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Toranzo y su oportunidad con la transparencia
Por JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
Mayo 8, 2012
En los próximos días se podrá saber la verdad en cifras del destino de los mil 500 millones de pesos. El gobernador Fernando Toranzo Fernández tiene la oportunidad histórica de sorprender a todos, de dar una lección de transparencia y de rendición de cuentas.
La semana pasada, se dio a conocer un hecho de enorme relevancia, del cual, se podrían desprender repercusiones de enorme trascendencia. Se sabrá si de ese crédito, la actual administración dispuso de una parte de ese adeudo.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública resolvió que se debe hacer del conocimiento público, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que autorizó realizar pagos con recursos derivados de ese crédito.
El 22 de marzo de 2010, el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara Robles, entregó al Contralor Interno de esa dependencia, Pedro Almendarez Robledo, un expediente de cincuenta cuartillas en el que explica la aplicación del crédito.
Copia de ese documento, se envió además al secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, al entonces Contralor del Estado, Alfonso Anaya Olalde y al titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Mayorga Delgado.
En el anexo de datos, Azuara Robles señaló el concepto Recursos Disponibles en Bancos al 26 de septiembre de 2009.
561 millones 976 mil pesos es el total de recursos del crédito de mil 500 millones de pesos que estaban disponibles al último día de la administración de Marcelo de los Santos.
Pues bien, lo que resolvió la CEGAIP hace unos días, es que se abra la información relacionada con esa parte del informe presentado por Joel Azuara a la actual administración.
Es decir, lo que se podrá saber es si el gobierno de Fernando Toranzo utilizó esos 561 millones 976 mil pesos, o en su caso, si Joel Azuara presentó un informe alejado de la verdad.
En su informe, el ex secretario de Finanzas había expuesto los números de cuenta y sus respectivas instituciones bancarías en donde se encontraban los llamados recursos disponibles al último día del gobierno anterior, así como de la Reserva depositada en el Fideicomiso Maestro en BANORTE.
Finanzas deberá informar sobre los movimientos bancarios de las cuentas 45785630031 del Banco del Bajío, así como de las que tienen número 0501510921, 0501510918, 0501510934, 00573084423, 0501171700, 0501465335, 0501430221 y la 0501449348,l todas de BANORTE.
En esas cuentas se concentró el monto de 561 millones de pesos que a decir de Joel Azuara se dejó y es precisamente eso, lo que la Secretaría de Finanzas deberá de informar al peticionario Eduardo Martínez Benavente.
Hace unos días, el secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía dijo a los medios de comunicación que la dependencia está en disposición de entregar esa información, cuando de lo que se trata no es de si está dispuesto o no, sino que se trata de una resolución que de manera obligada se debe de acatar.
Si bien dice que se cumplirá con la resolución, no se puede dejar de lado que de manera consistente, su dependencia ha venido negando datos relacionados al crédito de mil 500 millones de pesos. En esta última resolución, debió pasar un año para que la CEGAIP haya tomado un acuerdo.
A la opacidad de Finanzas, se ha sumado la de la Auditoría Superior del Estado que mantiene enterrada bajo tierra la Cuenta Pública 2009. Incluso, han recurrido a la vía del amparo para protegerse de las sanciones impuestas por la Comisión en contra del auditor, a quien le revocaron el acuerdo de reserva de esa Cuenta, misma que es fundamental para aclarar el destino del crédito.
Por eso, como decíamos de inicio, el doctor Toranzo tiene ante sí la inigualable oportunidad de decirle a los potosinos si utilizó o no parte del crédito y, si los utilizó, explicarlo de manera rigurosa y honesta.
Siempre se negó desde el gobierno que se hayan recibido esos 561 millones de pesos, pero nunca se fue más allá de la simple palabra. Ahora tendrán que demostrarlo con documentos en la mano.
El doctor Toranzo ha dicho que el suyo es un gobierno honesto, comprometido con la gente y en especial con quienes menos tienen; también que es un gobierno transparente y austero. Es el momento de confirmarlo.
Por el otro lado, si la información de Joel Azuara resulta ser inexacta, entonces se tendrá materia para investigar a fondo en aras de hacer justicia y recuperar los recursos faltantes de un crédito que forma parte de la fuerte hipoteca del estado.
Ya va para la mitad del sexenio y el asunto del crédito no ha tenido la explicación que la sociedad espera en términos de quién, cómo y en qué se gastaron los recursos. No puede alargarse aún más tiempo la espera.
El crédito se reestructuró y la mayor carga de intereses lo pagarán las próximas administraciones, no la actual. La reestructura no puede significar borrón y cuenta nueva sino que debió ser motivo para deslindar responsabilidades.
Ojalá y el secretario y el gobernador se muestren como servidores públicos de altura e informen con la veracidad que se requiere, pues desafortunadamente, existen aún resquicios por los cuales se pueda evadir la resolución de la Comisión.
Seguramente el gobernador puede más de lo que puede perder. Ganar en credibilidad y confianza es mejor que seguir ofreciendo la percepción de que se está protegiendo a Marcelo de los Santos y, tal vez, a algunos funcionarios en turno.
Mayo 8, 2012
En los próximos días se podrá saber la verdad en cifras del destino de los mil 500 millones de pesos. El gobernador Fernando Toranzo Fernández tiene la oportunidad histórica de sorprender a todos, de dar una lección de transparencia y de rendición de cuentas.
La semana pasada, se dio a conocer un hecho de enorme relevancia, del cual, se podrían desprender repercusiones de enorme trascendencia. Se sabrá si de ese crédito, la actual administración dispuso de una parte de ese adeudo.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública resolvió que se debe hacer del conocimiento público, el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que autorizó realizar pagos con recursos derivados de ese crédito.
El 22 de marzo de 2010, el ex secretario de Finanzas, Joel Azuara Robles, entregó al Contralor Interno de esa dependencia, Pedro Almendarez Robledo, un expediente de cincuenta cuartillas en el que explica la aplicación del crédito.
Copia de ese documento, se envió además al secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, al entonces Contralor del Estado, Alfonso Anaya Olalde y al titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Mayorga Delgado.
En el anexo de datos, Azuara Robles señaló el concepto Recursos Disponibles en Bancos al 26 de septiembre de 2009.
561 millones 976 mil pesos es el total de recursos del crédito de mil 500 millones de pesos que estaban disponibles al último día de la administración de Marcelo de los Santos.
Pues bien, lo que resolvió la CEGAIP hace unos días, es que se abra la información relacionada con esa parte del informe presentado por Joel Azuara a la actual administración.
Es decir, lo que se podrá saber es si el gobierno de Fernando Toranzo utilizó esos 561 millones 976 mil pesos, o en su caso, si Joel Azuara presentó un informe alejado de la verdad.
En su informe, el ex secretario de Finanzas había expuesto los números de cuenta y sus respectivas instituciones bancarías en donde se encontraban los llamados recursos disponibles al último día del gobierno anterior, así como de la Reserva depositada en el Fideicomiso Maestro en BANORTE.
Finanzas deberá informar sobre los movimientos bancarios de las cuentas 45785630031 del Banco del Bajío, así como de las que tienen número 0501510921, 0501510918, 0501510934, 00573084423, 0501171700, 0501465335, 0501430221 y la 0501449348,l todas de BANORTE.
En esas cuentas se concentró el monto de 561 millones de pesos que a decir de Joel Azuara se dejó y es precisamente eso, lo que la Secretaría de Finanzas deberá de informar al peticionario Eduardo Martínez Benavente.
Hace unos días, el secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía dijo a los medios de comunicación que la dependencia está en disposición de entregar esa información, cuando de lo que se trata no es de si está dispuesto o no, sino que se trata de una resolución que de manera obligada se debe de acatar.
Si bien dice que se cumplirá con la resolución, no se puede dejar de lado que de manera consistente, su dependencia ha venido negando datos relacionados al crédito de mil 500 millones de pesos. En esta última resolución, debió pasar un año para que la CEGAIP haya tomado un acuerdo.
A la opacidad de Finanzas, se ha sumado la de la Auditoría Superior del Estado que mantiene enterrada bajo tierra la Cuenta Pública 2009. Incluso, han recurrido a la vía del amparo para protegerse de las sanciones impuestas por la Comisión en contra del auditor, a quien le revocaron el acuerdo de reserva de esa Cuenta, misma que es fundamental para aclarar el destino del crédito.
Por eso, como decíamos de inicio, el doctor Toranzo tiene ante sí la inigualable oportunidad de decirle a los potosinos si utilizó o no parte del crédito y, si los utilizó, explicarlo de manera rigurosa y honesta.
Siempre se negó desde el gobierno que se hayan recibido esos 561 millones de pesos, pero nunca se fue más allá de la simple palabra. Ahora tendrán que demostrarlo con documentos en la mano.
El doctor Toranzo ha dicho que el suyo es un gobierno honesto, comprometido con la gente y en especial con quienes menos tienen; también que es un gobierno transparente y austero. Es el momento de confirmarlo.
Por el otro lado, si la información de Joel Azuara resulta ser inexacta, entonces se tendrá materia para investigar a fondo en aras de hacer justicia y recuperar los recursos faltantes de un crédito que forma parte de la fuerte hipoteca del estado.
Ya va para la mitad del sexenio y el asunto del crédito no ha tenido la explicación que la sociedad espera en términos de quién, cómo y en qué se gastaron los recursos. No puede alargarse aún más tiempo la espera.
El crédito se reestructuró y la mayor carga de intereses lo pagarán las próximas administraciones, no la actual. La reestructura no puede significar borrón y cuenta nueva sino que debió ser motivo para deslindar responsabilidades.
Ojalá y el secretario y el gobernador se muestren como servidores públicos de altura e informen con la veracidad que se requiere, pues desafortunadamente, existen aún resquicios por los cuales se pueda evadir la resolución de la Comisión.
Seguramente el gobernador puede más de lo que puede perder. Ganar en credibilidad y confianza es mejor que seguir ofreciendo la percepción de que se está protegiendo a Marcelo de los Santos y, tal vez, a algunos funcionarios en turno.