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El piar del Piolín
Tercera y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 29, 2010
La falta de planeación y presupuesto en un proyecto que parecía noble como el de Ciudad Satélite, pero que no estaba debidamente sustentado; al que había que destinarle cuantiosos recursos que no se tenían en obras de infraestructura; en el que se soñaba construir un centro de población con 30,000 viviendas sin contar con el financiamiento debido; la dilación del organismo en la entrega de los lotes urbanizados a los constructores sobre los que se levantarían las primeras 3,000 casas; así como la suspensión de los subsidios federales, provocaron que el proyecto se colapsara, que se incrementaran los precios y que se le perdiera la credibilidad y confianza. Estos han sido algunos de los factores que han contribuido al fracaso de la magna obra del gobierno panista, pero el desorden y los manejos indebidos que ocurrieron en esa operación se debieron principalmente a que el proyecto se manejó con un criterio empresarial y patrimonialista, con muchos riesgos, como si se tratara de un negocio propiedad del ex director, Jorge González Hernández, quien le dio al traste a este encomiable propósito que ahora se ha convertido en un escandaloso asunto penal que lo involucra a él, y al ex gobernador del Estado como presuntos delincuentes, por haber sido el primero, el ejecutor del proyecto, y el segundo, el presidente del Consejo de Administración del INVIES, y por lo tanto, el principal responsable de lo que allí ocurría. Esta es una historia que se repite cada vez que el gobierno la quiere hacer de empresario.
En el desplegado que publicó el ex funcionario que está a punto de ser extraditado a México, y que hemos venido comentando en las entregas anteriores, cita una nota periodística en la que el INVIES supuestamente canceló el convenio en el que les dio a los empresarios un terreno en pago por un adeudo de 39 millones de pesos. El ex director asegura que ese arreglo no fue cancelado ni puede ser cancelado unilateralmente. Y revela, que el 19 de mayo de 2010, el nuevo director del organismo, Roberto Naif Kury, modificó el contrato de acuerdo con las otras partes que lo celebraron, para que el INVIES vendiera esos terrenos y les entregara el producto de la venta a los constructores con lo que se cubriría sus adeudos; y que quedó establecido que si en un plazo de 18 meses no les pagaba, entonces les cedería en definitiva los más de un millón de metros cuadrados. “Es decir –replica el ex director- estaría cometiendo el mismo fraude del que me acusa, pero con la diferencia de que compromete el pago de intereses a una tasa del 1% mensual”. Sería muy grave que Naif Kury hubiera convenido un arreglo en esos términos, y más, si lo hubiera hecho sin la autorización del nuevo Consejo de Administración, que ahora preside el doctor Fernando Toranzo. Y enseguida le pregunta al nuevo responsable del proyecto: “¿Por qué no les pagó el INVIES a los constructores lo que se les debe y se quedó con la diferencia del precio, que son 41 millones de pesos aproximadamente?”. La respuesta podría ser: porque el inmueble no los vale, o porque el proyecto está tan desacreditado y vapuleado que nadie se atreve a entrarle. Y con un razonamiento infantil y desesperado, con el que intenta justificar sus desaciertos, advierte que vender los terrenos a 80 pesos el metro frustraría el propósito de fomentar la construcción de vivienda económica pues se encarecería el valor del terreno.
Finalmente se dice victima de un complot pues asegura que los 213 millones de pesos que le observaron fueron totalmente solventados en reuniones celebradas con los actuales directores del INVIES, por personas que conocían el funcionamiento y operación del Instituto. Que se ubicaron los documentos originales que obraban y obran en poder de la actual administración del organismo, pero “Por razones que desconozco, estos documentos no se presentaron de forma oficial ante la Auditoría Superior del Estado”. Y que “independientemente de las razones por las cuales el actual Director General del INVIES, no haya querido entregar los documentos que soportan las supuestas irregularidades, obran en mi poder copias de estos documentos y estoy solicitando a la Auditoría Superior del Estado me los reciba o bien, que de forma oficial, solicite los originales al Ing. Roberto Naif Kury”.
El gobierno de Toranzo debe revisar los términos y condiciones de un apoyo que otorgó la administración de Marcelo de los Santos, en el 2009, por 11 millones 250 mil pesos a Dintel Parques Industriales, S.A. de C.V., una filial de la inmobiliaria que le vendió al INVIES los casi 7 millones de metros cuadrados sobre los que se desarrolla ese proyecto habitacional, que se benefició ilegalmente con ese donativo. Este apoyo –apunta la auditoría- se destinaría para pagar obras de infraestructura en la superficie del terreno que se reservaron los vendedores y que colinda con el inmueble propiedad del gobierno. Se trata de un subsidio que beneficia únicamente a una persona moral, cuando los subsidios se deben otorgar de manera general a todos los que se encuentran en una misma situación. La auditoría de Héctor Mayora informó lo anterior pero no observó el ilícito. Le pareció normal y razonable. Es un gasto que no se aprecia en el inmueble pues el terreno sigue baldío, no hay obras que lo justifique, y que no les importó desembolsarlo a pesar de que el negocio más redituable de esos especuladores consiste en la plusvalía que tendrá el parque industrial una vez que el gobierno le conecte todos los servicios a su predio, más el valor de las obras de infraestructura que se levanten con recursos del erario que le darán una enorme plusvalía a esa superficie. A todo lo anterior habría que sumarle las brutales utilidades que obtuvieron al comprarle a los ejidatarios a 8 pesos el metro cuadrado, y vendérselo al gobierno a 40 pesos, sin ningún servicio, inmediatamente después de la fecha en que adquirieron el inmueble.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 29, 2010
La falta de planeación y presupuesto en un proyecto que parecía noble como el de Ciudad Satélite, pero que no estaba debidamente sustentado; al que había que destinarle cuantiosos recursos que no se tenían en obras de infraestructura; en el que se soñaba construir un centro de población con 30,000 viviendas sin contar con el financiamiento debido; la dilación del organismo en la entrega de los lotes urbanizados a los constructores sobre los que se levantarían las primeras 3,000 casas; así como la suspensión de los subsidios federales, provocaron que el proyecto se colapsara, que se incrementaran los precios y que se le perdiera la credibilidad y confianza. Estos han sido algunos de los factores que han contribuido al fracaso de la magna obra del gobierno panista, pero el desorden y los manejos indebidos que ocurrieron en esa operación se debieron principalmente a que el proyecto se manejó con un criterio empresarial y patrimonialista, con muchos riesgos, como si se tratara de un negocio propiedad del ex director, Jorge González Hernández, quien le dio al traste a este encomiable propósito que ahora se ha convertido en un escandaloso asunto penal que lo involucra a él, y al ex gobernador del Estado como presuntos delincuentes, por haber sido el primero, el ejecutor del proyecto, y el segundo, el presidente del Consejo de Administración del INVIES, y por lo tanto, el principal responsable de lo que allí ocurría. Esta es una historia que se repite cada vez que el gobierno la quiere hacer de empresario.
En el desplegado que publicó el ex funcionario que está a punto de ser extraditado a México, y que hemos venido comentando en las entregas anteriores, cita una nota periodística en la que el INVIES supuestamente canceló el convenio en el que les dio a los empresarios un terreno en pago por un adeudo de 39 millones de pesos. El ex director asegura que ese arreglo no fue cancelado ni puede ser cancelado unilateralmente. Y revela, que el 19 de mayo de 2010, el nuevo director del organismo, Roberto Naif Kury, modificó el contrato de acuerdo con las otras partes que lo celebraron, para que el INVIES vendiera esos terrenos y les entregara el producto de la venta a los constructores con lo que se cubriría sus adeudos; y que quedó establecido que si en un plazo de 18 meses no les pagaba, entonces les cedería en definitiva los más de un millón de metros cuadrados. “Es decir –replica el ex director- estaría cometiendo el mismo fraude del que me acusa, pero con la diferencia de que compromete el pago de intereses a una tasa del 1% mensual”. Sería muy grave que Naif Kury hubiera convenido un arreglo en esos términos, y más, si lo hubiera hecho sin la autorización del nuevo Consejo de Administración, que ahora preside el doctor Fernando Toranzo. Y enseguida le pregunta al nuevo responsable del proyecto: “¿Por qué no les pagó el INVIES a los constructores lo que se les debe y se quedó con la diferencia del precio, que son 41 millones de pesos aproximadamente?”. La respuesta podría ser: porque el inmueble no los vale, o porque el proyecto está tan desacreditado y vapuleado que nadie se atreve a entrarle. Y con un razonamiento infantil y desesperado, con el que intenta justificar sus desaciertos, advierte que vender los terrenos a 80 pesos el metro frustraría el propósito de fomentar la construcción de vivienda económica pues se encarecería el valor del terreno.
Finalmente se dice victima de un complot pues asegura que los 213 millones de pesos que le observaron fueron totalmente solventados en reuniones celebradas con los actuales directores del INVIES, por personas que conocían el funcionamiento y operación del Instituto. Que se ubicaron los documentos originales que obraban y obran en poder de la actual administración del organismo, pero “Por razones que desconozco, estos documentos no se presentaron de forma oficial ante la Auditoría Superior del Estado”. Y que “independientemente de las razones por las cuales el actual Director General del INVIES, no haya querido entregar los documentos que soportan las supuestas irregularidades, obran en mi poder copias de estos documentos y estoy solicitando a la Auditoría Superior del Estado me los reciba o bien, que de forma oficial, solicite los originales al Ing. Roberto Naif Kury”.
El gobierno de Toranzo debe revisar los términos y condiciones de un apoyo que otorgó la administración de Marcelo de los Santos, en el 2009, por 11 millones 250 mil pesos a Dintel Parques Industriales, S.A. de C.V., una filial de la inmobiliaria que le vendió al INVIES los casi 7 millones de metros cuadrados sobre los que se desarrolla ese proyecto habitacional, que se benefició ilegalmente con ese donativo. Este apoyo –apunta la auditoría- se destinaría para pagar obras de infraestructura en la superficie del terreno que se reservaron los vendedores y que colinda con el inmueble propiedad del gobierno. Se trata de un subsidio que beneficia únicamente a una persona moral, cuando los subsidios se deben otorgar de manera general a todos los que se encuentran en una misma situación. La auditoría de Héctor Mayora informó lo anterior pero no observó el ilícito. Le pareció normal y razonable. Es un gasto que no se aprecia en el inmueble pues el terreno sigue baldío, no hay obras que lo justifique, y que no les importó desembolsarlo a pesar de que el negocio más redituable de esos especuladores consiste en la plusvalía que tendrá el parque industrial una vez que el gobierno le conecte todos los servicios a su predio, más el valor de las obras de infraestructura que se levanten con recursos del erario que le darán una enorme plusvalía a esa superficie. A todo lo anterior habría que sumarle las brutales utilidades que obtuvieron al comprarle a los ejidatarios a 8 pesos el metro cuadrado, y vendérselo al gobierno a 40 pesos, sin ningún servicio, inmediatamente después de la fecha en que adquirieron el inmueble.