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El piar del Piolín
Segunda parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 15, 2010
En el desplegado que publicó el ex director del Instituto de Vivienda del Estado (INVIES), Jorge González Hernández, el 25 de junio, en el diario “La Razón”, explica a la opinión pública que se vio obligado a pagar con terrenos un adeudo de 39 millones de pesos que se tenía con varios constructores por diversas obras que realizaron en Ciudad Satélite, porque su representada no tenía liquidez para cubrir sus compromisos con dinero en efectivo, pues las casas que tenía programadas vender no se habían vendido como consecuencia directa de la crisis económica que se vivió en el país a finales del 2008 y principios del 2009; pero no aclara en su escrito que esa crisis se vio acentuada porque no entregó a tiempo la urbanización, y las viviendas no se pudieron terminar en las fechas convenidas, lo que provocó que los costos se incrementaran sustancialmente. Ni tampoco reconoce que contrajo compromisos sin previa autorización presupuestal, ni disponibilidad financiera que soportara el pago de las inversiones.
Este es el origen del pago millonario que reclaman los promotores de las primeras 3,000 viviendas, que quedaron reducidas a 2,521 por diversas razones, y que les fueron asignadas directamente porque se comprometieron a que con recursos propios o con financiamiento que ellos conseguirían, construirían el primer paquete de casas que se les adjudicaron. Además, el ex director, no relata que el 23 de septiembre de 2009, a unas cuantas horas de que concluyera el gobierno de Marcelo de los Santos, firmó un enmarañado convenio de concertación de acciones con Banco Interacciones y los 10 constructores y el urbanizador de esa primera etapa del proyecto, en la que el banco se obligaba a otorgar créditos adicionales a los empresarios hasta por 70 millones de pesos para ser destinados a la conclusión de las obras de urbanización pendientes, con la aclaración de que si no les alcanzaba ese dinero podrían disponer de los recursos excedentes en el momento en que se individualizaran las ventas. No explica ni justifica en el desplegado que dirigió a la opinión pública que no tenía facultades para afectar en fideicomiso el patrimonio inmobiliario del Estado; y menos que el gobierno pudiera garantizar el crédito que solicitaron y obtuvieron ese grupo de constructores. El tamaño del fracaso del proyecto inmobiliario se puede medir por la ampliación del plazo que se estableció para concluir apenas el primer paquete de viviendas, que de mayo de 2008 se recorrió hasta el 2012.
El responsable de la obra más ambiciosa del sexenio marcelista asegura que no hubo lesión en esta operación, que los lotes de terreno que se dieron en pago valen exactamente el importe de lo que se le adeudaba a los empresarios, y que las reservas territoriales del Estado no sufrieron menoscabo alguno porque se entregaron en su precio justo, como lo puede comprobar con el avalúo bancario que reporta esa misma cantidad, y que obra en poder del nuevo director del organismo, Roberto Naif Kury; y que por el contrario, éste no ha podido demostrar que el valor comercial o de mercado de esos casi un millón de metros cuadrados de terreno que dio en pago, valgan 80 millones de pesos, como ahora acusa, porque no ha exhibido ningún documento que avale esa cifra. El también ex director del Interapas no ha mostrado en ningún momento el acta de asamblea del Consejo de Administración del INVIES que lo haya autorizado expresamente para celebrar ese contrato. Ni ha presentado el avalúo que dice que lo protege, ni ha detallado las inversiones que pagaron los constructores.
Alega en su desplegado “que si se pretendiera vender los terrenos en la cantidad que argumenta (Roberto Naif Kury) que valen, sería incosteable para las empresas construir sobre los mismos vivienda del tipo económico…”. Más no revela que el 13 de agosto de 2008 celebró con una de las principales constructoras del país, Dynámica Desarrollos Sustentables, S.A. de C.V., con domicilio en la ciudad de Guadalajara, un contrato de compra venta por más de un millón 642 mil metros cuadrados en esa misma zona, a 80 pesos el metro; y que si la operación fuera incosteable o inviable, como se justifica, seguramente que esos experimentados constructores no le hubieran entrado al negocio. Más adelante denuncia que Naif Kury trató de cancelar el convenio que celebró con los empresarios potosinos a los que les hizo ver que la anterior administración estatal no contaba con la autorización del Consejo de Administración del INVIES, lo que según el ex director no es cierto, porque “tanto el Ing. Naif Kury como el actual Contralor interno del INVIES, Arq. Enrique Rivas Santoyo, acusaron de recibido el acta señalada, firmando ambos de puño y letra. Después en repetidas ocasiones, han argumentado su inexistencia”. El documento que asegura que le firmaron estos funcionarios tampoco lo ha enseñado.
Este reclamo tiene un antecedente que desde mi punto de vista es el más crítico de todo el proyecto habitacional, y que no fue observado por el auditor superior del Estado. Me refiero a las garantías que otorgó González Hernández, como apoderado del INVIES, a través de un fideicomiso irrevocable de administración, inversión, garantía y fuente de pago en el que afectó la mitad indivisa de más de 6 millones 867 mil metros cuadrados de terreno en Ciudad Satélite para asegurarle al Banco Interacciones el reembolso de un préstamo por 270 millones de pesos que le confió a los empresarios que construirían las primeras 3,000 viviendas; no obstante que éstos se habían comprometido a levantas esas construcciones con recursos propios, pues de lo contrario tenía que haberse licitado la obra. Se trata de un contrato que es nulo de pleno derecho porque ni con la autorización del Consejo de Administración del INVIES, ni con la del Congreso del Estado podía haberse celebrado. Bien sabía que el Gobierno del Estado estaba impedido para avalar o garantizar empréstitos o financiamientos de particulares.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 15, 2010
En el desplegado que publicó el ex director del Instituto de Vivienda del Estado (INVIES), Jorge González Hernández, el 25 de junio, en el diario “La Razón”, explica a la opinión pública que se vio obligado a pagar con terrenos un adeudo de 39 millones de pesos que se tenía con varios constructores por diversas obras que realizaron en Ciudad Satélite, porque su representada no tenía liquidez para cubrir sus compromisos con dinero en efectivo, pues las casas que tenía programadas vender no se habían vendido como consecuencia directa de la crisis económica que se vivió en el país a finales del 2008 y principios del 2009; pero no aclara en su escrito que esa crisis se vio acentuada porque no entregó a tiempo la urbanización, y las viviendas no se pudieron terminar en las fechas convenidas, lo que provocó que los costos se incrementaran sustancialmente. Ni tampoco reconoce que contrajo compromisos sin previa autorización presupuestal, ni disponibilidad financiera que soportara el pago de las inversiones.
Este es el origen del pago millonario que reclaman los promotores de las primeras 3,000 viviendas, que quedaron reducidas a 2,521 por diversas razones, y que les fueron asignadas directamente porque se comprometieron a que con recursos propios o con financiamiento que ellos conseguirían, construirían el primer paquete de casas que se les adjudicaron. Además, el ex director, no relata que el 23 de septiembre de 2009, a unas cuantas horas de que concluyera el gobierno de Marcelo de los Santos, firmó un enmarañado convenio de concertación de acciones con Banco Interacciones y los 10 constructores y el urbanizador de esa primera etapa del proyecto, en la que el banco se obligaba a otorgar créditos adicionales a los empresarios hasta por 70 millones de pesos para ser destinados a la conclusión de las obras de urbanización pendientes, con la aclaración de que si no les alcanzaba ese dinero podrían disponer de los recursos excedentes en el momento en que se individualizaran las ventas. No explica ni justifica en el desplegado que dirigió a la opinión pública que no tenía facultades para afectar en fideicomiso el patrimonio inmobiliario del Estado; y menos que el gobierno pudiera garantizar el crédito que solicitaron y obtuvieron ese grupo de constructores. El tamaño del fracaso del proyecto inmobiliario se puede medir por la ampliación del plazo que se estableció para concluir apenas el primer paquete de viviendas, que de mayo de 2008 se recorrió hasta el 2012.
El responsable de la obra más ambiciosa del sexenio marcelista asegura que no hubo lesión en esta operación, que los lotes de terreno que se dieron en pago valen exactamente el importe de lo que se le adeudaba a los empresarios, y que las reservas territoriales del Estado no sufrieron menoscabo alguno porque se entregaron en su precio justo, como lo puede comprobar con el avalúo bancario que reporta esa misma cantidad, y que obra en poder del nuevo director del organismo, Roberto Naif Kury; y que por el contrario, éste no ha podido demostrar que el valor comercial o de mercado de esos casi un millón de metros cuadrados de terreno que dio en pago, valgan 80 millones de pesos, como ahora acusa, porque no ha exhibido ningún documento que avale esa cifra. El también ex director del Interapas no ha mostrado en ningún momento el acta de asamblea del Consejo de Administración del INVIES que lo haya autorizado expresamente para celebrar ese contrato. Ni ha presentado el avalúo que dice que lo protege, ni ha detallado las inversiones que pagaron los constructores.
Alega en su desplegado “que si se pretendiera vender los terrenos en la cantidad que argumenta (Roberto Naif Kury) que valen, sería incosteable para las empresas construir sobre los mismos vivienda del tipo económico…”. Más no revela que el 13 de agosto de 2008 celebró con una de las principales constructoras del país, Dynámica Desarrollos Sustentables, S.A. de C.V., con domicilio en la ciudad de Guadalajara, un contrato de compra venta por más de un millón 642 mil metros cuadrados en esa misma zona, a 80 pesos el metro; y que si la operación fuera incosteable o inviable, como se justifica, seguramente que esos experimentados constructores no le hubieran entrado al negocio. Más adelante denuncia que Naif Kury trató de cancelar el convenio que celebró con los empresarios potosinos a los que les hizo ver que la anterior administración estatal no contaba con la autorización del Consejo de Administración del INVIES, lo que según el ex director no es cierto, porque “tanto el Ing. Naif Kury como el actual Contralor interno del INVIES, Arq. Enrique Rivas Santoyo, acusaron de recibido el acta señalada, firmando ambos de puño y letra. Después en repetidas ocasiones, han argumentado su inexistencia”. El documento que asegura que le firmaron estos funcionarios tampoco lo ha enseñado.
Este reclamo tiene un antecedente que desde mi punto de vista es el más crítico de todo el proyecto habitacional, y que no fue observado por el auditor superior del Estado. Me refiero a las garantías que otorgó González Hernández, como apoderado del INVIES, a través de un fideicomiso irrevocable de administración, inversión, garantía y fuente de pago en el que afectó la mitad indivisa de más de 6 millones 867 mil metros cuadrados de terreno en Ciudad Satélite para asegurarle al Banco Interacciones el reembolso de un préstamo por 270 millones de pesos que le confió a los empresarios que construirían las primeras 3,000 viviendas; no obstante que éstos se habían comprometido a levantas esas construcciones con recursos propios, pues de lo contrario tenía que haberse licitado la obra. Se trata de un contrato que es nulo de pleno derecho porque ni con la autorización del Consejo de Administración del INVIES, ni con la del Congreso del Estado podía haberse celebrado. Bien sabía que el Gobierno del Estado estaba impedido para avalar o garantizar empréstitos o financiamientos de particulares.