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El Cuentón de Toranzo
Primera parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 13, 2011
El doctor Fernando Toranzo tiene la obligación moral y política de explicarnos a los potosinos –sin ocultamientos ni mentiras- los motivos por los que después de 17 meses no ha podido despegar su gobierno, por qué permanece paralizado, por qué existen tantos y tan sentidos rezagos y reclamos sociales sin atender, por qué estamos igual o peor que antes de que asumiera la gubernatura, por qué se lamenta y se queja tanto de que no tiene dinero y que heredó unas finanzas quebradas, si durante el 2010 el estado de San Luis Potosí recibió recursos como nunca antes en su historia. Debe explicarnos las razones por las que su administración no ha iniciado obras de impacto social, por qué no hay obra pública relevante, por qué el campo está arruinado, por qué los municipios desolados, por qué los servicios públicos son tan deficientes, por qué las inversiones que se mencionan en su cuenta pública ni se ven ni se sienten, si nunca antes habíamos tenido tanto dinero como ahora; corrijo, sí hay algunas obras que se ven y se sienten como el asta y la bandera monumental que cada vez que ondea se desgarra y que su gobierno, al igual que la plaza que la circunda, adjudicó directamente sin haberlas licitado a un precio que excedió los 21 millones de pesos (Obras Nos. 73 y 74 en la página 4), violando la Ley de Obras Públicas. No se imagina el priísta el impacto negativo, la imagen de fracaso que proyecta su gobierno cuando los potosinos observamos con desaliento y tristeza que después de cinco o más intentos, su equipo de trabajo es incapaz de mantener en lo alto una bandera sin rasgaduras, sin importarnos que la responsabilidad directa del percance pueda apuntarse en otras direcciones. Estoy seguro que la reflexión generalizada va en el sentido de que si su gobierno no puede resolver un asunto banal como el que se plantea, entonces, nada tiene qué hacer ante problemas de mayor envergadura. La miseria en la que viven la mayoría de los potosinos no se refleja en la enmarañada contabilidad gubernamental que acaba de dar a conocer el gobernador en el informe anual de la cuenta pública que entregó el pasado 28 de febrero al Congreso del Estado para su revisión y análisis. Los números que presume son impresionantes pues asegura que los ingresos que recaudó durante ese año, algo así como 27 mil 761 millones de pesos, rebasan en 2 mil 470 millones el monto que ingresó a las arcas estatales en el último año del sexenio de Marcelo de los Santos, con todo y los 1 mil 500 millones de pesos que éste obtuvo mediante un oscuro e ilegal financiamiento que sumó a su cuenta pública en las postrimerías de su mandato; y sin que hasta a la fecha se le hayan fincado responsabilidades al secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, porque el Auditor Superior del Estado (ASE), Héctor Mayorga, observó (pag. 19 - hoja 18 de 47) en su auditoría que por lo menos 562 millones de pesos de los obtenidos en ese crédito no se podían identificar en qué los había aplicado el gobierno de Fernando Toranzo, quien –según el auditor- los recibió del de Marcelo de los Santos. Nadie ha querido señalar quién y en qué los gastó. Es más, para que este reclamo quedara sin sustento, para que se perdiera en los laberintos de la confusión y del tiempo, el doctor Toranzo se atrevió –con la complicidad de los diputados- a reestructurar la totalidad de esa deuda (pag.52), y negociar otro crédito con otro banco por igual monto para cubrir con esos recursos el adeudo que se tenía con el primer banco acreedor, sin que antes hubiera aclarado fehacientemente las observaciones que se le notificaron, demostrando que él nada tuvo que ver con el destino de ese dinero.
Es tal el interés de las autoridades para que este asunto quede tapado para siempre, que el organismo responsable de garantizarle a los ciudadanos el derecho constitucional de acceder a la información pública, la CEGAIP, acaba de resolver el sobreseimiento de un acto que impugnamos, esto quiere decir que le dio la razón a la ASE para que nos niegue las copias simples de los registros contables en los que basó Mayorga la observación de que el saldo del crédito no aplicado al 25 de septiembre de 2009 -último día de gestión del ex gobernador panista- por casi 562 millones de pesos, lo había recibido y gastado –quién sabe en qué- el gobierno del doctor Toranzo. La ASE en un principio alegó que la información que le solicitábamos tenía carácter de reservada y que por lo tanto estaba impedida para entregarla. Este pronunciamiento implicaba el reconocimiento expreso de que poseía la información requerida pues de lo contrario no se la hubiera reservado, pues nadie se reserva algo que no tiene. Después, ante la fragilidad de su argumento modificó su negativa aduciendo que no era la autoridad competente para proporcionarla y que en todo caso se la requiriéramos a la Secretaría de Finanzas, cuando la CEGAIP sabía muy bien que las observaciones y registros contables que demandábamos los tenía la ASE, por haber sido la autoridad que los originó. Ahora que le solicitemos esa información a la Secretaría de Finanzas, seguramente que nos contestará que nos dirijamos a la ASE, justificando que ellos no la tienen.
En ninguno de los capítulos de la cuenta pública estatal correspondientes al gasto público ejercido en 2010 aparecen registrados los montos millonarios que el Gobierno del Estado devolvió al Gobierno Federal durante ese año porque la Auditoría Superior de la Federación así se lo ordenó, al haber detectado diversas irregularidades en la aplicación del gasto público del 2009 que podrían alcanzar la cifra de 677 millones de pesos, como consta en el extracto de las auditorías practicadas a 16 fondos de programas gubernamentales. Estas erogaciones, no contabilizadas, podrían explicar en parte la razón por la que los recursos extraordinarios que recibió el Gobierno de Toranzo no se vean y se hayan esfumado en el pago de esos reclamos, en lugar de haberse aplicado en obras y acciones inaplazables.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 13, 2011
El doctor Fernando Toranzo tiene la obligación moral y política de explicarnos a los potosinos –sin ocultamientos ni mentiras- los motivos por los que después de 17 meses no ha podido despegar su gobierno, por qué permanece paralizado, por qué existen tantos y tan sentidos rezagos y reclamos sociales sin atender, por qué estamos igual o peor que antes de que asumiera la gubernatura, por qué se lamenta y se queja tanto de que no tiene dinero y que heredó unas finanzas quebradas, si durante el 2010 el estado de San Luis Potosí recibió recursos como nunca antes en su historia. Debe explicarnos las razones por las que su administración no ha iniciado obras de impacto social, por qué no hay obra pública relevante, por qué el campo está arruinado, por qué los municipios desolados, por qué los servicios públicos son tan deficientes, por qué las inversiones que se mencionan en su cuenta pública ni se ven ni se sienten, si nunca antes habíamos tenido tanto dinero como ahora; corrijo, sí hay algunas obras que se ven y se sienten como el asta y la bandera monumental que cada vez que ondea se desgarra y que su gobierno, al igual que la plaza que la circunda, adjudicó directamente sin haberlas licitado a un precio que excedió los 21 millones de pesos (Obras Nos. 73 y 74 en la página 4), violando la Ley de Obras Públicas. No se imagina el priísta el impacto negativo, la imagen de fracaso que proyecta su gobierno cuando los potosinos observamos con desaliento y tristeza que después de cinco o más intentos, su equipo de trabajo es incapaz de mantener en lo alto una bandera sin rasgaduras, sin importarnos que la responsabilidad directa del percance pueda apuntarse en otras direcciones. Estoy seguro que la reflexión generalizada va en el sentido de que si su gobierno no puede resolver un asunto banal como el que se plantea, entonces, nada tiene qué hacer ante problemas de mayor envergadura. La miseria en la que viven la mayoría de los potosinos no se refleja en la enmarañada contabilidad gubernamental que acaba de dar a conocer el gobernador en el informe anual de la cuenta pública que entregó el pasado 28 de febrero al Congreso del Estado para su revisión y análisis. Los números que presume son impresionantes pues asegura que los ingresos que recaudó durante ese año, algo así como 27 mil 761 millones de pesos, rebasan en 2 mil 470 millones el monto que ingresó a las arcas estatales en el último año del sexenio de Marcelo de los Santos, con todo y los 1 mil 500 millones de pesos que éste obtuvo mediante un oscuro e ilegal financiamiento que sumó a su cuenta pública en las postrimerías de su mandato; y sin que hasta a la fecha se le hayan fincado responsabilidades al secretario de Finanzas, Jesús Conde Mejía, porque el Auditor Superior del Estado (ASE), Héctor Mayorga, observó (pag. 19 - hoja 18 de 47) en su auditoría que por lo menos 562 millones de pesos de los obtenidos en ese crédito no se podían identificar en qué los había aplicado el gobierno de Fernando Toranzo, quien –según el auditor- los recibió del de Marcelo de los Santos. Nadie ha querido señalar quién y en qué los gastó. Es más, para que este reclamo quedara sin sustento, para que se perdiera en los laberintos de la confusión y del tiempo, el doctor Toranzo se atrevió –con la complicidad de los diputados- a reestructurar la totalidad de esa deuda (pag.52), y negociar otro crédito con otro banco por igual monto para cubrir con esos recursos el adeudo que se tenía con el primer banco acreedor, sin que antes hubiera aclarado fehacientemente las observaciones que se le notificaron, demostrando que él nada tuvo que ver con el destino de ese dinero.
Es tal el interés de las autoridades para que este asunto quede tapado para siempre, que el organismo responsable de garantizarle a los ciudadanos el derecho constitucional de acceder a la información pública, la CEGAIP, acaba de resolver el sobreseimiento de un acto que impugnamos, esto quiere decir que le dio la razón a la ASE para que nos niegue las copias simples de los registros contables en los que basó Mayorga la observación de que el saldo del crédito no aplicado al 25 de septiembre de 2009 -último día de gestión del ex gobernador panista- por casi 562 millones de pesos, lo había recibido y gastado –quién sabe en qué- el gobierno del doctor Toranzo. La ASE en un principio alegó que la información que le solicitábamos tenía carácter de reservada y que por lo tanto estaba impedida para entregarla. Este pronunciamiento implicaba el reconocimiento expreso de que poseía la información requerida pues de lo contrario no se la hubiera reservado, pues nadie se reserva algo que no tiene. Después, ante la fragilidad de su argumento modificó su negativa aduciendo que no era la autoridad competente para proporcionarla y que en todo caso se la requiriéramos a la Secretaría de Finanzas, cuando la CEGAIP sabía muy bien que las observaciones y registros contables que demandábamos los tenía la ASE, por haber sido la autoridad que los originó. Ahora que le solicitemos esa información a la Secretaría de Finanzas, seguramente que nos contestará que nos dirijamos a la ASE, justificando que ellos no la tienen.
En ninguno de los capítulos de la cuenta pública estatal correspondientes al gasto público ejercido en 2010 aparecen registrados los montos millonarios que el Gobierno del Estado devolvió al Gobierno Federal durante ese año porque la Auditoría Superior de la Federación así se lo ordenó, al haber detectado diversas irregularidades en la aplicación del gasto público del 2009 que podrían alcanzar la cifra de 677 millones de pesos, como consta en el extracto de las auditorías practicadas a 16 fondos de programas gubernamentales. Estas erogaciones, no contabilizadas, podrían explicar en parte la razón por la que los recursos extraordinarios que recibió el Gobierno de Toranzo no se vean y se hayan esfumado en el pago de esos reclamos, en lugar de haberse aplicado en obras y acciones inaplazables.