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El Trasfondo Metropolitano
Tercera y última parte
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 17, 2011
Se chamaquearon al arquitecto Luis Nava Calvillo, secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP), con todo y que había contratado los servicios de un contralor interno que le habían recomendado como una persona íntegra y con la experiencia y conocimientos necesarios como para cuidarle las espaldas. Se trata del ingeniero Carlos Hernández Nieto, quien fungió como subdirector administrativo del INVIES cuando el organismo estuvo a cargo del marcelista Jorge González Hernández, y que ahora aparece avalando los fallos de las licitaciones del Fondo Metropolitano porque asegura que “reúne(n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante (SEDUVOP), que mejor garantizan el cumplimiento de las obligaciones del contrato y la ejecución satisfactoria del servicio relacionado con la obra pública, por ser la postura solvente que resultó con mayor puntuación…, siendo esta la más conveniente a los intereses del Gobierno del Estado…” Quién con una constancia expedida en estos términos se resistiría a firmar un dictamen de evaluación, y más si no es perito en la materia.
El mejor argumento con el que se pueden explicar -no justificar- las conductas irregulares que presume el Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT) que ocurrieron en la Secretaria a cargo de Nava Calvillo es que los pérfidos y mañosos funcionarios de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez lo sorprendieron al haber falseado los dictámenes de evaluación de los concursos en los que se licitaron los 5 proyectos que se impugnan del Fondo Metropolitano al asignarles una calificación que no merecían, y además porque esa tarea no está dentro de las atribuciones que les corresponde a los municipios; por lo que resulta inaceptable que ninguno de los directores, ni el contralor interno de la SEDUVOP que los firmaron, le hayan advertido al arquitecto que si se hubieran respetado las bases de la convocatoria, el resultado hubiera sido distinto; de tal manera que esta manipulación afectó directamente el fallo de los concursos, pues no se adjudicaron a las empresas que habían dado los precios más baratos sino a las que cotizaron más caro. Debe ser angustiante ocupar una Secretaría sin el apoyo de un grupo de personas de la absoluta confianza del titular que lo asesoren y le cuiden todos sus movimientos.
El director de Proyectos, Licitaciones, Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Obras Públicas, Jorge Alberto Chavarría Vega; el Coordinador de Concursos, Costos y Contratos, Arturo Quiroz Reynoso; y el Coordinador de Proyectos, Rodolfo Sandoval Oloarte, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí; así como los coordinadores del Área Técnica y de Proyectos del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Anuar Torruco Ramos y Luis Andrés Puente Miranda, usurparon funciones y deben ser sancionados por haber emitido los dictámenes de evaluación de los concursos que se cuestionan cuando esta atribución no les corresponde porque el artículo 69 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, establece que “Las entidades federativas asumen, plenamente por si mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento apoyadas con recursos del Fondo Metropolitano. Asimismo, la asumen en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones aplicables…” La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y su Ley Reglamentaria, así como la de Adquisiciones no se aplican en las evaluaciones de los concursos por licitación pública en las que están de por medio recursos del Fondo Metropolitano. La SEDUVOP permitió y avaló tal intromisión. Se le hizo fácil aceptar como válidos los dictámenes amañados que los funcionarios municipales le pusieron enfrente, y ahora debe pagar las consecuencias, pues el CCT considera que las denuncias presentadas por las empresas inconformes que cotizaron a precios más económicos son procedentes. El Gobierno del Estado se hubiera ahorrado casi 6 millones de pesos si los contratos se hubieran adjudicado a las sociedades que obtuvieron mejor puntuación de acuerdo a las bases de la licitación,
El Consejo Ciudadano de Transparencia aprobó su primera Conclusión el pasado el 1 de abril -en un tono más mesurado que el resolutivo provisional- que entregó a la Contraloría General del Estado con las irregularidades detectadas para que proceda conforme a sus atribuciones. De esta manera se inicia un largo y lento proceso administrativo que seguramente concluirá en una amonestación pública, ni siquiera en una multa, a los servidores públicos responsables de haber firmado un dictamen que no procedía. Ni la Contraloría ni el CCT tienen facultades para requerir y sancionar a los funcionarios municipales que manipularon las calificaciones. El documento lo firmaron 20 de los 21 consejeros, la única que no lo aceptó fue la diputada Yvett Salazar Torres. Su oposición se debe al intolerable protagonismo de José Mario de la Garza, presidente del CCT, porque según la ecologista manejó de manera irresponsable la información al haberla dado a conocer antes de que el Consejo contara con toda la documentación necesaria y cuando apenas se estaban recabando las firmas del dictamen definitivo. Lamentó que la queja haya acabado en un “chisme mediático”. La diputada se quejó también que haber prejuzgado el resultado de la investigación fue por lo menos una falta de respeto para los integrantes del Consejo, y que el contralor Alfonso Anaya no asistió a ninguna de las sesiones del Consejo.
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 17, 2011
Se chamaquearon al arquitecto Luis Nava Calvillo, secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP), con todo y que había contratado los servicios de un contralor interno que le habían recomendado como una persona íntegra y con la experiencia y conocimientos necesarios como para cuidarle las espaldas. Se trata del ingeniero Carlos Hernández Nieto, quien fungió como subdirector administrativo del INVIES cuando el organismo estuvo a cargo del marcelista Jorge González Hernández, y que ahora aparece avalando los fallos de las licitaciones del Fondo Metropolitano porque asegura que “reúne(n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante (SEDUVOP), que mejor garantizan el cumplimiento de las obligaciones del contrato y la ejecución satisfactoria del servicio relacionado con la obra pública, por ser la postura solvente que resultó con mayor puntuación…, siendo esta la más conveniente a los intereses del Gobierno del Estado…” Quién con una constancia expedida en estos términos se resistiría a firmar un dictamen de evaluación, y más si no es perito en la materia.
El mejor argumento con el que se pueden explicar -no justificar- las conductas irregulares que presume el Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT) que ocurrieron en la Secretaria a cargo de Nava Calvillo es que los pérfidos y mañosos funcionarios de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez lo sorprendieron al haber falseado los dictámenes de evaluación de los concursos en los que se licitaron los 5 proyectos que se impugnan del Fondo Metropolitano al asignarles una calificación que no merecían, y además porque esa tarea no está dentro de las atribuciones que les corresponde a los municipios; por lo que resulta inaceptable que ninguno de los directores, ni el contralor interno de la SEDUVOP que los firmaron, le hayan advertido al arquitecto que si se hubieran respetado las bases de la convocatoria, el resultado hubiera sido distinto; de tal manera que esta manipulación afectó directamente el fallo de los concursos, pues no se adjudicaron a las empresas que habían dado los precios más baratos sino a las que cotizaron más caro. Debe ser angustiante ocupar una Secretaría sin el apoyo de un grupo de personas de la absoluta confianza del titular que lo asesoren y le cuiden todos sus movimientos.
El director de Proyectos, Licitaciones, Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Obras Públicas, Jorge Alberto Chavarría Vega; el Coordinador de Concursos, Costos y Contratos, Arturo Quiroz Reynoso; y el Coordinador de Proyectos, Rodolfo Sandoval Oloarte, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí; así como los coordinadores del Área Técnica y de Proyectos del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Anuar Torruco Ramos y Luis Andrés Puente Miranda, usurparon funciones y deben ser sancionados por haber emitido los dictámenes de evaluación de los concursos que se cuestionan cuando esta atribución no les corresponde porque el artículo 69 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2008, establece que “Las entidades federativas asumen, plenamente por si mismas, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento apoyadas con recursos del Fondo Metropolitano. Asimismo, la asumen en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones aplicables…” La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, y su Ley Reglamentaria, así como la de Adquisiciones no se aplican en las evaluaciones de los concursos por licitación pública en las que están de por medio recursos del Fondo Metropolitano. La SEDUVOP permitió y avaló tal intromisión. Se le hizo fácil aceptar como válidos los dictámenes amañados que los funcionarios municipales le pusieron enfrente, y ahora debe pagar las consecuencias, pues el CCT considera que las denuncias presentadas por las empresas inconformes que cotizaron a precios más económicos son procedentes. El Gobierno del Estado se hubiera ahorrado casi 6 millones de pesos si los contratos se hubieran adjudicado a las sociedades que obtuvieron mejor puntuación de acuerdo a las bases de la licitación,
El Consejo Ciudadano de Transparencia aprobó su primera Conclusión el pasado el 1 de abril -en un tono más mesurado que el resolutivo provisional- que entregó a la Contraloría General del Estado con las irregularidades detectadas para que proceda conforme a sus atribuciones. De esta manera se inicia un largo y lento proceso administrativo que seguramente concluirá en una amonestación pública, ni siquiera en una multa, a los servidores públicos responsables de haber firmado un dictamen que no procedía. Ni la Contraloría ni el CCT tienen facultades para requerir y sancionar a los funcionarios municipales que manipularon las calificaciones. El documento lo firmaron 20 de los 21 consejeros, la única que no lo aceptó fue la diputada Yvett Salazar Torres. Su oposición se debe al intolerable protagonismo de José Mario de la Garza, presidente del CCT, porque según la ecologista manejó de manera irresponsable la información al haberla dado a conocer antes de que el Consejo contara con toda la documentación necesaria y cuando apenas se estaban recabando las firmas del dictamen definitivo. Lamentó que la queja haya acabado en un “chisme mediático”. La diputada se quejó también que haber prejuzgado el resultado de la investigación fue por lo menos una falta de respeto para los integrantes del Consejo, y que el contralor Alfonso Anaya no asistió a ninguna de las sesiones del Consejo.