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(En) cubriendo a la violencia
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Abril 24, 2011
Ninguno de los medios de comunicación de San Luis Potosí apareció en el largo listado de las 715 empresas que el 24 de marzo firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Pudo haber sido porque no los tomaron en cuenta, o porque como Reforma, La Jornada, Proceso, el Diario de Ciudad Juárez, entre otros, no aceptaron ser comparsa de una estrategia promovida por el propio presidente para autorregular los contenidos de esta delicada materia que impulsa la idea de que el gobierno está ganando la guerra contra el crimen organizado. El evento fue difundido con especial interés por el duopolio televisivo en un momento en el que se forcejeaban con Carlos Slim para evitar que incursionara en sus negocios. Tal fue el contenido de sus discursos y el valor de su sobrestima por haber congregado a tantos informantes que enviaron una señal equivocada a la ciudadanía en el sentido de que con el convenio que se suscribía se le asestaba un golpe mortal a la delincuencia. Los criterios editoriales del acuerdo parecerían inobjetables si no tuviéramos otras experiencias, como las de Colombia para compararlos y entender que los de México se quedaron cortos. Quién va a cuestionar acuerdos como el de tomar postura en contra del crimen organizado; o convertirse en vocero involuntario de éste; o no prejuzgar culpables; o alentar la participación y la denuncia ciudadana; o proteger a los periodistas. Sin embargo, en Medellín llegaron más lejos, varios periódicos sólo podían circular clandestinamente y sus oficinas se cerraron para protegerse de la furia del cartel de Pablo Escobar. El diario “El Espectador” perdió su edificio y maquinaría cuando explotó un camión bomba que redujo todo a cenizas, y en sucesivos atentados fueron asesinados 4 de sus colaboradores y, finalmente su director. La respuesta del periódico se expresó al día siguiente en un titular de primera página que decía: “Seguimos Adelante”. Su editorial ese día explicaba: “… porque el deber de informar no se suspende por la adversidad de las condiciones…”. “La información es un servicio que no se puede suspender ni reducir, y si un medio transige, debilita a los demás. Dar muestras de debilidad cuando el bien de la sociedad impone entereza, sería la muerte de la credibilidad del periódico. Es el futuro de la democracia lo que está en juego. La discusión libre, la información sin ataduras, la opinión abierta; instrumentos todos que desaparecerían con el silencio impuesto o con la palabra obligada. Al callar la prensa sólo se oirá la voz de los violentos. Desde la ética, un medio de comunicación antes que una empresa es un servicio social y por tanto responde a toda la sociedad; y corre con la suerte de la sociedad…”.
En nuestra entidad son rarísimos los destellos de autonomía con los que un medio de comunicación se atreve a incursionar más allá de lo que aparece en las líneas oficiales de los boletines de prensa que las autoridades responsables de combatir al crimen organizado distribuyen discrecionalmente. Nadie investiga. Hay una especie de autocensura. Sabemos que la información de los medios es parcial y que en muchas ocasiones se ocultan o minimizan asuntos criminales de alto impacto. Sólo unas cuantas notas se salen de vez en cuando de los guiones que señalan los órganos gubernamentales responsables de difundir estos casos. Afortunadamente las redes sociales se han encargado de llenar esos vacíos, y difunden, la mayoría de las veces, información precisa y amplia que no la encontramos en otros espacios, aunque en ocasiones se miente, se exagera o de un simple rumor se construye toda una leyenda urbana como la fosa clandestina con 28 cuerpos que fue localizada en el municipio de Ciudad del Maíz, y que resultó una falsedad. Muchos ciudadanos percibimos que los días de tregua que a veces gozamos suceden porque así lo quieren los criminales y no porque el gobierno sea capaz de neutralizarlos o alejarlos. Algunos de los periodistas que cubren la fuente nos han revelado que sus notas son reproducciones de las versiones oficiales, o en el mejor de los casos, tomadas de las redes sociales porque muy pocos se atreven a cruzar la rayita de los riesgos y estar en el sitio.
Sobre la cobertura de la violencia en nuestro territorio habría que levantar una encuesta para preguntarle a la población si realmente quieren estar informados de todos los casos relacionados con la delincuencia organizada; si quieren conocer los detalles de lo que ocurre; porque pareciera que muchos evitan y rechazan esta clase de información. Sin embargo, el morbo es sorprendente. Recuerdo el día en el que aparecieron los cuerpos colgados de dos ahorcados en uno de los puente de la carretera 57, frente a la entrada de la delegación de Pozos, uno no resistió su peso y cayó al suelo, el otro se balanceaba macabramente a una altura en la que todos los que transitaban por esa vía lo podían contemplar. Ese día observé como una multitud se arrimaba a un diablito en el que un voceador exhibía un diario con esas espeluznantes escenas. Todos permanecíamos callados y sólo uno compró el ejemplar. El horror que infundían esas imágenes podía tocarse, los tenemos demasiado cerca, cuando creíamos que esas aberraciones sólo se cometían en otras latitudes.
Nuestra capacidad de indignación se ha deteriorado día a día, cada vez nos hacemos más insensibles o miedosos ante crímenes que hasta hace muy poco hubieran conmovido a nuestra sociedad, como el de la niña de 1 año y 10 meses que fue ejecutada junto a 5 integrantes de su familia en una vivienda localizada en la Colonia Anáhuac de esta capital, y a la que nadie le ha dado seguimiento. Qué brutalidad se necesita para llegar a esos extremos. En los cánones de conducta de los criminales la familia era intocable. El último ejemplo de encubrimiento informativo se dio esta semana cuando el operativo militar provocó pánico entre la gente que se encontraba en el centro histórico. ¿Era realmente necesaria una movilización tan aparatosa? En esta ocasión ni comunicados de prensa, ni mentiras piadosas, ni nada que lo justifique o explique.
Abril 24, 2011
Ninguno de los medios de comunicación de San Luis Potosí apareció en el largo listado de las 715 empresas que el 24 de marzo firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Pudo haber sido porque no los tomaron en cuenta, o porque como Reforma, La Jornada, Proceso, el Diario de Ciudad Juárez, entre otros, no aceptaron ser comparsa de una estrategia promovida por el propio presidente para autorregular los contenidos de esta delicada materia que impulsa la idea de que el gobierno está ganando la guerra contra el crimen organizado. El evento fue difundido con especial interés por el duopolio televisivo en un momento en el que se forcejeaban con Carlos Slim para evitar que incursionara en sus negocios. Tal fue el contenido de sus discursos y el valor de su sobrestima por haber congregado a tantos informantes que enviaron una señal equivocada a la ciudadanía en el sentido de que con el convenio que se suscribía se le asestaba un golpe mortal a la delincuencia. Los criterios editoriales del acuerdo parecerían inobjetables si no tuviéramos otras experiencias, como las de Colombia para compararlos y entender que los de México se quedaron cortos. Quién va a cuestionar acuerdos como el de tomar postura en contra del crimen organizado; o convertirse en vocero involuntario de éste; o no prejuzgar culpables; o alentar la participación y la denuncia ciudadana; o proteger a los periodistas. Sin embargo, en Medellín llegaron más lejos, varios periódicos sólo podían circular clandestinamente y sus oficinas se cerraron para protegerse de la furia del cartel de Pablo Escobar. El diario “El Espectador” perdió su edificio y maquinaría cuando explotó un camión bomba que redujo todo a cenizas, y en sucesivos atentados fueron asesinados 4 de sus colaboradores y, finalmente su director. La respuesta del periódico se expresó al día siguiente en un titular de primera página que decía: “Seguimos Adelante”. Su editorial ese día explicaba: “… porque el deber de informar no se suspende por la adversidad de las condiciones…”. “La información es un servicio que no se puede suspender ni reducir, y si un medio transige, debilita a los demás. Dar muestras de debilidad cuando el bien de la sociedad impone entereza, sería la muerte de la credibilidad del periódico. Es el futuro de la democracia lo que está en juego. La discusión libre, la información sin ataduras, la opinión abierta; instrumentos todos que desaparecerían con el silencio impuesto o con la palabra obligada. Al callar la prensa sólo se oirá la voz de los violentos. Desde la ética, un medio de comunicación antes que una empresa es un servicio social y por tanto responde a toda la sociedad; y corre con la suerte de la sociedad…”.
En nuestra entidad son rarísimos los destellos de autonomía con los que un medio de comunicación se atreve a incursionar más allá de lo que aparece en las líneas oficiales de los boletines de prensa que las autoridades responsables de combatir al crimen organizado distribuyen discrecionalmente. Nadie investiga. Hay una especie de autocensura. Sabemos que la información de los medios es parcial y que en muchas ocasiones se ocultan o minimizan asuntos criminales de alto impacto. Sólo unas cuantas notas se salen de vez en cuando de los guiones que señalan los órganos gubernamentales responsables de difundir estos casos. Afortunadamente las redes sociales se han encargado de llenar esos vacíos, y difunden, la mayoría de las veces, información precisa y amplia que no la encontramos en otros espacios, aunque en ocasiones se miente, se exagera o de un simple rumor se construye toda una leyenda urbana como la fosa clandestina con 28 cuerpos que fue localizada en el municipio de Ciudad del Maíz, y que resultó una falsedad. Muchos ciudadanos percibimos que los días de tregua que a veces gozamos suceden porque así lo quieren los criminales y no porque el gobierno sea capaz de neutralizarlos o alejarlos. Algunos de los periodistas que cubren la fuente nos han revelado que sus notas son reproducciones de las versiones oficiales, o en el mejor de los casos, tomadas de las redes sociales porque muy pocos se atreven a cruzar la rayita de los riesgos y estar en el sitio.
Sobre la cobertura de la violencia en nuestro territorio habría que levantar una encuesta para preguntarle a la población si realmente quieren estar informados de todos los casos relacionados con la delincuencia organizada; si quieren conocer los detalles de lo que ocurre; porque pareciera que muchos evitan y rechazan esta clase de información. Sin embargo, el morbo es sorprendente. Recuerdo el día en el que aparecieron los cuerpos colgados de dos ahorcados en uno de los puente de la carretera 57, frente a la entrada de la delegación de Pozos, uno no resistió su peso y cayó al suelo, el otro se balanceaba macabramente a una altura en la que todos los que transitaban por esa vía lo podían contemplar. Ese día observé como una multitud se arrimaba a un diablito en el que un voceador exhibía un diario con esas espeluznantes escenas. Todos permanecíamos callados y sólo uno compró el ejemplar. El horror que infundían esas imágenes podía tocarse, los tenemos demasiado cerca, cuando creíamos que esas aberraciones sólo se cometían en otras latitudes.
Nuestra capacidad de indignación se ha deteriorado día a día, cada vez nos hacemos más insensibles o miedosos ante crímenes que hasta hace muy poco hubieran conmovido a nuestra sociedad, como el de la niña de 1 año y 10 meses que fue ejecutada junto a 5 integrantes de su familia en una vivienda localizada en la Colonia Anáhuac de esta capital, y a la que nadie le ha dado seguimiento. Qué brutalidad se necesita para llegar a esos extremos. En los cánones de conducta de los criminales la familia era intocable. El último ejemplo de encubrimiento informativo se dio esta semana cuando el operativo militar provocó pánico entre la gente que se encontraba en el centro histórico. ¿Era realmente necesaria una movilización tan aparatosa? En esta ocasión ni comunicados de prensa, ni mentiras piadosas, ni nada que lo justifique o explique.