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El piar del Piolín
Primera parte
A la memoria de los policías y civiles abatidos por la delincuencia en Ciudad Valles, a cuyas honras fúnebres no asistió el gobernador, ni su cónyuge, ni el secretario general de gobierno, ni el procurador, ni el secretario o el director de seguridad pública, ni ningún otro funcionario de esa jerarquía.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 8, 2010
Es muy probable que las autoridades consulares de Estados Unidos en México hayan alertado a la “migra” o al sheriff del condado del lugar en el que reside el ex director del INVIES, Jorge González Hernández, para que investigaran si existe alguna gestión por parte del gobierno mexicano en la que se solicite la extradición a San Luis Potosí del ex funcionario marcelista que se encuentra refugiado en ese país, o bien, si se ha girado en su contra alguna orden de aprehensión que no se haya cumplimentado. Seguramente que el escándalo mediático que han provocado las acusaciones que han surgido en su contra por sus presuntos malos manejos en ese organismo, principalmente las emitidas por su director, Roberto Naif Kury, hayan movido a las autoridades del gobierno estadunidense a averiguar la situación jurídica de González Hernández. La acusación más reciente es la que difundió el Semanario Exprés, el 26 de julio, en el que según documentos oficiales del 2005, el ex director depositó en su cuenta personal de Banorte un cheque de ese Instituto por 3 millones 200 mil pesos que le endosó el propietario de un terreno de 40 mil metros cuadrados en breña y sin servicios, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, que adquirió el INVIES. La denuncia señala además que el avalúo de Banobras que sirvió de base para fijar el valor de esa operación está fechado el 29 de diciembre de 2005, tres meses después de que se realizó el pago; y que el inmueble al momento de comprarse se encontraba en litigio.
Dudo que la detención o comparecencia del que presumía ser el más fiel colaborador del ex gobernador sea por un problema migratorio, y menos que obedezca a la versión que dio a conocer el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Durón Santillán, que apareció publicada en la edición del pasado miércoles 4 en La Jornada San Luis, en la que asegura que “Según notas periodísticas estoy enterado de que está siendo investigado porque vivía o le daba alojamiento a otra persona que tenía procesos pendientes con la autoridad estadunidense, entonces resulta como sospechoso y está siendo investigado por las autoridades en éste país, las personas que lo detuvieron lo hicieron y lo van a hacer comparecer en el vecino país”. Y enseguida confirmó que no se ha iniciado ni requerido un proceso legal en su contra.
Es cierto que hasta hace unas cuantas semanas no se había ejercido acción alguna en su contra. El 24 de marzo, el Juez Tercero de Distrito en el Estado resolvió sobre su primera solicitud de amparo con un sobreseimiento porque no se le acusaba de ningún delito. Este amparo -explica González Hernández en el desplegado a la opinión pública que publicó el 25 de junio en “La Razón”, el diario que dirige el periodista y empresario Alejandro Leal Tobías- lo promovió porque el 5 de marzo fue citado por Naif Kury para que aclarara algunas dudas que surgieron del proyecto habitacional de Ciudad Satélite, a la que no asistió por “el gran despliegue de policías ministeriales afuera de las oficinas del INVIES el día y la hora en que me citó”. El segundo amparo –relata el ex director- lo solicitó el 16 de marzo porque “ese mismo día por la mañana, intentaron privarme de mi libertad o secuestrarme, afuera de mi domicilio, sin orden de aprehensión, un hombre y una mujer quienes se identificaron de palabra como policías ministeriales”. Se queja de que a los pocos minutos se presentaron otras personas vestidas de civil y armados, que dijeron ser también ministeriales, y que sin orden de cateo entraron a su casa haciendo destrozos en la puerta de acceso. Sigue contando que “amenazaron a mi esposa, quien fue amagada con armas de alto poder, lo mismo que a otras personas que se encontraban en mi domicilio. Al no tener éxito su encomienda (porque se les escapó) se retiraron sin presentar ningún documento que justificara su acción”. También lamenta el responsable del fallido proyecto habitacional, que el procurador Cándido Ochoa, a pesar de que se difundieron en los medios de comunicación las fotografías de los destrozos que provocaron los policías ministeriales en su casa, haya declarado en tono de burla que “No tenemos ninguna acción en contra de Jorge González Hernández, a lo mejor le jugaron una broma sus amigos, esperamos que él nos la esclarezca”. El Juez Primero de Distrito sobreseyó el amparo porque no existían cargos en su contra. Lo mismo ocurrió con el tercer amparo que se resolvió el 11 de mayo en los mismos términos, contra las mismas autoridades a quienes les reclamó la orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia, o cualquier otra que de modo alguno restringiera o limitara su libertad personal.
Todavía el 14 de junio promovió un cuarto amparo que hasta el día en el que apareció publicado el desplegado no se había resuelto. Se queja también de que el semanario Exprés haya difundido que la INTERPOL lo estuviera buscando a nivel internacional cuando ni siquiera ha sido acusado de delito alguno. Y justifica su ausencia de esta ciudad, de sus negocios y de su familia, porque toda esa información “sin sustento legal hasta el momento, ha representado la necesidad de protección hasta que no exista un razonamiento claro, legal y válido, de las autoridades o de quien me demande o exija algún incumplimiento”.
Es muy probable que las autoridades americanas lo dejen en paz si acredita su legal estancia en ese país, y se cercioran que no hay nada formal en su contra, lo que le permitiría seguir turisteando en Estados Unidos hasta que se le venza el permiso o hasta que un juez penal gire una orden de aprehensión; y el gobierno americano, previa solicitud del mexicano, lo entregue para ser enjuiciado.
A la memoria de los policías y civiles abatidos por la delincuencia en Ciudad Valles, a cuyas honras fúnebres no asistió el gobernador, ni su cónyuge, ni el secretario general de gobierno, ni el procurador, ni el secretario o el director de seguridad pública, ni ningún otro funcionario de esa jerarquía.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Agosto 8, 2010
Es muy probable que las autoridades consulares de Estados Unidos en México hayan alertado a la “migra” o al sheriff del condado del lugar en el que reside el ex director del INVIES, Jorge González Hernández, para que investigaran si existe alguna gestión por parte del gobierno mexicano en la que se solicite la extradición a San Luis Potosí del ex funcionario marcelista que se encuentra refugiado en ese país, o bien, si se ha girado en su contra alguna orden de aprehensión que no se haya cumplimentado. Seguramente que el escándalo mediático que han provocado las acusaciones que han surgido en su contra por sus presuntos malos manejos en ese organismo, principalmente las emitidas por su director, Roberto Naif Kury, hayan movido a las autoridades del gobierno estadunidense a averiguar la situación jurídica de González Hernández. La acusación más reciente es la que difundió el Semanario Exprés, el 26 de julio, en el que según documentos oficiales del 2005, el ex director depositó en su cuenta personal de Banorte un cheque de ese Instituto por 3 millones 200 mil pesos que le endosó el propietario de un terreno de 40 mil metros cuadrados en breña y sin servicios, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, que adquirió el INVIES. La denuncia señala además que el avalúo de Banobras que sirvió de base para fijar el valor de esa operación está fechado el 29 de diciembre de 2005, tres meses después de que se realizó el pago; y que el inmueble al momento de comprarse se encontraba en litigio.
Dudo que la detención o comparecencia del que presumía ser el más fiel colaborador del ex gobernador sea por un problema migratorio, y menos que obedezca a la versión que dio a conocer el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Durón Santillán, que apareció publicada en la edición del pasado miércoles 4 en La Jornada San Luis, en la que asegura que “Según notas periodísticas estoy enterado de que está siendo investigado porque vivía o le daba alojamiento a otra persona que tenía procesos pendientes con la autoridad estadunidense, entonces resulta como sospechoso y está siendo investigado por las autoridades en éste país, las personas que lo detuvieron lo hicieron y lo van a hacer comparecer en el vecino país”. Y enseguida confirmó que no se ha iniciado ni requerido un proceso legal en su contra.
Es cierto que hasta hace unas cuantas semanas no se había ejercido acción alguna en su contra. El 24 de marzo, el Juez Tercero de Distrito en el Estado resolvió sobre su primera solicitud de amparo con un sobreseimiento porque no se le acusaba de ningún delito. Este amparo -explica González Hernández en el desplegado a la opinión pública que publicó el 25 de junio en “La Razón”, el diario que dirige el periodista y empresario Alejandro Leal Tobías- lo promovió porque el 5 de marzo fue citado por Naif Kury para que aclarara algunas dudas que surgieron del proyecto habitacional de Ciudad Satélite, a la que no asistió por “el gran despliegue de policías ministeriales afuera de las oficinas del INVIES el día y la hora en que me citó”. El segundo amparo –relata el ex director- lo solicitó el 16 de marzo porque “ese mismo día por la mañana, intentaron privarme de mi libertad o secuestrarme, afuera de mi domicilio, sin orden de aprehensión, un hombre y una mujer quienes se identificaron de palabra como policías ministeriales”. Se queja de que a los pocos minutos se presentaron otras personas vestidas de civil y armados, que dijeron ser también ministeriales, y que sin orden de cateo entraron a su casa haciendo destrozos en la puerta de acceso. Sigue contando que “amenazaron a mi esposa, quien fue amagada con armas de alto poder, lo mismo que a otras personas que se encontraban en mi domicilio. Al no tener éxito su encomienda (porque se les escapó) se retiraron sin presentar ningún documento que justificara su acción”. También lamenta el responsable del fallido proyecto habitacional, que el procurador Cándido Ochoa, a pesar de que se difundieron en los medios de comunicación las fotografías de los destrozos que provocaron los policías ministeriales en su casa, haya declarado en tono de burla que “No tenemos ninguna acción en contra de Jorge González Hernández, a lo mejor le jugaron una broma sus amigos, esperamos que él nos la esclarezca”. El Juez Primero de Distrito sobreseyó el amparo porque no existían cargos en su contra. Lo mismo ocurrió con el tercer amparo que se resolvió el 11 de mayo en los mismos términos, contra las mismas autoridades a quienes les reclamó la orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia, o cualquier otra que de modo alguno restringiera o limitara su libertad personal.
Todavía el 14 de junio promovió un cuarto amparo que hasta el día en el que apareció publicado el desplegado no se había resuelto. Se queja también de que el semanario Exprés haya difundido que la INTERPOL lo estuviera buscando a nivel internacional cuando ni siquiera ha sido acusado de delito alguno. Y justifica su ausencia de esta ciudad, de sus negocios y de su familia, porque toda esa información “sin sustento legal hasta el momento, ha representado la necesidad de protección hasta que no exista un razonamiento claro, legal y válido, de las autoridades o de quien me demande o exija algún incumplimiento”.
Es muy probable que las autoridades americanas lo dejen en paz si acredita su legal estancia en ese país, y se cercioran que no hay nada formal en su contra, lo que le permitiría seguir turisteando en Estados Unidos hasta que se le venza el permiso o hasta que un juez penal gire una orden de aprehensión; y el gobierno americano, previa solicitud del mexicano, lo entregue para ser enjuiciado.