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Es CONDE la deuda
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Mayo 16, 2010
Las cifras van y vienen; las crece, las reduce, las esconde, las aparece, las vuelve a desparecer; en fin, el maquillador de los pasivos gubernamentales, Jesús Conde Mejía, juega arbitrariamente con ellas, sin que nadie se lo impida y con la seguridad absoluta de que nadie, ni el Congreso del Estado ni los otros órganos de fiscalización, lo va a sancionar.
Los más de 16 mil 267 millones de pesos de pasivos que heredamos del gobierno de Marcelo de los Santos, y que el encargado de las finanzas de la administración del doctor Fernando Toranzo reportó el pasado 21 de octubre, vuelven a aparecer en el informe que rindió la Secretaría a su cargo a un peticionario de información en cumplimiento a la resolución dictada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, dentro de los autos de la queja que interpuso ese ciudadano. Son los mismos números y los mismos conceptos los que reaparecen ahora en la escena pública, pero son a su vez, muy distintos a los que se refiere el informe de la cuenta pública estatal del 2009, que presentó Conde Mejía al Congreso del Estado, el 28 de febrero último, pues en este documento manifiesta que los pasivos del gobierno a corto y largo plazo, con todo y la deuda pública referida al 31 de diciembre de 2009, ascienden a 7 mil 780 millones 476 mil pesos. Se trata, pues, de una cantidad muy lejana a la que en un principio dio a conocer, pero que tampoco se asemeja a la de los 4 mil 234 millones de pesos que acaba de reconocer el contador como deuda pública directa y contingente en el informe financiero correspondiente al primer trimestre del 2010, en el que no incluyó ningún otro pasivo o compromiso de pago porque las firmas calificadoras de riesgo le bajarían la puntuación crediticia al estado de San Luis Potosí. Esta última cifra debe llenar de regocijo al ex gobernador de los Santos porque es apenas un millón de pesos más alta a la que reconoció expresamente como deuda pública que nos dejaba en el desplegado que publicó el 20 de octubre pasado. Con todo este juego de números y más números, contradictorios y confusos, es imposible determinar con exactitud el monto real de los pasivos que pesan sobre las finanzas públicas del estado.
Sin embargo, dentro de esta dolosa confusión de cifras, en el oficio del 20 de abril del 2010, el secretario de Finanzas acompañó varios anexos de los pasivos del gobierno que nos dan alguna luz que nos permite seguir investigando este enredo financiero, a pesar de que reconoce que lo que nos entrega es un resumen “en virtud del gran volumen de datos que sería necesario trabajar e integrar para reportar la información en los términos solicitados”, sin importarle que la información se debe entregar en el estado en que se encuentra, y que con este reconocimiento nos da entrada para recurrir una vez más a la CEGAIP que lo obligará a proporcionarnos toda la documentación solicitada, así tenga que fotocopiar miles de documentos. Así que podemos analizar una serie de conceptos y números improcedentes y arbitrarios que desacreditan el informe de los pasivos del gobierno del Estado, y que obligan a los distintos entes que en estos momentos auditan la cuenta pública a informarnos con veracidad, oportunidad y detalle sobre el monto exacto de los pasivos y compromisos que nos aquejan a los potosinos. Calcular el pago de los intereses de la deuda bancaria que se generarán hasta el mes de agosto del 2029 en que quedará amortizado el capital es una desproporción y un engaño, porque sería tanto como si un padre de familia le sumara al monto de sus deudas y compromisos, no sólo las dos o tres colegiaturas vencidas o por pagarse en el año escolar, sino también las que habrá que cubrir los próximos 19 años que le faltan para que sus hijos concluyan con los estudios universitarios. Son casi 3 mil millones de pesos lo que calcula que habrá que pagar por este concepto, los mismos que según su cambiante criterio forman parte de nuestros pasivos. Pero si lo anterior no fuera suficiente para confundirnos, en el informa de la cuenta pública estatal del 2009, los intereses que el Estado reconoce como pasivos que tendrá que pagar a los bancos, quedan reducidos a 500 millones de pesos, sin que medie una explicación que nos permita entender su criterio.
El informe que se entregó al peticionario de información pública oculta los nombres y montos de los acreedores diversos de la Secretaría de Finanzas que suman más de 307 millones de pesos. Es enorme la diferencia que existe en la contabilidad de la Dirección de Pensiones del Estado y la de la Secretaría de Finanzas por concepto de cuotas y otros pagos retenidos a los burócratas, pues mientras que la primera reclama un adeudo de 266 millones 441 mil pesos, la segunda solo le reconoce compromisos de pago por 162 millones 783 mil pesos. El Gobierno del Estado le adeuda 172 millones 277 mil pesos al Fondo de Capitalización Social de la sección 26 del SNTE, que se originó, según el oficio, “cuando la SEGE para financiar su déficit, se vio en la necesidad de solicitar recursos al Sindicato”. A la General Motors le debe 10 millones de dólares. No se menciona el concepto. A la SEDARH le rebotaron dos cheques por 2 millones de pesos que supuestamente le pagó al perito valuador Montejano por el avalúo del Invernadero de Santa Rita. Se trata de una cantidad distinta a la que reportó anteriormente esta misma Secretaría, pues sólo reconoció un pagó de 380 mil pesos por ese servicio. La Oficialía Mayor registra un adeudo de 3 millones 730 mil pesos por concepto de servicio de agua potable. Con las plantas tratadoras de agua reconoce un compromiso de pago por 2 mil 317 millones de pesos por concepto de subsidios, sin embargo, en el informe de la cuenta pública estatal del 2009, sólo contabiliza 693 millones. Lo mismo ocurre con los ingresos comprometidos en el arrendamiento de la cárcel de Valles que los baja de 486 millones a 295. Estos son sólo algunos ejemplos de las disparidades en los informes gubernamentales que desacreditan su contenido.
Mayo 16, 2010
Las cifras van y vienen; las crece, las reduce, las esconde, las aparece, las vuelve a desparecer; en fin, el maquillador de los pasivos gubernamentales, Jesús Conde Mejía, juega arbitrariamente con ellas, sin que nadie se lo impida y con la seguridad absoluta de que nadie, ni el Congreso del Estado ni los otros órganos de fiscalización, lo va a sancionar.
Los más de 16 mil 267 millones de pesos de pasivos que heredamos del gobierno de Marcelo de los Santos, y que el encargado de las finanzas de la administración del doctor Fernando Toranzo reportó el pasado 21 de octubre, vuelven a aparecer en el informe que rindió la Secretaría a su cargo a un peticionario de información en cumplimiento a la resolución dictada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, dentro de los autos de la queja que interpuso ese ciudadano. Son los mismos números y los mismos conceptos los que reaparecen ahora en la escena pública, pero son a su vez, muy distintos a los que se refiere el informe de la cuenta pública estatal del 2009, que presentó Conde Mejía al Congreso del Estado, el 28 de febrero último, pues en este documento manifiesta que los pasivos del gobierno a corto y largo plazo, con todo y la deuda pública referida al 31 de diciembre de 2009, ascienden a 7 mil 780 millones 476 mil pesos. Se trata, pues, de una cantidad muy lejana a la que en un principio dio a conocer, pero que tampoco se asemeja a la de los 4 mil 234 millones de pesos que acaba de reconocer el contador como deuda pública directa y contingente en el informe financiero correspondiente al primer trimestre del 2010, en el que no incluyó ningún otro pasivo o compromiso de pago porque las firmas calificadoras de riesgo le bajarían la puntuación crediticia al estado de San Luis Potosí. Esta última cifra debe llenar de regocijo al ex gobernador de los Santos porque es apenas un millón de pesos más alta a la que reconoció expresamente como deuda pública que nos dejaba en el desplegado que publicó el 20 de octubre pasado. Con todo este juego de números y más números, contradictorios y confusos, es imposible determinar con exactitud el monto real de los pasivos que pesan sobre las finanzas públicas del estado.
Sin embargo, dentro de esta dolosa confusión de cifras, en el oficio del 20 de abril del 2010, el secretario de Finanzas acompañó varios anexos de los pasivos del gobierno que nos dan alguna luz que nos permite seguir investigando este enredo financiero, a pesar de que reconoce que lo que nos entrega es un resumen “en virtud del gran volumen de datos que sería necesario trabajar e integrar para reportar la información en los términos solicitados”, sin importarle que la información se debe entregar en el estado en que se encuentra, y que con este reconocimiento nos da entrada para recurrir una vez más a la CEGAIP que lo obligará a proporcionarnos toda la documentación solicitada, así tenga que fotocopiar miles de documentos. Así que podemos analizar una serie de conceptos y números improcedentes y arbitrarios que desacreditan el informe de los pasivos del gobierno del Estado, y que obligan a los distintos entes que en estos momentos auditan la cuenta pública a informarnos con veracidad, oportunidad y detalle sobre el monto exacto de los pasivos y compromisos que nos aquejan a los potosinos. Calcular el pago de los intereses de la deuda bancaria que se generarán hasta el mes de agosto del 2029 en que quedará amortizado el capital es una desproporción y un engaño, porque sería tanto como si un padre de familia le sumara al monto de sus deudas y compromisos, no sólo las dos o tres colegiaturas vencidas o por pagarse en el año escolar, sino también las que habrá que cubrir los próximos 19 años que le faltan para que sus hijos concluyan con los estudios universitarios. Son casi 3 mil millones de pesos lo que calcula que habrá que pagar por este concepto, los mismos que según su cambiante criterio forman parte de nuestros pasivos. Pero si lo anterior no fuera suficiente para confundirnos, en el informa de la cuenta pública estatal del 2009, los intereses que el Estado reconoce como pasivos que tendrá que pagar a los bancos, quedan reducidos a 500 millones de pesos, sin que medie una explicación que nos permita entender su criterio.
El informe que se entregó al peticionario de información pública oculta los nombres y montos de los acreedores diversos de la Secretaría de Finanzas que suman más de 307 millones de pesos. Es enorme la diferencia que existe en la contabilidad de la Dirección de Pensiones del Estado y la de la Secretaría de Finanzas por concepto de cuotas y otros pagos retenidos a los burócratas, pues mientras que la primera reclama un adeudo de 266 millones 441 mil pesos, la segunda solo le reconoce compromisos de pago por 162 millones 783 mil pesos. El Gobierno del Estado le adeuda 172 millones 277 mil pesos al Fondo de Capitalización Social de la sección 26 del SNTE, que se originó, según el oficio, “cuando la SEGE para financiar su déficit, se vio en la necesidad de solicitar recursos al Sindicato”. A la General Motors le debe 10 millones de dólares. No se menciona el concepto. A la SEDARH le rebotaron dos cheques por 2 millones de pesos que supuestamente le pagó al perito valuador Montejano por el avalúo del Invernadero de Santa Rita. Se trata de una cantidad distinta a la que reportó anteriormente esta misma Secretaría, pues sólo reconoció un pagó de 380 mil pesos por ese servicio. La Oficialía Mayor registra un adeudo de 3 millones 730 mil pesos por concepto de servicio de agua potable. Con las plantas tratadoras de agua reconoce un compromiso de pago por 2 mil 317 millones de pesos por concepto de subsidios, sin embargo, en el informe de la cuenta pública estatal del 2009, sólo contabiliza 693 millones. Lo mismo ocurre con los ingresos comprometidos en el arrendamiento de la cárcel de Valles que los baja de 486 millones a 295. Estos son sólo algunos ejemplos de las disparidades en los informes gubernamentales que desacreditan su contenido.