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Preguntas pendientes de respuesta
Por ALFREDO LUJAMBIO RAFFOLS
[email protected]
Noviembre 4, 2011.
Sería un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas muy positivo para la evolución política de nuestro estado, que se le informara a la ciudadanía, que hay detrás, lo que en verdad ocurre, cuando se sustituyen funcionarios en los altos puestos del gobierno; decir si fue por ineptitud, o por negligencia o por corrupción, para no dejar a la especulación y a la maledicencia colectiva éste tipo de decisiones de quien gobierna. Cualquiera que sea la razón, significa que quien los designó no tuvo el acierto necesario y por lo tanto es corresponsable de sus deficiencias. Ya sabemos que por los “usos y costumbres” del actual gobierno del estado, no les gusta o simplemente no consideran necesario informar a los ciudadanos el motivo, de la designación o remoción de los más altos funcionarios del gobierno. Pero por consideración a los propios ciudadanos, y por congruencia con la transparencia y la rendición de cuentas que dice practicar, el gobernador Fernando Toranzo bien podría dar a conocer primero, porqué removió al Secretario de Cultura, al Subsecretario Jurídico y al Contralor General del estado y segundo, de qué méritos gozan los nuevos titulares, que no sean los de la amistad o la identidad partidista, Carlos Rogelio Beltrán Briseño, Miguel Martínez Castro e Isaac Delgado Rodríguez respectivamente, para haber alcanzado su nombramiento en ésos importantes cargos del gobierno estatal. También sabemos que el titular del ejecutivo, el gobernador, está facultado por la Ley a nombrar y a remover cuando lo estime pertinente a sus colaboradores, pero por principio de urbanidad política y respeto a los ciudadanos, bien podría explicar los motivos de las remociones y de los nuevos nombramientos.
Por lo pronto y a sólo dos días de haber anunciado los nombres de los nuevos funcionarios y de que rindieron protesta, ya salieron a la luz datos relacionados con uno de los ellos, el flamante Secretario de Cultura, Carlos Rogelio Beltrán Briseño, quien, a menos que se trate de un homónimo, estuvo detenido en el reclusorio preventivo de Guadalajara en el 2001, en cumplimiento de una orden girada por el juez cuarto de Distrito en materia penal, por presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado por la cantidad de $ 292,718.00, causando daño patrimonial al INAH, cuando fungía como Director del Museo Regional de Guadalajara en el año de 1999, donde después de una auditoría se determinó que existían irregularidades en los procedimientos administrativos y contradicciones entre los registros presupuestales que tenía y lo declarado, habiéndosele impuesto sanción económica por $ 122,792.00. Ésta información se hizo constar en el boletín de Procuraduría General de la República DPE/2614/04 del 8 de junio del 2004.
Si toda ésta información no se refiere a la misma persona, cabe preguntar ¿Porqué el gobernador Toranzo no ha salido a demostrar que se trata de otra persona pidiendo a la PGR que envíe la copia de la ficha del detenido, antes de que se desacredite injustamente al nuevo funcionario? También cabe preguntar si el Gobernador del Estado no está obligado a pedir a los nuevos funcionarios que van a ser incorporados a la administración pública, que presenten, entre otros documentos, una declaración o documento de no antecedentes penales, antes de ser designados.
El tema aquí no es el de la correcta o incorrecta designación de uno o varios funcionarios del gobierno estatal en particular, sino más bien el de los criterios con que se les contrata para los altos cargos públicos estatales. ¿Son aptos, competentes, honestos, inteligentes? ¿Cuáles son sus antecedentes de trabajo y de vida personal? O son simplemente amigos, o compromisos por filiación partidista? Esas son las cuestiones.
Pasando a otro tema, hago constar mi sentimiento de solidaridad con las familias de todas las personas que murieron trágicamente en la caída del helicóptero de la Secretaría de Gobernación, el pasado fatídico viernes 11. Ya se ha escrito mucho sobre el particular y queda poco, muy poco por añadir. Sólo sumo mi voz a la de quienes consideran improbable que se trate nuevamente, de un simple accidente que se añade a cuando menos otros dos ocurridos en años recientes, el del secretario del gobierno de Guanajuato José Martín Huerta en el 2004 y el del otro secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño, hace casi exactamente tres años.
Resulta más que extraño que en otros países del mundo ocurran éstas desgracias en que pierden la vida en unos cuantos años, los más altos funcionarios de gobierno de un estado y del gobierno federal, que tienen un denominador común, el de ser elementos importantes de la lucha contra la delincuencia. Quedan pues aún en relación a todas ésas calamidades y en particular a la del viernes pasado, muchas preguntas pendientes de contestar.
[email protected]
Noviembre 4, 2011.
Sería un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas muy positivo para la evolución política de nuestro estado, que se le informara a la ciudadanía, que hay detrás, lo que en verdad ocurre, cuando se sustituyen funcionarios en los altos puestos del gobierno; decir si fue por ineptitud, o por negligencia o por corrupción, para no dejar a la especulación y a la maledicencia colectiva éste tipo de decisiones de quien gobierna. Cualquiera que sea la razón, significa que quien los designó no tuvo el acierto necesario y por lo tanto es corresponsable de sus deficiencias. Ya sabemos que por los “usos y costumbres” del actual gobierno del estado, no les gusta o simplemente no consideran necesario informar a los ciudadanos el motivo, de la designación o remoción de los más altos funcionarios del gobierno. Pero por consideración a los propios ciudadanos, y por congruencia con la transparencia y la rendición de cuentas que dice practicar, el gobernador Fernando Toranzo bien podría dar a conocer primero, porqué removió al Secretario de Cultura, al Subsecretario Jurídico y al Contralor General del estado y segundo, de qué méritos gozan los nuevos titulares, que no sean los de la amistad o la identidad partidista, Carlos Rogelio Beltrán Briseño, Miguel Martínez Castro e Isaac Delgado Rodríguez respectivamente, para haber alcanzado su nombramiento en ésos importantes cargos del gobierno estatal. También sabemos que el titular del ejecutivo, el gobernador, está facultado por la Ley a nombrar y a remover cuando lo estime pertinente a sus colaboradores, pero por principio de urbanidad política y respeto a los ciudadanos, bien podría explicar los motivos de las remociones y de los nuevos nombramientos.
Por lo pronto y a sólo dos días de haber anunciado los nombres de los nuevos funcionarios y de que rindieron protesta, ya salieron a la luz datos relacionados con uno de los ellos, el flamante Secretario de Cultura, Carlos Rogelio Beltrán Briseño, quien, a menos que se trate de un homónimo, estuvo detenido en el reclusorio preventivo de Guadalajara en el 2001, en cumplimiento de una orden girada por el juez cuarto de Distrito en materia penal, por presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado por la cantidad de $ 292,718.00, causando daño patrimonial al INAH, cuando fungía como Director del Museo Regional de Guadalajara en el año de 1999, donde después de una auditoría se determinó que existían irregularidades en los procedimientos administrativos y contradicciones entre los registros presupuestales que tenía y lo declarado, habiéndosele impuesto sanción económica por $ 122,792.00. Ésta información se hizo constar en el boletín de Procuraduría General de la República DPE/2614/04 del 8 de junio del 2004.
Si toda ésta información no se refiere a la misma persona, cabe preguntar ¿Porqué el gobernador Toranzo no ha salido a demostrar que se trata de otra persona pidiendo a la PGR que envíe la copia de la ficha del detenido, antes de que se desacredite injustamente al nuevo funcionario? También cabe preguntar si el Gobernador del Estado no está obligado a pedir a los nuevos funcionarios que van a ser incorporados a la administración pública, que presenten, entre otros documentos, una declaración o documento de no antecedentes penales, antes de ser designados.
El tema aquí no es el de la correcta o incorrecta designación de uno o varios funcionarios del gobierno estatal en particular, sino más bien el de los criterios con que se les contrata para los altos cargos públicos estatales. ¿Son aptos, competentes, honestos, inteligentes? ¿Cuáles son sus antecedentes de trabajo y de vida personal? O son simplemente amigos, o compromisos por filiación partidista? Esas son las cuestiones.
Pasando a otro tema, hago constar mi sentimiento de solidaridad con las familias de todas las personas que murieron trágicamente en la caída del helicóptero de la Secretaría de Gobernación, el pasado fatídico viernes 11. Ya se ha escrito mucho sobre el particular y queda poco, muy poco por añadir. Sólo sumo mi voz a la de quienes consideran improbable que se trate nuevamente, de un simple accidente que se añade a cuando menos otros dos ocurridos en años recientes, el del secretario del gobierno de Guanajuato José Martín Huerta en el 2004 y el del otro secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño, hace casi exactamente tres años.
Resulta más que extraño que en otros países del mundo ocurran éstas desgracias en que pierden la vida en unos cuantos años, los más altos funcionarios de gobierno de un estado y del gobierno federal, que tienen un denominador común, el de ser elementos importantes de la lucha contra la delincuencia. Quedan pues aún en relación a todas ésas calamidades y en particular a la del viernes pasado, muchas preguntas pendientes de contestar.