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Supernegocios municipales
Por ALFREDO LUJAMBIO RAFFOLS
[email protected]
Diciembre 2, 2011.
Creo que lo que más agravia a la sociedad mexicana actual, demás de la violencia creciente generada por la delincuencia, es sin duda la corrupción e impunidad que sigue prevaleciendo en altos niveles de la política. Después de un cambio de régimen como el que se dio en el 2000, con el que esperábamos todos una reducción drástica de la corrupción y de las conductas abusivas y rapaces de algunos de los altos funcionarios públicos, encontramos que éstas se siguen dando en muchas dependencias gubernamentales, aprovechándose del cargo que ostentan donde obtienen información privilegiada, para hacer grandes negocios ufanamente, sin el temor de tener que rendir cuentas de sus actos y pagar sus consecuencias al enfrentar a la justicia.
Preocupa fuertemente el observar que autoridades que tienen la enorme responsabilidad de velar por la seguridad pública y por el bien común, resulta que no solo eluden ésa obligación, sino que concentran su atención en hacer negocios que les dejarán cientos de millones de pesos en pocos años, contando además con la protección o complicidad de su jefe inmediato que es quien debería aplicar sanción enérgica, como el despido y el fincamiento inmediato de responsabilidad penal. Tal es el lamentable caso que estamos viendo en los más importantes medios de comunicación, en el que la presidenta municipal, la señora Victoria Labastida, se esfuerza en cubrirle la espalda a su tesorero Agustín Soberón en el caso del fabuloso negocio de la venta ilegal de terrenos municipales en la llamada “zona dorada” de la ciudad, sin el aval del congreso estatal. Un negocio que no sólo es inmoral, sino además ilegal, porque aun cuando algunos de los terrenos vendidos, estaban bajo un Amparo de la Suprema Corte, para poder realizar la venta, se requería que el congreso estatal, por su facultad constitucional, autorizara dichas transa......cciones.
En los últimos días, PULSO ha venido dando cuenta con datos puntuales, de la penosa (al menos debería de serlo para ellos), operación inmobiliaria en la que el ayuntamiento enajenó en el poniente de la ciudad, con la aprobación de todo el cuerpo edilicio, con excepción del regidor Gonzalo Benavente, una superficie de 20 hectáreas, a favor del único postor, casualmente, amigo muy cercano del tesorero municipal Agustín Soberón, Carlos Casillas Fenton, en condiciones que le permitirán al adquirente, realizar una utilidad en sólo 2 o 3 años, cercana a los 230 millones de pesos. Sin una verdadera licitación pública, ya que hubo un solo postor, pagando un porcentaje irrisorio del valor de los terrenos, equivalente a menos de una centésima parte de su costo, el prestanombres de Soberón, Casillas Fenton, a través de tres empresas creadas al vapor en unos cuantos meses, se hizo de los derechos de propiedad de 200,000 metros cuadrados de terrenos a razón de 770 pesos m2, que ya hoy está vendiendo sin invertirles nada y sin urbanizar, a 3,700 y 5,000 pesos, habiendo pagado sólo una parte ínfima de su costo. Hagamos cuentas en plan conservador: 20 Hs. Son 200,000 metros cuadrados. Suponiendo que la empresa compradora, cumpliría cabalmente con todas las disposiciones de la Ley de fraccionamientos, estimemos un 40% para calles, banquetas y áreas de donación. Queda una superficie vendible de 120,000 m2 a 4,200 pesos el metro que es en promedio a como lo están ya vendiendo, nos arroja 504 millones de venta. Restamos el costo del terreno a 770 pesos el metro, nos da un costo de adquisición (200,000 x 770) de 154 millones, en el caso hipotético de que el comprador cumpla puntualmente con el pago respectivo. Añadamos una inversión en infraestructura de 100 millones (pavimento, redes de agua, drenaje y eléctrica) y ahí tiene usted. Ingreso neto por venta, 504 millones. Costo del terreno, áreas de donación e infraestructura, 254 millones. Utilidad, 250 millones. Quítele otros 20 millones de gastos administrativos y de venta y ahí tiene: 230 millones de utilidad conservadoramente calculada. NEGOCIO REDONDO.
¿Qué clase de gobierno es aquél que permite que sus principales funcionarios o amigos íntimos de ellos, hagan grandes negocios con los bienes que le pertenecen a la sociedad en su conjunto? ¿Qué clase de ayuntamiento es aquél cuyo titular principal, el o la presidente(a) municipal solapa y respalda éste tipo de operaciones que socavan el patrimonio público de los potosinos, que debería ser destinado conforme a la Ley a servicios públicos, como jardines, áreas deportivas, centros educativos o de servicio social? Queda claro que los regidores que pertenecen al partido de la alcaldesa Labastida, el PRI, hayan podido aprobar ésta venta y en ésas condiciones tan desventajosas y sin la aprobación formal del congreso, pero ¿Y los del PAN y del PRD? ¿Cómo explicar que el único ofertante para adquirir 20 hectáreas de ése patrimonio público haya sido precisamente un grupo constructor cuyo representante legal, sea tan cercano al tesorero municipal Agustín Soberón Gordoa, como para haber sido su asistente cuando éste último ocupó la subsecretaría de finanzas del gobierno estatal y después, fue su compañero de fórmula en una candidatura perdedora a diputado ?
Por asepsia política y administrativa, y por respeto a la ciudadanía, ésas ventas deben ser canceladas, para dedicar ésos terrenos a los fines para los que fueron recibidos por el ayuntamiento, conforme a la Ley. Además el Congreso del estado podría recuperar algo de credibilidad fincando juicio político a la alcaldesa después de que ella sustituya al tesorero municipal. ¿Habrá justicia en éste caso? ¿Ud. Que opina?
[email protected]
Diciembre 2, 2011.
Creo que lo que más agravia a la sociedad mexicana actual, demás de la violencia creciente generada por la delincuencia, es sin duda la corrupción e impunidad que sigue prevaleciendo en altos niveles de la política. Después de un cambio de régimen como el que se dio en el 2000, con el que esperábamos todos una reducción drástica de la corrupción y de las conductas abusivas y rapaces de algunos de los altos funcionarios públicos, encontramos que éstas se siguen dando en muchas dependencias gubernamentales, aprovechándose del cargo que ostentan donde obtienen información privilegiada, para hacer grandes negocios ufanamente, sin el temor de tener que rendir cuentas de sus actos y pagar sus consecuencias al enfrentar a la justicia.
Preocupa fuertemente el observar que autoridades que tienen la enorme responsabilidad de velar por la seguridad pública y por el bien común, resulta que no solo eluden ésa obligación, sino que concentran su atención en hacer negocios que les dejarán cientos de millones de pesos en pocos años, contando además con la protección o complicidad de su jefe inmediato que es quien debería aplicar sanción enérgica, como el despido y el fincamiento inmediato de responsabilidad penal. Tal es el lamentable caso que estamos viendo en los más importantes medios de comunicación, en el que la presidenta municipal, la señora Victoria Labastida, se esfuerza en cubrirle la espalda a su tesorero Agustín Soberón en el caso del fabuloso negocio de la venta ilegal de terrenos municipales en la llamada “zona dorada” de la ciudad, sin el aval del congreso estatal. Un negocio que no sólo es inmoral, sino además ilegal, porque aun cuando algunos de los terrenos vendidos, estaban bajo un Amparo de la Suprema Corte, para poder realizar la venta, se requería que el congreso estatal, por su facultad constitucional, autorizara dichas transa......cciones.
En los últimos días, PULSO ha venido dando cuenta con datos puntuales, de la penosa (al menos debería de serlo para ellos), operación inmobiliaria en la que el ayuntamiento enajenó en el poniente de la ciudad, con la aprobación de todo el cuerpo edilicio, con excepción del regidor Gonzalo Benavente, una superficie de 20 hectáreas, a favor del único postor, casualmente, amigo muy cercano del tesorero municipal Agustín Soberón, Carlos Casillas Fenton, en condiciones que le permitirán al adquirente, realizar una utilidad en sólo 2 o 3 años, cercana a los 230 millones de pesos. Sin una verdadera licitación pública, ya que hubo un solo postor, pagando un porcentaje irrisorio del valor de los terrenos, equivalente a menos de una centésima parte de su costo, el prestanombres de Soberón, Casillas Fenton, a través de tres empresas creadas al vapor en unos cuantos meses, se hizo de los derechos de propiedad de 200,000 metros cuadrados de terrenos a razón de 770 pesos m2, que ya hoy está vendiendo sin invertirles nada y sin urbanizar, a 3,700 y 5,000 pesos, habiendo pagado sólo una parte ínfima de su costo. Hagamos cuentas en plan conservador: 20 Hs. Son 200,000 metros cuadrados. Suponiendo que la empresa compradora, cumpliría cabalmente con todas las disposiciones de la Ley de fraccionamientos, estimemos un 40% para calles, banquetas y áreas de donación. Queda una superficie vendible de 120,000 m2 a 4,200 pesos el metro que es en promedio a como lo están ya vendiendo, nos arroja 504 millones de venta. Restamos el costo del terreno a 770 pesos el metro, nos da un costo de adquisición (200,000 x 770) de 154 millones, en el caso hipotético de que el comprador cumpla puntualmente con el pago respectivo. Añadamos una inversión en infraestructura de 100 millones (pavimento, redes de agua, drenaje y eléctrica) y ahí tiene usted. Ingreso neto por venta, 504 millones. Costo del terreno, áreas de donación e infraestructura, 254 millones. Utilidad, 250 millones. Quítele otros 20 millones de gastos administrativos y de venta y ahí tiene: 230 millones de utilidad conservadoramente calculada. NEGOCIO REDONDO.
¿Qué clase de gobierno es aquél que permite que sus principales funcionarios o amigos íntimos de ellos, hagan grandes negocios con los bienes que le pertenecen a la sociedad en su conjunto? ¿Qué clase de ayuntamiento es aquél cuyo titular principal, el o la presidente(a) municipal solapa y respalda éste tipo de operaciones que socavan el patrimonio público de los potosinos, que debería ser destinado conforme a la Ley a servicios públicos, como jardines, áreas deportivas, centros educativos o de servicio social? Queda claro que los regidores que pertenecen al partido de la alcaldesa Labastida, el PRI, hayan podido aprobar ésta venta y en ésas condiciones tan desventajosas y sin la aprobación formal del congreso, pero ¿Y los del PAN y del PRD? ¿Cómo explicar que el único ofertante para adquirir 20 hectáreas de ése patrimonio público haya sido precisamente un grupo constructor cuyo representante legal, sea tan cercano al tesorero municipal Agustín Soberón Gordoa, como para haber sido su asistente cuando éste último ocupó la subsecretaría de finanzas del gobierno estatal y después, fue su compañero de fórmula en una candidatura perdedora a diputado ?
Por asepsia política y administrativa, y por respeto a la ciudadanía, ésas ventas deben ser canceladas, para dedicar ésos terrenos a los fines para los que fueron recibidos por el ayuntamiento, conforme a la Ley. Además el Congreso del estado podría recuperar algo de credibilidad fincando juicio político a la alcaldesa después de que ella sustituya al tesorero municipal. ¿Habrá justicia en éste caso? ¿Ud. Que opina?