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Una CEGAIP tolerante
Por JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
Febrero 15, 2011.
Este miércoles quince de febrero la Auditoría Superior del Estado estará recibiendo la Cuenta Pública 2011 de Gobierno del Estado y es hora que no concluye la correspondiente a 2009.
La tardanza resulta inexplicable y necesariamente motiva la suspicacia acerca de si se trata de mera parsimonia o un acto de encubrimiento de probables irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
Dicha cuenta pública corresponde a los últimos nueves meses del gobierno de Marcelo de los Santos y los primeros tres de Fernando Toranzo.
De dicha cuenta, se desprendieron pliegos de observaciones administrativas y financieras, en cuyo caso, lo más notable fueron las relacionadas al crédito de mil 500 millones de pesos que la anterior legislatura le autorizó al ejecutivo.
Como fue del conocimiento público, entre las observaciones estaba la que atribuía a la actual administración de Fernando Toranzo la aplicación de una parte del crédito.
El gobierno desmintió el hecho, pero se vio obligado a desahogar esa observación.
Fueron citados a comparecer funcionarios en activo así como ex colaboradores de Marcelo de los Santos. Ambas partes deberían explicar el destino del crédito, dado que en la cuenta pública presentada no había constancia clara de su paradero.
Pese al millonario monto de las observaciones, a dos años de distancia no se sabe en que se aplicaron realmente los recursos. En eso, la ASE tiene la principal responsabilidad por tratarse la entidad fiscalizadora a la que toca constatar la buena aplicación del presupuesto público.
En esa tarea la dilación para concluir ha sido tal que como se sabe, el crédito incluso ya fue reestructurado.
Sin embargo, el tema de ninguna manera puede considerarse un caso cerrado y por el contrario publicitarlo ante la opinión pública resulta necesario. Aquí vale subrayar que el artículo 54 de la Constitución del Estado, señala que “la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes” ante el Congreso, lo cual ocurrió desde 2010.
La posibilidad de que exista un interés extraño en cerrar todas las vías de acceso a la información sobre el crédito, crece en la medida en que la Auditoría mantiene su negativa a dar cuenta del contenido del expediente que se abrió sobre las observaciones consignadas en su informe final de esa cuenta pública.
Hace unos días, en un resolutivo trascendental, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública determinó revocar el acuerdo de reserva con número ASE-AEFG-PE/09, de fecha de marzo de 2010.
Dicho acuerdo emitido por el Comité de Información Pública de la ASE protegía toda la información relativa a la cuenta pública 2009 y por tanto, no habría acceso para nadie.
Ese acuerdo ya no existe, fue revocado al considerarse que no era válido por ser de carácter general pues reservaba la totalidad del Expediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009 del Ejecutivo del Estado.
Al ser revocado ese acuerdo, la Auditoría está obligada a hacer público ese expediente y en su caso, entregarlo de forma inmediata a quien ya lo haya solicitado.
Sin embargo, la ASE al realizar una interpretación basada en su ley interna y en la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ha anunciado que no acatará el mandato de la CEGAIP.
Frente a eso, la Comisión tiene de su lado herramientas legales para obligar al ente obligado a que cumpla, lo que abre la puesta a la instauración de medidas de apercibimiento y, después, a la probable imposición de sanciones.
Mientras eso ocurre, vale la pena recordar que en sesión ordinaria del 27 de octubre de 2011, el pleno del Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa presentada por la diputada Bernardina Lara Argüelles, quien propuso modificar el artículo 65 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado.
“Los informes finales de las revisiones de las cuentas públicas tendrán carácter público, a partir de que éstos sean entregados por la Auditoría a la Comisión (de Vigilancia), para cuyo fin se publicarán en forma inmediata en los portales de transparencia de sus sitios en Internet”, refiere la propuesta.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, en donde se encuentra detenida.
Si los diputados se dieran prisa y se ocuparan de asuntos que son realmente de interés de la sociedad y de utilidad pública, esa iniciativa ya habría sido aprobada y luego entonces, la Auditoría no tendría argumentos para seguir ocultando la información.
De lo poco que se sabe extraoficialmente del proceso de solventación de observaciones de 2009, es que dicha fase ha concluido y que se está en vías de concluir el informe.
De eso, se derivarían probables acciones de carácter legal contra funcionarios y ex funcionarios de gobierno o, en su caso, una solventación al cien por ciento de las observaciones lo que significaría cerrar el caso sin encontrar culpables.
Si la ASE fuera más diligente en cumplir con sus obligaciones legales, no habría ahora litigios en su contra por negar información que legalmente es de carácter público.
Habrá que ver cómo responde la CEGAIP ante una actitud de desacato como la mostrada por la Auditoría en donde, parecen estar dispuestos a violar la Ley de Transparencia antes de dar a conocer qué pasó con los mil 500 millones de pesos.
Febrero 15, 2011.
Este miércoles quince de febrero la Auditoría Superior del Estado estará recibiendo la Cuenta Pública 2011 de Gobierno del Estado y es hora que no concluye la correspondiente a 2009.
La tardanza resulta inexplicable y necesariamente motiva la suspicacia acerca de si se trata de mera parsimonia o un acto de encubrimiento de probables irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
Dicha cuenta pública corresponde a los últimos nueves meses del gobierno de Marcelo de los Santos y los primeros tres de Fernando Toranzo.
De dicha cuenta, se desprendieron pliegos de observaciones administrativas y financieras, en cuyo caso, lo más notable fueron las relacionadas al crédito de mil 500 millones de pesos que la anterior legislatura le autorizó al ejecutivo.
Como fue del conocimiento público, entre las observaciones estaba la que atribuía a la actual administración de Fernando Toranzo la aplicación de una parte del crédito.
El gobierno desmintió el hecho, pero se vio obligado a desahogar esa observación.
Fueron citados a comparecer funcionarios en activo así como ex colaboradores de Marcelo de los Santos. Ambas partes deberían explicar el destino del crédito, dado que en la cuenta pública presentada no había constancia clara de su paradero.
Pese al millonario monto de las observaciones, a dos años de distancia no se sabe en que se aplicaron realmente los recursos. En eso, la ASE tiene la principal responsabilidad por tratarse la entidad fiscalizadora a la que toca constatar la buena aplicación del presupuesto público.
En esa tarea la dilación para concluir ha sido tal que como se sabe, el crédito incluso ya fue reestructurado.
Sin embargo, el tema de ninguna manera puede considerarse un caso cerrado y por el contrario publicitarlo ante la opinión pública resulta necesario. Aquí vale subrayar que el artículo 54 de la Constitución del Estado, señala que “la Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, hasta que rinda los informes” ante el Congreso, lo cual ocurrió desde 2010.
La posibilidad de que exista un interés extraño en cerrar todas las vías de acceso a la información sobre el crédito, crece en la medida en que la Auditoría mantiene su negativa a dar cuenta del contenido del expediente que se abrió sobre las observaciones consignadas en su informe final de esa cuenta pública.
Hace unos días, en un resolutivo trascendental, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública determinó revocar el acuerdo de reserva con número ASE-AEFG-PE/09, de fecha de marzo de 2010.
Dicho acuerdo emitido por el Comité de Información Pública de la ASE protegía toda la información relativa a la cuenta pública 2009 y por tanto, no habría acceso para nadie.
Ese acuerdo ya no existe, fue revocado al considerarse que no era válido por ser de carácter general pues reservaba la totalidad del Expediente de Auditoría de la Cuenta Pública 2009 del Ejecutivo del Estado.
Al ser revocado ese acuerdo, la Auditoría está obligada a hacer público ese expediente y en su caso, entregarlo de forma inmediata a quien ya lo haya solicitado.
Sin embargo, la ASE al realizar una interpretación basada en su ley interna y en la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ha anunciado que no acatará el mandato de la CEGAIP.
Frente a eso, la Comisión tiene de su lado herramientas legales para obligar al ente obligado a que cumpla, lo que abre la puesta a la instauración de medidas de apercibimiento y, después, a la probable imposición de sanciones.
Mientras eso ocurre, vale la pena recordar que en sesión ordinaria del 27 de octubre de 2011, el pleno del Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa presentada por la diputada Bernardina Lara Argüelles, quien propuso modificar el artículo 65 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado.
“Los informes finales de las revisiones de las cuentas públicas tendrán carácter público, a partir de que éstos sean entregados por la Auditoría a la Comisión (de Vigilancia), para cuyo fin se publicarán en forma inmediata en los portales de transparencia de sus sitios en Internet”, refiere la propuesta.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, en donde se encuentra detenida.
Si los diputados se dieran prisa y se ocuparan de asuntos que son realmente de interés de la sociedad y de utilidad pública, esa iniciativa ya habría sido aprobada y luego entonces, la Auditoría no tendría argumentos para seguir ocultando la información.
De lo poco que se sabe extraoficialmente del proceso de solventación de observaciones de 2009, es que dicha fase ha concluido y que se está en vías de concluir el informe.
De eso, se derivarían probables acciones de carácter legal contra funcionarios y ex funcionarios de gobierno o, en su caso, una solventación al cien por ciento de las observaciones lo que significaría cerrar el caso sin encontrar culpables.
Si la ASE fuera más diligente en cumplir con sus obligaciones legales, no habría ahora litigios en su contra por negar información que legalmente es de carácter público.
Habrá que ver cómo responde la CEGAIP ante una actitud de desacato como la mostrada por la Auditoría en donde, parecen estar dispuestos a violar la Ley de Transparencia antes de dar a conocer qué pasó con los mil 500 millones de pesos.