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De una Comisión inútil o una que simula para solapar al poder
Por JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
Noviembre 14, 2012
Cuando alguna de las tantas instituciones públicas que conforman al Estado enfrenta un dilema que en el fondo no desea resolver, se crea una mesa de trabajo o bien, una Comisión.
Cuando a finales del gobierno de Fernando Silva Nieto el tema de la transparencia y del acceso a la información pública eran en el país tema de agenda política y social, se emprendieron los primeros esfuerzos por contar con una ley en la materia y con un órgano garante de ésta.
Se fue Silva Nieto y llegó Marcelo de los Santos y el tema acabó por cristalizarse en una legislación y por ende, en la creación de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAI), a la que años después, se le adicionó la P de Pública para quedar como CEGAIP.
Desde su origen, bandera política de políticos acostumbrados a ocultar sus movimientos, la transparencia paso a ocupar un lugar relevante, al menos en el discurso oficial.
Con el correr de los años, da la impresión de que los temas de transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas no han avanzado como se habría esperado por parte de una sociedad ansiosa de saber más.
Es como si esos temas tan relevantes a nivel global, en el caso de San Luis Potosí se hubiesen acotado a una mera moda política. Se creó una Comisión pero no para atender los asuntos de su competencia a fondo y en favor del interés general, sino más bien para simular que cumple con sus funciones legales.
Es decir, se creó una Comisión para darle vuelta al tema y no para contar con una institución para el respaldo de las demandas sociales.
La CEGAIP se creó para eso. Para aparentar que el Estado cumple con la ley y que con ello, da respuesta a los ciudadanos en su derecho a estar debidamente informado del quehacer de las instituciones públicas gubernamentales, autónomas y/o descentralizadas.
Proyecto Tábano ha publicado una serie de artículos producto del análisis minucioso de lo que hace y de lo que deja de hacer la CEGAIP. El trabajo realizado por el periodista Victoriano Martínez Guzmán, nos confirma que se creó una Comisión para no atender una demanda social concreta: la del acceso a la información.
Se emiten resoluciones respecto de expedientes de queja promovidos por usuarios de la ley de Transparencia, sin contar con el respaldo de acuerdos del pleno; hay una constante de actuaciones en favor de los entes obligados y en contra de los ciudadanos que solicitan información y se les niega; sus evaluaciones a los entes obligados respecto de su información en portales electrónicos es tan laxa que sus verificaciones semejan evaluaciones patito.
Han limitado el derecho de acceso a la información pública al burocratizarla; sus sanciones a los entes incumplidos dan risa al permitirse que se paguen en abonos chiquitos.
La docilidad y sumisión de los comisionados frente a entes de cierto poder político es ya emblemática. El auditor superior del estado, Héctor Mayorga Delgado y el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Jesús Conde Mejía se han dado el placer de de darles palo jurídico con la promisión de juicios de amparo para anular acuerdos tímidos de la Comisión.
En el colmo de la abyección, le dan calificaciones de diez a las instancias gubernamentales en cuanto al supuesto cumplimiento de las obligaciones de oficio en cuanto a la información. Informan lo que quieren y les califican a su gusto.
Es tan desalentador el desempeño de los comisionados que hasta resulta cansado e inútil recordar los nombres de los comisionados. Es inútil, su comportamiento ha sido el mismo desde la creación de la Comisión.
Se da gusto a los entes obligados y la espalda a los ciudadanos.
El presente y futuro de la transparencia está en manos de burócratas pusilánimes e ineptos que son capaces de violentar la ley sin que nadie les diga nada. Desde el confort de su estatus de “garantes” del derecho de acceso a la información, han convertido a lo que pudo ser una noble institución, en una de esas oficinas frías y grises que, en su mediocridad, es mejor no visitar.
Noviembre 14, 2012
Cuando alguna de las tantas instituciones públicas que conforman al Estado enfrenta un dilema que en el fondo no desea resolver, se crea una mesa de trabajo o bien, una Comisión.
Cuando a finales del gobierno de Fernando Silva Nieto el tema de la transparencia y del acceso a la información pública eran en el país tema de agenda política y social, se emprendieron los primeros esfuerzos por contar con una ley en la materia y con un órgano garante de ésta.
Se fue Silva Nieto y llegó Marcelo de los Santos y el tema acabó por cristalizarse en una legislación y por ende, en la creación de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAI), a la que años después, se le adicionó la P de Pública para quedar como CEGAIP.
Desde su origen, bandera política de políticos acostumbrados a ocultar sus movimientos, la transparencia paso a ocupar un lugar relevante, al menos en el discurso oficial.
Con el correr de los años, da la impresión de que los temas de transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas no han avanzado como se habría esperado por parte de una sociedad ansiosa de saber más.
Es como si esos temas tan relevantes a nivel global, en el caso de San Luis Potosí se hubiesen acotado a una mera moda política. Se creó una Comisión pero no para atender los asuntos de su competencia a fondo y en favor del interés general, sino más bien para simular que cumple con sus funciones legales.
Es decir, se creó una Comisión para darle vuelta al tema y no para contar con una institución para el respaldo de las demandas sociales.
La CEGAIP se creó para eso. Para aparentar que el Estado cumple con la ley y que con ello, da respuesta a los ciudadanos en su derecho a estar debidamente informado del quehacer de las instituciones públicas gubernamentales, autónomas y/o descentralizadas.
Proyecto Tábano ha publicado una serie de artículos producto del análisis minucioso de lo que hace y de lo que deja de hacer la CEGAIP. El trabajo realizado por el periodista Victoriano Martínez Guzmán, nos confirma que se creó una Comisión para no atender una demanda social concreta: la del acceso a la información.
Se emiten resoluciones respecto de expedientes de queja promovidos por usuarios de la ley de Transparencia, sin contar con el respaldo de acuerdos del pleno; hay una constante de actuaciones en favor de los entes obligados y en contra de los ciudadanos que solicitan información y se les niega; sus evaluaciones a los entes obligados respecto de su información en portales electrónicos es tan laxa que sus verificaciones semejan evaluaciones patito.
Han limitado el derecho de acceso a la información pública al burocratizarla; sus sanciones a los entes incumplidos dan risa al permitirse que se paguen en abonos chiquitos.
La docilidad y sumisión de los comisionados frente a entes de cierto poder político es ya emblemática. El auditor superior del estado, Héctor Mayorga Delgado y el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Jesús Conde Mejía se han dado el placer de de darles palo jurídico con la promisión de juicios de amparo para anular acuerdos tímidos de la Comisión.
En el colmo de la abyección, le dan calificaciones de diez a las instancias gubernamentales en cuanto al supuesto cumplimiento de las obligaciones de oficio en cuanto a la información. Informan lo que quieren y les califican a su gusto.
Es tan desalentador el desempeño de los comisionados que hasta resulta cansado e inútil recordar los nombres de los comisionados. Es inútil, su comportamiento ha sido el mismo desde la creación de la Comisión.
Se da gusto a los entes obligados y la espalda a los ciudadanos.
El presente y futuro de la transparencia está en manos de burócratas pusilánimes e ineptos que son capaces de violentar la ley sin que nadie les diga nada. Desde el confort de su estatus de “garantes” del derecho de acceso a la información, han convertido a lo que pudo ser una noble institución, en una de esas oficinas frías y grises que, en su mediocridad, es mejor no visitar.