten con la carrera de Ciencias de la Comunicación o su equivalente, así como con miembros de la sociedad civil con reconocido prestigio y solvencia moral a invitación de los propietarios de los medios de comunicación de carácter privado”.
El Comité deberá contar con un Presidente, un Secretario y tres Vocales, quienes serán electos por mayoría en la primera reunión que se convoque para tal efecto”.
“La valoración de los trabajos que se presenten en cada modalidad de premiación, deberán ser entregados a un Jurado Calificador que estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete personas, de entre la sociedad civil que cuenten con prestigio y solvencia moral, a invitación expresa del Comité Organizador, cuyas decisiones deberán ser adoptadas por mayoría”.
Hasta aquí todo bien, el problema es que el Comité Organizador surge de la invitación de los dueños y directivos de los medios y sobre todo, que en el gremio periodístico, solo quedan satisfechos los que ganan.
Mayo 2, 2011.
Al cuarto para las doce, el Congreso del Estado sacará adelante la promesa del gobernador de Fernando Toranzo de entregar a la sociedad civil, la organización del Premio Estatal de Periodismo. Las modificaciones al Decreto 385 Bis que data de 1981, crea por cada categoría, posiciones de primero, segundo y tercer lugares.
Desde su creación, ese certamen oficial ha generado conflictos, controversias e incluso peleas entre los participantes. En muchos casos, se desacredita al triunfador, en otras se le restan méritos y en otras se ha afirmado que se entregan bajo consigna.
Nunca nadie está satisfecho.
El gobernador Toranzo decidió que su gobierno ya no organizaría el evento y que no había mejor manera de reconocer la labor social de los informadores, sino participando en una competencia en la que la sociedad organice y califique los trabajos.
En junio de 2010, en el Museo Laberinto de la Ciencia donde se realizó la ceremonia correspondiente a la entrega del Premio Estatal de Periodismo, en su intervención, el ejecutivo hizo el anuncio de que su administración se proponía dejar de ser el organizador.
Incluso, solicitó que los medios de comunicación presentaran sus propuestas para la reforma. Pasaron los meses y sin que se tenga conocimiento de si recibió o no alguna propuesta, finalmente envió su iniciativa al legislativo el pasado siete de abril.
Días después, en sesión del pleno, se le dio entrada y fue turnada a la Comisión de Educación que encabeza el diputado Vito Lucas Gómez Hernández.
Pasaron los días sin que se tuviese conocimiento de si en la Comisión se trabajaba sobre la iniciativa, por lo que se llegó a presumir que ya sería inviable, toda vez que el gobernador proponía la emisión de la convocatoria durante la primera semana de mayo.
Sorpresivamente, el 27 de abril, la Comisión se reunió y aprobó la iniciativa. El dictamen será presentado en la sesión plenaria de este miércoles y seguramente será aprobada.
Solo se modificó de la iniciativa lo relativo a la fecha de emisión de la convocatoria para lo cual, se señala la primera quincena de mayo. Con ello, los diputados permitirán que desde este año se ciudadanice el premio.
Sin embargo, de acuerdo con la iniciativa, se puede considerar que la ciudadanización del certamen es un mero eufemismo, pues el gobierno pagará con recursos públicos la ceremonia, así como el diploma y costeará los 25 mil pesos del primer lugar para cada categoría, así como los 50 mil pesos del Premio al Mérito Periodístico. Además, el gobernador será el que entregue los premios.
Según el dictamen, los directivos y dueños de los medios de comunicación invitarán a instituciones de educación superior que cuenten con la carrera de Ciencias de la Comunicación y a miembros honorables de la sociedad civil, para que integren un Comité Organizador y que éste a su vez, integre un Jurado Calificador.
“El tramite relativo al concurso en todos y cada uno de los premios se llevará a cabo por un Comité Organizador, integrado por representantes de instituciones de Educación Superior que cuenten con la carrera de Ciencias de la Comunicación o su equivalente, así como con miembros de la sociedad civil con reconocido prestigio y solvencia moral a invitación de los propietarios de los medios de comunicación de carácter privado”.
El Comité deberá contar con un Presidente, un Secretario y tres Vocales, quienes serán electos por mayoría en la primera reunión que se convoque para tal efecto”.
“La valoración de los trabajos que se presenten en cada modalidad de premiación, deberán ser entregados a un Jurado Calificador que estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete personas, de entre la sociedad civil que cuenten con prestigio y solvencia moral, a invitación expresa del Comité Organizador, cuyas decisiones deberán ser adoptadas por mayoría”.
Hasta aquí todo bien, el problema es que el Comité Organizador surge de la invitación de los dueños y directivos de los medios y sobre todo, que en el gremio periodístico, solo quedan satisfechos los que ganan.