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Con permiso para delinquir
Segunda y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 25, 2011
Sin que se modificaran los términos y condiciones del contrato de Prestación de Servicios que le permitieran al gobierno del doctor Fernando Toranzo disponer libremente de la Torre Corporativa del Centro de Convenciones (Centro), y sin considerar que la administración estatal tendrá que pagarle a la comercializadora de Centro una renta millonaria cuando se formalice la entrega recepción del inmueble; la Secretaría de Desarrollo Económico ocupó ilegalmente una superficie de 2,828 metros cuadrados, en la que desde hace seis meses instaló sus oficinas que adecuó a sus necesidades a un costo de 5 millones de pesos. En el contrato de referencia que se celebró el 5 de agosto de 2009, el gobierno de Marcelo de los Santos aceptó cubrirle a Administradora Mexicana de Hipódromos, S.A. de C.V. (AMH), una contraprestación de 30 pesos diarios por cada metro cuadrado que utilice para sus eventos, en el entendido de que por este edificio estaría pagando en el 2012 una renta anual de 30 millones 966 mil pesos, menos el importe de un crédito o bono establecido en el anexo “E” del contrato por 1 millón 828 mil 66 pesos. Lo que equivaldría a un desembolso de 16.51 veces mayor a la renta que pretendía el último arrendador y que para ahorrársela se cambiaron de domicilio. Y todo para hospedar a un montón de burócratas de una Secretaría incompetente y opaca a la que los estados vecinos le han ganado todas las armadoras de vehículos y empresas importantes que se han instalado en el centro del país.
Ni SEDECO, ni SEDUVOP, ni la Secretaría de Turismo, ni la Oficialía Mayor, que es la responsable de administrar los bienes del Estado, saben bajo qué condiciones o con qué título ocupa el Gobierno del Estado esas oficinas, pues ninguna de estas dependencias ha podido responder a la solicitud de un peticionario de información pública intrigado por ese desplazamiento que las autoridades se resisten a transparentar. Es más, el 22 de octubre de 2010, el Oficial Mayor, José Francisco Carrera Martell, me notificó en su oficio número OM-DT-260/2010: “Que revisados los archivos de esta dependencia, le comunico que no se encontró documento relativo al convenio modificatorio que se firmó con Administradora Mexicana de Hipódromos, el cual fue anunciado por el Arq. Luis Nava Calvillo, titular de la SEDUVOP…”. El mismo funcionario que firmó el 10 de mayo de 2009 el acta de entrega recepción del Centro que construyó ICA, y en la que no asentó observación alguna, haciendo constar que la obra se encontraba “totalmente terminada y funcionando” de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato a precio alzado que tuvo un costo de 504 millones 900 mil pesos. El 10 de febrero de 2011, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) resolvió el recurso de queja que se presentó en contra de la Oficialía Mayor, en el que revoca el acto impugnado y le ordena la búsqueda del convenio modificatorio, y le advierte, que en caso de no encontrarlo, deberá justificar la inexistencia o pérdida del documento; lo que hasta ahora no han ocurrido ni se les ha sancionado el desacato, no obstante que se les otorgó un plazo de 10 días para que satisficieran tales exigencias.
La ocupación del inmueble por parte de SEDECO, como dependencia del Poder Ejecutivo, está contemplada en el punto g) de las declaraciones de “El Estado” en el contrato a que se hace referencia, pero no como una potestad arbitraria o discrecional en la que bastaría la determinación del gobierno del Estado para tomar la Torre Ejecutiva, pues en la respuesta que me dieron las dependencias gubernamentales se omitió mencionar que tal ocupación se daría “en apego a lo establecido en las cláusulas que adelante se pactan”. Y la cláusula séptima del contrato citado señala: “El Estado tendrá acceso a los diversos salones y/o espacios de El Centro, para la realización y desarrollo de eventos de diversa naturaleza y hasta por las cantidades que se indican en el anexo ”E” denominado Disponibilidad de Uso de Espacios para Gobierno del Estado en el Centro de Convenciones y Exposiciones y que forma parte integrante del presente documento” Y agrega en su tercer párrafo: “En su caso, El Estado suscribirá por sí o a través de las dependencias que lo integran, Contrato de Prestación de Servicios que corresponda con AMH”. En ese anexo se establece una tarifa por metro cuadrado de treinta pesos, -se supone que diarios- de 2010 a 2018, menos el bono o descuento, con un límite que varía cada año.
El Centro de Convenciones se ha convertido en un barril sin fondo por todos los recursos que infructuosamente se le han invertido, pues a la inversión original habría que agregarle los 64 millones de pesos que reclamaba ICA por concepto de modificaciones y adiciones al proyecto, y que nunca supimos en cuánto quedaron; más el mobiliario y equipo que ha exigido la operadora, así como los 15 millones 720 mil pesos que costó la cocina. A lo anterior habría que agregarle otros 5 millones de pesos que el gobierno del Estado le regaló a AMH para que promoviera sus servicios, sin que ese donativo se hubiera estipulado en el convenio que suscribieron las partes. Hay que sumarle también los 48 millones de pesos que pagó el gobierno del contador a Desarrollo del Pedregal de San Luis, una sociedad en la que Vicente Rangel tiene intereses, por las 6 hectáreas que ocupa el Centro, a 800 pesos el metro cuadrado; más el valor de los ruinosos compromisos que contrajo con el vendedor en un clausulado tramposo y oscuro que le originará a la empresa una enorme plusvalía en la superficie que se reserva, pues el gobierno se obliga a urbanizar una superficie de 4,597 metros cuadrados y construir las vialidades para acceder al inmueble, como es el puente vehicular que ya atraviesa el boulevard Antonio Rocha.
Las administraciones de Marcelo de los Santos y de Toranzo comparten responsabilidades en esta operación; el primero por dilapidar el dinero y entregar el Centro de Convenciones, sin licitar, a una empresa que es pura faramalla; y el segundo, por su incapacidad para negociar la rescisión del contrato y darle así un uso distinto al inmueble, como podría ser la ciudad administrativa que ofreció al principio de su mandato para alojar a una buena parte de la burocracia potosina.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 25, 2011
Sin que se modificaran los términos y condiciones del contrato de Prestación de Servicios que le permitieran al gobierno del doctor Fernando Toranzo disponer libremente de la Torre Corporativa del Centro de Convenciones (Centro), y sin considerar que la administración estatal tendrá que pagarle a la comercializadora de Centro una renta millonaria cuando se formalice la entrega recepción del inmueble; la Secretaría de Desarrollo Económico ocupó ilegalmente una superficie de 2,828 metros cuadrados, en la que desde hace seis meses instaló sus oficinas que adecuó a sus necesidades a un costo de 5 millones de pesos. En el contrato de referencia que se celebró el 5 de agosto de 2009, el gobierno de Marcelo de los Santos aceptó cubrirle a Administradora Mexicana de Hipódromos, S.A. de C.V. (AMH), una contraprestación de 30 pesos diarios por cada metro cuadrado que utilice para sus eventos, en el entendido de que por este edificio estaría pagando en el 2012 una renta anual de 30 millones 966 mil pesos, menos el importe de un crédito o bono establecido en el anexo “E” del contrato por 1 millón 828 mil 66 pesos. Lo que equivaldría a un desembolso de 16.51 veces mayor a la renta que pretendía el último arrendador y que para ahorrársela se cambiaron de domicilio. Y todo para hospedar a un montón de burócratas de una Secretaría incompetente y opaca a la que los estados vecinos le han ganado todas las armadoras de vehículos y empresas importantes que se han instalado en el centro del país.
Ni SEDECO, ni SEDUVOP, ni la Secretaría de Turismo, ni la Oficialía Mayor, que es la responsable de administrar los bienes del Estado, saben bajo qué condiciones o con qué título ocupa el Gobierno del Estado esas oficinas, pues ninguna de estas dependencias ha podido responder a la solicitud de un peticionario de información pública intrigado por ese desplazamiento que las autoridades se resisten a transparentar. Es más, el 22 de octubre de 2010, el Oficial Mayor, José Francisco Carrera Martell, me notificó en su oficio número OM-DT-260/2010: “Que revisados los archivos de esta dependencia, le comunico que no se encontró documento relativo al convenio modificatorio que se firmó con Administradora Mexicana de Hipódromos, el cual fue anunciado por el Arq. Luis Nava Calvillo, titular de la SEDUVOP…”. El mismo funcionario que firmó el 10 de mayo de 2009 el acta de entrega recepción del Centro que construyó ICA, y en la que no asentó observación alguna, haciendo constar que la obra se encontraba “totalmente terminada y funcionando” de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato a precio alzado que tuvo un costo de 504 millones 900 mil pesos. El 10 de febrero de 2011, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) resolvió el recurso de queja que se presentó en contra de la Oficialía Mayor, en el que revoca el acto impugnado y le ordena la búsqueda del convenio modificatorio, y le advierte, que en caso de no encontrarlo, deberá justificar la inexistencia o pérdida del documento; lo que hasta ahora no han ocurrido ni se les ha sancionado el desacato, no obstante que se les otorgó un plazo de 10 días para que satisficieran tales exigencias.
La ocupación del inmueble por parte de SEDECO, como dependencia del Poder Ejecutivo, está contemplada en el punto g) de las declaraciones de “El Estado” en el contrato a que se hace referencia, pero no como una potestad arbitraria o discrecional en la que bastaría la determinación del gobierno del Estado para tomar la Torre Ejecutiva, pues en la respuesta que me dieron las dependencias gubernamentales se omitió mencionar que tal ocupación se daría “en apego a lo establecido en las cláusulas que adelante se pactan”. Y la cláusula séptima del contrato citado señala: “El Estado tendrá acceso a los diversos salones y/o espacios de El Centro, para la realización y desarrollo de eventos de diversa naturaleza y hasta por las cantidades que se indican en el anexo ”E” denominado Disponibilidad de Uso de Espacios para Gobierno del Estado en el Centro de Convenciones y Exposiciones y que forma parte integrante del presente documento” Y agrega en su tercer párrafo: “En su caso, El Estado suscribirá por sí o a través de las dependencias que lo integran, Contrato de Prestación de Servicios que corresponda con AMH”. En ese anexo se establece una tarifa por metro cuadrado de treinta pesos, -se supone que diarios- de 2010 a 2018, menos el bono o descuento, con un límite que varía cada año.
El Centro de Convenciones se ha convertido en un barril sin fondo por todos los recursos que infructuosamente se le han invertido, pues a la inversión original habría que agregarle los 64 millones de pesos que reclamaba ICA por concepto de modificaciones y adiciones al proyecto, y que nunca supimos en cuánto quedaron; más el mobiliario y equipo que ha exigido la operadora, así como los 15 millones 720 mil pesos que costó la cocina. A lo anterior habría que agregarle otros 5 millones de pesos que el gobierno del Estado le regaló a AMH para que promoviera sus servicios, sin que ese donativo se hubiera estipulado en el convenio que suscribieron las partes. Hay que sumarle también los 48 millones de pesos que pagó el gobierno del contador a Desarrollo del Pedregal de San Luis, una sociedad en la que Vicente Rangel tiene intereses, por las 6 hectáreas que ocupa el Centro, a 800 pesos el metro cuadrado; más el valor de los ruinosos compromisos que contrajo con el vendedor en un clausulado tramposo y oscuro que le originará a la empresa una enorme plusvalía en la superficie que se reserva, pues el gobierno se obliga a urbanizar una superficie de 4,597 metros cuadrados y construir las vialidades para acceder al inmueble, como es el puente vehicular que ya atraviesa el boulevard Antonio Rocha.
Las administraciones de Marcelo de los Santos y de Toranzo comparten responsabilidades en esta operación; el primero por dilapidar el dinero y entregar el Centro de Convenciones, sin licitar, a una empresa que es pura faramalla; y el segundo, por su incapacidad para negociar la rescisión del contrato y darle así un uso distinto al inmueble, como podría ser la ciudad administrativa que ofreció al principio de su mandato para alojar a una buena parte de la burocracia potosina.